El 16, 17 y 18 de octubre el Partido Comunista realizó la Conferencia Nacional, la segunda instancia de discusión política más importante de la colectividad, según sus estatutos.
El encuentro, que se citó para actualizar algunas definiciones, tenía como trasfondo un objetivo: generar una estrategia para enfrentar al gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Tras el encuentro, el partido publicó en su página web las principales conclusiones bajo el título «Partido Comunista concluye su Conferencia Nacional con propuestas para enfrentar al gobierno de Kast y fortalecer la unidad política – social».
La estrategia: «disputar el rumbo», una frase que aseguran no es solo un slogan, sino que apunta a poner en duda el fondo de las decisiones del gobierno. Tres días después de la Conferencia, y en línea con esa definición política, el partido ha liderado esta semana la arremetida contra el Ejecutivo por los 56 beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores, un tema que los involucra directamente, ya que de 2024 a marzo de 2026 la cartera estuvo a cargo del exministro Jaime Gajardo, militante de la colectividad, quien ha sido uno de los principales voceros de la ofensiva contra el gobierno y el actual ministro Fernando Rabat.
El despliegue comunista, el video de Vallejo y los 276 casos en el gobierno de Boric
Pero más allá del debate jurídico, el partido ha liderado la postura de que hay una política de gobierno que daña «la dignidad de los niños y las niñas».
«El gobierno ha traspasado un límite inaceptable. Es el Presidente de la República el que debe dar explicaciones y justificar una medida tan lesiva, dañina y aversiva contra la dignidad de los niños y las niñas», dijo el miércoles el diputado del PC, Marcos Barraza.
Los parlamentarios del partido levantaron incluso la idea de una interpelación al ministro Rabat, idea en la que retrocedieron una vez que se conociera que de los 332 beneficios que se han otorgado en los últimos años a condenados por estos delitos, 276 fueron en los años del gobierno de Gabriel Boric.
Con todo, el PC ha desplegado a sus principales figuras para sostener la crítica. La diputada y exalcaldesa, Irací Hassler, sostuvo que «esto implica que hay una familia atrás que sufrió estos hechos, que llevó adelante las denuncias, consiguió la sentencia y que, finalmente, el gobierno se burla de ellas».
La diputada compartió además una declaración pública realizada por la cuenta Mujeres Comunistas titulada «Hacemos un llamado a que el gobierno de Kast garantice la seguridad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país».
La exvocera de gobierno de Boric, Camila Vallejo, quien recientemente asumió un nuevo cargo internacional en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), subió por su parte un video a Instagram donde expresa sentir «angustia y rabia».
En la publicación, Vallejo parte señalando que «no sabia si hacer este video, pero la gravedad del tema me parece que amerita. Hace rato estaba haciendo dormir a mi bebé, toda la rutina previa a hacerlo dormir y tuve que contenerme todo el tiempo la angustia y la rabia que me generó esta noticia».
La exministra agrega que «cómo es posible que este gobierno que se autodefinía como de emergencia y seguridad y ‘con mis niños no te metas’ haya decretado sin orden de la Corte Suprema la rebaja de condena a 56 abusadores sexuales y violadores de menores de edad. Creo que es gravísimo. ¿Esta es la sensación de impunidad que quieren generar?».
La defensa de Rabat
En el gobierno el tema ha generado incomodidad y algunos sostienen que ha habido una suerte de «puesta en escena» del PC y sus principales figuras. Desde Justicia explican que la decisión se basó en los fallos de la Corte Suprema, instancia que acogió las solicitudes de condenados antes del 2022, confirmando la irretroactividad de la ley.
“A partir del año 2022 se modificó la ley y se prohíben beneficios a quienes cometen esos delitos (…). La Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio, incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos”, explicó el ministro Fernando Rabat.
El ministro aseguró además que «durante el gobierno anterior también se dictaron más de 275 resoluciones administrativas en que acogieron estos beneficios. Lo importante (…) es entender que acá hay un problema legal de irretroactividad a la ley penal que se dictó en el año 2022 y por eso celebro que los parlamentarios hayan presentado proyectos de ley para superar este problema, que evidentemente no podemos si no estar de acuerdo con esos parlamentarios de cerrar un espacio que quedó en la legislación».
Me parece increible que el PC alegue ahora mientras ellos hicieron los mismo con 276 personas. De cualquier manera, no importa el partido politico, me parece impresentable el indulto, una aberracion. Mas que leyes debe primar el sentido comun……..de lo contrario quiere decir que hay que cambiar la ley!