Un nuevo “modus operandi” se ha instalado entre las orgánicas radicalizadas de la Macrozona Sur para lograr el traslado de condenados por delitos graves a Centros de Educación y Trabajo (CET), establecimientos penitenciarios con régimen semiabierto en el que prima la autodisciplina por encima de la vigilancia estricta de Gendarmería.

Es así como a partir de marzo de este año se han dado presiones que comienzan con huelgas de hambre, seguidas de atentados –algunos, como el del Molino Grollmus que casi cuestan la vida a sus víctimas– y también puede haber amenazas a las autoridades. A esto le sigue la convocatoria a un Consejo Técnico, que puede ser extraordinario, del establecimiento penitenciario para visar la decisión y, por último, se aprueba el beneficio penitenciario del traslado a uno de estos CET. 

De esta forma, durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric han logrado ser reubicados en centros de este tipo presos como: 

*César Millanao, condenado en 2021 a casi seis años por los delitos de incendio, receptación y porte ilegal de municiones. 

*Óscar Pilquiman, sentenciado como autor del delito frustrado y calificado de robo con violencia e intimidación a 14 años de cárcel. Este hecho terminó con la muerte de una mujer y con un hombre gravemente lesionado en la comuna de Tirúa. 

*Orlando Sáez Ancalao, detenido en abril de 2020 durante un allanamiento de Carabineros a la Caleta de Quidico, por su posible participación en un homicidio frustrado ocurrido en febrero de ese año en la comuna de Tirúa, en Arauco. Se encuentra en prisión preventiva. 

*Víctor Llanquileo, condenado a 21 años de cárcel como autor del delito de robo con violencia, porte ilegal de arma de fuego prohibida y porte ilegal de municiones durante el asalto a la Caja de Compensación Los Héroes, ubicada en Galvarino.

*Johan Millanao Nahuelpi, werkén de Temucuicui, condenado en 2021 a cinco años de presidio por su participación como autor en un robo con intimidación. En su juicio participó como testigo de la defensa el propio Mijael Carbone y durante un tiempo tuvo como abogada a la exconvencional Manuela Royo. 

*Juan Calbucoy, condenado en 2020 por los delitos de robo con intimidación y violencia, tenencia de armas de fuego y municiones, abigeato, tráfico de pequeñas cantidades de sustancias prohibidas y por el delito frustrado de estafa. 

Otros presos de alta connotación por los delitos que cometieron que también se encuentran en Centros de Educación y Trabajo, son José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, condenados a 18 años por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido en 2013. 

Los primos hicieron durante el mes de marzo una huelga de hambre que duró tres semanas. La huelga comenzó el 2 de marzo y ese mismo día hubo un atentado que destruyó por completo la casa de Ewald Luchsinger, primo hermano de Jorge Luchsinger-Mackay. El 23 de marzo, ya con el nuevo gobierno, los Tralcal consiguieron el beneficio de salida dominical y trimestral, que estaban solicitando –sin éxito– desde agosto de 2021. 

El uso político de los CET

Los CET están esencialmente destinados a contribuir en el proceso de reinserción social de los condenados. Están regulados en el Decreto N° 943 publicado en 2011. Para ser ubicados en uno de ellos los reos deben postularse y cumplir con requisitos como disposición al trabajo; necesidad de reinserción social; motivación al cambio; antecedentes psicológicos, sociales y de conducta; y haber cumplido dos tercios de su condena. Además, deben tener “buena” o “muy buena” conducta el último bimestre previo a la postulación. En cambio, el tipo de delito cometido no condiciona el traslado.

Un punto crucial es el informe psicológico, según el cual debería existir un reconocimiento del delito, de la participación y, por sobre todo, arrepentimiento y disposición de no volver a incurrir en tales hechos. 

Algo que no ocurre en estos casos, de acuerdo con el diputado por la IX Región Miguel Mellado. “Se aprovechan de las huelgas de hambre para presionar a Gendarmería y que les den beneficios, porque el CET es como un hotel cinco estrellas para presos de buena conducta y estas personas tienen mala conducta, porque ni siquiera se han arrepentido ni pedido perdón a las víctimas. Entonces, por un tema exclusivamente político los llevan a un CET que tiene condiciones de hotel cinco estrellas al lado de las cárceles en Chile”, afirma el legislador.

Y coincide el exintendente de La Araucanía, Víctor Manoli: “Gendarmería informa desfavorablemente esas peticiones, allí no se puede decir que Gendarmería tomó la decisión. Cada vez que se toma una decisión que tenga que ver con temas políticos se conversa con la autoridad política”.

Manoli agrega que “cuando responsabilizan a una institución como Gendarmería sin lugar a dudas están tapando el sol con un dedo. Eso es lo que hay que desenmascarar, porque hoy día existen muchas presiones políticas para lograr beneficios para presos, mapuche fundamentalmente, que tienen un trato diferente, un trato especial en las cárceles, donde se les permite muchas cosas que al resto de los internos no. Además, buscan beneficios que no corresponden y que, de acuerdo con la presión política, y por los compromisos que el Gobierno actual tiene con esos grupos, es que se producen los traslados a estos Centros de Educación y Trabajo”.

Los CET y el pueblo mapuche

En Chile existen 57 CET, 36 considerados “cerrados” que son secciones dentro de cárceles tradicionales y 21 “semiabiertos”, que son autónomos y donde los internos cumplen condena en un régimen basado en la autodisciplina y las relaciones de confianza.

De acuerdo con las estadísticas de Gendarmería, actualmente hay 561 personas en CET semiabiertos (458 hombres y 103 mujeres).

En cuanto a la Macrozona Sur, en los CET semiabiertos de Biobío hay 71 internos (61 hombres y 10 mujeres). Mientras que en los de La Araucanía hay 65 (62 hombres y 3 mujeres). 

En Biobío funcionan los CET semiabiertos de Concepción y Cañete y en La Araucanía los de Vilcún, Angol y Victoria. 

Una presentación hecha por el Ministerio de Justicia y DD.HH. ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el pasado 26 de septiembre, señala que en el caso de las regiones de Biobío y Araucanía, se han recibido 36 solicitudes para el traslado a CET en el período 2021-2022. 

“Considerando solo personas identificadas como comuneros mapuche, se han aprobado un total de cinco solicitudes durante el año 2022”, dice la presentación. Sin embargo, la enumeración hecha en este reportaje evidencia que han sido seis los trasladados. 

Hay que señalar que Llanquileo y Pilquimán fueron llevados de vuelta el 21 de septiembre desde el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Cañete a los centros donde originalmente estaban cumpliendo condena. Llanquileo al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Arauco y Pilquiman al CDP de Lebu. Esto, pues el 18 de septiembre, ambos fueron hallados ebrios al interior del CET. 

Llanquileo incluso amenazó de muerte al jefe operativo del establecimiento. “Yo soy el jefe de todo esto y te voy a ir a quemar tu casa y te voy a matar”, le dijo de acuerdo con la denuncia realizada por el jefe del CET de Cañete, capitán Álvaro Vidal. 

Otras cifras presentadas por el Ministerio de Justicia señalan que en total son 685 los presos que se declaran pertenecientes al pueblo mapuche. De ellos 652 cumplen su condena en un régimen cerrado; 31 en un régimen semiabierto y 2 en régimen abierto. 

Los datos presentados por el Ministerio de Justicia también indican que la población general privada de libertad con beneficios es de 771 personas; y que de estas solo 24 declararon ser mapuche (3,11% del total).

¿Por qué los CET son “hoteles cinco estrellas”?

Héctor García, vicepresidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (ANSOG), explica que los CET son centros que pertenecen a Gendarmería y generalmente hay uno o dos por regiones, no más que eso. 

“Tienen cupos limitados para internos. Son centros abiertos, con poca vigilancia, con poca custodia, con poca seguridad y el mínimo de personal, porque se entiende que los reos que llegan a estos centros están ya en la última etapa de su condena, han demostrado una conducta intachable, reúnen muchos requisitos, tienen una rehabilitación real y se pueden reinsertar en la sociedad”, asevera García. En cuanto a las visitas, señala que esta ocurre con menos restricciones y pueden asistir una mayor cantidad de familiares. 

“Un reo de un CET pasa seis meses al inicio para adaptarse, pasado este tiempo cada tres meses tiene una salida en libertad siete días, puede ir su domicilio, sin custodia, sin personal de Gendarmería. Cada tres meses puede tomar siete días, eso significa que ya está afuera, independientemente que la condena todavía esté en curso”, dice. 

García agrega que “también pueden salir a realizar trabajos al exterior, a cursar estudios de enseñanza básica, media o superior sin custodia o vigilancia directa de un funcionario de Gendarmería, por ende los beneficios son muchos. Además, en los CET no hay muros, no hay rejas, no hay fierros”.

En el caso de La Araucanía además tienen la particularidad de que se trata de predios agrícolas y los presos no viven en celdas, sino que en cabañas. 

Por ejemplo, el CET de Vilcún –donde está Celestino Córdova, condenado a 18 años por el delito de incendio con resultado de muerte por el caso Luchsinger-Mackay– incluso es una opción turística, pues cuenta con un sendero de 5 kilómetros, construído por los propios privados de libertad. Está emplazado en un área de más de 2.000 hectáreas. 

El CET de Angol –a donde trasladaron a Millanao y Calbucoy– está aliado con una viña, producen uvas y sus productos son comercializados e incluso exportados. Además de los servicios agrícolas, los CET de Biobío y La Araucanía desarrollan actividades de panadería, confección textil, construcción, entre otras. 

El CET de Victoria, donde están recluidos los Tralcal, está al límite del sector urbano de la comuna de Victoria. A sus afueras se encuentras unos puestos destinados a la venta de los productos agrícolas que allí cultivan.

Entrada del CET de Victoria. Fotografía: Felipe Montero, El Líbero

“Todos los internos, de acuerdo con la función que cumpla el CET o a lo que se dedique deben trabajar o cumplir una actividad dentro del sistema. Si ellos se niegan podrían ser regresados a su unidad penal, porque no van a una unidad a descansar o a estar durmiendo todo el día, sino que van a realizar alguna actividad para que justamente ellos puedan conectarse con la sociedad para tener una rehabilitación y reinsertarse en ella. Eso significa que tienen que efectuar algunos trabajos, por los cuales se les da una remuneración, porque esto generalmente se vende a la comunidad”, explica García.

Sin embargo, fuentes consultadas por El Líbero que conocen el manejo de los temas de seguridad en La Araucanía aseguran que los presos que forman parte de orgánicas radicales que son llevados a los CET solo hacen “lo que quieren”. 

Mellado es más duro y reclama que “están ociosos, sin hacer absolutamente nada. Profitando del Estado y en mejores condiciones que cualquier otro preso que ha cometido menor criminalidad que ellos”.

En cuanto a las visitas, también señalan que el año pasado durante la celebración del wetripantu, en un lapso de tres días Celestino Córdova recibió a alrededor de 200 personas como visitantes. 

“¿Por qué razón tienen privilegios? Porque presionan a Gendarmería por fuera. Porque le dicen a los Gendarmes y al alcaide ‘oye, linda tu casa’, ‘bonita tu familia’, ‘te vamos a pitiar’, los presionan, los amenazan. Entonces, les dan la salida para no tener más amenazas, pero eso es un loop. Es un tema de nunca acabar. El Gobierno no puede permitir eso”, advierte Mellado. 

Modus operandi: Huelga de hambre-atentado-traslado al CET

Este modus operandi de huelga de hambre y amenazas o atentados; seguido del traslado a un CET quedó al descubierto en agosto pasado, cuando se concretó el traslado al CET de Angol de Millanao y Calbucoy tras la firma de un acuerdo entre un representante del lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, y el entonces director regional de Gendarmería, Juan Navarrete. 

La huelga de hambre comenzó el 20 de julio y había 19 presos en huelga de hambre en la cárcel de Angol. En el petitorio exigían el “traslado inmediato de todos nuestros peñi que se encuentran condenados al Centro de Educación y Trabajo, CET” y “establecer que los imputados, ante futuras condenas políticas, sean trasladados al CET, sin condiciones de tiempo”. Allí mismo acusaban al alcaide Jesús Poveda de falta de voluntad. 

La noche del 15 de agosto hubo un atentado en un terreno perteneciente a Enel, donde se construye un parque eólico, en la comuna de Angol. En el lugar se encontró un lienzo en el que la Resistencia Mapuche Malleco (RMM) se adjudicó el ataque, que era para exigir el “traslado inmediato al CET a los PPM (Preso Políticos Mapuche) en huelga de hambre de Angol y Lebu”. Además, había una amenaza contra Poveda: “Linda casa y hermosa familia. Te tenemos en la mira”. 

Dos días después, el 17 de agosto, llegó la comitiva de al menos 15 autos y camionetas a la cárcel de Angol encabezada por el lonco de Temucuicui y ese mismo día se selló el traslado de dos de los 19 presos en huelga de hambre al CET de Angol. 

Otros casos, mismo método

El 28 de junio Cesar Millanao, Orlando Sáez Ancalao y Óscar Pilquiman, recluidos en la cárcel de Lebu; y Emilio Berkhoff, preso en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Biobío, iniciaron una huelga de hambre. Los tres primeros para exigir el traslado al CET de Cañete y Berkhoff porque quería estar en la cárcel de Lebu. 

En el comunicado donde informan el inicio de la huelga acusaban a la psicóloga de la cárcel de Lebu de presentar “informes maliciosos” como una excusa “para frenar el traslado” de Millanao, Sáez y Pilquiman al CET. 

El 2 de julio la Weichan Auka Mapu se adjudicó un atentado para presionar por este traslado. Para el 12 de julio convocaron a una “visita masiva” a la cárcel de Lebu; mientras el  22 de julio hubo un corte de ruta en Concepción.

El 25 de julio emitieron un comunicado para informar que la huelga de hambre continuaba, pese a que para ese momento ya habían logrado el traslado al CET de Cañete de Millanao y Sáez. “Hacemos un llamado a intensificar las protestas e intensificar todas las formas de lucha para que el gobierno de Gabriel Boric solucione nuestras justas demandas”, escribieron. El texto también indicaba: “Ni inocentes ni culpables, menos arrepentidos en el camino del Weichan!”. 

Para el 9 de agosto, un nuevo comunicado daba cuenta de que ya Pilquimán había sido llevado al CET, pero no deponían la huelga para continuar la presión por Berkhoff, quien actualmente enfrenta un juicio por tráfico de más de 800 kilos de droga y cumple condena por los delitos de robo con intimidación e incendio. El 11 de agosto la WAM se adjudicó un nuevo atentado en favor de Berkhoff; y el 19 de agosto la misma agrupación se adjudicó nueve atentados por la misma causa. 

En el ínterin, Víctor Llanquileo, recluido en la cárcel de Arauco, también comenzó una huelga de hambre el 15 de agosto para exigir el traslado al CET de Cañete. Y el 29 de ese mes ocurrió el atentado al Molino Grollmus que dejó a tres personas heridas, una de ellas en riesgo vital y con una pierna amputada, hecho que se adjudicó la Resistencia Mapuche Lavkenche. 

El 1 de  septiembre Millanao, Sáez, Pilquiman y Berkhoff concluyeron su huelga de hambre. Lograron que el último fuese llevado a la Cárcel El Manzano ubicada en Concepción. 

“Hemos logrado torcer la mano de Gendarmería y el Estado chileno, logrando parcialmente nuestros objetivos. No obstante quedan aún metas que como presos políticos mapuche seguiremos demandando, haciendo así de la prisión una trinchera más de lucha, en el largo camino por la autonomía y control territorial”, dice el texto en el que informan su decisión.

El 9 de septiembre Llanquileo consiguió que lo trasladaran al CET de Cañete. 

La huelga de hambre como mecanismo de presión

Para cualquier preso una huelga de hambre constituye una falta grave de conducta, pero no es así para los detenidos que tienen el respaldo de las orgánicas radicalizadas de la Macrozona Sur. Algo similar ocurre con el arrepentimiento del interno por los hechos cometidos, según se ve en los comunicados que emiten durante el curso de sus acciones. 

El Decreto 518 que fija el Reglamento de establecimientos penitenciarios en su artículo 78, literal C, incluye la huelga de hambre como una “falta grave”. 

“Es contradictorio para nosotros, el personal de Gendarmería, que un reo, a través de una una mala fórmula como la huelga de hambre, consiga el objetivo que ellos quieren, que es ser trasladados a los CET. Creemos que no es lo que corresponde, no es la forma. Tenemos muchos reos que están postulando a los CET con buena conducta, cumpliendo todos los requisitos”, argumenta Héctor García, vicepresidente de ANSOG. 

Advierte que el tema es motivo de “preocupación” entre el personal de Gendarmería “porque estamos discriminando a los demás reos o de lo contrario todos harían lo mismo, una huelga de hambre, porque a qué reo no le gustaría estar cumpliendo su condena en un CET, con todas las comodidades o todas las libertades que son muy diferentes a la cárcel misma”.

La huelga de hambre de Celestino Córdova que cambió las reglas

La Resolución Exenta Nº 3925 dictada el 29 de julio de 2020, contiene distintas disposiciones referidas a la pertenencia cultural y religiosa en determinadas materias. Allí se indica que una huelga de hambre desarrollada en forma pacífica no será susceptible de consecuencias disciplinarias, atendiendo el Convenio 169 de la OIT.

Y también señala que la huelga de hambre “puede entenderse como una forma de protesta social, pacífica y extrema al mismo tiempo, cuando se sustenta en el derecho fundamental a la libertad de expresión”. 

Esta resolución se dictó como resultado de la huelga de hambre que protagonizó Celestino Córdova ese año, que se prolongó por 107 días. 

Quienes manejan el tema de seguridad en la Macrozona advierten que en ese entonces se cometió “un grave error” en ceder a la presión de Córdova. “Fue una forma muy errada de enfrentar lo que pasaba en ese minuto. Terminan haciendo una resolución, respecto de un reglamento, cuestión que es absolutamente ilegal, y se materializa al final una diferencia frente al reo común”, para quienes la huelga de hambre sigue constituyendo una falta grave.

“No es correcto que se ocupen los CET como un trofeo de negociación, tanto del Gobierno, como de los mismos violentistas. Presionan a Gendarmería para traspasar el Decreto 518, firmado por el Presidente Frei Ruiz-Tagle con todos sus ministros y que se esté optando por una Resolución de Gendarmería que es menor en rango que el decreto supremo para trasladar a estos presos a los CET”, subraya Mellado. E insiste en que la ministra de Justicia Marcela Ríos no debiera permitir que el Decreto 518 sea vulnerado. 

Hacen el punto de que si bien la Resolución de Gendarmería se aplicó en 2020 con Córdova –ya que sin eso no habría podido ser trasladado al CET de Vilcún–, durante 2021 no hubo ninguno de estos casos, hasta que volvieron a reaparecer y a lograr su objetivo con la llegada del nuevo gobierno. 

La autocalificación como “presos políticos”

Otro punto en común en estos casos es que todos los detenidos son calificados por las agrupaciones radicales –y ellos también se consideran a sí mismos– como “presos políticos mapuche”. 

Fuentes consultadas por El Líbero señalan que la ministra Ríos podría dejar sin efecto la Resolución N° 3925, pero dificultan que lo haga porque la visión de la coalición de gobierno es que se trata de “presos políticos” y esta Resolución es vista por ellos como una forma de “aliviar la injusticia”.

Ejemplos hay varios. A principios de mayo la ministra Ríos se vio envuelta en una polémica, ya que en entrevista con El Mercurio al ser consultada sobre si Celestino Córdova era un preso político respondió: “No me compete pronunciarme respecto de la calificación específica que tengan los casos”. Después Ríos tuvo que salir a aclarar sus dichos y precisar que Córdova es “un preso común”. 

Algo similar ocurrió con la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, que en entrevista con Tolerancia Cero, también en mayo, dijo: “La realidad es la realidad. Efectivamente nosotros tenemos presos políticos y, no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios son básicamente presos políticos”.

Horas más tarde Vega tuvo que salir dando explicaciones en su Twitter: “Hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar mal entendido”.

Incluso la exministra del Interior, Izkia Siches, también se refirió a “presos políticos mapuche” tras su fallido intento por visitar Temucuicui. 

Para Mellado, la calificación de “presos políticos” también forma parte de la estrategia de los violentistas. “¿Cómo reclutan a jóvenes? Les dicen que les van a pagar 600.000 o 700.000 pesos, según lo que me han contado. También les dicen que si caen detenidos los convierten en presos políticos y además van a proteger a las familias. Entonces, reclutan gente, jóvenes sobre todo, para su lucha. Claro, les dicen que son presos políticos y presionan”.

Tras lo ocurrido en Angol, con la firma del acuerdo entre el lonko de Temucuicui y el entonces director general de Gendarmería, sumado al traslado de Llanquileo y a las denuncias hechas por agrupaciones de gendarmes, desde la oposición se analiza la posibilidad de acusar constitucionalmente a la ministra de Justicia, Marcela Ríos. 

“Más cómodos” como víctimas, que como fugitivos

En el caso de los beneficios penitenciarios concedidos a Córdova y a los Tralcal, la decisión del consejo técnico se tomó con el voto a favor de cuatro de sus cinco miembros. La opinión desfavorable en ambos casos correspondió al encargado técnico por razones similares: no hubo un reconocimiento del delito. 

Sobre esto, García apunta: “A todas luces está que los informes o las opiniones del personal de Gendarmería que trabaja en el trato directo con la población penal han sido negativos (…). Lamentablemente la decisión del gendarme no es vinculante y si estas personas han sido igualmente trasladadas a estos centros abiertos, ya no depende de la decisión del gendarme mismo que trabaja en las unidades penales, sino que la comunidad tiene que saber a quién pedir las explicaciones correspondientes”. 

Sobre el riesgo de fuga, debido a las condiciones de los CET, Mellado concluye: “Ellos están más cómodos de esa forma, siendo víctimas que siendo fugitivos. Les permiten las visitas, las salidas dominicales, trimestrales. No tienen que hacer nada y gozan de beneficios”.

Quienes conocen los temas de seguridad en la Macrozona actualmente están en alerta. Prevén que más huelgas de hambre se avecinan y subrayan que las consecuencias de los atentados que las acompañan las pagan los habitantes de esas regiones.

A principios de septiembre, Yerko Maril y Esteban Carrera también anunciaron una huelga de hambre. En las cárceles de El Manzano y el CDP de Biobío. La quema del Molino Grollmus también fue para el “traslado inmediato a la cárcel de Lebu” de ambos. 

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