Las falencias en la gestión municipal que Jadue quiere replicar en todo Chile

“Otro Chile es posible. Yo nunca he querido ser presidente de Chile, nunca me imaginé estar donde ustedes me pusieron hoy. Me pusieron aquí porque creen que lo que pasó en Recoleta puede pasar en todo Chile y lo podemos hacer mejor”, prometió el abanderado presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, este 5 de julio en La Florida.

El candidato hacía alusión a su gestión como alcalde de Recoleta, puesto en el que fue electo en 2012 y donde ha implementado políticas públicas que han escalado a nivel nacional como la Farmacia, Óptica e Inmobiliaria Popular, la Universidad Abierta de Recoleta y la librería popular, entre otras. En varias oportunidades el alcalde ha asegurado que, de ser electo, “una de las líneas del programa es nacionalizar las iniciativas populares de Recoleta como parte de la política central de gobierno, en conjunto con los municipios” y ha instalado abiertamente la idea de que su gestión en Recoleta ha sido exitosa.

De hecho, también lo declara en sus bases programáticas, en las que el aspirante a La Moneda asegura que “correr el cerco de lo posible es una realidad y que las transformaciones que nuestro país requiere, es solo cosa de voluntad política. Desde Recoleta lo demostramos y ahora lo haremos por Chile”.

Entonces, ¿cuál ha sido el balance de las políticas públicas implementadas en Recoleta durante los 9 años de administración de Daniel Jadue? ¿Su gestión ha sido efectiva y es replicable a nivel nacional?

Farmacia popular: solo 19% de la población de Recoleta está inscrita y enfrentan una demanda de liquidación forzosa

En 2015 Daniel Jadue inauguró la primera farmacia popular en Recoleta. El modelo, que consiste en un sistema de subvención estatal que le permite a la municipalidad reducir los costos de la cadena de distribución y ofrecer descuentos en los medicamentos, ya ha sido replicado en más de 90 municipalidades a nivel nacional, las que componen la Asociación Chilena de Farmacias Populares, organismo presidido por Jadue.

Al finalizar 2017 la farmacia de Recoleta contaba con 6.466 inscritos y casi 300 mil medicamentos entregados desde octubre de 2015, cuando comenzó su funcionamiento. Durante 2020, la entrega de medicamentos subió a 833 mil, mientras que los vecinos y vecinas inscritas alcanzan los 30 mil, según la Cuenta Pública del municipio.

Considerando que la población total de Recoleta es de 157.850 habitantes, solo un 19% de los vecinos de la municipalidad están inscritos en las farmacias populares implementadas por Jadue.

Al día de hoy, la asociación que representa el candidato presidencial enfrenta una demanda de liquidación forzosa interpuesta por la empresa Best Quality Products, que ya había emprendido acciones judiciales anteriormente. 

Ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, los abogados de Best Quality Products interpusieron una querella el día 23 de junio, pidiendo la liquidación forzosa y detallando el no pago de 11 facturas emitidas entre el 1 de julio del 2020 y el 10 de noviembre de 2020 que en total suman $1.272 millones. 

La compañía dedicada a la venta de insumos farmacéuticos pretende recuperar el dinero adeudado con la liquidación de bienes de la asociación de farmacias. De acuerdo con el documento publicado en el sitio web del Poder Judicial, en la causa ROL 5512-202, Best Quality Products apeló a la Ley 20.720 de Liquidación Forzosa argumentando que “el pago de las facturas respecto de las cuales esta parte se constituye como acreedora, es actualmente exigible, toda vez que se encuentran vencidas desde la fecha en que se pactó su pago, habiendo sido además notificadas judicialmente a la demandada su cobro, con fecha 22 de abril de 2020”.

Desde Achifarp emitieron un comunicado en relación a la demanda, en el que aseguran que “a diferencia de lo que indica falazmente la empresa, se han enterado importantes sumas de dinero a modo de pago parcial. A la fecha, se le han pagado cerca de $460 millones, cifra que supera con creces los insumos vendidos”, señalan.

“El hecho de que existan dineros pendientes de pago por parte de Achifarp (en ningún caso desconocidos por nuestra Asociación), fundados en los cambios de circunstancias económicas actuales, producidas a raíz de la pandemia, resulta ser exorbitantemente distante a la configuración de un delito de estafa y ahora a esta demanda de liquidación forzosa, como el que pretende imputar la empresa en contra de nuestra Asociación”, continúa el documento.

Esta no es la primera causa judicial que emprende Best Quality Products contra la asociación de farmacias representada por Jadue. El día 4 de marzo la empresa ingresó, en el 11° Juzgado Civil de Santiago, una acción de notificación judicial de protesto de cheque que indica que el 26 de febrero de 2021, la Achifarp -a través de Jadue- emitió un cheque para ser pagado a Best Quality Products Spa por la suma de $103.530.000, pero el documento fue protestado por Banco Estado y el argumento que entregaron fue que la firma autorizada -del también aspirante a La Moneda- no se encontraba vigente.

No solo problemas financieros tienen las farmacias populares, también estuvieron envueltas en polémicas por el interés de Jadue de traer a Chile medicamentos que no encuentran con completo respaldo científico para tratar el Covid-19 a través de la Asociación. Primero, cuando insistió en importar Interferón, una medicina creada con tecnología médica cubana, propuesta que fue rechazada por el Instituto de Salud Pública debido a que se trata de un fármaco de uso hospitalario que pretendía ser usado en atención primaria en Recoleta.

Y este año la controversia ocurrió por el Avifavir -de origen ruso-, sobre el cual existe “muy poca información” respecto a si “ofrece o no algún beneficio en personas con Covid-19”, de acuerdo con el panel de expertos que asesora al Ministerio de Salud. En esta ocasión el medicamento sí fue autorizado, pero en fase experimental, por lo tanto no puede ser comercializado o distribuido.

Las seis observaciones de Contraloría a la Inmobiliaria Popular

En base a los datos del Censo 2017, Recoleta es una de las comunas que presenta mayor porcentaje de viviendas con problemas de hacinamiento con un 13%. Los datos hasta diciembre de 2020 muestran que la cifra ha subido a un 18,3% de hogares hacinados y a un 12,3% de personas en hogares carentes de servicios básicos.

Con el objetivo de paliar esta situación, Jadue consolidó durante 2018 la idea de una inmobiliaria popular, que buscaba entregar 38 departamentos en arriendo a precio justo, los que fueron inaugurados en junio del año pasado. En total fueron 375 personas las que postularon. Finalmente, a quienes lograron el beneficio la Municipalidad de Recoleta les asignó y entregó un departamento en arriendo de 57 m² cada uno.

Pero recientemente se dio a conocer una auditoría de la Contraloría, organismo que revisó todos los pagos efectuados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) al municipio para el proyecto, que totalizan aproximadamente $1.200 millones. A través de su informe final Nº 729/2020 publicado el 10 de junio, notificaron a Recoleta sobre seis observaciones al proceso en 111 páginas de conclusiones, que abordan tanto la selección de los beneficiarios como el monto de arrendamiento establecido.

Hay reparos sobre el inicio de las obras en 2017, el contrato y un cambio de precios de la propuesta pública para el proyecto inmobiliario. Las otras tres de ellas se concentran en la asignación de los departamentos arrendados y la selección de las personas. Se detectó que siete de los beneficiarios escogidos por el municipio no cuentan con el subsidio de arriendo otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y tampoco con la autorización de esa repartición del gobierno que los habilite para ser incorporados a la iniciativa. Según el ente contralor, esto “infringe la normativa del programa”.

Se comprobó que otro beneficiario posee el subsidio, pero caducado, y se detectaron diferencias con la información del Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social en la tabla de ponderación utilizada por el municipio y los puntajes asignados por esa entidad a cada beneficiario de arriendo.

Contraloría indica que eso “implica diferencias en el puntaje total asignado a ciertos beneficiarios”. “Lo anterior evidencia que la municipalidad al momento de seleccionar los beneficiarios no se ajustó a cabalidad a lo prescrito en las Bases de Postulación al Arriendo del conjunto habitacional en cuestión, ni aplicó estrictamente el mecanismo de postulación y selección que ella misma determinó”, concluye el informe.

El documento sostienen que “en el futuro, la Municipalidad de Recoleta deberá, al momento de seleccionar postulantes a beneficios como el de la especie, aplicar estrictamente las ponderaciones dispuestas en los mecanismos por ella misma establecidos”.

Además, aunque hay construidos 38 departamentos, Contraloría constató la existencia de 37 beneficiarios -uno de los inmuebles no se ha podido arrendar por tener una «plaga de palomas»-. El ente verificó que “el municipio acordó como renta de arrendamiento de 28 departamentos -de un total de 37-, (el 75,7%), un monto menor a las 3.5 UF establecidas en la normativa que rige el programa habitacional y el Plan de Administración del Inmueble, elaborado por la misma entidad edilicia, sin que además exista una autorización formal por parte del Serviu Metropolitano que aprueba tal rebaja, según lo exige el marco regulatorio”.

En relación a todas estas observaciones, Contraloría solicitó al Serviu iniciar un procedimiento disciplinario a objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas, debiendo remitirlo a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la entidad, en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Además, la Municipalidad de Recoleta está inmersa en cientos de procesos judiciales. Algunos de larga data como el que sostienen contra el Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A., un caso que llegó hasta el Tribunal Constitucional.

En febrero la Municipalidad de Recoleta informó que la Corte Suprema falló en contra del recurso de protección interpuesto por la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A., autorizando con ello la demolición. Sin embargo, el abogado de la empresa, Christian Espejo, desmintió la afirmación.

“Lo que en verdad dijo la Corte Suprema es que se va a referir al caso cuando vea el reclamo de ilegalidad presentado por la inmobiliaria respecto de los actos administrativos ilegales emanados de la Municipalidad de Recoleta (…). Acá el único que miente descaradamente al país es Jadue, lo que resulta gravísimo de parte de una autoridad que pretende aspirar al máximo cargo de elección popular”, especificó Espejo.

Índice de Calidad de Vida Urbana en Recoleta pasó de “medio alto” a “bajo” en la última década

La Cámara Chilena de la Construcción en conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, elaboraron un Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) entre el 2010 y el 2020, con el fin de comprender las brechas de calidad de vida urbana en las distintas comunas y ciudades del país.

El estudio publicado el año pasado sostiene que 10 comunas de la Región Metropolitana empeoraron su calidad de vida urbana en la última década. Entre ellas se encuentra Recoleta que cayó dos categorías, pasando del nivel medio alto a bajo en los últimos 10 años, 8 de los cuales han sido bajo la administración de Daniel Jadue.

El ICVU mide y compara en términos relativos la calidad de vida urbana de comunas de Chile a partir de 30-40 variables por año y seis dimensiones: vivienda y entorno, salud y medio ambiente, condiciones socio culturales, ambientes de negocio, condiciones laborales, y conectividad y movilidad. Según los resultados, distribuyen las comunas en cuatro categorías: nivel alto, medio alto, medio bajo y bajo.

En cuanto a la educación en la comuna de Recoleta, el alcalde implementó en 2018 la Universidad Abierta de Recoleta (UAR) que impartió 319 programas presenciales con 7 mil estudiantes y cuatro cursos digitales a otros 4.466 estudiantes, alcanzando los 11 mil matriculados en 2019. Sin embargo, la iniciativa no viene a solucionar las problemáticas de la educación superior, debido a que dicta cursos, talleres y seminarios, pero no otorga títulos ni grados.

A pesar de ello, el candidato propone en su programa presidencial la creación de este tipo de universidades en todas las regiones para «democratizar el conocimiento al permitir que las y los ciudadanos accedan gratuitamente a cursos de formación en diversas disciplinas en sus localidades». De hecho, menciona que su propósito será solo ser el vínculo entre «instituciones de educación superior, artes y medios locales, que permita unir el conocimiento, la comunidad y la cultura».

En cuanto a la educación básica en la comuna, el candidato comunista aseguró en el primer debate presidencial televisado que duplicaron la matrícula municipal de Recoleta en 5 años, “por lo tanto la tendencia a la baja en la matrícula municipal tiene que ver con los sostenedores que no creen en la educación municipal”.

Las cifras fueron inmediatamente rebatidas en redes sociales, donde hubo quienes salieron a constatar que lo que decía el alcalde era falso, ya que si se hubiera duplicado Recoleta tendría más de 16 mil alumnos.

De acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Educación, a 2020 había 9.956 estudiantes en colegios municipales, mientras que en 2015 había 8.752. Esto representa un aumento de 13,7% en las matrículas municipales. Si se considerara la variación desde 2012 -año que Jadue asumió como alcalde- hasta el 2021, los estudiantes matriculados aumentaron en 1.685, lo que representa un incremento de 16,9%.

También en temas educativos, la Superintendencia de Educación denunció en febrero irregularidades por más de $4.000 millones, en las rendiciones correspondientes a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) hechas por la Municipalidad de Recoleta. Por esta causa han debido afrontar cinco procesos administrativos que implicaron multas por $500 millones. La Contraloría también identificó irregularidades en la rendición de estos fondos en un informe elaborado en 2018.

Se trata de un tema que fue abordado recurrentemente en las sesiones del Concejo Municipal de Recoleta durante todo el año 2020, y aunque constantemente en esas reuniones se pidió información sobre el tema el alcalde y los funcionarios del Departamento de Educación le restaron importancia.

Por otra parte, actualmente hay abierta una investigación por fraude al fisco por la ejecución de la obra de reconstrucción y mejoramiento del liceo Valentín Letelier, para lo cual la Municipalidad de Recoleta solicitó al Gobierno Regional Metropolitano, un presupuesto ascendente a la suma de $957.846.000, el que fue otorgado a través del “Convenio de Transferencia N°48” del 26 de febrero de 2015.

En este caso intervino el Consejo de Defensa del Estado, que denuncia una serie de maniobras realizadas por los funcionarios municipales, Gianinna Repetti Lara -quien actualmente se desempeña como Administradora Municipal y al momento de los hechos era la directora de la SECPLA- y Vilcia Quezada Martínez -quien al momento de los hechos y hasta la actualidad se desempeña como funcionaria municipal- quienes habrían hecho las veces de intermediarias con los llamados “gestores de licitación”, Jose Luis Ortega Álvarez y Pablo Bulboa Quezada, y con la empresa Rosachi.

“Es así como desde el inicio se manipulan las bases administrativas para la licitación, además de demorar excesivamente su elaboración y publicación, luego se declara desierta la licitación, se realiza una invitación irregular a oferentes, se aceptan ofertas fuera del plazo establecido, se valoran las propuestas dando el mayor puntaje a una empresa que no cumplía con los requisitos establecidos en las condiciones, etcétera, todas maniobras desplegadas por los querellados para defraudar a la Municipalidad de Recoleta abusando de sus cargos, en especial la querellada Repetti, funcionaria de exclusiva confianza del Alcalde”, dice la querella del CDE.

Nota actualizada el 12 de julio de 2021 a las 14:17 horas.