A fines de junio de 2023, pocos días después de que el medio TimeLine diera a conocer los millonarios traspasos de dineros de la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, el Servicio de Impuestos Internos (SII) envió al fiscal a cargo de investigar esa arista del Caso Convenios el detalle de la información tributaria de la diputada Catalina Pérez.
La ex presidenta de Revolución Democrática entró en la mira de la fiscalía tras revelarse que el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, era su pareja, y que el seremi que aprobó el traspaso de fondos había sido su ex jefe de gabinete en el Congreso.
En la carpeta de la investigación figura un documento donde sale que Pérez inició actividades comerciales el año 2013, algunas declaraciones de renta y un certificado en que aparece como miembro de una sociedad con 33,3% de participación.
La sociedad lleva por nombre “Fundación de patrocinio y representación del adulto mayor” e inició actividades en el SII el 3 de mayo de 2017.
Asimismo, el SII informa que la diputada es propietaria de dos automóviles: un Jeep Compass y un Peugeot 301.
Información no fue declarada por la diputada
Desde que asumió como diputada en marzo de 2018, Catalina Pérez ha tenido que llenar en seis oportunidades la ficha de declaración de renta y patrimonio que se exige a las autoridades del país y altos funcionarios del Estado.
Pero todas las veces ha dejado en blanco la sección en donde hay que especificar las sociedades en las que participa.
Asimismo, en su última declaración de abril de 2023 señala ser dueña solamente de un auto marca Jeep, omitiendo el automóvil Peugeot del que figura como dueña en el Servicio de Impuestos Internos.
Lo que sí declara es tener una deuda de $8.6 millones con la Universidad Católica del Norte.
La fundación
Al revisar en el registro de transferencias del Estado, no aparecen entregas de dinero hacia la “Fundación de patrocinio y representación del adulto mayor”. Tampoco hay registros en Mercado Público.
Al buscar su nombre en otras fuentes abiertas, figura que el año 2017 postularon al fondo concursable “Chile de Todas y Todos” del Ministerio de Desarrollo Social. Pedían dineros para desarrollar el proyecto “Integrar y proteger al adulto mayor: tarea de todos”.
Sin embargo, la postulación fue declarada inadmisible por no cumplir con las bases. ¿El problema? Los gastos que contemplaba el proyecto para recursos humanos excedían lo permitido.
El año 2018, cuando Pérez ya era diputada de Revolución Democrática, la fundación volvió a postular al mismo fondo, y según se desprende de un documento de octubre de ese año del Ministerio de Desarrollo Social, quedaron en lista de espera. Pedían casi 20 millones para desarrollar un proyecto en Lo Prado.
Para tener más antecedentes de la entidad, El Líbero se contactó con la diputada Pérez. Desde su equipo señalaron que ella participó en dicha fundación durante el año 2017 y que, según la información que manejan, la fundación no tiene actividad desde el año 2018 y actualmente su directorio no está vigente.
¿Qué dice la ley ante el incumplimiento de declarar?
La Ley 20.880, en su artículo 14, regula las declaraciones de intereses y patrimonio que deben efectuar los parlamentarios. En la misma ley, en el artículo 7, letra e, se señala que la declaración debe contener “toda clase de derechos o acciones, de cualquier naturaleza, que tenga el declarante en comunidades, sociedades o empresas constituidas en Chile, con indicación del nombre o razón social, giro registrado en el Servicio de Impuestos Internos, porcentaje que corresponde al declarante en dichas entidades, la cantidad de acciones, fecha de adquisición de las acciones o derechos y el valor corriente en plaza o, a falta de éste, el valor de libros de la participación que le corresponde”.
De no cumplir con lo exigido, el artículo 15 de la ley señala que en el caso de la Cámara de Diputados, la comisión de Ética y Transparencia podría impartir sanciones.
“Si el parlamentario obligado no realiza la declaración dentro del plazo o la efectúa de manera incompleta o inexacta, será apercibido por la respectiva Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria para que la realice o rectifique en el plazo de diez días hábiles y, en caso de incumplimiento, le aplicará una multa a beneficio fiscal de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, que se descontarán directamente de su dieta. Dicha multa se reiterará por cada mes adicional de retardo”, sostiene la ley.
Francisco Leturia (Consejo para la Transparencia): “Se ve un gran conflicto de interés”
Consultado por este tema, el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, señala que “acá hay una cosa muy fea, donde se ve un gran conflicto de interés. Porque los diputados hacen las leyes y se dejan a ellos mismos con un sistema especial y mucho más benévolo para el caso de incumplimiento, que hace que quede casi a voluntad del parlamentario publicar o no”.
“Cuando la gente se entera que pasan estas cosas, deja de ser raro que la confianza en el Congreso sea tan baja”, agrega a El Líbero.