Impunidad en Macrozona Sur: de 128 causas por homicidio, lesiones y amenazas solo hay 2 condenas

Un informe elaborado por el Observatorio Judicial con la colaboración de la Multigremial de La Araucanía analizó las causas penales asociadas a los delitos de homicidios, lesiones y amenazas ocurridos en la Macrozona Sur entre los años 2018 y 2020, con el objetivo de evaluar la efectividad del sistema judicial-penal en Chile, el que transparentó un índice preocupante de impunidad y una baja participación de los miembros del Poder Judicial en los procesos.

A pesar de que la violencia ha escalado considerablemente durante el último período y así también el número de causas ingresadas, sobre todo con respecto al delito de homicidio, esto no se ha traducido en un aumento respecto al número de formalizaciones. Este primer documento analiza 128 causas de la base de datos entregada por la Fiscalía Nacional, de un total de 2.700 que compondrán la serie de informes.

Las causas analizadas por el Observatorio Judicial en este primer reporte son por homicidio, lesiones y amenazas, delitos que califican como aquellos “que atentan más directamente contra la vida, la integridad y la seguridad de las personas” y de los cuales “cabría esperar un mayor esfuerzo de parte de las autoridades”, pero aseguran que los resultados parecen ser “tan magros como la tendencia general”.

De las 128 causas analizadas, apenas 10 han sido formalizadas, lo que equivale a solo un 7,8%. De este mismo universo, solo se decretaron medidas cautelares para 15 imputados, de los cuales 2 corresponden a prisión preventiva, 1 al arresto domiciliario total y en más de la mitad se decretó la prohibición de acercarse.

«Los resultados no sólo son ‘magros’, sino que además, las causas muestran un muy escaso estado de avance. La consecuencia es que los jueces alcanzan a tener poca participación en los procesos, que no alcanzan la etapa de juicio y, en su mayoría, no llegan a formalizarse. Por lo tanto, más que analizar la respuesta de los tribunales, hay que tratar de entender qué está pasando con el trabajo de la policía y el Ministerio Público. En definitiva, los números evidencian el quiebre del Estado de derecho en la zona, lo que repercute en la impunidad vinculada a los delitos de homicidios, lesiones y amenazas», afirma José Miguel Aldunate, director ejecutivo del Observatorio Judicial.

Los números son preocupantes considerando que 69 de las causas observadas corresponden a homicidio –2 consumados, 1 tentado, 57 frustrados y 9 son casos reservados–, 38 a amenazas y 21 a lesiones.

Entre los delitos formalizados, en su mayoría se tratan de amenazas, seguidos de lesiones menos graves y usurpaciones, dejando en el último lugar el delito de homicidio, lo que coincide con el alto número de causas asociadas a éste que se interponen “contra quien resulte responsable”. Aún así, el informe asegura que “es preocupante que sean los delitos de homicidio aquellos donde la persecución penal resulte más ineficaz, atendida la gravedad del ilícito”.

Además, solo una proporción menor de las causas que han ingresado durante los años 2018, 2019 y 2020 ha concluido, específicamente un 36% de ellas, es decir: hay 82 procesos que siguen vigentes, habiéndose terminado solo 46 causas. Entre las causas terminadas se puede observar que la mayoría de ellas lo ha hecho por decisión de no perseverar (19), seguidas por las causas terminadas por archivo provisional (14). Otras 6 han sido sobreseídas y el mismo número ha terminado por acumulación con otros procesos.

El Observatorio Judicial, en su reporte, asegura que si el efecto de las 82 investigaciones cuya tramitación está pendiente es similar al de las causas terminadas, “el sistema judicial habrá producido resultados decepcionantes, lo cual empeora si atendemos a la gravedad de los delitos considerados”.

Entre las causas aún vigentes –51 por homicidio, 22 por amenazas y 16 por lesiones– tampoco existe un avance considerable, ya que el número de causas formalizadas es bajo, de hecho, entre las causas por homicidio hay solo 2 formalizadas.

Según el análisis, “llama la atención el alto número de decisiones de no perseverar de las causas de homicidio así como la gran cantidad de causas de amenazas que terminan en sobreseimiento”, ambas con 8 casos.

Sobresale que del total de causas analizadas existan solo 2 condenas, una en un procedimiento monitorio y otra en un procedimiento simplificado. En la primera se aplicó una multa de 4 UTM mensuales por el delito de amenazas y en la segunda se aplicó una multa de un tercio de UTM por el delito de lesiones menos graves y la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo por el delito de amenazas.

En vista de esta situación, Aldunate plantea que «dado que la mayoría de las causas se encuentran en tramitación, la mejor manera de evaluar el trabajo de las instituciones involucradas es atendiendo al estado de avance de los procesos pendientes, donde la formalización es uno de los hitos más importantes. Al respecto, llama mucho la atención que ha habido un aumento explosivo en el número de causas ingresadas que no se ha reflejado en un aumento de las causas formalizadas. Dicho de otro modo, el porcentaje de causas formalizadas ha disminuido considerablemente en los últimos años».

«Lo anterior es coincidente con la alta proporción de causas que no cuentan con un imputado conocido. Esto significa que el sistema de justicia está operando a ciegas. Entonces, se observa un déficit en el trabajo investigativo, ya sea del Ministerio Público, de la PDI o de ambos. Obviamente, son ellos quienes deben precisar este diagnóstico porque nadie conoce mejor sus falencias», explica el Director del Observatorio Judicial.

Solo en 4 de las 69 causas por homicidio se identificó al autor del delito

De un total de 128 causas, 28 empezaron por denuncia y todas las restantes comenzaron por querellas, donde el principal querellante es la Intendencia con 66 causas, seguido por las denuncias particulares que corresponden a 29 casos. Con respecto a este punto, Aldunate diferencia que «el motor que hace avanzar los procesos en una alta proporción de casos es el interés de los particulares o del Poder Ejecutivo en vez del Ministerio Público». Pese a esto, ninguna querella ha resultado en condena.

El 67% de las acciones penales se interpusieron contra “quien resulte responsable”, sin contar con un imputado conocido, lo que se repite particularmente en el caso de los homicidios en donde se pudieron identificar apenas 4 causas con un imputado conocido, desconociéndose el autor del delito en las 65 restantes. Según el informe, ese dato “apunta a graves falencias de investigación, ya sea de parte de la Fiscalía, de las policías o de ambas”.

Destaca que de 69 causas por homicidio solo hay dos formalizadas y ninguna condena.

En el caso de las lesiones, 10 se interpusieron contra quien resultara responsable y 8 contra un imputado conocido, mientras que en el delito de amenaza primaron estas últimas con 23 casos, versus 18 contra quien resultara responsable.

Por otro lado, en cuanto a las víctimas de los delitos analizados se pudo comprobar que los principales afectados de los distintos delitos de homicidio son personal de Carabineros, seguido por trabajadores y residentes. Hubo más de 30 casos de homicidios contra carabineros, 2 casos de homicidios calificado y un caso de homicidio con calificación terrorista.

El análisis sobre los delitos asociados a aquellos de homicidio da cuenta del “contexto de extrema violencia en que se producen”. Junto al porte ilegal de armas y los disparos injustificados, destacan los delitos de incendio, colocación de barricadas y el delito de apropiación de monumento nacional. Esto se relaciona, según el informe, con que buena parte de los homicidios se produzcan contra el personal de Carabineros, “que acude a las zonas de conflicto a restablecer el orden público”.

En cuanto a los delitos de amenazas, la mayoría de estos se dirigieron en igual proporción contra trabajadores de empresas y propietarios o residentes de terrenos o predios agrícolas, mientras que los delitos de lesiones fueron principalmente contra trabajadores, residentes y camioneros. Los actos delictivos asociados a las lesiones son más variados, pero el más repetido es el de homicidios, con 5 casos. También destacan los atentados contra la propiedad privada como la usurpación y el robo con intimidación. Con respecto a las amenazas, estas se encuentran relacionadas a la toma de predios y otros delitos contra la propiedad, mientras que los delitos asociados que más se repiten son la usurpación y los daños, lo que da cuenta del propósito de amedrentar a los dueños de los terrenos reclamados.

Los autores concluyen que “tanto los delitos de homicidios como de las lesiones indican que estos delitos se cometen en contextos particularmente violentos, puesto que se asocian a delitos como el incendio”. Mientras que las amenazas “se producen en el contexto de las tomas de predios”, ya que se producen conjuntamente con los delitos contra la propiedad.

Otro punto relevante con respecto al delito de homicidios es que de 69 causas, en 48 de ellas el Ministerio Público decidió no perseverar. «Son causas no formalizadas en que el Ministerio Público decide no seguir investigando por falta de pruebas. Que la mayoría de las causas por un delito tan grave como el homicidio terminen por esta vía habla de la situación de impunidad que existe en la zona», afirma Aldunate.

Poca participación del Poder Judicial

Entre las principales conclusiones obtenidas por los autores del informe, aseguran que “queda de manifiesto que los miembros del Poder Judicial parecen tener poca participación en los procesos, que no alcanzan la etapa de juicio y, en su mayoría, ni siquiera llegan a formalizarse”.

Según el Observatorio Judicial y la Multigremial, la mirada de la opinión pública debiera centrarse en “el actuar de los fiscales y las policías y el déficit en la etapa de investigación”. Sin embargo, sostienen que no puede concluirse negligencia ni intencionalidad por parte de los fiscales, “pero sí un déficit institucional de cuyas causas debe dar cuenta el propio Ministerio Público”.

Entre las razones para la ocurrencia del fenómeno exponen una “falta de coordinación con el trabajo de las policías de la zona” y aseguran que sus conclusiones “ponen en el órgano persecutor la carga de explicar a la ciudadanía a qué se debe la escasez de resultados”.

Dentro de las observaciones subrayan la pérdida de efectividad en la persecución penal, debido a que la brecha entre el número de ingresos de causas y el número de formalizaciones se ha ido acrecentando en el tiempo. Mientras ha habido un aumento en los ingresos judiciales, esto no se ha traducido en un aumento proporcional en el número de formalizaciones a lo largo del período, sino que se han mantenido estables.

Y con respecto a la aplicación de medidas cautelares, exponen que es llamativa la escasez de ellas y las pocas veces en que son solicitadas por fiscales. Este dato, “desmiente la tesis según la cual se estaría produciendo un abuso de la prisión preventiva por los actores del sistema judicial”, aseguran, ya que en solo 2 de 128 casos se aplicó esta medida.

El detalle del informe será presentado hoy al mediodía por el Observatorio Judicial en conjunto con la Multigremial de La Araucanía.