Publicado el 17 de junio, 2020

El extenso prontuario de Emilio Berkhoff, el ex CAM en prisión preventiva por su vinculación en el tráfico de más de 800 kilos de cocaína

Autor:

Emily Avendaño

Los 11 detenidos como integrantes de una red de narcotráfico que operaba en el país fueron formalizados ayer y el tribunal decretó su prisión preventiva. Todos tenían antecedentes penales. Berkhoff violó un beneficio de libertad condicional del que gozaba desde 2017. Desde 2013 ha estado entrando y saliendo de tribunales y se ha fugado de la justicia en dos oportunidades. Este caso se suma a los vínculos de sectores violentistas de la zona mapuche con delitos como narcotráfico, robo de madera y porte de armamento de alto calibre.

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Emily Avendaño

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Primero fue condenado a 541 días de presidio por maltrato de obra a Carabinero; también fue formalizado dos veces por porte ilegal de arma de fuego y posesión ilegal de municiones, delitos por los que debía cumplir cinco años de cárcel y cuya pena estaba terminando en libertad condicional desde 2017. Emilio Berkhoff, ex «militante» de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), es una figura habitual de los tribunales desde el año 2013. Ya estando en libertad condicional fue formalizado por atentado contra la autoridad, en agosto de 2018, y el viernes pasado fue detenido en un operativo que logró el decomiso de 823 kilos de pasta base de cocaína, cinco vehículos y dinero en efectivo.

Así como también logró ser absuelto -en marzo de 2015- de 10 años de presidio efectivo por los delitos de robo con intimidación, y 15 años por seis incendios forestales, que pedía la Fiscalía por hechos ocurridos en 2012 y 2013. 

Los 11 detenidos por este caso fueron formalizados ayer en el Juzgado de Garantía de Concepción, donde se decretó la prisión preventiva de todos los imputados. Fueron acusados de por el delito de tráfico, tipificado en el artículo 3 de la Ley 20.000. Además, el juez Marcelo Bustos decretó el secreto de la investigación por 120 días y se dieron 6 meses de plazo para la investigación. 

Berkhoff es un hombre de pocas palabras en los tribunales, sus dichos y gestos los solía guardar para la prensa que lo esperaba a la salida de sus audiencias. Aunque no es de origen mapuche, el 3 de febrero de 2013, gritó con los puños esposados en alto marichiweu («diez veces venceremos» en mapudungún), cuando concluyó su audiencia en el Juzgado de Garantía de Temuco, en la que fue formalizado por maltrato de obra a Carabineros. Cuando fue recapturado, después de pasar 40 días prófugo -desde el 4 de abril de 2013 hasta el 14 de mayo de ese año-, dijo a los medios cuando era trasladado al juzgado: “Mi detención obedece a las presiones de las forestales transnacionales para seguir saqueando el territorio mapuche… Soy un preso político y asumo mi prisión con dignidad”.

Berkhoff es un ex estudiante de Antropología de la Universidad Católica de Temuco. Esos estudios los congeló en 2007, cuando según reportes de inteligencia policial de la época, entró en contacto con la CAM y tuvo a su cargo una red de apoyo universitario, en la cual habría cumplido “un rol de activista de corte radical” y en ese contexto, dice el reporte, se hizo cercano al líder de esa organización Héctor Llaitul. 

El entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, insistía en que Berkhoff  “no era uno más” sino que de acuerdo con todos los antecedentes de los que disponían “se trataría de uno de los operadores más importantes de las organizaciones violentistas de la zona de Arauco y de la zona de La Araucanía”. No obstante, en ninguno de los dos juicios que ha enfrentado este vínculo ha quedado probado. 

Su simpatía por la CAM ha quedado asentada, más bien, en sus propios dichos. En una entrevista publicada por Emol el 7 de marzo de 2013 se reconocía como cercano a la coordinadora “en lo ideológico” y dijo que consideraba legítimo “el uso de la violencia por un pueblo oprimido, que lucha por no desaparecer y por recuperar lo usurpado”. En otro diálogo, publicado el 8 de abril de 2014 en El Ciudadano, Berkhoff defiende a esta organización radical y aseguró que existe una “persecución político judicial contra el movimiento mapuche en general y de la CAM en particular”. 

En la conversación relató: “Desde siempre -creo- que por mi familia he estado influenciado por un pensamiento anticapitalista, pero fue en la universidad el momento en que más activamente comencé a cuestionar el modelo. En ese contexto, entre mi paso por Concepción y luego Temuco, me tocó compartir e interiorizarme sobre la situación de opresión en la que se encuentra el pueblo mapuche, sus comunidades, presos políticos y organizaciones. Algo que llamó poderosamente mi atención en esos años fue la disciplina militante de los peñi y las redes de apoyo a las comunidades de la CAM. En las universidades muchas veces se ve bastante indisciplina y relajo por parte de la ‘juventud revolucionaria’, también en los hogares mapuche, pero estos jóvenes estaban sumergidos en la lucha de su pueblo”.

Subraya que siempre vio a la CAM como una “organización con un proyecto político claro y con capacidad de perpetuar la vida del pueblo mapuche, pues entiendo que en el marco del sistema capitalista este pueblo está condenado a desaparecer bajo la bota del poder. Por esto es necesario que el proyecto sea anticapitalista y revolucionario”.

Tras su reciente detención en Concepción, en la que se le consideró como integrante de una red de narcotráfico que operaba en distintas regiones del norte, centro y sur del país, la CAM emitió un comunicado en el que “aclaran enfáticamente” que nunca ha sido dirigente ni líder de la organización. 

Blumel: “Son bandas que se dedican al narcotráfico, que cometen hechos de violencia y usan esto para financiar ilícitos”

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, junto al subsecretario, Juan Francisco Galli, y el Director Nacional de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, se trasladaron ayer a Concepción, donde la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) realizó el arresto. Blumel, ante una pregunta acerca de la relación entre la CAM y el narcotráfico, dijo que finalmente las verdades se establecen en los procesos judiciales: “Más allá de los antecedentes que efectivamente existen, es la justicia la que va a determinar la relación. Aquí lo que estamos enfrentando es el crimen organizado, son bandas que se dedican al narcotráfico, que cometen hechos de violencia y usan esto para financiar ilícitos. Estas mismas bandas también tienen relación con otro tipo de delitos del crimen organizado, como el porte ilegal de armas, robo con violencia, por lo tanto, acá hay un circuito del crimen organizado que estamos enfocados y dedicados a poder detener”. 

Agregó que es precisamente por esto que el Presidente de la República presentó un proyecto de ley que endurece sanciones contra el tráfico de narcóticos e introduce modificaciones a la actual Ley de Drogas (Ley 20.000); así como también están impulsando en el Congreso una reforma a la Ley de Control de Armas “para sacar de circulación estos instrumentos que utilizan las bandas para cometer delitos”.

Blumel evitó referirse a la figura de Berkhoff en particular. Sin embargo, subrayó: “No vamos a aceptar que haya personas que quieran amenazar la paz social, el orden público, a través de la violencia, ya sea en la macro zona sur, aquí en la región del Biobío, en La Araucanía, Los Ríos o en el resto de las regiones del país”.

En cuanto a las armas, el 8 de junio cuatro personas fueron detenidas en Traiguén, región de La Araucanía, por Carabineros con distinto tipo de armamento y municiones. Portaban fusil, escopeta, pistola, escopetas hechizas y ropa militar y una mochila con más de 30 cartuchos de munición calibre 12. Uno de los detenidos en ese operativo es Juan Pichún, quien viajó a Venezuela en diciembre de 2018, junto al dirigente de la CAM Héctor Llaitul. Allí fueron recibidos por el canciller Jorge Arreaza. El lonko también acompañó a Llaitul en el lanzamiento del libro «Chem ka Rakiduam. Pensamiento y acción de los ORT de la CAM»

En una nota publicada por El Líbero en abril, Pichún era mencionado por distintos dirigentes de la zona como uno de quienes podría estar vinculado con la explosión de una camioneta bomba, la interrupción del tránsito y del suministro eléctrico en los alrededores del puente Lleu Lleu, en la provincia de Arauco, Región del Biobío; y quienes luego se retrataron vestidos de negro o con camuflaje militar portando armas de alto calibre.

Los cuatro detenidos fueron formalizados el 9 de junio y el tribunal decretó su prisión preventiva por porte de armamento y municiones, entre ellas un fusil de guerra calibre 5.56 y 2 escopetas de fabricación artesanal. Entre los abogados que participaron en la audiencia estaba Rodrigo Román quien es conocido por defender a implicados en casos que involucran la Ley Antiterrorista, quien también defiende al primer formalizado por incendiar el Metro en los eventos del 18 de octubre pasado, y quien también estuvo involucrado en el llamado “caso bombas”, en la defensa de Manuel Olate, chileno y militante comunista requerido por Colombia por su presunta vinculación con las FARC. Además fue abogado de comuneros imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay; y defendió a Héctor Llaitul durante la llamada Operación Huracán. 

Al saberse la detención de Berkhoff distintas voces de la IX Región se alzaron para señalar la relación que existe entre el narcotráfico y los grupos violentistas. Desde Mujeres por la Araucanía se subrayó que el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo son “las vías de financiamiento de la ‘causa’ mapuche”. La dirigente agrícola de Malleco, Gloria Naveillán, escribió en Twitter: “Siempre he dicho que el terrorismo y el narcotráfico están detrás de la violencia en la macrozona sur. Y ojo: entiendan de una vez que acá producen droga dura. Ojalá desbaraten los laboratorios”. 

El ex fiscal de La Araucanía, Francisco Ljubetic, confirmó que miembros de la CAM recibieron instrucción paramilitar en el extranjero, en particular de las FARC; y ha dicho que: “Si uno ve cada una de las actuaciones y ve cómo se materializan en los actos de violencia, tienen similitud con lo que ocurrió durante muchísimos años en Colombia y particularmente en la selva colombiana”. 

Temucuicui es otro ejemplo de una zona en La Araucanía que se relaciona con el narcotráfico. El 9 de abril de 2017, las autoridades informaron de un decomiso de marihuana avaluada en $142 millones en la vivienda del dirigente de Temucuicui Jorge Huenchullán Cayul. El 14 de agosto de 2018 hubo otro decomiso, esta vez por un monto de $18 millones.

En su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el 21 de noviembre de 2018, el ex General Director de Carabineros, Hermes Soto, informó sobre el método de financiamiento de los grupos violentos en Temucuicui: “Es histórico en ese sector el robo de la madera; pero no es el robo de la madera de una carretilla para llevarse la leña para la casa y calefaccionar. Es un robo permanente en gran volumen, combinado con empresarios que se dedican a este tema e incluso se ha visto bastante crecimiento en el tema de la marihuana y algunos otros elementos relacionados con droga en ambos sectores, tanto en Arauco, como en La Araucanía”.

En Latinoamérica hay otras organizaciones que se han alzado “para reivindicar los derechos de las comunidades indígenas”, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en México, cuyos territorios fueron tomados por el narcotráfico. 

Explica el diario mexicano Proceso que en 1994, cuando apareció el EZLN, Chiapas no figuraba como un lugar de violencia e incluso la guerra contra el narcotráfico que en 2016 profesaba el Estado Mexicano no estaba contemplada, aunque ya en la zona figuraba el cartel de Sinaloa.

“Aquí se lleva a cabo una batalla por el control de las zonas norte, selva y altos en la que participan los Zetas y los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, más los paramilitares como Paz y Justicia afiliados al PVEM, y replegados los milicianos del EZLN que están a la expectativa. Todos los días hay ejecutados y secuestrados en Chiapas que no aparecen en los registros de la guerra contra el narco en todo el país”.

Ya en 2006 un documento interno del Centro Superior de Estudios Navales (Cesnav) de la Secretaría de Marina, advertía que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el narcotráfico en Chiapas «son factores que afectan la seguridad nacional».

«Soy un preso político”

Aunque siempre ha sido acusado por delitos comunes, Berkhoff suele referirse a sí mismo como un preso político. En su primera detención, en febrero de 2013, incluso estuvo en huelga de hambre por más de 20 días, exigiendo ser reconocido como tal. “Gendarmería de Chile ha negado sistemáticamente mi condición de Preso Político, manteniéndome separado de los presos políticos mapuche y con un régimen de visita distinto”, publicó en un comunicado. Insiste, cuando ha tenido la oportunidad, en que se le persigue por sus ideas, “por posicionarme en cercanía al sector mapuche más anticapitalista y revolucionario”.

«Soy un preso político y asumo mi prisión con dignidad», tras ser detenido por la PDI, tras permanecer 41 días prófugo, en mayo de 2013.

Esa ha sido otra de las constantes en el actuar de Berkhoff frente a la justicia. Esa primera vez que dio a la fuga, lo hizo violando un beneficio de arresto domiciliario, que fue ratificado por la Corte Suprema el 21 de marzo de 2013. Entonces, se le imputaba por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, en Cañete, y maltrato de obra a Carabineros, en Temuco.

“Me lanzo a la clandestinidad porque no se puede confiar en este sistema judicial”, dijo alegando persecución por parte del Ministerio Público. Fue recapturado en mayo, portando un revólver y quedó nuevamente en prisión preventiva el 15 de mayo de 2013.

El 11 de septiembre de 2013 el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco lo declaró culpable como autor del delito de maltrato de obra a Carabineros en servicio, a una pena de 541 días. Quedó libre el 19 de mayo de 2014 ya que en la otras causa, en la que se le acusaba por delitos de daños contra la propiedad, incendio y robo con intimidación, porte ilícito de armas y municiones; quedó paralizada mientras las justicia deliberaba si se permitía o no el uso de testigos protegidos. 

Diez meses después, el 27 de marzo de 2015, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, lo condenó a 5 años y un día de cárcel solo por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones, sentencia ratificada por la Corte Suprema en julio. Para entonces, su paradero era desconocido. 

Berkhoff se declaró nuevamente “en rebeldía” el 13 de julio de 2015. “Esto es una condena política presionada por el poder de las forestales, coordinada por el ministerio del interior tanto de la administración de Piñera como la de Bachelet, fueron ambos querellantes en la causa, se dicen distintos pero a la hora de proteger al rico, son uno”, insistió en el comunicado que difundió en esa ocasión. 

Pasó un año prófugo, hasta el 25 de julio de 2016, cuando fue enviado a la Cárcel de Lebu. Sin embargo, pese a sus antecedentes de fuga, le otorgan la libertad condicional el 24 de octubre de 2017, beneficio que violó al ser capturado el viernes con casi una tonelada de cocaína base, equivalentes a 4 millones de dosis y avaluadas en 8 mil millones de pesos.

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