Un agricultor y su esposa resultaron gravemente heridos tras un ataque incendiario ocurrido en Carahue la madrugada del 19 de septiembre. Un grupo de encapuchados pretendía quemar viva a la pareja dentro de su vivienda, y las causas del suceso fueron asociadas al robo de madera. Exactamente un mes antes, el 19 de agosto, una adolescente de 16 años no logró sobrevivir a un ataque incendiario en Cañete. Entre los escombros de la cabaña también hallaron el cuerpo de un hombre, pero en esa ocasión las autoridades fueron cuidadosas de no asociar el suceso al conflicto que se vive en la Macrozona Sur, sino que lo relacionaron con narcotráfico.

Para el presidente de la Multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, en ninguno de los dos hechos corresponde hacer diferenciaciones, pues enfatiza que hay un “modus operandi” común; y siempre se repiten los mismos delitos: narcotráfico y robo de madera, crímenes que ocurren con más frecuencia en zonas en donde el Estado “perdió el control territorial”.   

“Hay grupos paramilitares que ejercen violencia y ejercen control territorial y en esas áreas es en donde los delitos se multiplican, principalmente el robo de madera, narcotráfico, pero también otros delitos, como robo de vehículos, de animales, todo tipo de robo”, denuncia Santibáñez.

-En agosto una adolescente de 16 años murió quemada en una cabaña en Tirúa, ahora queman dentro de su casa a una pareja en Carahue. En ambos casos hubo reticencia de las autoridades en asociar los sucesos al conflicto. ¿Por qué cree que eso ocurre?

-Ha sido tradicional en este gobierno, y en anteriores, no enfrentar frontalmente el tema. Habría que preguntarle a ellos cuáles son las motivaciones para no asociarlo, pero son métodos muy similares, independientes de las personas que sean los autores y de las motivaciones que tengan. Los métodos y los resultados son los mismos y, probablemente, estén relacionados a los mismos delitos que se repiten: drogas, robo de madera. En Carahue aparentemente las evidencias indican que tiene que ver con robo de madera. Estos delitos ocurren en zonas donde hay una mayor gravedad del conflicto, donde el Estado pierde control territorial y donde no es capaz de abordar el problema como se debe. Siempre se busca minimizar el problema, pero al final está todo relacionado.

-¿Cuando usted dice que los métodos siempre son parecidos, se refiere a que son grupos de hombres, encapuchados, a medianoche?

-Armados, con armas de alto calibre, que incendian, destruyen. 

-En su carta a El Mercurio del miércoles señala que se está viviendo “el peor momento de violencia en el sur de Chile”. ¿Cuáles son los argumentos detrás de esta afirmación?

-Nosotros llevamos una estadística desde hace muchos años, que es el Barómetro de Conflictos; este año la cantidad de hechos violentos, llámense atentados incendiarios o atentados con armas, más que duplican los que hubo el año pasado. La misma información entregó el Coordinador de Seguridad de la Macrozona. Él habló a mediados de año de 800 actos violentos, no especificó el detalle, pero eso suponía 5 hechos por día y son datos de primera fuente porque él tiene información de las policías. En nuestra estadística, van más de 200 atentados y en la estadística del Coordinador de Seguridad también se ve un aumento muy grande respecto del año anterior, y ya el año anterior era alto.

Todo el tema del control de los caminos probablemente dependa de una decisión política, no de un Estadio de Sitio».

-¿Hay diferencia en el caso de Carahue con el de los Luchsinger-Mackay? En cuanto al modus operandi y las causas.

-El modus operandi es similar, porque en definitiva quemaron una propiedad con personas adentro, de noche, y actuó un grupo armado. Las motivaciones no son claras. Yo entiendo que hay una relación con el tema del robo de madera, a eso apuntan los primeros indicios, pero más allá de si esta gente tiene una causa política o delictual los hechos, para nosotros, son los mismos, porque están cometiendo delitos graves, las autoridades no son capaces de abordarlos y estos delitos ocurren permanentemente. En el caso que mencionó antes, el de Cañete, también se quiso diferenciar pero en paralelo se llamó a las comunidades a distanciarse de la droga y hubo versiones de prensa que lo relacionaban a un grupo llamado Los Huellanos, que operan al sur del Lago Lleu Lleu, entonces los delitos de drogas y robo de madera, asociados a áreas donde el Estado pierde el control es lo que ocurre acá.

-Siempre se ha dicho que el robo de madera y el narcotráfico, son precisamente los delitos con los que se financian los grupos radicales, entonces ¿por qué hacer una diferenciación ahora? 

-Claro, además que es solo un artilugio comunicacional. Tenga o no relación directa con un grupo armado con una causa de control territorial como la CAM, esos delitos se dan donde estos grupos operan. No tengo antecedentes para afirmarlo, pero puede haber relación porque actúan donde estos grupos toman control territorial, donde usan armas y detrás van los otros grupos, pero para efectos prácticos es lo mismo. Lo que falta es orden, acción del Estado. Con sacar la pelota para el lado, lo único que se hace es tratar de minimizar el problema y no enfrentarlo. 

Más del 80% de las causas son archivadas por falta de antecedentes, eso indica que el problema más grave está entre las policías y el fiscal».

-¿Con qué fin se podría estar buscando tapar o minimizar lo que está ocurriendo en la macrozona? 

-Eso habría que preguntárselo a ellos, pero en definitiva, el Gobierno a través del Ministerio del Interior, está actuando casi como un comentarista y no está tomando las medidas suficientes para que estos hechos no se sigan repitiendo. Sabemos y entendemos que el Congreso no ha ayudado con la celeridad de la legislación, pero con lo que hay el Gobierno debería hacer mucho más, porque aquí los hechos se repiten y no es un tema de aclaraciones, a nosotros nos complica que los hechos se repiten y se siguen repitiendo. 

-También menciona en la carta que es el momento de que el Estado actúe con toda su fuerza, ¿es partidario del Estado de Sitio?

-No, yo no soy partidario del Estado de Sitio, pero sí creo que en esas zonas, donde ocurrió este atentado, en Tirúa, todas las zonas de Cañete al sur casi hasta Puerto Saavedra donde murió el señor Marchant y donde se repiten los atentados, debiera existir un control súper estricto al desplazamiento de vehículos, particularmente de noche. Esta gente se traslada con armamento de alto calibre, con elementos para destruir, para quemar, y lo hacen con total facilidad. Ejercer ese control probablemente requiere de apoyo militar, porque Carabineros no tiene la dotación. Debe haber una combinación de controles fijos y móviles bien implementados, con blindados, porque no se puede exponer al personal a que les disparen. También ubicar elementos para que los vehículos estén obligados a reducir la velocidad cuando llegan al control. Eso es lo que se reclama de la acción del Estado. Y, por otra parte, el Congreso debe agilizar las leyes que hace mucho tiempo están en espera: mejoramiento de la ley de control de armas, la ley anti terrorista, modernización y mejoramiento de las policías, todos esos temas se tienen que abordar. 

Esta gente se traslada con armamento de alto calibre, con elementos para destruir, para quemar, y lo hacen con total facilidad».

-Hemos visto recientemente también un interés en no hablar del conflicto mapuche, sino de delincuencia común. ¿Le parece esa una estrategia adecuada?

-Eso ocurre, pero al final la causa que el Estado no ha abordado es que hay grupos extremistas, paramilitares con instrucción para ejercer violencia, que empiezan a controlar territorios y cuando lo logran ocurren el resto de los delitos y muchas veces están mezclados. Temucuicui es el mejor ejemplo, 800 policías no pudieron entrar, hay gente con orden de detención y la policía no va. Hay una combinación de grupos violentistas con narcotráfico, con violencia. Está el caso de Collipulli, donde hubo tortura, también una comunidad en donde hay droga, hay violencia. Es una estrategia tratar de separarlo, pero en el fondo es no abordar el problema de frente. Hay grupos paramilitares que ejercen violencia y ejercen control territorial y en esas áreas es en donde los delitos se multiplican, principalmente el robo de madera, narcotráfico, pero también otros delitos, como robo de vehículos, de animales, todo tipo de robo.

“En 2021 ha habido un aumento de detenidos, pero estimamos que sigue siendo bajo”

-Hay en este momento 74 personas en prisión por los hechos de violencia en la Macrozona, de ese total 17 ya están condenados y 57 se encuentran en prisión preventiva. ¿Ha mejorado la acción de las autoridades o en el universo de atentados esto sigue siendo poco?

-Nosotros hicimos un estudio con el Observatorio Judicial que ya lleva tres informes: uno relacionado a homicidios, lesiones y amenazas; otro con atentados incendiarios y otro con usurpaciones. Allí se ve que finalmente del 1% al 2% de las causas tienen sanciones, y muchas veces tienen sanciones muy leves. Hasta donde está analizado en detalle, que es hasta el 2020, la acción es muy insignificante respecto a la cantidad de delitos y delitos graves. Entendemos que en 2021 ha habido un aumento de detenidos, pero estimamos que sigue siendo bajo, no tenemos el detalle, pero sabemos que han aumentando mucho lo delitos este año, como lo explicaba antes y, por otra parte, creemos que estos detenidos principalmente están concentrados en robo de madera, donde hemos visto más más resultados, pero no así en atentados incendiarios, que son los grupos que generan este ambiente de control territorial e impunidad.

-¿Cuál cree que es la responsabilidad de la Fiscalía y de los jueces?

-Ese estudio muestra que más del 80% de las causas son archivadas por falta de antecedentes, eso indica que el problema más grave está entre las policías y el fiscal. Pero no quiero cargarle la mano exclusivamente a la policía, porque en zonas de la costa como Cañete, a los Carabineros les disparan con armamento de alto calibre, allí es re-difícil hacer una investigación si no hay una decisión política de otorgar los medios para controlar esa zona. La primera responsabilidad de las policías es hacer ver qué medios les faltan para ejercer su función, y decirlo fuerte porque el problema es grave, pero es una decisión de los gobiernos y del sistema político dar los recursos, incrementar significativamente los medios para abordar el problema. Todo el tema del control de los caminos probablemente dependa de una decisión política, no de un Estadio de Sitio, pero sí utilizar a los militares para limitar la libre circulación de grupos paramilitares que hacen daño. No se le puede imputar aquí a una institución el problema, hay un problema del Estado completo. El que tiene la iniciativa para mejorarlo principalmente es el Ejecutivo y, lamentablemente, el Congreso ha sido totalmente obstructivo en este tema, como en otros, no ayuda mucho.

El Gobierno a través del Ministerio del Interior, está actuando casi como un comentarista y no está tomando las medidas suficientes para que estos hechos no se sigan repitiendo».

-Está de acuerdo en que estos presos sean indultados, como solicitó la Convención Constitucional.

-La Convención tiene suficiente tarea con hacer la Constitución como para asignarle otros temas. Y están atrasados con su pega, que hagan la pega mejor y que la hagan bien. Este tema en realidad lo tienen que afrontar los poderes del Estado que tienen las atribuciones para ello. Mañana habrá cambios y nos adaptaremos, pero hoy día la responsabilidad la tiene el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

-La Araucanía consecutivamente ha resultado como la región más pobre de Chile. ¿Cree que esa pobreza es un caldo de cultivo para los violentos?

-Una de las razones históricas de la pobreza en la región es que la propiedad está muy atomizada en las comunidades, lo que pasa con los terrenos indígenas es que se van subdividiendo ante la prohibición de vender y ahí aparece una población rural grande, que es pobre. Vemos que la política de compra de tierras lo que hace es perpetuar este problema, y a eso se agrega la violencia que espanta la inversión. Mientras este problema no se resuelva va a ser difícil despegar de esos últimos lugares. La región tiene tremendos potenciales, tiene muy buenos terrenos, tiene potencial de turismo, tiene un clima adecuado para la agricultura, para la parte forestal, pero obviamente este tema afecta la decisiones de inversión de cualquiera y eso complica las expectativas. 

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