Todos son apellidos conocidos en la Macrozona Sur: Llaitul, Ancalaf, Huenchullán, Huilcamán, Tranamil o Pichún. De alguna u otra forma los integrantes de estos clanes familiares han protagonizado el conflicto que se vive en la IX Región ya no por una, sino por al menos dos generaciones.  

La semana pasada estuvo marcada por la detención de Pelentaro Llaitul Pezoa, convirtiéndose así en el tercer integrante de esta familia que actualmente se encuentra en prisión preventiva. Se suma a su padre Héctor Llaitul, y a su hermano mayor Ernesto Llaitul. Todos, de acuerdo con la Fiscalía, integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco. 

Sin embargo, no es la primera vez que padres e hijos son detenidos por protagonizar el conflicto. El 6 de octubre de 2021 Víctor Ancalaf Llaupe, fundador y exintegrante de la CAM, fue apresado al igual que sus dos hijos Matías y Heriberto Ancalaf Prado. Ambos se encuentran en prisión a la espera de juicio, ya que fueron acusados por la Fiscalía de Alta Complejidad por el homicidio del sargento de Carabineros, Francisco Benavides, ocurrido en mayo de 2021 en Collipulli. Mientras que Víctor Ancalaf fue formalizado por el delito de tenencia de municiones y cumple la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Y así la lista sigue. 

En enero de este año fue condenado el hijastro, menor de edad, del werkén de Temucuicui, Jorge Huenchullán. El joven de iniciales S.P.P. fue hallado culpable de los delitos de tráfico de drogas, armas y municiones, además de robo con violencia y amenazas. Por eso quedó sujeto a dos años de internación en un recinto semicerrado y otros tres años en libertad vigilada. Jorge Huenchullán, por su lado, se encuentra prófugo tras ser formalizado por los delitos de tráfico de marihuana y tenencia ilegal de armas y municiones.

Luis Tranamil fue detenido el 10 de marzo de 2021 como presunto autor del homicidio del carabinero Eugenio Naín, baleado el 30 de octubre de 2020 en La Araucanía. Es hermano de Fidel Tranamil, señalado por el excoordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, como el líder de la Weichan Auka Mapu, ambos son hijos del fallecido Luis Tranamil Linconao, exdirigente de la organización Ad-Mapu que operó en la década de 1980; de la que también fue parte Aucán Huilcamán, actualmente vocero del Consejo de Todas las Tierras, quien tiene a un hijo que fue acusado por la Fiscalía por integrar una banda dedicada al narcotráfico. 

Otro ejemplo es el de Juan Pichún, vocero de la CAM, hijo del fallecido Lonko Pascual Pichún, condenado en Chile por la Ley Antiterrorista, en un fallo que fue revertido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando Urquízar estaba a cargo de la seguridad de la macrozona solicitó que Juan Pichún fuese imputado en la querella contra la CAM por asociación ilícita terrorista.

“La herencia”

“Sin duda esta nueva generación es muchísimo más preparada, violenta y entrenada, en cuanto a odio, que la generación anterior”, afirma la diputada por La Araucanía Gloria Naveillán.

“La generación anterior, por lo menos la gran mayoría exceptuando a Héctor Llaitul y Víctor Ancalaf, sentían que actuaban por el pueblo mapuche. Tenían demandas relacionadas con lo que las comunidades realmente sentían. En cambio, probablemente motivados por gente como Ancalaf y Llaitul, está nueva generación está movida por el odio. Están movidos, además, por un tema no menor que es el tema lucrativo”, asegura la diputada que enumera el involucramiento de estos clanes familiares con delitos como el narcotráfico, el robo de madera y las usurpaciones. 

“En 1997, cuando empezó esto, no existía el grado de violencia, las armas, tampoco tenían el entrenamiento para el uso de las armas y la guerra de guerrillas. Todo eso se lo dio probablemente gente como los líderes actuales de Temucuicui, de Temulemu, como Héctor Llaitul o Víctor Ancalaf, a estas nuevas generaciones. Fue la herencia”, dice.

En cuanto a la peligrosidad y a que podría tratarse de una generación incluso más radical, coinciden los legisladores de la zona Miguel Mellado (RN) y Mauricio Ojeda (Ind.). 

Para Mellado, las nuevas generaciones vienen “recargadas”. “Llaitul tiene un pensamiento de las FARC, era del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Tiene preparación paramilitar y tiene dentro de su ADN todo lo que significa la lucha terrorista. Por lo tanto, cualquier hijo que crece desde niño viendo ese ejemplo la verdad es que no le queda otra que entrar en el mismo ámbito del padre”, cuenta. Ejemplifica con que ‘Nano’ Llaitul estaba a cargo de la coordinación de todas las ORT –que son los Órganos de Resistencia Territorial, células de la Coordinadora Arauco Malleco, a cargo de realizar los atentados– y en el caso de Pelentaro Llaitul ya era incipiente su ingreso a una de esas ORT.

“Obviamente los hijos al ser mayores de edad tienen responsabilidad penal, de todas maneras; pero vienen con una presión de enseñanza. De ver al padre en la lucha terrorista desde que ellos han nacido”, dice Mellado.

El “recargado” prontuario de la segunda generación de los Ancalaf 

La familia Ancalaf está involucrada en uno de los casos más violentos en La Araucanía, en el que hubo sesiones de apremios, vejaciones sexuales y un descuartizamiento: el secuestro del ‘Jani’ y el ‘Cacharra’. El primero fue quien logró escapar tras diez días de cautivero. El segundo fue golpeado hasta la muerte, su cuerpo fue desmembrado, intentaron disolverlo con químicos, y como eso no resultó, procedieron a incinerar sus restos en una fogata, junto a vestimentas y otras evidencias.

El 21 de junio, la Fiscalía de Alta Complejidad imputó y quedaron en prisión preventiva 12 personas por secuestro agravado, lesiones de carácter grave y secuestro con homicidio. Se trataba de María Adela Ancalaf Llaupe, Héctor Artigas Vásquez, Mario Romero Nahuel, Cristopher Jara Fuentealba, Diego Mansilla-Villena Córdova, Stephany Julieta Pérez Ancalaf, Jonathan Campos Hernández, Guillermo Pérez Ancalaf, Ricardo Aránguiz Genel, Bryan Ercoli Catrileo, Jonathan Abarcia Ancalaf y Alexi Villa Carrasco. Además, cinco de ellos fueron formalizados por infracción a la Ley de Armas y dos por microtráfico.

Su motivación: recuperar armas y drogas que habían ocultado en la propiedad de María Ancalaf a finales de mayo de 2021, y que se relacionan con el asesinato en una emboscada del sargento primero de Carabineros, Francisco Benavides. 

Dos de los tres arrestados por desórdenes públicos previos a la muerte del sargento Benavides en la ruta San Andrés de Collipulli, eran familiares del ex CAM Víctor Ancalaf y también están imputados en este caso. Se trata de María Adela Ancalaf Llaupe y su hijo Guillermo Ignacio Pérez Ancalaf.

Sin embargo, son los hijos de Víctor Ancalaf quienes están acusados directamente por el homicidio de Benavides. 

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía en abril de este año, el 24 de mayo de 2021, “en una hora cercana a las 15:52, los acusados –Heriberto y Matías Ancalaf Prado, de 28 y 39 años respectivamente–, concurrieron previamente concertados y armados, hasta el km 9,6 de la ruta R 35, específicamente al interior costado norte de la misma, lugar en que existe una plantación forestal; lugar desde el cual realizaron varios disparos, premunidos con armas calibre 9mm y calibre 12, en contra del vehículo policial TPB-022 en el cual iban a bordo, con el cuerpo fuera de la escotilla, los funcionarios de Carabineros Juan Huina Pincheira, Jorge Cisternas Carillo y Francisco Benavides García, a quien uno de los proyectiles impactó en su zona toráxica derecha, causándole un shock hipovolémico (o shock hemorrágico), conjuntamente con lesiones que necesariamente le causaron la muerte”.

Pero además, en su imputación se les señala por otros hechos relacionados con robo de madera, por disparar contra vehículos y maquinarias, disparar contra carabineros que custodiaban el parque eólico ubicado en el kilómetro 12 de la ruta R35, y de abuso sexual en el caso de Matías. 

A Matías Ancalaf la fiscalía le imputa cuatro delitos de disparos injustificados, homicidio frustrado a carabineros, desórdenes públicos, homicidio consumado a carabinero, porte ilegal de arma de fuego y abuso sexual. La fiscalía pide presidio perpetuo calificado por el homicidio de un carabinero, además de 34 años y 300 días de presidio por los otros delitos.

Mientras a Heriberto Ancalaf se le imputan cuatro delitos de disparos injustificados, homicidio frustrado a carabineros, desórdenes públicos, homicidio consumado a carabinero, porte ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego prohibida. En su caso, por el homicidio de Benavides, la Fiscalía pide 20 años; pero en total las penas solicitadas para sus crímenes suman más de 50 años.

La audiencia de preparación de juicio oral por estos hechos está prevista para el 13 de enero de 2023, y el juicio se llevaría a cabo a mediados del próximo año. 

La huelga de hambre de los tres Llaitul

Héctor Llaitul y sus hijos en prisión preventiva protagonizan actualmente una huelga de hambre. La medida de presión a las autoridades la comenzó el sábado Pelentaro Llaitul Pezoa, junto a los otros cuatro integrantes de la CAM detenidos con él, ya que quieren cumplir su prisión preventiva en “el módulo de Presos Políticos Mapuche del CCP de Temuco” y no en el CP de Valdivia, donde se encuentran recluidos actualmente.

El mismo 27 de noviembre, Héctor y Ernesto Llaitul, presos en el CCP Biobío de Concepción, anunciaron que se sumarían a la huelga. Una medida que suelen utilizar para presionar por beneficios penitenciarios.

Llaitul fue formalizado en agosto por delitos como usurpación violenta, atentado contra la autoridad y llamamientos a la desestabilización del gobierno, una conducta enmarcada en la Ley de Seguridad del Estado (LSE); por hechos ocurridos entre 2020 y 2022. 

El 1 de septiembre el Juzgado de Garantía de Los Ángeles decretó prisión preventiva contra Ernesto Llaitul Pezoa, por su participación en un ataque incendiario ocurrido el 9 de septiembre de 2021, en el fundo Punta Arenas ubicado en Los Ángeles, en el que los trabajadores fueron atacados a tiros.

Y Pelentaro Llaitul quedó en prisión preventiva el 25 de noviembre por su responsabilidad en ataques incendiarios perpetrados en las localidades de Lautaro y Temuco. Él junto a otros cuatro comuneros detenidos fueron formalizados por los delitos de incendio, robo con detención, robo con intimidación y porte ilegal de armas de fuego.

En la investigación que se lleva a cabo por el caso de Ernesto Llaitul ya había salido a relucir el nombre de Pelentaro, pues en un enfrentamiento ocurrido en mayo de 2021 entre violentistas encapuchados y Carabineros, éste habría resultado herido. 

Las mismas indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía sobre esta familia llevaron a que se solicitara el alzamiento de los registros bancarios de los cuatro hijos de Héctor Llaitul: Ernesto, Javiera, José Lautaro y Pelentaro, ya que se creía que podían ser además receptores de dinero. A José Lautaro se le señaló por tener un rol relevante en las faenas de hurto de madera; y a Pelentaro por recibir fondos en su cuenta corriente poniendo como fachada la venta del libro ‘Chem Ka Rakiduam: pensamiento y acción de la CAM’. 

La generación WAM

Luis Tranamil está imputado por el homicidio del carabinero Eugenio Naín Caniumil. Tranamil está vinculado a uno de los grupos violentos más radicales de la zona: Weichan Auka Mapu (WAM). Su hermano, el machi Fidel Tranamil Nahuel, del Lof Rofue en Padre las Casas, es identificado como uno de los principales líderes de esta agrupación.

La WAM, según un requerimiento de inconstitucionalidad presentado por Pablo Urquízar ante el Tribunal Constitucional, “tiene sus orígenes en una escisión de la CAM manteniendo los postulados basales de la CAM, pero con ingredientes nuevos en su actuar siendo una nota diferenciadora relevante el objetivo de la Iglesia Católica”.

Dice el texto que entre los años 2014 y 2021 la WAM se adjudicó 137 atentados incendiarios. Asimismo, apunta que entre las personas que la WAM ha reivindicado en cada hecho de violencia se encuentran Luis Tranamil, Emilio Berkhoff –en la cárcel por tráfico de drogas–; los primos José y Luis Tralcal condenados por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay; y Freddy Marileo Marileo, condenado por el asesinato de dos comuneros mapuche. 

Agrega Urquízar que “sus principales ‘líderes’ son Fidel Tranamil Nahuel; Marco Millanao Mariñán; Luis Tralcal Quidel; y Luis Tranamil Nahuel”. 

Luis y Fidel son hijos de Luis Tranamil Linconao, fallecido en abril de 2021. Tras su muerte el Lof Rofue publicó un comunicado en el que señalaron en alusión a la cárcel de Luis Tranamil Nahuel: “La prisión es una consecuencia de la lucha que como lof y también su familia hemos asumido, así como asumiremos todas las que tengan que venir, precisamente porque este es el camino que Luis Tranamil Linconao nos impulsó a seguir, con su ejemplo, por tanto nuestro compromiso es seguir la senda de lucha por la liberación del Wallmapu”.

Reclutados en la adolescencia

“La verdad es que realmente es lamentable que las nuevas generaciones continúen estas acciones que son violentas, que son delitos, al igual que sus padres. Ahora, es una cuestión entre comillas bastante lógica a propósito de que es el ejemplo que ven”, dice el diputado Mauricio Ojeda.

“En segundo lugar, y creo que más importante aún, es la falta de Estado”, agrega Ojeda. “Hemos tenido un Estado totalmente blando, que ha permitido que generaciones completas continúen en esta ruta del ilícito, del tráfico, del terrorismo y eso realmente es preocupante (…). Mientras no aparezca un Presidente o una Presidenta con los pantalones para hacer cumplir la ley, que no abandone la seguridad en ciertos lugares y territorios las cosas van a continuar y vamos a tener nuevas generaciones en esto”. 

Naveillán también cree que una tercera generación de violentistas podría estar en gestación. “Allí es donde yo me pregunto dónde está la labor de la Defensoría de la Niñez, dónde está la labor del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Educación, que debería hacer obligatorio que esos niños asistan al colegio y estén donde tienen que estar, y no en una toma o en una usurpación”. 

La diputada recuerda que hace más de una década, cuando aún se podía entrar a comunidades hoy cerradas, se podía ver a niños jugando a la guerra y a “matar pacos”. Además, señala que en la actualidad, en La Araucanía, “hemos visto más de una vez en los casos de usurpación que los que están al frente son niños y mujeres, porque su forma de efectuar la usurpación y no ser sacados de ahí por Carabineros, es poner a los niños delante”.

“Qué queda en la mente de ese niño. Ese niño normaliza la violencia, normaliza el usurpar un terreno que no es propio, que en su casa haya droga, como lo que tienen por ejemplo los Huenchullán al interior de Temucuicui. Ese niño normaliza que en su casa hay una cantidad de plata que proviene del robo de madera. Cuando eso pasa, el niño no tiene la capacidad de discernir y es criado así. Luego, llega un punto cuando tienen 16 o 17 años, en que además son reclautados para ser parte de las guerrillas que operan con actos de terrorismo. Entonces, se transforma en su estilo de vida”, lamenta Naveillán.

Por otro lado, Mellado confía en que no haya una tercera generación porque la Fiscalía, a su juicio, “está haciendo un buen trabajo”. 

“Espero que caiga presa más gente de la CAM, que se desbarate esa organización ilícita terrorista, así como también la WAM, la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), la Liberación Nacional Mapuche (LNM), Los Huellanos y todas las organizaciones ilícitas terroristas(…). Yo espero que no haya tercera generación; que esto se termine aquí y ahora y las penas sean ejemplificadoras y que ninguna huelga de hambre vaya a doblarle la mano ni a la justicia, ni a los gobiernos sucesivos”, señala. 

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