La violencia no da pie atrás. Así lo demuestra el informe emitido por la Unidad de Coordinación de la Macrozona Sur que detalla la cantidad de detenidos y sus delitos asociados entre 2020 y lo que va de 2021. Según indica el reporte, hasta la fecha se registran 74 detenidos por delitos violentos en el sector. En prisiones de La Araucanía se encuentra un mayor número de involucrados, con 48; seguida de la Región del Bíobío con 17 y Los Ríos con 9. 

Según detalla el informe, los detenidos se distinguen de las causas totales, ya que hay quienes tienen más de un ilícito asociado. Hasta la fecha a quienes se encuentran en prisión se les imputa un total de 85 delitos. En cuanto al estado procesal de estos: hay 17 condenas.

Ante los datos conocidos, el coordinador de la Macrozona Sur encargado de la Región del Bíobío, Roberto Coloma, asegura que ve la situación con preocupación: “Son delitos que tienen un impacto social importante, como son los delitos asociados a la ley de drogas o robo con intimidación o en algunos casos con resultado de muerte, de manera que nos preocupa más allá del número. Fuera uno o fueran cien, la verdad es que la preocupación sería la misma por el impacto en la comunidad”. 

“Lo que nosotros hemos logrado constatar es que la naturaleza de estos delitos está asociada  directamente con los fenómenos delictivos que están o que subyacen a la situación de violencia que está instalada en la Macrozona Sur y específicamente en la Provincia de Arauco. Como lo hemos dicho de forma reiterada, tiene que ver con mafias que operan en torno a la comercialización ilegal del producto forestal, robo de madera, y mafias de narcotraficantes”, añade Coloma.

Es así como al hacer doble click sobre los delitos que se les imputan a los 74 detenidos, el tipo de crimen que más se repite es el robo (29); seguido del homicidio (25) -puede haber varios involucrados por un mismo caso de homicidio-; e incendio (17).

Dentro de cada uno de estos se pueden desagregar distintas categorías. Por ejemplo en el caso del robo; el detalle es que se imputa robo con violencia en 13 ocasiones; robo con intimidación en 11; robo con violencia e intimidación se repite 3 veces y robo con homicidio, 2.

En cuanto al homicidio, este delito se le imputa a 25 de las personas que se encuentran en prisión; y se desagrega de la siguiente manera: matar a carabineros en ejercicio (2); homicidio (13); homicidio frustrado a carabineros (1); homicidio frustrado (2); y homicidio calificado (7).

Sobre los incendios, hay casos solo del delito de incendio (7); incendio con resultado de muerte o lesiones (4); incendio solo con daños (4); e incendio con peligro para las personas (2).

Otros ilícitos que aparecen en el listado son posesión con 21 repeticiones, tenencia o porte de armas sujetas a control (12), secuestro (12), receptación (11), porte ilegal de armas de fuego (8), y tenencia de armas prohibidas (6). 

A pesar que entre los datos aparecen con menos reiteración, hay otros delitos violentos que se repiten, entre ellos disparos injustificados en la vía pública (4), tenencia o porte de munición y sustancias químicas (4), tráfico ilícito de drogas (3), y porte de armas prohibidas (3).

Dentro de los delitos ocurridos, Coloma distingue la influencia de casos emblemáticos como los asociados a Emilio Berkhoff, el exidirigente de la CAM que actualmente se encuentra tras las rejas por tráfico de drogas y Luis Tranamil, imputado por el crimen del cabo Eugenio Naim. No han sido pocos los actos incendiarios en los que, a través de panfletos, los violentistas aluden a la libertad de los dos inculpados. El último, tuvo lugar en Contulmo y dejó tres camiones en llamas.

Tranamil fue detenido a principios de marzo de este año tras un operativo del GOPE en Alto Metrenco donde se encontraron vehículos y armas asociadas a la muerte de Naim. Episodio ocurrido a fines de 2020, cuando el Carabinero recibió un disparo mientras se encontraba en un patrullaje a bordo de su carro policial en el sector Cantera de Mentreco.

Coloma enfatiza que estos ilícitos no pueden asociarse a la causa mapuche y que netamente responden a objetivos delictuales. En esta línea, distingue focos investigativos recurrentes como por ejemplo, el robo de camionetas. “Desde el punto de vista técnico jurídico penal, el hecho configura el delito de robo con intimidación y que ejecutan para proveerse de los medios y ejecutar otro tipo de delitos como la comercialización ilegal de madera o también asociados al tráfico de drogas”, afirma.

En el caso del secuestro hay 12 imputados. Casi cuatro meses han pasado desde uno de los episodios más emblemáticos de violencia registrado en Collipulli, Región de La Araucanía. Ahogado con vino, rociado de ácido, quemado, golpeado por un palo y aún sin paradero permanece el cuerpo del fallecido Edgardo Mardones (46), una de las dos víctimas del secuestro y homicidio en el que participó María Ancalaf, hermana del exlíder de la CAM Víctor Ancalaf.

Con mejor suerte, pero con fracturas graves, heridas provocadas por hacha y múltiples cortes, el sobreviviente, Ernesto Marín ‘El Jani’ (28) logró escapar de la casa en la que permaneció cuatro días junto a Mardones y realizar una llamada a Carabineros.

Las causas sin responsables

Maquinarias quemadas, robo de madera, ataques en la vía, trabajadores heridos y predios tomados son algunas de las situaciones más recurrentes en la Macrozona Sur. Y es que a pesar de que existen denuncias en torno al tema, hay quienes consideran que muchas de ellas no llegan a puerto, ni tampoco se da con los responsables. 

Hace poco más de tres semanas se dio a conocer el tercer informe del Observatorio Judicial –en colaboración con la Multigremial de La Araucanía– que indica que 88% de las causas por atentados incendiarios no se judicializó. Las cifras, que surgen del análisis de 391 hechos ocurridos entre 2018 y 2020 en el Bíobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, reportan que solo 10 del total ha formalizado su investigación y cuatro están bajo delitos calificados como terroristas

En relación a la situación actual de la Macrozona Sur y a partir de los datos que manejan y los informes de la institución, el director del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate, considera que el diagnóstico debiese apuntar, principalmente, al actuar del Ministerio Público y la PDI “porque la investigación hoy en la zona está entregada desde 2018 exclusivamente a la PDI”. 

Asimismo, asegura que si bien hay decisiones, ya sean buenas o malas, “lo que vemos es que hay pocas decisiones de los jueces porque no alcanzan a entrar en el volumen de las causas y la inmensa mayoría termina por déficit de investigaciones. Donde está haciendo agua el sistema, es en la fase investigativa, no en la fase judicial”.

“Como sea, el resultado de esto es obviamente una situación de total y absoluta impunidad. Los delitos hoy día no reciben ningún castigo de ningún tipo, hay muy pocas condenas”, agrega. 

El informe también plantea que el 24% de las causas analizadas corresponden a terrorismo (94) y registró un aumento en 2020 respecto a los años anteriores donde se habían mantenido estables. En todos estos, se registró el delito de “colocación y detonación de artefactos incendiarios”.

En conversación con El Líbero, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibañez habló sobre el seguimiento de los delitos y a pesar de que valora el aumento en las detenciones, considera que la cifra es débil: “Nosotros hicimos un estudio con el Observatorio Judicial que ya lleva tres informes: uno relacionado a homicidios, lesiones y amenazas; otro con atentados incendiarios y otro con usurpaciones. Allí se ve que finalmente del 1% al 2% de las causas tienen sanciones, y muchas veces tienen sanciones muy leves”. 

“Hasta donde está analizado en detalle, que es hasta el 2020, la acción es muy insignificante respecto a la cantidad de delitos y delitos graves. Entendemos que en 2021 ha habido un aumento de detenidos, pero estimamos que sigue siendo bajo”, planteó Santibánez.

Sobre la labor del Ejecutivo en esta materia, Roberto Coloma asegura que «al término de este gobierno esas capacidades operativas, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones van a ser sustancialmente distintas y mejores que las que existían a fines del 2020, que fue cuando comenzamos a trabajar en esta Unidad de Coordinación de la Macrozona».

Agrega que ya definieron el fortalecimiento de los equipos de trabajo del Ministerio Público asignados a la zona de conflicto, es decir, tanto la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, como la Fiscalía Regional del Bíobio.  En el caso de Arauco, con el objetivo de poder conformar un equipo proporcional a la magnitud del problema y permita mejorar el desarrollo de las las investigaciones.

 

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