Polémica generó la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, de remover del caso ProCultura al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Esto ocurrió después de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegales las resoluciones del Juzgado de Garantía de esa región, que permitieron las escuchas del teléfono de Josefina Huneeus, exmujer del creador de la fundación, Alberto Larraín, y expsiquiatra del Presidente Gabriel Boric.
El dictamen, en el que se ordenó eliminar del expediente toda la información obtenida a través de dichos pinchazos -una de las escuchas fue una conversación entre Huneeus y el Presidente Boric-, fue emitido en respuesta a un recurso de amparo que presentó la defensa de Huneeus el pasado 9 de mayo. El fallo fue dictado siete días después por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Los ministros Virginia Elena Soublette, Jaime Aníbal Rojas Mundaca y el fiscal judicial Rodrigo Alejandro Padilla son los juristas que tomaron la decisión por unanimidad.
Pero este no es el primer fallo controversial que han dictado estos integrantes del Poder Judicial. Eso sí, no los tres en conjunto, sino en decisiones tomados junto a otros ministros.
Caso ProCultura: actuaciones policiales «propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales eran vulneradas por agentes del Estado»
En el caso de la declaración ilegal de las escuchas telefónicas de la exmujer de Larraín, generó especial polémica una de las consideraciones que los ministros incluyeron en el fallo, para dar piso legal a su decisión.
«Se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado».
Así se indica en la decisión, que es de acceso público en la página del Poder Judicial, en la que se dejan sin efectos las resoluciones del Juzgado de Garantía de Antofagasta dictadas el 16 de octubre de 2024, el 6 de diciembre de 2024 y el 10 de febrero de este año, en las que se autorizaron las mencionadas interceptaciones y en las que luego se renovaron dichos permisos.
Caso Democracia Viva: Soublette estuvo entre quienes decidieron revocar la prisión preventiva de Daniel Andrade y Carlos Contreras
El nombre de la ministra Virginia Soublette apareció también -junto al de María Teresa Quiroz Alvarado y Luisa Cortés Sánchez- en el fallo del 28 de febrero de 2024, que dictó la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, relacionado con el caso Democracia Viva, que remeció al oficialismo por los vínculos de la fundación con Revolución Democrática.
En la decisión se revocó la medida de prisión preventiva que pesaba en contra de Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta (a la derecha en la foto), y Daniel Andrade, administrador de la mencionada fundación (a la izquierda en la foto) y expareja de la diputa Catalina Pérez (foto inferior). La parlamentaria renunció al Frente Amplio después del escándalo mediático que se suscitó tras este proceso judicial.
Ambos procesados quedaron sometidos a las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Son investigados por el delito de fraude al fisco, ilícitos supuestamente perpetrado en 2022, en el marco de convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la mencionada Fundación Democracia Viva.
Fallo relacionado con Fundación TomArte: Soublette aparece nuevamente entre quienes revocaron una prisión preventiva
En el marco del mismo Caso Convenios, la magistrada Soublette -junto a la fiscal judicial María Teresa Quiroz Alvarado y el abogado (i) Álvaro Tello Núñez- revocaron la medida de prisión preventiva que le había sido impuesta a Kelly Betancourt Acosta, directora y representante legal de la fundación TomArte.
La mujer fue imputada en abril del año pasado por fraude al fisco y lavado de activos, delitos supuestamente cometidos en 2022, en el marco de los convenios suscritos entre el Minvu y la fundación a su cargo.
La decisión fue tomada el 25 de octubre del año pasado por unanimidad. Al igual que con Contreras y Andrade, los ministros decidieron dejar sometida a la imputada a las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional.
De acuerdo con la Fiscalía, Betancourt se concertó precisamente con Contreras, entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, para que se asignara fondos públicos a TomArte, con el objetivo de ejecutara obras menores en el marco del programa de asentamientos precarios en varios asentamientos de esa región, por $456 millones, «los cuales fueron gastados en pago de honorarios a la imputada, arriendo de inmuebles propiedad de personas vinculadas a la fundación y transferencias a cuentas bancarias particulares», se indica en nota de prensa divulgada por el Poder Judicial. El fallo del tribunal de alzada se encuentra con carácter de reservado.
Desafuero a la diputada Catalina Pérez: Decisión en la que participaron Soublette y Rojas Mundaca
Siguiendo con la lista de decisiones que han generado impacto en la opinión pública y que han sido tomada por algunos de estos mismos magistrados se encuentra el dictamen del pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que en abril de este año acogió la solicitud de desaforar a la diputada Catalina Pérez, en el marco del Caso Convenios.
En este fallo figuran los nombres de la ya mencionada ministra Virginia Soublette, que en ese caso actuó como presidenta subrogante, así como Jaime Rojas Mundaca, quién también participó en la reciente declaración de ilegalidad de la resolución judicial que permitió las escuchas telefónicas a la exmujer de Larraín.
La decisión de este tribunal de alzada fue confirmado por la Corte Suprema.
Rojas Mundaca se vio envuelto en caso de «amiguismo»
El mencionado ministro judicial Jaime Rojas Mundaca también salió a relucir en medio en julio del año pasado, no específicamente por un fallo judicial, sino por un caso de «amiguismo» entre jueces.
De acuerdo con la información publicada por los medios, jueces del Juzgado de Familia de Antofagasta denunciaron que existían estrechas relaciones entre los magistrados de Copiapó y Antofagasta.
«Todo se originó en un procedimiento disciplinario o sumario administrativo (…). Por esto, y ante la decisión de que la Corte de Copiapó sea la que resuelva sobre el sumario administrativo, los diez jueces (de Familia de Antofagasta) tomaron la decisión de hacer públicos los problemas de parcialidad que tendrían ‘para mejor resolver’. En esa línea, presentaron la solicitud de inhabilidad dirigida tanto a la fiscal investigadora, Aída Osses Herrera, como al pleno de la Corte de Apelaciones de Copiapó», informó Biobío Chile.
En esa misma nota se señaló que «la Ministra Marcela Araya Novoa se inhabilitó al mantener una relación de pareja con el Ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Jaime Rojas Mundaca».
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Chuuuuu, me recuerda una muy antigua teleserie, La Caldera del Diablo