Hermanas, exparejas, empresas de parientes, antiguos empleadores y fundaciones relacionadas con Antonia Orellana, Diego Pardow, Maya Fernández, Julieta Brodsky, Andrea Gutiérrez, Bernardo Martorell, Camila Vallejo y Miguel Crispi recibieron cuantiosos recursos públicos en los cuatro años de gobierno del Presidente Boric. La modalidad: contratos de trabajo, fondos concursables, tratos directos, órdenes de compra y subvenciones regulares.

A casi 13 meses de que el Tribunal de Contratación Pública dictara la sentencia, que se encuentra firme y ejecutoriada, la Municipalidad de Maipú aún no cumple lo ordenado: retrotraer la licitación, excluir de la reevaluación la oferta adjudicada, constituir una comisión no inhabilitada y continuar el proceso hasta su conclusión. En cambio, la administración que encabeza Tomás Vodanovic mantiene vigente el contrato objetado con pagos cercanos a los $100 millones mensuales. Ante la falta de cumplimiento, la empresa demandante pidió al tribunal ordenar multas reiteradas y el arresto efectivo del alcalde hasta que se cumpla íntegramente el fallo. Desde el municipio señalaron que la última apelación –que no altera la sentencia de fondo– continúa pendiente y aseguraron que realizarán “todos los actos administrativos que correspondan conforme a derecho” para cumplir lo resuelto.

Está ubicada en la calle Covadonga Nueva, pertenece a Gendarmería de Chile, antiguamente ahí funcionó la imprenta de Luis Emilio Recabarren y en 2022 el Ministerio de Bienes Nacionales la entregó en concesión al Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL). En la web y redes sociales del ICAL no hay rastro de este inmueble. No figura la dirección, ni hay información de eventos futuros o pasados. Pero en las redes del Partido Comunista Comunal Antofagasta se puede ver que la tienda ha utilizado este espacio para sus aniversarios, actos de la campaña presidencial de Jeannette Jara, exposiciones de Daniel Jadue, y votaciones internas.

Los dos inmuebles entregados al centro de estudios del PC quedan en la ciudad de Antofagasta. Uno de ellos tiene 741 metros cuadrados, está avaluado en $292 millones y, según los registros de la Tesorería General de la República, pertenece a Gendarmería de Chile. Ambas concesiones se dieron por cinco años y entre los requisitos quedó establecido que el beneficiario debe entregar anualmente una “Declaración Jurada de Uso” al Ministerio de Bienes Nacionales. El Líbero consultó a esa cartera sobre el cumplimiento de esta condición por parte del ICAL y confirmaron que eso no ha ocurrido. Al revisar las resoluciones con las que se selló el traspaso de los inmuebles -y que fueron firmadas por la seremi de la época-, saltan a la vista al menos dos errores formales.