Gobierno de Boric decretó tres polémicos sitios de memoria en dependencias de las FF.AA. a cinco días de dejar La Moneda

“Fue un trámite rápido”; “afecta la seguridad de unidades militares que deben cumplir con normas que exige el mismo Estado”; “termina siendo un patrimonio incómodo por la presión de grupos minoritarios”.

Estas son algunas de las reacciones de expertos recogidas por El Líbero al analizar los decretos exentos 39, 41 y 42 promulgados el 6 de marzo de 2026, cuando sólo faltaban cinco días para el cambio de gobierno, y publicados el pasado 20 de marzo.  

En ellos se recoge lo acordado en la sesión ordinaria del 28 de enero de 2026 del Consejo de Monumentos Nacionales, presidida por la entonces subsecretaria del Patrimonio Cultural y presidenta del CMN, Carolina Pérez Dattari. En esa ocasión se aprobó declarar sitio de memoria los siguientes lugares: Base Aérea Maquehue, comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía; Escuela de Especialidades de la Base Aérea El Bosque, comuna de El Bosque, Región Metropolitana; y el Balneario Popular Camping Las Machas, comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota.

“Anótese y publíquese. Por orden del Presidente de la República.- Carolina Arredondo Marzán, Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”, se lee al final de cada uno de los decretos en cuestión.

Algo de contexto primero: Mientras se desarrolla la polémica sobre Colonia Dignidad, si se expropia o no, si es o no sitio de memoria, qué ministerio lo hace, cuánto cuesta que pase a manos del fisco, y si es Vivienda quien debe correr con los gastos, existen otros lugares, como los ya nombrados, que fueron declarados monumentos nacionales, en la categoría de monumento histórico, requisitos para ser sitios de memoria hace solo algunos días.

Para entender, no existe una ley sobre “sitios de memoria” sino que lo que se hace es declarar un lugar monumento nacional para protegerlo legalmente.

Según se lee en la Guía de Gestión Cultural en Sitios de Memoria del Ministerio de Cultura (2018), los sitios de memoria son “aquellos lugares donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, que han sido señalados, recuperados y gestionados desde los esfuerzos y compromiso de sobrevivientes y familiares”.

Se agrega en el documento: “La declaratoria contribuye a la reparación simbólica a las víctimas, reconociendo oficialmente sus experiencias y memorias; visibiliza y da reconocimiento público a espacios que para la mayoría de la población permanecen desapercibidos y a las organizaciones solicitantes, transformándolas en actores locales y gestores del patrimonio cultural. Las declaratorias de Monumento Nacional ofrecen protección legal y judicial de los vestigios y bienes muebles o inmuebles”.

Este es el marco que es necesario tener para analizar los tres lugares decretados sitios de memoria el 6 de marzo, que hoy son unidades que están activas de las Fuerzas Armadas.

De hecho, en la discusión generada en el Consejo de Monumentos Nacionales el 28 de enero, la seguridad fue un tema que se abordó. Se lee en el acta: “Durante el debate, algunos consejeros y consejeras manifiestan preocupación por la extensión de los polígonos que se propone declarar, dado que las bases aéreas o el camping Las Machas, cercano a la frontera, son espacios estratégicos para la soberanía y la defensa nacional. Esta situación podría dificultar las gestiones de las instituciones a cargo de estos espacios, pero también el acceso o los proyectos que las agrupaciones quisieran implementar para la visibilización y puesta en valor de este patrimonio”.

Incluso, en los tres casos señalados, el Ministerio de Defensa del gobierno anterior entregó una “opinión desfavorable a la declaratoria” por motivos de seguridad.

Se constata, además, que “desde la Secretaría Técnica (del CMN) se explica que las observaciones del Ministerio de Defensa se relacionan, principalmente, con aspectos de estrategia militar, continuidad operativa e intervenciones inminentes”.

Dos bases aéreas y un recinto de entrenamiento militar

El decreto exento 41 define la Base Aérea Maquehue, ubicada en Temuco, como “un bien fiscal con destinación al Ministerio de Defensa Nacional, particularmente a la Fuerza Aérea de Chile, actualmente corresponde a un centro de enseñanza orientado a la instrucción y entrenamiento en tácticas y técnicas de combate terrestre para infantes de aviación y personal institucional”.

Y luego, en los considerandos, se agrega: “Con el golpe de Estado de 1973, este lugar operó como uno de los principales recintos de detención, tortura, ejecución y desaparición forzada en la Región de La Araucanía. (…) En este lugar se registran casos de personas vistas por última vez, lo que refuerza su valor probatorio y simbólico en el marco de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el período”.

La Escuela de Especialidades de la Fach, tal como se lee en la web de la institución es actualmente “un Instituto Técnico de Nivel Superior, reconocido por el Ministerio de Educación (…) cuya formación se caracteriza por ser integral, otorgando conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos que la Institución demanda. (…) Entregamos una preparación militar, orientada a reforzar valores y principios, como la disciplina, respeto, compromiso con la ciudadanía, defensa de la patria y el sentido de pertenencia institucional, reflejados en el honor, la lealtad, cumplimiento del deber y la excelencia en el servicio”.

Actualmente, los jóvenes que ingresan para formarse en la escuela deben tener una edad mínima de 17 años y máxima de 26 años.

En el decreto exento 42 que se declara este lugar de formación como sitio de memoria, se lee: “Es un testimonio material del uso de instalaciones militares como espacios de detención ilegal, interrogatorio y tortura durante la dictadura civil-militar (1973-1990). Su función represiva, ejercida al interior de dependencias destinadas originalmente a la formación profesional de la Fuerza Aérea, evidencia el rol institucional que distintas ramas de las Fuerzas Armadas desempeñaron en la implementación del terrorismo de Estado”.

En el caso del Ejército, el decreto exento 39, de comienzos de marzo se refiere al llamado Balneario Popular Las Machas. Se ubica a 7,4 kilómetros de la frontera con Perú y es “un bien fiscal con destinación al Ejército de Chile, funcionando actualmente como el Cuartel Sargento Mayor Luis Solo de Zaldívar, dependiente de la Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua”.

En el lugar, originalmente concebido como un “balneario popular” en los setentas, actualmente se alista a los uniformados en “un terreno inhóspito y de clima desértico, con un alto nivel de exigencia. Con esta instrucción, el personal del Batallón se prepara para contribuir de manera fundamental a preservar la paz y garantizar la soberanía nacional, mantener la integridad territorial y proteger la población, instituciones y recursos vitales del país”.

Entre los considerandos para la declaratoria de sitio de memoria, se lee en el decreto: “Tras el golpe de Estado de 1973, el sitio fue utilizado como centro de detención informal y lugar de tránsito de personas detenidas por razones políticas, según testimonios judiciales y de agrupaciones de derechos humanos”.

Al igual que las bases de la Fuerza Aérea, se deja constancia de las consultas realizadas a distintas instituciones, incluyendo el Ministerio de Defensa Nacional “en su calidad de administrador del sitio, del cual se recibió una opinión reservada desfavorable a la declaratoria, por motivos de seguridad nacional”.

Críticas: “Vulnera la seguridad” y “es un hostigamiento a las Fuerzas Armadas”

Alguien que conoce del tema es el exconsejero del Consejo de Monumentos Nacionales, el coronel (r) Eduardo Villalón Rojas. Su mirada es crítica y dice que le llama la atención que en estas declaratorias de sitios de memoria y sus respectivos decretos “haya un trámite muy rápido”.

“Son sitios que quedan protegidos por ley al interior de una entidad militar lo que vulnera la seguridad”, apunta el coronel (r) Villalón. Agrega que “deja amarrada una unidad militar que debe reunir las condiciones de seguridad que el Estado le exige por, por ejemplo, tener armamentos y material sofisticado”.

Hace este punto, porque en muchas ocasiones, en los «sitios de memoria» se debe permitir el ingreso a personas ajenas a los recintos militares, hacer algún tipo de habilitación de lugares, etc., que implican posibles afectaciones a la seguridad por ser sitios estratégicos de la defensa.

Villalón plantea que se deberían superar estas divisiones. “Al final, es un patrimonio incómodo porque un grupo minoritario promueve estos sitios con mucha carga ideológica”.

Tema aparte es el propio Consejo de Monumentos Nacionales: “En estos últimos cuatro años se politizó mucho más y entró un sesgo ideológico”, subraya.

Este punto lo comparte el experto en Defensa, Richard Kouyoumdjian: “El Consejo está capturado por la izquierda”. Apunta que esta situación es “uno más de los intentos de reescribir la historia”.

El también vicepresidente ejecutivo de AthenaLab señala que “la izquierda siempre ha querido tener el control de las instituciones armadas y quitarles fuerza”. Destaca que los jóvenes que hoy entran a las FF.AA. son nacidos el año 2007, pero aún así se insiste en estas políticas de mirar la historia sólo con los ojos de la izquierda. Concluye: “Todo esto refuerza la teoría de decir ‘los tenemos controlados, los estamos vigilando’… Es un hostigamiento a las Fuerzas Armadas”.

Consultada la Fach sobre qué implica internamente estos sitios de memoria en dos de sus bases, declinaron entregar opinión. El Líbero también consultó al Ministerio de Defensa sobre cómo se dará cumplimiento a estos decreto y optaron por no referirse al tema.

Desde el gobierno de Boric, en enero hicieron un balance positivo de su gestión en la materia. Así se desprende de una entrevista del entonces ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa (FA): “Cuando asumimos como gobierno, había una crisis de derechos humanos en el país. Eso es innegable, y conecta también con las deudas en materia de memoria histórica, reparación y justicia arrastradas desde la dictadura. Entonces, en Bienes Nacionales asumimos también la misión de saldar esa deuda. Como ministerio encargado de la propiedad fiscal, donde fundamentalmente se llevaron a cabo las tareas de exterminio, tortura y detención en dictadura, nos correspondía actuar en materia de memoria histórica”.

“El balance, con mucho orgullo, es que recuperamos y gestionamos treinta nuevos sitios de memoria. Eso significa que hoy cerca del cincuenta por ciento de los sitios de memoria activos en el país fueron gestionados en el gobierno del Presidente Boric. Y hay muchos emblemáticos”, decía el entonces ministro.