Agosto avanza sin hechos violentos en la Macrozona Sur. El Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero cerró sin registrar nuevos atentados en las regiones que monitorea y, hasta el 23 de agosto, el mes mantiene su contador en cero.
El escenario contrasta con el movimiento que han tenido durante el año las investigaciones por delitos cometidos anteriormente en la zona. De acuerdo con los registros del Indicador, en lo que va de 2026 se contabilizan 56 detenidos y 40 condenados, mientras que entre enero y julio se produjeron 27 hechos violentos.
El caso que marcó esta semana fue precisamente una nueva captura vinculada a una investigación que se remonta a 2022. El miércoles 19 de agosto, la PDI detuvo en Tirúa a Robinson Parra Sáez (39), quien se encontraba prófugo y es investigado por su presunta participación en el homicidio de Manuel Huenupil Antileo, ocurrido en mayo de 2022 en Carahue.
Al día siguiente, Parra fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Carahue, donde la magistrada Graciela Riobó decretó su prisión preventiva. El Ministerio Público lo imputó como autor de los delitos consumados de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego y municiones, y el tribunal fijó un plazo de 30 días para la investigación.
A comienzos de este mes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a cinco hombres de la Weichan Auka Mapu (WAM) a 16 años por el homicidio de Huenupil.
56 detenidos en un año marcado por la captura de prófugos
La detención de Parra elevó a 56 el número de personas detenidas contabilizadas por el Indicador durante 2026. Parte importante de esas capturas no está relacionada con atentados cometidos durante este año, sino con investigaciones anteriores que han continuado avanzando y con imputados que permanecían prófugos.
Uno de los casos ocurrió en febrero, cuando fue detenido Sergio Henríquez Valenzuela, investigado por el mismo homicidio de Manuel Huenupil. Henríquez había logrado escapar del operativo policial realizado en septiembre de 2024 por esa causa y permaneció prófugo hasta su captura. Su juicio se encuentra pendiente.
En abril fue capturado Francisco Javier Painevilo Maldonado, uno de los prófugos de la investigación por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros Eugenio Naín Caniumil, asesinado en octubre de 2020 en Padre Las Casas.
La misma causa dejó otra captura relevante en julio. Tras más de cinco años prófugo, la policía detuvo en la zona costera de Valdivia a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”. Durante el procedimiento se produjo un enfrentamiento en el que tres funcionarios de Carabineros resultaron baleados. Uno de ellos, Marcos Cosme, murió posteriormente debido a la gravedad de sus heridas. Cancino quedó en prisión preventiva.
Julio también estuvo marcado por las capturas de Pedro Aladino Macheo Raimán y José Llanquileo Painemil, investigados por el homicidio del brigadista de Conaf Moisés Orellana, ocurrido en septiembre de 2020 en Cañete. A ellos se sumaron Juan Millanao Hueiquillán y Jorge Huenchullán Millanao, quienes permanecían prófugos por distintas investigaciones vinculadas a ataques ocurridos en La Araucanía.
Ya en agosto fue detenido Rosamel Antonio Fierro Huenuman, quien llevaba cerca de cinco años prófugo por su presunta participación en un robo armado contra dos trabajadores forestales en el predio Aguas Blancas, en Carahue. Fierro quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por robo con violencia e intimidación, daños simples y cultivo de drogas.
La captura de Robinson Parra se suma ahora a esa lista.
En cuanto a los detenidos, la Multigremial de La Araucanía identificó en su más reciente informe la realización de operativos policiales que han posibilitado las distintas detenciones. “Los operativos conjuntos demuestran que las herramientas, la inteligencia y la coordinación institucional existen y permiten detener a prófugos que durante años actuaron bajo la protección de la impunidad”, se lee en el documento.
Claudia Lillo, directora ejecutiva de la Multigremial, dice a El Líbero que “en los últimos meses ha habido un cambio importante en la forma en que se está estructurando el estado de emergencia. Una nueva etapa que tiene que ver con operativos policiales que buscan tomar detenido a personas de interés que son prófugos, es decir, personas que están condenadas y que estaban fuera de la cárcel, lo que habla de un cambio principalmente en la sensación de que no puede haber impunidad, y eso como Multigremial nos parece extremadamente importante”.
Lillo releva que la Macrozona Sur ha estado más de 1.500 días con estado de emergencia, “pasando de tener un promedio de 24 atentados al mes a tener este año 15 atentados. Eso es un indicio de que el estado de emergencia funciona y ha funcionado bien”. Agrega que sería importante hacer seguimiento a algunas de las causas que han sido emblemáticas en la zona, como el atentado a la Central Hidroeléctrica Rucalhue o por la muerte del agricultor Orwal Casanova, asesinado en La Araucanía el 7 de enero de 2021.
Robinson Parra fue ubicado en una vivienda de familiares en Quidico
Parra mantenía dos órdenes de detención vigentes, una relacionada con el homicidio de Manuel Huenupil y otra por infracción a la Ley de Armas. Según los antecedentes policiales, se encontraba vinculado a la Weichán Auka Mapu (WAM).
Su detención se produjo durante la tarde del miércoles 19 de agosto en el sector La Puntilla, en la localidad de Quidico, comuna de Tirúa, provincia de Arauco.
Detectives de unidades especializadas de la Prefectura Macrozona Sur de la PDI participaron en el procedimiento, que contó además con apoyo de efectivos del Ejército y la Armada.
El prefecto inspector Héctor Cornejo, jefe de la Región Policial de La Araucanía, explicó que “el sujeto fue ubicado en un lugar distinto al domicilio que tenía en un principio, pero donde pudimos ver que efectivamente ya llevaba habitando un par de días. Se mantuvo la observación y finalmente se logró su detención”.
La captura se concretó sin incidentes y el imputado fue trasladado al Complejo Policial de la PDI en La Araucanía antes de ser presentado ante el tribunal.
El seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Luis Calderón, sostuvo que Parra fue “sindicado como uno de los autores materiales de este homicidio” y afirmó que “por más que se escondan, tarde o temprano el Estado va tras ellos y los captura”.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también destacó el procedimiento: “Lo hemos dicho y lo estamos cumpliendo: los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a poner frente a los tribunales. En Chile se acabaron los escondites para quienes pretenden vivir huyendo de la ley y la justicia”.
La PDI informó además que mantiene identificados a otros siete prófugos, todos con órdenes de detención pendientes y cuya ubicación continúa siendo trabajada de manera coordinada por las instituciones desplegadas en la Macrozona Sur.
40 condenados durante 2026
Junto con las detenciones, el otro indicador que ha mostrado movimiento durante el año es el de las condenas. Hasta el 23 de agosto, 40 personas han sido condenadas en causas contabilizadas por el Indicador de Violencia e Impunidad.
Entre las resoluciones de mayor relevancia se encuentran las dictadas por el crimen de los tres carabineros asesinados en Cañete en abril de 2024, además de condenas por incendios, robos de madera, amenazas, ataques armados y otros delitos investigados en la Macrozona Sur.
En junio, por ejemplo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco declaró culpables a Pelentaro Llaitul Pezoa, Luis Menares Chañilao, Luis Fuenzalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Carlos Mardones Sáez por su participación en ataques cometidos en noviembre de 2022 en predios forestales de Lautaro y Temuco. Las penas fueron conocidas posteriormente y superaron los 14 años de cárcel, mientras que dos de los condenados recibieron sanciones superiores a 16 años.
Durante julio, en tanto, Guillermo Ñirripil Cheuquepán fue declarado culpable por amenazas condicionales luego de que, mediante intimidaciones, consiguiera pagos de una empresa forestal.
Agosto agregó seis condenados al registro anual. Cinco de ellos corresponden precisamente a la causa por la muerte de Manuel Huenupil: Heraldo Alberto Norín Pilquimán, Jean Carlos Sáez Suazo, Jerson Benjamín Sáez Suazo, Jhony Eliel Huenupil Yuvine y Javier Alejandro Mariñán Millahual.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco les impuso 12 años de presidio efectivo por homicidio simple y otros cuatro años por porte ilegal de armas de fuego y municiones, lo que suma 16 años de cárcel para cada uno.
En el mismo fallo, César Julio Opazo Henríquez fue condenado a cuatro años de presidio, con libertad vigilada intensiva por igual período, por tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.
La investigación por el homicidio de Huenupil, por lo tanto, continúa avanzando pese a esas condenas. Además de Robinson Parra, permanece pendiente el proceso contra Sergio Henríquez Valenzuela.
El homicidio de Manuel Huenupil
Manuel Huenupil Antileo, de 48 años, murió el 5 de mayo de 2022 en el sector La Suerte, en Carahue, en un predio perteneciente a Forestal Mininco.
La justicia dio por acreditado en el juicio contra los cinco condenados que Huenupil había llegado al lugar junto a sus hijos y otros comuneros para realizar labores de limpieza. Allí encontraron a trabajadores que dijeron prestar servicios para Sergio Henríquez y un grupo identificado como “La Weichán”.
Posteriormente arribó al sector un grupo de cerca de 20 personas, varias de ellas armadas. Los atacantes increparon y amenazaron a Huenupil y a sus acompañantes, que estaban desarmados, y se identificaron como integrantes de “La Weichán”.
Según estableció la sentencia, les dijeron “que andaban gatillando” y “que no les temblaba la mano de matar a alguien”, mientras realizaron disparos al aire y al suelo.
Cuando Huenupil y los demás intentaron abandonar el lugar, los disparos continuaron. Un proyectil calibre 12 ingresó por la parte trasera de la camioneta Nissan Terrano que conducía Huenupil y lo impactó por la espalda, causándole la muerte.
La investigación de ese crimen explica ahora una parte del movimiento policial y judicial registrado durante agosto: cinco condenados a penas que suman 16 años, otro condenado por un delito de armas y una nueva detención, la de Robinson Parra, mientras el mes continúa sin sumar nuevos atentados a las cifras del Indicador.