A casi dos semanas de que 35 personas, la mayoría estudiantes, resultaran quemadas luego de registrarse un incendio en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) -por la explosión de una bomba molotov o del descontrol generado luego de que intentaran incinerar algunos overoles blancos, según ha trascendido en las primeras versiones-, no está claro quiénes tendrían que responder legalmente por lo ocurrido.
A la fecha, 21 de los afectados permanecen hospitalizados, seis de los cuales en estado crítico, de acuerdo con reportes del Ministerio de Salud. Todos se encontraban al interior del mencionado liceo emblemático, cuya actual sostenedora es la alcaldesa Irací Hassler (PC), que desde el inicio de su campaña a la Municipalidad de Santiago e incluso desde su época de concejal se manifestó contraria a la aplicación de la Ley Aula Segura.
En la cadena de responsables en una institución como el INBA, liceo municipal emblemático de la comuna de Santiago, le siguen el director de la Dirección de Educación Municipal (DEM), Rodrigo Roco, y la directora de la institución educativa, María Alejandra Benavides.
Bárbara Soto, quien fue Seremi de Educación de la Región Metropolitana durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y Christopher Gotschlich, que fue subdirector jurídico de la Municipalidad de Santiago en el mandato de Felipe Alessandri, coinciden, al ser consultados por El Líbero, en que incluso podría haber responsabilidad penal en este caso. Ambos remarcan que todo depende de la investigación.
El Ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), dijo a la prensa desde la semana pasada que se investigaba la posible falta de extintores en la institución. Mientras, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, dijo que evalúan posibles acciones por la tragedia del INBA. Los dos insitieron en que se deben esperar los resultados de las indagaciones que efectúa la Fiscalía.
«No es descartable la configuración de algún ilícito penal, sobre todo por omisión»
Aunque advierte que es difícil hablar de dolo o intencionalidad en este caso, Gotschlich señala que «sí podría configurarse negligencia en el cumplimiento de obligaciones legales, y eso, originar algún tipo de responsabilidad penal».
«Sin tener mayores antecedentes de cómo ocurrieron los hechos, no es descartable la configuración de algún ilícito penal, sobre todo por omisión del deber de garante que posee el sostenedor o los funcionarios municipales responsables para con los alumnos», señala.
Conforme al abogado, una hipotética responsabilidad penal en un caso como el ocurrido dentro de un liceo municipal recaería sobre el alcalde, el director de educación y director de la institución educativa. En esta situación sería, conforme a ese criterio, Hassler, Roco y Benavides.
Sobre una posible responsabilidad penal se refirió también Soto, la exseremi de Educación de la RM. «En términos penales hay dos opciones. Uno, que se descubriera, con pruebas, que hubo intención de dañar a los estudiantes. Dos, que se descubriera que hubo encubrimiento. En ambos casos podría haber responsabilidad penal, pero para confirmar eso el Ministerio Público tiene que hacer una investigación profunda», advierte.
En cuanto al encubrimiento señaló que se configuraría si «alguien hubiese actuado como cómplice o un tercero del colegio hubiese proveído combustibles o materiales para armar las bombas molotov a los estudiantes».
Hassler y el «deber de seguridad» que no prestó como sostenedora del INBA
Por la vía administrativa también se podrían determinar responsabilidades en este caso. «Existe un deber del sostenedor de dar continuidad al servicio educativo y de eso, se desprende un deber de seguridad al ser un órgano de la administración del Estado. Las sanciones pueden ir desde la perdida del reconocimiento oficial y por ende, dejar de funcionar como establecimiento educacional, hasta multas pecuniarias», explica Gotschlich.
En criterio del abogado, la Superintendencia de Educación puede iniciar de oficio un procedimiento sancionatorio administrativo por infracción a normas educacionales. «En este caso, por afectación de la convivencia escolar o contravención a la obligación de la autoridad municipal de asegurar la continuidad del servicio educacional de conformidad a lo establecido en la Ley General de Educación», señala el jurista, en cuyo criterio es claro que una eventual responsabilidad administrativa recaería sobre el sostenedor de la institución.
«Los sostenedores, sean municipalidades o Corporaciones municipales, deben impetrar todas las medidas para evitar que ocurran situaciones que alteren gravemente la convivencia escolar, tales como el uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios y su contravención, genera responsabilidad», advierte el abogado, señalando que lo ocurrido también podría dar para ejercer acciones legales de naturaleza civil por parte de los afectados.
«Podría haber una falta administrativa que debería recaer en primera instancia en la directora del colegio»
En criterio de la exseremi de Educación, Benavides podría, dependiendo de lo que se halle en la investigación, resultar responsable administrativamente.
«Si en la investigación se determina que no estaban todas las medidas de seguridad o que hubo protocolos que no se cumplieron podría haber una falta administrativa que debería recaer en primera instancia en la directora del colegio, porque es la primera responsable», sostiene Soto, quien no descarta que también puedan recaer culpas sobre la DEM.
Benavides, que también se ha manifestado contraria a la aplicación de la Ley Aula Segura y causó polémica cuando posó para una foto que publicó en su cuenta en Facebook portando una polera del grupo radical Antifa, manifestó el mismo día del suceso que se trataba de un «hecho aislado».
«Tenemos una ley -Aula Segura- que no hizo nada y todo el mundo pide que se derogue o modifique. El camino no es a través de lo punitivo. Esa es la mayor muestra de que tenemos que avanzar hacia el diálogo», dijo Benavides en entrevista concedida a La Tercera en mayo de 2022, titulada «Mucho de lo que piden los estudiantes es que alguien se preocupe de ellos».
El alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes, ya anunció que la sacará del cargo. «De todas maneras: la voy a cambiar sí o sí», dijo a los medios. «La persona que sale con semejante frase, perdóneme, si el INBA teniendo capacidad para 2.500 jóvenes hoy día no tiene ni un tercio de eso, es precisamente porque están amendrentados los profesores, los auxiliares, las demás familias», agregó.
Director de la DEM dejaría el cargo al que llegó por Alta Dirección Pública el mismo día que Hassler termine su mandato
Personas vinculadas a la Dirección de Educación Municipal de Santiago (DEM) relataron, bajo la solicitud de que sus nombres se mantuvieran en reserva, que el director de esa instancia, Rodrigo Roco, ha ido anunciando desde la semana pasada, de manera informal, que dejará el cargo el 6 de diciembre, mismo día en el que Hassler abandona el Palacio Municipal de Santiago e inicia el período de gobierno municipal de Desbordes.
«Sospechamos que hay adultos, externos, que están motivando estas cosas», declaró Roco ante los medios el mismo día del incidente.
Desde septiembre de 2022, El Líbero, tras una investigación periodística, había advertido la participación de mayores de edad ajenos a las instituciones educativas en las manifestaciones de los estudiantes que terminaban en hechos de violencia. «Bolsas con acelerantes por sobre los muros: cómo ayudan los adultos a secundarios en protestas», se tituló el reportaje.
En todo caso las labores de Roco en la DEM causaron polémica, pues durante más de nueve meses ejerció como director, aunque en verdad estaba contratado como Jefe de Gestión Institucional y los rectores de algunos liceos denunciaron tratos discriminatorios por parte del director de la DEM. Fue el caso de la ex rectora del Liceo Darío Salas, Lilian Vicent, y el ex rector de el Liceo de Aplicación, Humberto Garrido.
La Municipalidad de Santiago estuvo en mora con el nombramiento formal en este cargo por más de un año. No fue sino hasta mayo de 2023, tras concurso de Alta Dirección Pública en el que Roco participó, que el funcionario entró de pleno derecho como director, luego de ser elegido por Hassler. Ahora, menos de un año y medio después, estaría decidiendo abandonar la DEM, justo después de los hechos ocurridos en el INBA y de la derrota electoral de la actual alcaldesa, que iba por la reelección.
Lo que han manifestado los apoderados del INBA
Se desconoce si hasta ahora algún apoderado del INBA ha ejercido alguna acción penal en contra de la institución educativa, de la DEM o de la Municipalidad de Santiago, como instituciones o en la persona de quienes ejercen cargos de autoridad en dichas instancias.
«No es descartable que los apoderados o los alumnos afectados interpongan acciones civiles indemnizatorias contra el municipio por responsabilidad extracontractual y con ello, solicitar la reparación del daño moral y físico experimentado», asevera Gotschlich.
El abogado insiste en que en los hechos ocurridos en el INBA existe una contravención a ciertos deberes legales como el de dar continuidad al servicio educativo, del cual se desprende además, el deber de seguridad al prestar dicho servicio. «Este es un elemento esencial para configurarse la obligación de indemnizar por parte de una Municipalidad», asevera.
«Ante los graves hechos ocurridos en el INBA, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la seguridad de nuestros hijos en el establecimiento (…). Solicitamos que se realice una investigación exhaustiva a todos los involucrados y no solo a los estudiantes sobre los hechos acontecidos, ya que no solo un grupo de estudiantes fue afectado físicamente, sino también otros estudiantes de vieron impactados de distintas formas», indican los apoderados a través de la cuenta en Instagram @CEPA_INBA.
En los comentarios de la publicación, uno de los usuarios advierte que en redes estuvo circulando otro comunicado. En efecto, el mismo día del hecho se hizo viral.
«Como apoderados del establecimiento a la comunidad y a la opinión pública (queremos) ser tajantes en condenar y no dejar espacio a ningún intento de criminalización a estudiantes, que por lo demás, se presume que son menores de edad (…). Las manifestaciones extremas son múltiples y siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgar su vida y su libertad por hacer ruido suficiente para ser escuchado. Ojalá todos tuviéramos a nuestro hijos cómodos, amados y resguardados. Pero hay jóvenes que traen rabia y pena y una enorme incertidumbre al futuro. Manifestarse es un derecho, vivir sin nada que reclamar es un privilegio», se indicaba en el otro documento, que también tenía el logo del INBA.
Además de las investigaciones de la Fiscalía, desde el Ejecutivo se conformó una mesa de trabajo interinstitucional tras los hechos del INBA. la instancia es encabezada por el ministro Cataldo y la integran además la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; el delegado presidencial regional, Gonzalo Durán; el director de la DEM y Benavides, la rectora del Liceo.