Marcha del 18-O: los 25 judicializados en Santiago por saqueo, lanzamiento de objetos y atentado a la autoridad quedaron en libertad

Lanzamiento de bombas molotov a carabineros, instalación de barricadas que impidieron la libre circulación en vía pública, destrozos a mobiliario urbano y un local saqueado fueron parte de los desmanes que se registraron durante la manifestación del pasado domingo 18 de octubre, a la que llamaron diversos grupos de izquierda por el séptimo aniversario del estallido de 2019. Al final de esa misma jornada, las autoridades informaron que los disturbios habían dejado un saldo de seis uniformados lesionados y 29 detenidos en Santiago. A nivel país, debido a que también hubo movilizaciones en otras ciudades, la cifra superó los 100.

El Líbero revisó las 70 causas que el lunes 19 de octubre abrió y dejó con acceso público en la página del Poder Judicial -otras cuatro figuran con carácter reservado- el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que es en el que presentan a las personas detenidas en flagrancia en la comuna de Santiago y en el que correspondía judicializar a los capturados el día anterior en la marcha.

En la revisión se hallaron 25 personas que fueron presentadas por la supuesta comisión de hechos punibles en la movilización. De acuerdo con la información disponible en cada uno de los expedientes, todas estas personas quedaron en libertad.

En solo uno de los casos el tribunal ordenó la medida cautelar de prisión preventiva, pero sujeta al pago de una caución de $1.500.000, dinero que fue depositado un día después de la audiencia, luego de lo cual se ordenó la libertad del imputado, Javier Escobar, de 25 años de edad. Así figura en la causa que se le abrió por los delitos de saqueo y lanzar objetos a la vía pública que pueden causar la muerte o lesiones, así como por atentados y amenazas contra la autoridad.

En esa misma causa figura Felipe Acuña, de 18 años, formalizado por saqueo. Ambos quedaron sometidos a las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse al lugar de los hechos.

Solo en otra de las audiencias, por lo que se puede ver en los expedientes, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, pero el juzgado la rechazó. Se trató de un caso de saqueo en una tienda de conveniencia, por el que fue detenido Jonathan Arzola, de 18 años de edad, contra quien el Ministerio de Seguridad Pública presentó querella, que fue declarada admisible (ver detalles más abajo). El juez optó por dejar al sujeto sometido a firma cada 15 días, prohibición de acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos y a salir del país.

De los 25 judicializados en estas causas, figuran 20 hombres y cinco mujeres, 22 de ellos de entre 18 y 58 años de edad. Hubo tres formalizados a los cuales este medio no pudo verificarles sus edades. En las audiencias de esa jornada estuvieron a cargo el juez Mario Cayul, en 13 casos que involucran a 14 formalizados, y la jueza Daniela Guerrero, en 10 causas que involucran a 11 judicializados.

La revisión de expedientes que realizó El Líbero también arrojó que 13 de estas 25 personas fueron dejadas en libertad plena, es decir, sin ningún tipo de medida cautelar, y otras cinco quedaron con suspensión condicional del proceso, cuatro por un año y una por un año y medio. Estas últimas sujetas a fijar domicilio ante la autoridad, acreditar estudios o trabajo y hacer un aporte de 60.000 pesos a la Teletón.

Detenido por arrancar ocho cámaras de televigilancia en vía pública está entre los que quedaron en libertad

Uno de los sujetos que fue dejado en libertad, sometido a medida de arraigo nacional, fue al que señalan de haber quedado registrado por una de las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Santiago en momentos en los que «arrancaba y sustraía» ocho cámaras fijas de la comuna, situadas en dos puntos diferentes de Santiago, Alameda con Victoria Subercaseaux y Alameda con San Isidro. La imputación que le hizo el Ministerio Público fue por el delito de daños simples.

Los detalles sobre este hecho están contenidos en la querella que presentó al respecto la Municipalidad de Santiago por los delitos de daños calificados, robo con fuerza en bienes nacionales de uso público y desórdenes.

«Individuos que participaban en los desórdenes accedieron a la infraestructura de televigilancia de la Ilustre Municipalidad de Santiago instalada en postes del eje Alameda, utilizando los gabinetes como apoyo para alcanzar las cámaras y retirarlas mediante fuerza», se señala en el escrito que fue presentado en contra de Ignacio Figueroa, de 20 años de edad. El hombre quedó sometido a prohibición de salida del país.

El libertad presunto responsable de participar en un saqueo durante la marcha

Otra querella en la que también quedaron detalles de uno de los hechos ocurridos durante la marcha del 18 de octubre, en la que el señalado responsable igualmente quedó en libertad -sometido a firma, arraigo nacional y prohibición de acercarse al sitio del suceso- fue la que interpuso el Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad Pública, por el delito de «robo en lugar no habitado en contexto de saqueo».

«El 18 de octubre de 2026, aproximadamente a las 14:00, mientras funcionarios de Carabineros se encontraban de servicio motorizado con ocasión de las marchas convocadas (…), recibieron un comunicado radial que daba cuenta del desplazamiento de un individuo que vestía polera oscura, short negro con dibujos blancos en su parte delantera y zapatillas rojas, que habría participado en un saqueo», se señala en el escrito.

En la querella se narra que «personal especializado que operaba un dron mantenía registros audiovisuales en los cuales se habría observado al referido individuo ingresar, junto con otros sujetos, al local comercial Oxxo, ubicado en calle San Antonio N° 84, comuna de Santiago. Previamente, habrían ocasionado daños en la cortina metálica de acceso y, una vez en el interior, sustraído diversas especies y dinero desde la caja registradora. Advertida la presencia policial en la intersección de las avenidas Santa Rosa y Libertador Bernardo O’Higgins, el querellado emprendió la huida siendo alcanzado por funcionarios».

Los judicializados por maltrato de obra a carabinero, también en libertad

Por la supuesta comisión del delito de maltrato de obra a carabineros fueron judicializadas tres personas, todas actualmente en libertad.

Una de ellas fue Nicolás Herrera, de 23 años, que quedó sometido a prohibición de aproximarse al carabinero afectado.

Con igual medida de prohibición de acercarse a las víctimas, en este caso dos uniformadas, quedó una mujer cuyo nombre se corresponde con las siglas A.G., pero cuya identidad se omite debido a que al no haberse podido corroborar su edad, se desconoce si es menor. Fue judicializada además por el delito de lesiones leves.

La otra persona presentada por maltrato de obra a carabinero, además de ocultación de identidad en control investigativo, fue un sujeto cuyo nombre coincide con las siglas N.Q. (identidad que también se mantienen en reserva por no tener certeza de que sea mayor de edad). Fue apercibido y quedó con audiencia fijada para el próximo 26 de noviembre.

En la lista, dos formalizados por atentados y amenazas contra la autoridad

Por el delito de atentados y amenazas contra la autoridad fueron presentadas otras dos personas, además del hombre que pagó la caución.

Se trató de Jhon Madariaga, de 28 años, que tiene prohibición judicial de acercarse al lugar en el que ocurrieron los hechos, así como de un sujeto cuyo nombre coincide con las siglas L.C. (se omite el nombre por desconocerse si es menor de edad), quien también fue judicializado por daños simples y que quedó con arraigo nacional.

11 judicializados por lanzar objetos en vía pública que pueden causar muerte o lesiones, todos en libertad

De los 25 judicializados por supuestos hechos delictivos registrados durante la marcha del domingo, 11 fueron formalizados por lanzamiento de objetos en vía pública que pueden causar la muerte o lesiones. En la lista figura el ya mencionado sujeto que pagó la caución y que fue presentado también por otros dos delitos.

En este caso, cinco personas formalizadas por lanzamiento de objetos fueron las que quedaron con suspensión condicional del proceso y, como ya se dijo, con obligación de fijar domicilio ante la autoridad, acreditar estudios o trabajo y hacer un donativo de $60.000 a Teletón. Se trata de Damián Campos, de 18 años; Erick Cancino, de 26 años -también formalizado por falta de respeto a la autoridad pública-; Claudio Ubilla, de 27 años; José Varas, de 30 años; y Julio Rebolledo, de 36. Por este mismo delito quedó en libertad, con firma mensual, Ignacio Toro, de 33 años.

De los supuestos responsables por estos lanzamientos, otros cuatro también quedaron en libertad, sin que se haya dejado constancia de que estén sometidos a alguna medida cautelar: D.T., de 18 años; K.M. (mujer) y L.G., ambos de 19 años; así como J.R., de 20 años de edad. En estos casos se omiten los nombres porque aunque cada una de las respectivas causas aparecen «en tramitación», no figura en ninguno de estos expedientes, al menos al cierre de esta nota, el acta de la «individualización de la audiencia de control de detención», sino únicamente la resolución en la que se ordena la libertad.

De los cinco formalizados por interrumpir la libre circulación, cuatro con prohibición de acercarse al lugar de los hechos

Por el delito de interrumpir la libre circulación de personas o vehículos con violencia, intimidación u obstáculos fueron formalizadas cinco personas. Una de ellas, C.P., de 23 años de edad, que quedó en libertad y en cuya causa, «en tramitación», no se indica, al cierre de esta nota, si quedó sometida a alguna medida cautelar y no figura la respectiva acta de audiencia de control de detención, solo la resolución que ordena la libertad

Con prohibición de acercarse al lugar en el que ocurrieron los hechos quedaron otras cuatro personas formalizadas por este mismo tipo penal. Paula Valdés, de 29 años; y Vicente Montecinos, de 38 años; así como Antonia Moncada, de 25 años, y Alejandro Benavides, de 58 años. Estos dos últimos en una misma causa.

Por daños simples y desórdenes públicos fue apercibido un sujeto de 22 años de edad, a quien el tribunal fijó plazo de 60 días para el cierre de la investigación en su contra. Su nombre se corresponde con las siglas L.S. y en este caso se reserva la identidad debido a que, según se dejó constancia en el expediente, se declaró la ilegalidad de la detención.

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