Publicado el 18 febrero, 2021

Las sanciones que enfrentó Recoleta por irregularidades en la rendición SEP antes de que el caso llegara a la Fiscalía

Autor:

Emily Avendaño

La Superintendencia de Educación denuncia irregularidades por más de $4.000 millones, en las rendiciones correspondientes a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) hechas por la Municipalidad de Recoleta. No se trata de un asunto que sorprenda a las autoridades de la comuna, ya que por esta causa han debido afrontar cinco procesos administrativos que implicaron multas por $500 millones. La Contraloría también identificó irregularidades en la rendición de estos fondos en un informe elaborado en 2018. 

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Emily Avendaño

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Antes de que la Superintendencia de Educación recurriera a la Fiscalía Nacional debido a que la Municipalidad de Recoleta mantiene saldos no acreditados en la rendición de recursos públicos destinados a educación, desde el año 2014 hasta la fecha; la comuna ya había enfrentado cinco procesos administrativos que concluyeron con sanciones. Del primero se les informó el 18 de mayo de 2016 y el último se registró el 1 de octubre de 2020. 

En resumen, indica la Superintendencia de Educación, “para el caso de la Municipalidad de Recoleta, entre los años 2014 y 2016, la información declarada por el sostenedor en la plataforma no coincidió con el monto informado en el certificado bancario que acredita los saldos, razón por la cual se le cursaron procesos administrativos sancionatorios que implicaron multas por $500 millones”. 

La Superintendencia de Educación (SIE) debe fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a la normativa, además de velar por la legalidad del uso de los recursos que éstos reciben como aporte estatal. En ese sentido, los beneficiarios deben registrar las cuentas corrientes y los bancos en los cuales tienen asociados los dineros de las subvenciones, declarando el saldo disponible al 31 de diciembre de cada año, el que deben respaldar con un certificado del banco que acredite que el monto informado corresponde efectivamente al declarado en la plataforma. Sin embargo, en el caso de Recoleta existen discrepancias desde el año 2014.

En esa ocasión, la Municipalidad, al dar cuenta de los gastos realizados durante ese período, terminó con un saldo final en la Subvención Escolar Preferencial (SEP) de $1.794.958.607. No obstante, la comuna reportó tener en la cuenta bancaria un saldo de $1.738.076.116, es decir quedó una diferencia de saldo no acreditado por $56.882.491. Sobre ese monto se les cursó una multa equivalente a 501 UTM y privación de un 1 % de subvención por un mes. Cuando la SIE realizó los procesos de verificación de saldos se encontró con que en la cuenta bancaria no había $1.738.076.116 -declarados por Recoleta- sino solamente $608.601.042. “Por consiguiente, el sostenedor en vez de tener una sanción y multa respectiva, correspondiente al incumplimiento de ‘no acreditar saldos’ por $1.186.357.565, tuvo una sanción y una multa asociada a un ‘saldo por acreditar’ considerablemente menor de $56.882.491, ingresando información incorrecta al sistema, declarando tener montos con los que en realidad no contaba”, plantea la Superintendencia en el oficio enviado al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en noviembre de 2020 y al cual El Líbero tuvo acceso vía Ley de Transparencia. 

La situación se repite en el año 2015. A través de la plataforma dispuesta por la SIE, Recoleta declara tener en su cuenta bancaria un saldo final, o saldos no ejecutados, por $1.803.541.629, pero al hacer la revisión del certificado bancario el monto disponible era de $1.315.949.

Como resultado de esto se les cursó una sanción que consistía en una privación de subvención de 10% por 5 meses y 3% por 4 meses, a través de un proceso administrativo, asociado al ‘saldo por acreditar’ total de $2.906.214.374 (allí están incluidas todas las subvenciones percibidas por la Municipalidad), de los cuales $1.802.225.680 correspondían a la subvención SEP. Esto se hizo mediante una Resolución Exenta fechada el 2 de octubre de 2017.

Explica la SIE, en el oficio enviado a Abbott, que para el año 2016, el municipio declaró tener en su cuenta la cifra de $2.810.503.194, monto exacto que correspondía acreditar. “Dicho año en particular, el plan de fiscalización contempló cursar procesos administrativos directamente a los sostenedores que informaban un ‘saldo declarado en banco’ menor al ‘saldo final’ en alguna de las subvenciones”. Por esta razón, argumentan, a la Municipalidad de Recoleta se le privó de un 1% de subvención por 2 meses, correspondiente a un “saldo por acreditar” de $521.283.039 en la Subvención PIE (donde acredita parcialmente). “No recibe multa por no acreditar montos en la subvención SEP, donde el ‘saldo por acreditar’ real correspondía a $2.739.123.844. Durante una revisión posterior, efectuada mediante el Informe Final 21112018, de la Contraloría General de la República, se verificó que en la cuenta bancaria solo se contaba con $71.379.350, esto es coincidente con los registros de la SIE”.

El arrastre de esta situación hizo que cada año se fuese abultando el “saldo por acreditar” de la municipalidad. Ya para 2017 la cifra ascendía a $5.268.699.763, de los cuales $3.679.955.361 correspondían a la subvención SEP. Debido a esto fueron sancionados con una multa de privación de subvención de 10% por 4 meses, mediante la Resolución Exenta Nº 2537 del 23 de julio de 2019.

En 2018, Recoleta declaró tener $80.394.464, monto que, de acuerdo con la revisión del “certificado de saldo”, efectivamente se encontraba en la cuenta corriente. Pero igualmente fueron sancionados mediante la Resolución Exenta Nº 1814 del 1 de octubre de 2020. Se les aplicó una multa de privación de 10% de subvención por 4 meses, por el “saldo por acreditar” de $6.052.220.019, de los cuales $3.189.023.319 correspondían a la subvención SEP. 

Como resultado de todo esto, “entre los años 2014 y 2017, la Municipalidad de Recoleta acumula una diferencia creciente en el tiempo entre los saldos que debería tener en su cuenta corriente SEP y los que en realidad tiene. Esta situación es particularmente riesgosa ya que podría significar un posible delito, al generarse un desvío de recursos de SEP, a fines ajenos a esta”, argumenta la SIE en el oficio enviado a la Fiscalía Nacional.

La Superintendencia sintetiza las irregularidades en la entrega de “información incorrecta en repetidas ocasiones”, lo cual les permitía evitar sanciones referidas a incumplimientos normativos y mal uso de recursos. Además, apuntan, “el sostenedor no sigue las instrucciones de la Superintendencia en los distintos procesos declarativos”.

La “limpieza artificial” de los saldos

Una declaración de la Superintendencia de Educación enviada a El Líbero indica que “en el proceso de rendición de cuentas de los recursos del año 2018, el municipio arrastraba un saldo no acreditado de más de 3.000 millones de pesos en subvención SEP, que representaban casi tres veces al saldo que tenían en el año 2014”. Agregan que “lo excepcional” del caso, y lo que gatilla la decisión de llevar los antecedentes al Ministerio Público, es que en el proceso de rendición de recursos 2019 la municipalidad redujo su saldo en SEP a $0. 

“Esto es muy inusual, por eso se analizó en detalle y se preguntó al mismo municipio la razón. Desde la entidad nos respondieron que habían ingresado gastos de años anteriores, lo que es completamente irregular, porque es una reducción absolutamente artificial del saldo de arrastre y que si no hubiésemos tenido las alertas respectivas podría haber pasado inadvertido y con ello evitar procesos sancionatorios. Debido a que esta situación podría reflejar un desvío de recursos SEP a otros fines, realizaremos una nueva fiscalización a través del programa de Movimientos Financieros para verificar los mismos”, subrayan desde la SIE.

En el oficio enviado a la Fiscalía Nacional, la Superintendencia detalla que al hacer un análisis de la declaración de Rendición de Cuentas de la Municipalidad de Recoleta para distinguir los gastos del año 2019, de los correspondientes a años anteriores “detectaron gastos sobre normales en dos cuentas de bonos para docentes y asistentes de la educación que explicarían la diferencia de saldos detectada por esta Superintendencia. Para realizar lo anterior, el sostenedor incluye estos montos dentro de las liquidaciones de remuneraciones de miles de trabajadores, sin indicar a la Superintendencia que el gasto no corresponde al año 2019. Esta situación hace que no sea posible diferenciar los gastos del año 2019 de los de años anteriores y, de no haber mediado el proceso de revisión y las gestiones de esta Superintendencia, la Municipalidad de Recoleta habría evadido la obligación de responder por saldos no ejecutados de años anteriores, ‘limpiando’ artificialmente sus saldos de arrastre”, advierten. 

Si bien en el comunicado emitido por la comuna al hacerse pública la controversia entre el Municipio y la SIE se dice que no habían sido notificados del envío de este oficio, desde hace más de un año las irregularidades en torno a las rendiciones de la Ley SEP han sido motivo de debate en el Concejo Municipal. El propio alcalde Daniel Jadue se refirió a la misiva enviada por la SIE al fiscal Abbott en la sesión del 1 de diciembre de 2020 -once días después de que fuese remitido el documento- restándole importancia a la carta y al reclamo del concejal UDI Mauricio Smok al asegurar que la misiva “no es ni denuncia, ni querella”, y apurando la votación para asignar los fondos del Departamento de Educación. 

También ante el Concejo Municipal compareció el director de Educación, Adrián Medina, el 1 de septiembre, quien aseguró que para solventar el problema estaba abierta la posibilidad de rectificar todos los saldos pendientes. 

El proceso de Rectificación permite agregar gastos no declarados en procesos de Rendición de Cuentas ya cerrados -según el artículo 5 de la Ley Nº 21.006- y si bien Medina daba por sentado -de acuerdo con sus dichos ante el concejo- que todo quedaría resuelto en esta etapa, la Superintendencia detectó gastos declarados de forma discordante en este proceso en años anteriores, ya que no se cumplió con las instrucciones y manuales dispuestos para el caso. 

“La Municipalidad de Recoleta declaró un monto de $3.146.471.425 a rectificar y esta Superintendencia solo pudo autorizar, revisando los antecedentes tenidos a la vista, la suma y posterior declaración de $494.527.581, sin perjuicio de que dicha declaración puede ser objeto de una fiscalización posterior”, dice el oficio enviado a la Fiscalía Nacional.

Con respecto a los procesos de rectificación, la Superintendencia de Educación apunta que se trata de procedimientos excepcionales, que se habilitan para todos los sostenedores que cumplen con los requisitos de participación, en una fecha determinada y para años específicos.

En una declaración pública hecha por la Asociación Nacional de funcionarios y funcionarias (Asume) de la Superintendencia de Educación -en cuya directiva hay al menos un militante del Partido Comunista– se acusa un trato discriminatorio hacia Recoleta con respecto a otros sostenedores municipales, como San Bernardo. Sin embargo, desde la SIE responden que el proceso de Rectificación “no se habilita para un sostenedor en particular y no es correcto señalar que se haya hecho con San Bernardo. En efecto, los antecedentes de ese municipio, también fueron enviados al Ministerio Público el 13 de enero de 2021, por razones muy similares. A la fecha, se han habilitado cinco procesos de rectificación: cuatro para poder agregar gastos no declarados, y uno de reimputación. Recoleta ha participado en tres de ellos, rectificando casi $500 millones”.

La posición de Contraloría

Recoleta se dirigió en varias ocasiones a la SIE para hacer cumplir una disposición de la Contraloría que instaba a ambos organismos a aplicar un proceso conjunto que le permitiera a la municipalidad subsanar su situación. En esta línea, la Superintendencia apunta en el escrito dirigido a la Fiscalía Nacional, que está llevando a cabo los procesos de fiscalización correspondientes, “del cual podrían emanar gastos no aceptados que, de ser así, serían incluidos en el proceso de declaración de Rendición de Cuentas de recursos 2020, dando cumplimiento a lo instruido por la Contraloría General de la República en el Informe Final Nº 211”. Sin embargo, la comuna reclama que “a la fecha no existen respuestas a las peticiones formales”. Aunque desde la SIE reiteran que Recoleta ha podido ser parte de tres procesos de Rectificación.

En alusión a la Contraloría, esta instancia también ha identificado saldos pendientes por conceptos de Fondos SEP en Recoleta. De acuerdo con su análisis en el examen de cuentas realizado en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, que quedó asentado en el Informe Final N° 211, publicado en 2018, queda en evidencia que el Ministerio de Educación entregó ese año a la municipalidad, por concepto de fondos SEP, $2.193.973.820, que sumados a un remanente del año anterior por $1.875.582.901 daban un disponible de $4.069.556.721 para el año 2016. 

“Sin embargo, el municipio rindió ante la aludida Superintendencia para ese mismo período, la suma de $1.259.053.527, generando un remanente de $2.810.503.194, que al descontarle el saldo de $71.379.350, que se mantenía en la cuenta corriente, arrojó un resultado de $2.739.123.844, por concepto de subvención SEP pendiente de rendición, cuyo faltante habría sido ejecutado en una finalidad distinta a la establecida en la normativa vigente”, esto quedó asentado en un texto de la Contraloría, fechado el 11 de junio de 2020, en respuesta a una solicitud de la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI). 

Finalmente, manifiestan desde la Superintendencia de Educación que las irregularidades detectadas tanto en Recoleta como en otras comunas que se encuentran en una situación similar “dan cuenta de un plan de fiscalización que se realiza a todos los establecimientos municipales y subvencionados del país, que apunta a resguardar el buen uso de los recursos que el Estado entrega exclusivamente para mejorar la calidad de la educación, tal como nos confiere la ley. Es nuestro deber, como órgano fiscalizador, entregar los antecedentes al Ministerio Público para que investigue y determine si estas irregularidades administrativas detectadas por esta institución, son constitutivas de delitos o no”.

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