En la oficia de la rectoría del Liceo Darío Salas se encontraba el Director de Educación Municipal de Santiago, Rodrigo Roco, junto a parte del equipo docente de ese plantel y a Juan Carlos Madrid, a quien ya estaba presentando como nuevo director de esa institución, cuando la hasta entonces directora de ese colegio, Lilian Vicent, entró llorando a la que era su oficina y en la que aún se hallaban todas sus pertenencias.
La afectada no estuvo allí desde el principio porque había acudido a una cita en la Dirección de Educación Municipal (DEM), en la que le informaron lo mismo que a sus espaldas y en simultáneo el director ejecutivo de Educación les estaba comunicando a los profesores del liceo: que había un sumario en su contra y que estaba suspendida.
Esos son parte de los hechos, ocurridos el 29 de marzo de 2022, que están narrados en el fallo que el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago dictó esta semana, en el que resolvió a favor de Vicent la tutela laboral por daño moral que esta interpuso en contra de la Municipalidad de Santiago, instancia representada legalmente por la alcaldesa Irací Hassler (PC).
«Finalmente los tribunales me dieron la razón, de que sí, la alcaldesa Irací Hassler y Rodrigo Roco habían vulnerado mis derechos y había existido acoso laboral, así que estoy muy contenta con el fallo», señala Vicent a El Líbero.
Sentencia obliga a la plana mayor de la DEM a asistir a una capacitación en derechos fundamentales laborales
En la sentencia se ordena, además del pago de $5.000.000 como indemnización, que «toda la plana mayor de la Dirección de Educación Municipal» está obligada a asistir a «una capacitación (…) en derechos fundamentales de las personas, su ejercicio y resguardo en el ámbito laboral y acoso laboral».
El taller deberá efectuarse «a costa de la denunciada», por parte de «un docente reconocido en la materia, que determinará el número de horas que requiera para dicha capacitación». El juez sentenció además que «deberá registrarse la asistencia de los participantes con su firma». También deben asistir las jefaturas del liceo.
«Creo que con esto se hizo justicia. Ese día -el 29 de marzo de 2022- cuando los encontré en mi oficina, le dije al director que por qué había hecho eso, que si no había visto mi gestión. No me decía nada. Yo insistí, llorando. Me dijo que venían más sumarios, que no tenía nada que hablar conmigo y cerró fuertemente la puerta, dijo que al otro día me iba mandar a sacar», relata la ex directora.
Disculpas públicas a la ex directora del Liceo Darío Salas
En el fallo se ordena a la parte demandada «enviar un comunicado a todos los integrantes del establecimiento educacional, solicitando las disculpas públicas por lo ocurrido el día 29 de marzo de 2022 en las dependencias de dicho establecimiento y que denostaron los derechos fundamentales de la demandante, comprometiéndose a respetar los derechos fundamentales de la denunciante».
Un documento con ese mismo contenido también deberá mandarse a «todos los directores de los establecimiento municipales de la comuna».
«Esto reivindica que realmente yo tenía razón, que realmente hubo una persecución, un acoso y que ellos estaban haciendo acciones en mi contra», insiste la rectora que actualmente tiene una licencia por depresión, enfermedad laboral que le fue diagnosticada, asegura, por la Superintendencia de Salud.
Esta, en todo caso, no es la única demanda que ha interpuesto la ex rectora en contra de la municipalidad. Están pendientes por resolver una por injurias y otra por enfermedad profesional.
El fallo: «No es posible considerar alguna justificación para la conducta del Señor Roco»
En el fallo de primera instancia, el juez fue enfático: «No es posible considerar alguna justificación para la conducta del Sr. Roco dependiente de la denunciada, pues para el test de proporcionalidad se requiere un interés y objetivo legítimo, ajustado a Derecho, y no puede estimarse que una humillación que no aporta beneficio legal alguno al empleador puede encontrar justificación en el derecho de organizar y administrar la empresa, en este caso el servicio público que se entrega a la comunidad, pues esta no recibe beneficio alguno de las denostaciones proferidas, así como tampoco la empleadora y no se enmarcan en un fin legítimo».
El Líbero tuvo acceso a la sentencia, en la que se establece que fue vulnerado el derecho a la honra de Vicent. Eso sí, este medio se abstiene de publicarla enteramente debido a que la causa se encuentra reservada, conforme a la información que arroja la página del Poder Judicial. Vicent asegura que así se decidió a petición de la Municipalidad de Santiago.
En febrero de este año, eso sí, fue resuelto en contra de Vicent el sumario por maltrato y acoso laboral que se abrió en su contra el día de los hechos en los que se fundamenta la demanda.
«El sumario era una excusa para suspenderme y sacarme del camino, porque la persecución en mi contra fue horrible a raíz de que apliqué la Ley Aula Segura», había dicho desde antes la ex directora, que había llegado al cargo por Alta Dirección Pública en 2019.
Propio de gobiernos totalitarios. La alcaldesa y todas las autoridades de educación municipal actúan así, muy bien preparados y coordinados. Sucede en Santiago, en Ñuñoa y en muchas otros municipios. Vergüenza nacional como destruyen la antigua pero funcional sistema de educación publica municipales.