El Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero registró tres hechos de violencia en La Araucanía el jueves 16 de abril, todos en la provincia de Malleco, en una jornada marcada por ataques a trabajadores y particulares y por la primera querella del gobierno invocando la Ley Antiterrorista desde el inicio de la actual administración.
La acción judicial presentada por el Ejecutivo, corresponde a los hechos ocurridos cerca de las 19:00 horas del jueves en la ruta R-49, entre Collipulli y el sector Curaco, a la altura del kilómetro 14-15,5. Allí, al menos tres sujetos encapuchados y armados interceptaron una camioneta en la que se desplazaban dos personas, las intimidaron con armas de fuego y las obligaron a descender antes de incendiar el vehículo con artefactos incendiarios, sin sustraer especies.
Según la querella presentada por el Ministerio de Seguridad, el ataque fue ejecutado por un grupo armado y organizado con el objetivo de infundir temor en la población civil, lo que llevó a calificar los hechos como incendio con carácter terrorista. La acción penal invoca además el delito de porte ilegal de armas y solicita diligencias como levantamiento de cámaras, declaraciones de testigos, análisis de antenas telefónicas y sobrevuelo con drones para ubicar el vehículo utilizado por los responsables.
Ese mismo día, más temprano, se registraron otros dos ataques en la comuna de Ercilla. El primero ocurrió cerca de las 6:15 horas en el sector Chacaico, donde trabajadores de una empresa contratista que realizaba labores de reparación de caminos –y que corresponde a una empresa socia de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC)– fueron abordados por individuos armados que les robaron una camioneta tras intimidarlos. Horas después, alrededor de las 10:00 horas, se produjo un segundo ataque de características similares contra otra empresa contratista, aunque con un mayor nivel de violencia, ya que los responsables realizaron disparos al aire antes de huir con un segundo vehículo.
Ante la seguidilla de hechos violentos, el delegado presidencial regional Francisco Ljubetic descartó que exista un debilitamiento de las medidas de seguridad en la zona y afirmó que “tenemos que corregir esa impunidad con investigaciones eficientes”, asegurando que las policías y el jefe de la Defensa Nacional continúan operando con los ajustes correspondientes en el marco del Estado de Excepción.
En tanto, el delegado presidencial provincial de Malleco, Víctor Manoli, condenó el atentado incendiario en la ruta R-49 y sostuvo que “no vamos a permitir que este tipo de hechos queden impunes”, señalando que se coordinó apoyo a las víctimas y diligencias con Carabineros para dar con los responsables, además de reforzar la coordinación en materia de seguridad en la provincia.
Prisión preventiva para el segundo imputado por el homicidio del carabinero Eugenio Naín
Una de las personas que se mantenía prófuga por el asesinato del carabinero Eugenio Naín quedó en prisión preventiva tras ser formalizada por su presunta participación en la emboscada ocurrida en octubre de 2020 en la Ruta 5 Sur, en la Región de La Araucanía. Se trata de Francisco Javier Painevilo Maldonado (28), quien fue detenido el viernes 17 de abril en el sector La Cantera Metrenco, en Padre Las Casas, por personal de la PDI.
La medida cautelar fue decretada por el Juzgado de Garantía de Temuco luego de una audiencia que se extendió por cerca de cinco horas. El imputado fue formalizado por los delitos de homicidio a carabinero en acto de servicio -consumado y frustrado-, disparos injustificados y homicidio simple frustrado (de un camionero), en relación con el ataque en el que murió el cabo Naín durante una emboscada en el sector Metrenco.
Durante la formalización, la Fiscalía expuso antecedentes que sitúan a Painevilo en el lugar de los hechos junto a otras cinco o seis personas encapuchadas, quienes habrían instalado barricadas como reacción a un desalojo realizado minutos antes en un predio cercano. El persecutor detalló además que la investigación permitió reconstruir sus desplazamientos ese día, junto con evidencia material, como la compra de combustible presuntamente utilizado para encender las barricadas.
El Ministerio Público también presentó antecedentes de tráfico telefónico, registros de cámaras y su huida tras diligencias policiales en 2021, además del levantamiento de un perfil genético desde una mascarilla encontrada en su vehículo, que coincidiría con evidencia asociada a un asalto a un camión de valores ocurrido en 2019.
Tras su detención, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, valoró el procedimiento y sostuvo que “quiero reconocer el trabajo permanente de la PDI, también de Carabineros de Chile y el Ministerio Público, quienes, frente a este brutal hecho, el asesinato del suboficial mayor Eugenio Naín, actuaron sin parar hasta lograr la aprehensión del imputado autor de este brutal asesinato”. Agregó que el Gobierno continuará con la persecución penal en esta causa, subrayando que “no olvidemos que quien mata a un carabinero, mata a Chile”.
En la causa por el homicidio del cabo Naín aún permanece prófugo Carlos Esteban Cancino Tapia, mientras que previamente Luis Tranamil Nahuel fue condenado a 32 años de cárcel por su participación en los hechos ocurridos el 30 de octubre de 2020.
También en la arista judicial, el 14 de abril, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete entregó su veredicto en el caso por el crimen de Moisés Orellana Pavez, resolviendo absolver a los acusados del delito de homicidio, pero condenarlos por una serie de delitos graves vinculados a los hechos ocurridos en 2020. Los imputados, identificados como G.C.Z. y C.P.N., fueron condenados como autores de tres delitos reiterados de robo con intimidación y tres delitos reiterados de incendio de viviendas, mientras que G.C.Z. además fue condenado por el incendio de dos vehículos.
Según se expuso en el juicio, ambos fueron absueltos del homicidio debido a la falta de pruebas que acreditaran su participación directa en el disparo que causó la muerte del joven. Testimonios presentados durante el proceso indicaron que otros encapuchados habrían increpado al autor del disparo, lo que evidenciaría que no todos los participantes estaban de acuerdo con esa acción. La Fiscalía solicitó 20 años de presidio para cada uno por los robos con intimidación, otros 20 años por los incendios de cabañas y 7 años adicionales para G.C.Z. por la quema de vehículos. La lectura de la sentencia quedó fijada para las 14:00 horas del viernes 24 de abril.