Publicado el 4 enero, 2021

De acusador a acusado: los procesos judiciales que agobian a Daniel Jadue y a la Municipalidad de Recoleta

Autor:

Emily Avendaño

La Municipalidad de Recoleta está inmersa en cientos de procesos judiciales. Algunos de larga data como el que sostienen contra el Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A., que actualmente se zanja en el Tribunal Constitucional que debe decidir si se avanza con un juicio contra el alcalde Daniel Jadue por prevaricación; o la causa que existe contra Inversiones Rosachi y su representante César Salazar Salamanca por la falsificación de documentos para ganar la licitación por las obras de conservación del Liceo Valentín Letelier. Allí intervino el Consejo de Defensa del Estado, amplió la denuncia contra funcionarios de alto rango de la comuna y solicitó excluir al municipio como querellante. A eso se suma la cuestionada empresa Itelecom, por el Caso Luminarias, que también emprendió acciones judiciales contra la Municipalidad por boletas impagas. 

Autor:

Emily Avendaño

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Una trama de corrupción que salpica a más de 20 municipios. El llamado Caso Luminarias, que investiga las licitaciones para el cambio masivo de focos otorgadas a la empresa Itelecom Holding Chile Spa, con saldo de varios concejales detenidos en Iquique por los delitos de cohecho, violación de secreto, lavado de activos, asociación ilícita y fraude al fisco; que luego se extendió a Chillán, Melipilla y Negrete -donde el alcalde Francisco Melo Márquez (PPD) quedó en prisión preventiva el pasado 18 de diciembre- acecha a Recoleta. 

Por un lado, el 28 de diciembre de 2020 el caso tuvo una novedad en lo que concierne a la Municipalidad dirigida por Daniel Jadue, cuando el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago admitió una querella presentada por los concejales de esa comuna Mauricio Smok Allemandi y Alejandra Andrea Muñoz Díaz -ambos UDI- por el delito de fraude al fisco. 

Por el otro, la empresa cuyo principal representante, León Marcelo Lefort Hernández, está en prisión preventiva imputado como autor del delito de soborno desde mayo, le está pasando cuentas a Recoleta.

Este municipio destaca por ser el que tiene el contrato más abultado con Itelecom. El monto asciende a $10.259.454.000; pagaderos mensualmente durante 120 meses, a un precio de $85.495.450. El acuerdo prevé también la mantención de los focos y se oficializó a través del Decreto Exento N° 1747, del 5 de julio de 2018.

En un oficio fechado el 10 de diciembre de 2020 y dirigido a Jadue, Itelecom plantea a lo largo de 10 páginas, sus reparos con el modo en el que se está ejecutando el convenio. Cierran el documento diciendo: “Hacemos reserva de nuestros derechos y acciones legales que nos correspondan, conforme al Contrato, la ley y equidad”. 

El servicio pactado con Itelecom es por el cambio completo del parque lumínico de Recoleta, compuesto por 13.156 luminarias, por un sistema de eficiencia energética con tecnología LED, debiendo sustituir aproximadamente 12.737 luminarias de tecnología obsoleta, e instalar 13.037 luminarias LED. 

“Queremos poner en su conocimiento que existen varias diferencias a nivel contractual como a nivel de servicios entre Itelecom y la Municipalidad de Recoleta, las cuales en todo momento Itelecom ha instado a resolverlas de manera amigable y de buena fe siendo en todas las oportunidades rechazado por la Municipalidad”, y a continuación indican las desavenencias. 

Plantean que hay una diferencia entre la cantidad de luminarias informadas en el contrato y las efectivamente existentes lo cual incide en el servicio de mantención contratado. 

Por las 13.156 luminarias informadas por la municipalidad, Itelecom recibe el importe mensual de $85.495.450. No obstante, tras realizar el catastro en el terreno, dice la misiva, serían en total 13.466 focos. Por las 310 luminarias adicionales, Itelecom exige un pago adicional “conforme al valor unitario neto mensual del servicio de mantenimiento acordado en el Contrato para cada luminaria, esto es $5.461”. 

Agrega el texto que la Municipalidad se ha negado a pagar alegando que el convenio era por todo el parque lumínico de la comuna, independientemente del número de luminarias existente. En consecuencia, Itelecom agrega que por este motivo la Municipalidad les debe más de $32 millones de pesos, por los servicios prestados desde abril de 2019.

Sin embargo, esta no sería la única deuda que les reclama Itelecom. También apuntan al costo por la “custodia de las luminarias no instaladas y las luminarias antiguas cambiadas”.

Según Itelecom, “el servicio de recambio de luminarias consideraba la custodia por parte de Itelecom de las luminarias retiradas por un período a ser acordado con el ITS ( Inspector Técnico de Servicio), pero que en todo caso no podía exceder el plazo de seis meses, contados desde la instalación de todas las luminarias nuevas”. En esta línea sostienen que la situación ha implicado “costos y gastos” para ellos que debería asumir Recoleta.

Por la custodia de la luminaria nueva que no fue posible instalar, explican que se contrató el recambio de 12.737, no obstante, sostienen que el número de luminarias no LED que efectivamente existían en la comuna era de 11.183, por lo que quedó un remanente de 1.554. “La razón por la cual no fueron instaladas es de absoluta responsabilidad de la municipalidad pues la cantidad de luminarias no LED informadas durante la licitación y establecidas en el Contrato y las Bases era incorrecta”. Las 14.554 luminarias que no fueron instaladas llevan 19 meses bajo la custodia de Itelecom “con todos los costos y responsabilidades que ello conlleva”, dicen. 

Asimismo a Itelecom le correspondía la custodia de las luminarias retiradas hasta por un plazo de seis meses contados desde la instalación de todas las luminarias nuevas. En el oficio sostienen que desde Recoleta afirman que no se han instalado la totalidad de las luminarias por lo cual ese plazo aún no empieza a correr. En ese sentido, la empresa reitera que si no se han instalado todos los focos es responsabilidad de la comuna al haber informado de forma incorrecta el número de focos. 

Afirman que el arriendo de las bodegas para la custodia de las luminarias les ha implicado costos por $15.571.683, desde octubre de 2019 a marzo de 2020. “A partir del mes de abril de 2020, y al no tener respuesta de la Municipalidad, Itelecom se vio en la necesidad de trasladar las luminarias y ganchos a sus bodegas centrales, con el fin de no continuar incurriendo en estos costos adicionales, asumiendo nuevamente el costo de traslado de ellas y de su custodia”, aseveran en el oficio. 

A esto se suma, según Itelecom, que Recoleta les adeuda, además, tres facturas. Una emitida el 14 de agosto de 2020, la segunda del 4 de septiembre de 2020 y otra más del 13 de octubre de 2020; cada una por $87.892.876. Es decir, por la cantidad total de $263.678.628, IVA incluido. Agregan que la boleta del 7 de noviembre fue rechazada por la comuna.

“Itelecom ha realizado todos los actos comercialmente razonables para obtener de forma amistosa el pago de las facturas adeudadas. Sin embargo, la Municipalidad ha hecho caso omiso a nuestros requerimientos y se ha negado a efectuar el pago. En razón de lo anterior, con fecha 30 de noviembre de 2020 nos hemos visto en la necesidad de iniciar ante el 29° Juzgado Civil de Santiago las gestiones de cobro judicial de las facturas N° 9726, N° 9733, N° 9744, las que se tramitan bajo la Causa Rol C-17681-2020. Esperamos de todos modos poder obtener el pago de las facturas y deponer dicha acción judicial”. 

El documento también agrega que la Municipalidad de Recoleta les ha impuesto 12 multas, por diferentes conceptos como aplome de postes, entrega de información sobre los modelos de las lámparas, por los que la empresa ha pagado $11.434.025. 

La misiva cierra instando a la Municipalidad a que honre sus compromisos.  

La querella por fraude al fisco

Sin embargo, esta no sería la única controversia judicial que involucra a Recoleta y a Itelecom. También está la querella por fraude al fisco presentada ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago por los concejales de esa comuna Mauricio Smok y Alejandra Muñoz. 

La denuncia es contra quienes aparezcan como responsables de la comisión de dicho ilícito, ya sea como autores, cómplices o encubridores; debido al proceso que inició la Municipalidad de Recoleta en febrero de 2018, con una licitación pública denominada “Mantención del sistema de alumbrado público y cambio de luminarias existentes por tecnología de mayor eficiencia energética tipo LED y contrato de servicios especiales, comuna de Recoleta”, publicándose a través del portal del Mercado Público bajo el ID:2373-5-LR18, la que concluyócon la adjudicación a la Unión Temporal de Proveedores (UTP) conformada por Itelecom Holding Chile Spa, Soluciones de Eficiencia Energética Go+ Spa, e Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Spa.

De acuerdo con la querella, no correspondía que Itelecom fuese favorecida con la licitación, debido a razones como: que la luminaria presentada no tiene vidrio protector, como establecen las Bases Técnicas de la licitación; la garantía presentada no cubre todo el período solicitado en dichas bases; el estudio de ahorro energético entregado no cumple lo solicitado de forma anual y mensual, además no se indica el consumo de energía, sólo la potencia proyectada; tampoco fueron entregados los ensayos de impacto de las luminarias de 130w, 90w, 70w y 40w; y porque la vida útil del LED debe ser mínimo de 100.000 horas y la empresa presenta una vida útil de 72.000 horas, entre otros puntos.

“Se adjudicó y contrató a un oferente o Unión Temporal de Proveedores que no cumplió con los requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la licitación, lo que implica que se ha actuado en forma irregular y antijurídica por parte de los funcionarios municipales que intervinieron en las diversas etapas de esta licitación pública, particularmente su evaluación y propuesta de adjudicación al Concejo Municipal de Recoleta”, dice el escrito presentado por los únicos dos concejales que votaron en contra de la propuesta.

Tanto Smok como Muñoz ya habían mostrado sus reparos ante la Contraloría. Sin embargo, al revisar la licitación esta instancia no objetó el proceso. 

Al darse a conocer las investigaciones por corrupción que envuelven a Itelecom y a autoridades de Iquique y Chillán y que luego se extendió a Negrete y Putaendo, la Municipalidad emitió un comunicado en el mes de mayo en el que sostienen que la oferta adjudicada era la más barata dentro de las que se presentaron “y cumplieron con las bases, es decir, la Comuna de Recoleta no tuvo otra mejor alternativa dentro de lo que el mercado ofertó”.

Luego, el mismo alcalde Daniel Jadue escribió un artículo de opinión en el que acusa “una clara operación política” de los medios de comunicación al dar a conocer la relación de Recoleta con Itelecom. Para ese momento, en junio, el alcalde subrayó que además de la Contraloría, no habían sido notificados de algún otro requerimiento que pusiera en duda el proceso de licitación y contratación de este servicio de luminarias.

Los detalles de este caso aún permanecen en reserva, pero ha trascendido que existen escuchas telefónicas que involucran a Recoleta, y además The Clinic reveló que la Fiscalía indaga una donación de Itelecom por $50 millones a la Corporación Cultural de Recoleta para la realización del festival Womad que organiza el municipio cada año. La Corporación Cultural de esa comuna la dirige Pablo Teillier, hijo del Presidente del Partido Comunista y diputado Guilermo Teillier.

El debate en el Concejo Municipal

La Cuenta Pública de 2019 de la Municipalidad de Recoleta -presentada en 2020- hace un balance de lo que ha sido la gestión de la Dirección de Asesoría Jurídica de la comuna, que al momento de presentar el documento estaba a cargo de representar a la alcaldía en un total de 568 causas, en diferentes sedes judiciales, respeto de diversas materias y en distintas etapas procesales. Es así como en 2019, 48 causas llegaron a la Corte Suprema; 51 a la Corte de Apelaciones de Santiago, 330 estaban en curso ante los Tribunales Civiles de Santiago, y 27 en los Tribunales de Letras del Trabajo.

En materia penal, la Dirección de Asesoría Jurídica tenía la representación judicial de la Municipalidad de Recoleta en 110 procesos, en calidad de Denunciantes y/o Querellantes, por hechos constitutivos de delitos ocurridos en jurisdicción comunal. Sin embargo, no en todos los casos, Recoleta y el alcalde son los acusadores. En algunas ocasiones, en causas que llevan años en la justicia, algunos procesos se han dado vuelta y han pasado de ser acusadores para convertirse en acusados. 

De acuerdo con las actas de las sesiones del Concejo Municipal de Recoleta, disponibles de enero a noviembre de 2020, tan solo en ese período la Municipalidad debió pagar indemnizaciones por causas laborales que ascienden a $32.000.000 (repartidos entre siete ex funcionarios de la alcaldía).

Si bien en el balance entregado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la comuna se hace ver que estos procesos están a su cargo, la Municipalidad también cuenta con asesores privados para hacer frente a los diversos litigios que atraviesa. 

En la sesión del 10 de marzo de 2020 el Concejo Municipal aprobó el pago de honorarios para los estudios jurídicos Rivadeneira, Colombara, Zegers & Cía. Ltda. y con Aros Benavides Abogados Spa. 

La primera oficina es la responsable de resguardar los intereses de la Municipalidad en las acciones que tienen relación con las empresas inmobiliarias ligadas al “Proyecto Conjunto Armónico Bellavista”. El valor de estos servicios es de $5.000.000 al mes -exentos de IVA- y el contrato tendría una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2020. “Se deja constancia de que esta contratación se fundamenta en el hecho de que los conflictos jurídicos que enfrenta la Municipalidad revisten características de gravedad, atendido a que pueden afectar el patrimonio municipal, por lo que se hace necesario contar con profesionales destinados intensiva y permanentemente a la tramitación de estas causas”, se lee en el documento. 

En el debate el concejal Cristian Weibel manifestó que este estudio tenía a su cargo nueve juicios pendientes en los cuales no hay resolución. También se dijo que en 2019 los honorarios para esa oficina eran de $6.700.000 al mes, monto que bajó porque hay varias causas que no se estaban moviendo a la espera de una resolución de la Corte Suprema. 

En cuanto al estudio jurídico Aros Benavides Abogados Spa se acordaron honorarios por una suma mensual de $2.929.500 -exento de IVA- también del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2020. En ese caso Jimena Jimenez, quien en la ocasión hacía las veces de Secretaria Municipal (s), explicó que con ese estudio se estaban llevando 56 causas. “Pareciera ser impresionante 56 causas, como dice usted, pero hay muchas que son la misma causa que están en distintos estados procesales. Por lo tanto el número baja”, dijo en respuesta a las inquietudes por la contratación planteadas por Smok durante la sesión. 

El caso de la Inmobiliaria Bellavista llegó hasta el Tribunal Constitucional

Un litigio que parece no tener fin es el que mantiene enfrentados a la Municipalidad de Recoleta y a la sociedad Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. El proceso se inició el 23 de agosto de 2011, cuando la ONG “Ciudad Viva” y la Junta de Vecinos N°35, solicitaron la nulidad de un permiso de construcción emitido en octubre de 2007. En 2013, cuando Daniel Jadue recién asumió como edil de la comuna decidió apoyar el requerimiento de los vecinos y solicitó al Consejo de Defensa del Estado asumir la representación de la comuna en la causa que estaba por emprender contra el proyecto denominado “Conjunto Armónico Bellavista”. 

En 2014, Jadue ordenó la demolición de las obras y en 2016 el Consejo de Defensa del Estado presentó su renuncia de acciones a la defensa de la Municipalidad.

Por este caso, en 2013, el exdirector de obras municipales de Recoleta, Carlos Reyes, fue condenado a cuatro años de prisión por 11 casos de corrupción, incluyendo el pago de coimas. Ya que solo se podían construir 10 pisos y se hicieron 19.

El caso escaló hasta la Corte Suprema donde la Tercera Sala resolvió una serie de recursos, con lo que ambas partes se dieron por ganadores. Por un lado, le dio la razón a Recoleta que argumentaba que el permiso de edificación 252 de dicho proyecto estaba caduco debido a la inactividad de la inmobiliaria por más de tres años. 

Por el otro, la Corte Suprema resolvió que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Recoleta se tiene que pronunciar sobre la recepción de la segunda torre del Conjunto Armónico Bellavista en un plazo de 30 días. Además, declaró en la sentencia que la municipalidad incurrió en una infracción al no emitir pronunciamiento sobre la solicitud de recepción definitiva parcial de esta obra de edificación.

Francisco Walker, gerente general de la inmobiliaria, emitió un comunicado en el que indicó que “con este fallo la Corte Suprema pone fin a los abusos de autoridad y a la persecución caprichosa que el alcalde Jadue llevó a cabo durante ocho años, con actuaciones que no se condicen con las que debe tener una autoridad del Estado, dándose gustos personales que transgreden la legalidad”. Al tiempo que Jadue se manifestó diciendo que se trataba de “un gran triunfo” que “confirma que nuestra Municipalidad ha actuado siempre ajustada a derecho y que este proyecto inmobiliario, al no tener permiso y no tener recepción final, no puede ser reconocido por nosotros”, ya que el fallo no significaba necesariamente la entrega del edificio, ya que la comuna se pronunciaría de manera negativa.

Por esto además existen querellas desde el 2017 por prevaricación y negociación incompatible, la primera del 15 de junio de 2017 presentada por Mauricio Smok y otra del 27 de noviembre de 2017 interpuesta por la inmobiliaria. 

Este caso se encuentra actualmente en el Tribunal Constitucional porque un día después de que la Corte de Santiago fallara que, en la causa no se han practicado diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible, el Ministerio Público decidió adoptar la decisión de no perseverar en la investigación. Esto pese a que el 2 de octubre de este año el Juez del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Pedro Advis Mondaca, resolvió rechazar la solicitud de sobreseimiento, planteada por la defensa de Recoleta, y declaró que “si bien se puede plantear en cualquier estado del procedimiento la discusión sobre el sobreseimiento, el estado actual en que se encuentra esta investigación no se puede dictar de manera definitiva, que establezca de carácter fehaciente que los hechos no son constitutivos de delito”.

En consecuencia, el TC determinará si se sigue el juicio contra Daniel Jadue por prevaricación, luego de que la Primera Sala del TC declaró admisible el requerimiento el pasado 23 de diciembre.

La intervención del Consejo de Defensa del Estado 

Hay otro caso que involucra a funcionarios de alto rango dentro del municipio. Se trata de una investigación por fraude al fisco por la ejecución de la obra de reconstrucción y mejoramiento del liceo Valentín Letelier, para lo cual la Municipalidad de Recoleta solicitó al Gobierno Regional Metropolitano, un presupuesto ascendente a la suma de $957.846.000, el que fue otorgado a través del “Convenio de Transferencia N°48” del 26 de febrero de 2015.

El 26 de enero de 2016, el Concejo Municipal, ante la propuesta del Municipio, aprobó la contratación directa del proyecto de Inversión Conservación Liceo Valentín Letelier con la empresa “Ingeniería, Construcción e Inversiones Rosachi Ltda.” o “Rosachi Ltda.”, representada legalmente por el querellado César Andrés Salazar Salamanca.

Rosachi S.A. debía presentar, entre otros antecedentes, una boleta para garantizar el fiel cumplimiento de las obras, por el 10% del valor del contrato celebrado, la que no fue entregada al momento de la celebración del convenio. Rosachi S.A., posteriormente, presentó copia de la boleta de garantía no endosable en pesos, del Banco de Créditos e Inversiones, N°18146235 por la suma de $94.160.179; el certificado de inscripción vigente Nº96709 en el Registro A2, Segunda Categoría, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y; la póliza de seguro Nº2693559, de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A., siendo todos estos documentos falsos. 

Las adulteraciones no fueron advertidas por los funcionarios de la Municipalidad por lo que se procedió a celebrar el contrato e incluso a efectuar el pago por los avances de la obra, “produciendo un perjuicio para las arcas fiscales ascendente a la suma aproximada de $ 1.000.000.000 (mil millones de pesos)”, de acuerdo con la querella presentada el 29 de octubre de 2020 por el Consejo de Defensa del Estado.

En consecuencia, el organismo denuncia una serie de maniobras realizadas por los funcionarios municipales, Gianinna Repetti Lara -quien actualmente se desempeña como Administradora Municipal y al momento de los hechos era la directora de la SECPLA- y Vilcia Quezada Martínez -quien al momento de los hechos y hasta la actualidad se desempeña como funcionaria municipal- quienes habrían hecho las veces de intermediarias con los llamados “gestores de licitación”, Jose Luis Ortega Álvarez y Pablo Bulboa Quezada, y con la empresa Rosachi. 

“Es así como desde el inicio se manipulan las bases administrativas para la licitación, además de demorar excesivamente su elaboración y publicación, luego se declara desierta la licitación, se realiza una invitación irregular a oferentes, se aceptan ofertas fuera del plazo establecido, se valoran las propuestas dando el mayor puntaje a una empresa que no cumplía con los requisitos establecidos en las condiciones, etcétera, todas maniobras desplegadas por los querellados para defraudar a la Municipalidad de Recoleta abusando de sus cargos, en especial la querellada Repetti, funcionaria de exclusiva confianza del Alcalde”, dice la querella del CDE.

La Municipalidad de Recoleta, encabezada por su alcalde Daniel Jadue, presentó una querella en agosto de 2016 contra quienes resulten responsables por la “falsificación de instrumento privado y uso malicioso” en la documentación presentada en el proceso de licitación para las obras de mejoramiento del Liceo Valentín Letelier. El Gobierno Regional Metropolitano se querelló por los mismos hechos en febrero de 2017, en ambos casos solo contra Salazar Salamanca. 

No obstante, parte de la intervención del CDE consistió en solicitar el 6 de noviembre de 2020 la exclusión de la Municipalidad de Recoleta como querellante, entendiendo que sus intereses se encuentran representados por el CDE. Asimismo también pide que se excluya al Gobierno Metropolitano. 

El 1 de diciembre el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición del Consejo de Defensa del Estado y declaró la falta de legitimación activa de los querellantes: Gobierno Regional Metropolitano y Municipalidad de Recoleta, decisión que fue apelada por ambas instancias y aún se está a la espera de la resolución definitiva. Tampoco hay claridad sobre si esto podría implicar una nueva querella contra el alcalde Jadue.

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