Por tercera semana consecutiva, el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero cerró sin contabilizar nuevos atentados en la Macrozona Sur. Entre el 3 y el 9 de agosto no se registraron nuevos hechos violentos, pero sí hubo un avance judicial relevante en una causa que se remonta a mayo de 2022.

El 3 de agosto, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a Heraldo Alberto Norín Pilquimán, Jean Carlos Sáez Suazo, Jerson Benjamín Sáez Suazo, Jhony Eliel Huenupil Yuvine y Javier Alejandro Mariñán Millahual como autores del homicidio simple consumado de Manuel Huenupil Antileo, de 48 años. Los cinco recibieron penas de 12 años de presidio efectivo por el crimen y otros cuatro años por porte ilegal de armas de fuego y municiones, por lo que deberán cumplir penas que suman 16 años de cárcel.

En la misma sentencia, César Julio Opazo Henríquez fue condenado a cuatro años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada intensiva por el mismo período, por tenencia ilegal de un arma de fuego y municiones encontradas en su domicilio en septiembre de 2024. El tribunal, sin embargo, absolvió a Opazo, Gonzalo Ariel Antío Canullán y Francisco Javier Pérez Álvarez de la acusación que les atribuía participación en el homicidio.

“Andaban gatillando”: el ataque que terminó con la muerte de Manuel Huenupil

Los hechos ocurrieron el 5 de mayo de 2022 en el predio denominado “La Suerte”, perteneciente a Forestal Mininco y ubicado en la comuna de Carahue.

El tribunal dio por acreditado que Manuel Huenupil llegó cerca de las 09:00 horas junto con sus hijos Damiro y Álvaro y otros integrantes de las comunidades Quidiqueo Huenupil de Tirúa y José Painecura de Carahue. El grupo realizaba labores de limpieza en el predio cuando encontró a tres personas ajenas a esas comunidades que efectuaban trabajos forestales.

Al ser consultados, los trabajadores dijeron que prestaban servicios para Sergio Henríquez Valenzuela y un grupo identificado como “La Weichán”. Henríquez fue contactado y, posteriormente, llegó hasta el sector acompañado por un grupo cercano a 20 personas, entre quienes se encontraban los cinco hombres que ahora fueron condenados. Portaban armas de fuego y municiones.

Cerca del mediodía, el grupo armado abordó a Huenupil y a sus acompañantes en el cruce La Suerte. Algunos de sus integrantes estaban encapuchados y otros mantenían el rostro descubierto. Según estableció el tribunal, portaban al menos 14 escopetas calibre 12, además de otras armas.

Los atacantes se identificaron ante las víctimas como integrantes de “La Weichán” y comenzaron a intimidarlas. La sentencia recogió que afirmaron “que andaban gatillando” y “que no les temblaba la mano de matar a alguien”, mientras efectuaban disparos al aire y al suelo y apuntaban con las armas a miembros del grupo, que se encontraba desarmado.

Ante las amenazas, Huenupil, sus hijos y los demás comuneros intentaron abandonar el lugar. Los disparos, sin embargo, continuaron.

Uno de los proyectiles calibre 12 ingresó por la luneta trasera de la camioneta Nissan Terrano que conducía Manuel Huenupil, atravesó el asiento y lo alcanzó en la espalda. La munición atravesó su cuerpo y siguió su trayectoria hacia la parte delantera del vehículo. Las heridas provocaron su muerte.

Aunque durante el juicio no fue posible determinar quién efectuó el disparo mortal, el tribunal concluyó que los cinco condenados actuaron de manera conjunta con el resto del grupo y compartieron el designio delictivo.

Entre los elementos considerados estuvo que llegaron prácticamente al mismo tiempo en distintos vehículos y armados, rodearon al grupo de Huenupil, amenazaron a sus integrantes y abrieron fuego cuando estos intentaron escapar. Una vez que Huenupil resultó herido, los disparos continuaron y ninguno de los miembros del grupo atacante intervino para detener la agresión o prestarle ayuda.

El operativo de 2024: ocho detenidos, un muerto y un detective baleado

La investigación tuvo uno de sus principales avances durante la madrugada del 12 de septiembre de 2024, cuando más de 200 funcionarios de la Policía de Investigaciones, con apoyo de la Armada, realizaron allanamientos simultáneos principalmente en Tirúa y Cañete para cumplir 19 órdenes de detención relacionadas con el homicidio.

El procedimiento terminó con ocho personas detenidas. Entre ellas estaban los cinco ahora condenados por el homicidio de Huenupil: Heraldo Norín Pilquimán, Jean Carlos Sáez Suazo, Jerson Benjamín Sáez Suazo, Jhony Huenupil Yuvine y Javier Mariñán Millahual. También fue detenido César Opazo Henríquez, posteriormente condenado por tenencia ilegal de armas. 

El operativo no estuvo exento de incidentes. Echivaldo Bastías Vidal, quien también era objeto de una orden de detención, disparó contra personal policial con una pistola 9 milímetros e hirió a un detective en un brazo. Los funcionarios repelieron el ataque y Bastías murió en el lugar. Durante otro de los ingresos, una persona que inicialmente opuso resistencia con una escopeta desistió de su acción. 

En los allanamientos también fueron recuperadas armas, municiones, ropa de camuflaje, chalecos antibalas, equipos de radio y dispositivos electrónicos. Los ocho capturados quedaron entonces en prisión preventiva tras ser formalizados por homicidio y delitos asociados a la Ley de Control de Armas. 

Días después, el 20 de septiembre, Francisco Javier Pérez Álvarez fue detenido en Coronel y se convirtió en otro de los imputados de la investigación. Finalmente llegó a juicio junto con los demás acusados, pero fue absuelto del homicidio. 

El Líbero revisó en 2024 los antecedentes de quienes fueron capturados. Entre los que finalmente resultaron condenados, Heraldo Norín Pilquimán había trabajado como auxiliar de servicio en la Municipalidad de Tirúa durante 2015 y 2016, mientras que Jhony Huenupil Yuvine recibió en agosto de 2022 un aporte de $300 mil de Indap, correspondiente al programa de Emergencia Agrícola, Alimentación Animal, Rehabilitación y Reconstrucción Agropecuaria. Javier Mariñán Millahual, en tanto, había asistido en 2016 como oyente a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que abordó la política forestal. 

Sergio Henríquez: escapó del operativo y fue detenido en febrero

Uno de los principales objetivos que no pudo ser capturado durante el operativo de septiembre de 2024 fue Sergio Alejandro Henríquez Valenzuela.

Henríquez logró escapar y permaneció cerca de un año y medio prófugo. Su búsqueda terminó el 17 de febrero de 2026, después de que tramitara una nueva cédula de identidad. La PDI supo que tenía agendada para esa mañana una visita al Registro Civil de Tirúa para retirar el documento y desplegó funcionarios para seguir sus movimientos. Fue detenido ese día y posteriormente formalizado por el homicidio de Manuel Huenupil y delitos de armas. El Juzgado de Garantía de Carahue decretó su prisión preventiva.

Su captura tardía explica que Henríquez no fuera juzgado junto con los acusados que recibieron sentencia el 3 de agosto. La propia sentencia recoge, al resumir la posición de la Fiscalía, que Henríquez se encontraba en prisión preventiva por esta misma causa, pero que, por haber sido detenido pocos meses antes, “no está hoy como acusado” en ese juicio.

El fallo, sin embargo, contiene numerosos antecedentes sobre el papel que habría desempeñado en los hechos.

Entre lo que el tribunal tuvo por acreditado está que los tres trabajadores encontrados por Huenupil y sus acompañantes en el predio dijeron trabajar para Sergio Henríquez y su grupo, identificado como “La Weichán”. Tras las comunicaciones efectuadas esa mañana, Henríquez llegó al sector coordinado con un grupo cercano a 20 personas armadas, entre las cuales estaban los cinco condenados.

En otra parte de la sentencia, al analizar la prueba testimonial, el tribunal señaló que de las declaraciones y de la dinámica ocurrida esa mañana podía inferirse que Henríquez tenía una posición de liderazgo dentro de la agrupación denominada “Weichán”. 

Javier Marihuén, presidente de la comunidad Quidiqueo Huenupil y sobrino de Manuel Huenupil, se comunicó directamente con Sergio Henríquez Valenzuela.

Según la sentencia, habló con él durante la mañana del 5 de mayo de 2022 para preguntarle por qué tenía personas trabajando en el predio La Suerte. Después de la muerte de Manuel Huenupil volvió a llamarlo y le reprochó lo ocurrido. En esa conversación, Henríquez respondió que la situación “se nos escapó de las manos”.

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