Del diseño original del gobierno de Gabriel Boric para abordar la crisis que se vive en La Araucanía, no queda nadie. Ninguno de los rostros que debutó en marzo en la primera línea para buscar una salida al conflicto y violencia que se vive en la IX Región permanece en su cargo, comenzando por las exministras del Interior, Izkia Siches, y de Desarrollo Social, Jeanette Vega.

En el camino también cayeron el delegado presidencial regional Raúl Allard; el delegado provincial de Malleco, Leandro Reyes; y el abogado Salvador Millaleo, quien ejerció como coordinador de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Pero el Presidente Gabriel Boric –quien tras ocho meses en el Gobierno hoy pisará la región por primera vez como Jefe de Estado– no solo ha tenido que ceder en su elenco sino también en lo estratégico. Su decreto de estado de excepción constitucional en La Araucanía y provincias de Arauco y Biobío, ya ha sido prorrogado 11 veces en el Congreso y, por ahora, se extenderá hasta el 27 de noviembre.

El Jefe de Estado también se allanó a realizar el catastro de tierras, una necesidad planteada por primera vez en enero 2017 por la Comisión Vargas y en la que el gobierno de Piñera intentó avanzar sin éxito; se reunió con la bancada transversal de parlamentarios de la región y tomó nota de todos sus planteamientos; y el Ministerio del Interior retomó su papel como querellante en los atentados más graves cometidos en la Macrozona Sur, pese a haber comenzado su gestión asumiendo un rol más “pasivo” en los juzgados.

El estado de emergencia más largo

Si bien cuando era diputado, Boric se negó a aprobar el estado de excepción en La Araucanía argumentando que “no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur”, lo cierto es que tanto La Araucanía como las provincias de Arauco y Biobío han estado más tiempo en estado de emergencia durante el período de Boric, que lo que lo estuvieron en el de Sebastián Piñera, con quien se renovó en nueve ocasiones. 

Con Boric en total serán 194 días con esta medida en vigencia (desde el 17 de mayo, hasta el 27 de noviembre). Mientras que con Piñera la medida se aplicó desde el 13 de octubre hasta el 26 de marzo –los últimos 15 días corresponden al gobierno de Apruebo Dignidad, pero fueron aprobados en el mandato anterior–; es decir que en total sumó 164 días. En consecuencia, a la fecha suma un mes más de estado de excepción con Boric que con Piñera. 

En cuanto a la acción del gobierno, desde la Multigremial de La Araucanía contabilizan 393 hechos de violencia en la Macrozona Sur en los ocho meses de Gobierno del Presidente Boric.

“El estado de emergencia ha sido una herramienta importante para reducir los hechos de violencia. El paso de la media diaria de 2,4 a 1,5 ratifica que la decisión inicial del gobierno del Presidente Boric de no materializar el Estado de Excepción era un error. Al contrario, su prórroga algo necesario sin perjuicio del perfeccionamiento de este”, concluye su informe.

Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía, destaca que la acción del gobierno debe ser “masiva, intensa, total, pero no acotada porque estamos hablando de gente que quema casas, que agrede con fusiles, gente que quema maquinaria, gente con la que el Estado no debiera tener ningún miramiento en poner todos los recursos para combatir eso, pero no lo ha hecho, por eso le digo que aquí hubo un período en el que se retrocedió, se ha logrado avanzar algo, pero no estamos en el punto que tenían las autoridades anteriores”.

El fracaso de la primera avanzada 

La primera baja en el equipo encargado del tema Araucanía fue la del abogado Salvador Millaleo, quien ejerció como coordinador de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. En esa misma cartera el deslave alcanzó al equipo jurídico, que fue descabezado en julio por errores que hicieron que el Ejecutivo quedara fuera como querellante del Caso Huracán. Fue así como la recién llegada como directora de división, Camila Barros, fue reemplazada por la abogada penalista Luppy Aguirre.

En la región, además de los primeros delegados, también salió José Millalén, jefe de gabinete de Raúl Allard y quien tenía a su cargo la asesoría local en los asuntos indígenas. 

Organizaciones indígenas, gremios y víctimas coinciden en que “absolutamente” hubo un fracaso de esta primera avanzada. “De hecho, ellos cambiaron todos los equipos. Cambió el delegado presidencial, la delegada de Malleco, la ministra del Interior, quien se supone estaba muy abocada al tema y, por lo tanto, claramente hay un reconocimiento implícito de que no estaba funcionando y por eso se hicieron los cambios”, asevera Santibáñez.

Richard Caifal, director ejecutivo Fundación Rakizuam, señala: “Por supuesto que ha habido un fracaso. Un fracaso tanto en la propuesta como también en las formas, y eso se notó de manera estrepitosa, porque una vez ocurrido lo de la ministra del Interior Izkia Siches no apareció nadie más en la región. Esperaron entonces el resultado del plebiscito y casi ya terminando el año, el Presidente decide retomar una agenda que al parecer está muy debilitada. No como fue al inicio y con la brújula extraviada”. 

Por su parte, Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural (AVVRU), opina que “ha habido un fracaso y no han sabido cómo recuperar para enmendar el rumbo”.

En el caso de Millaleo, éste en conjunto con el jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, redactó el programa de gobierno del Frente Amplio en temas indígenas, pero renunció en abril, trascendió, que por diferencias con Izkia Siches. Su salida ocurrió 45 días después del polémico viaje de Siches a Temucuicui -donde fue recibida con disparos en plena carretera- y apenas a 49 días de la llegada de Boric a La Moneda.

Quienes conocen desde dentro el conflicto en La Araucanía señalan que el equipo anterior “dejó resultados en cero, entonces, quienes están iniciando la construcción son las dos ministras y el equipo nuevo, y es en ellos que tenemos que confiar que avancen de otra manera”. Esto, en alusión a Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte, una a cargo de la seguridad y la otra del plan Buen Vivir.  

El golpe de realidad para Boric

Las mismas fuentes apuntan fuera de micrófono que “la realidad ha hecho que el gobierno choque con cosas que son completamente opuestas a sus planteamientos originales”.

Desde la región, advierten que en ciertos temas la mirada ideológica fue derrotada por la realidad; pero aún desconfían del diagnóstico del gobierno. 

“No hay punto de comparación en las capacidades de las personas que están hoy, tanto autoridades locales como ministeriales. Hoy día tenemos gente que sabe y gente que se maneja bien. Estamos bastante contentos con el nuevo delegado presidencial regional y con la nueva delegada presidencial provincial, pero una cosa es que ellos sean personas capaces y otra cosa es que la mirada haya cambiado, porque al final del día ellos obedecen a un jefe y ese jefe tiene asesores”, apunta la diputada por la región Gloria Naveillán

La legisladora, quien también asistió a la cita con el Presidente realizada el martes en la noche en Cerro Castillo, dice que “mientras ellos no quieran entender cuál es el real problema, e insistan en que el problema acá son las tierras, esta cuestión no va a tener solución jamás. Nosotros le estamos dando la mirada desde la realidad, pero yo no sé si ellos quieren ver la realidad o van a seguir con esta mirada entre romántica e ideológica con la cual no va a haber solución. Por el bien de la región, esperamos que de una vez por todas dejen la mirada romántico-ideológica de lado y se aboquen a la realidad. Aquí estamos hablando de balas, no de puras ideas”. 

Para el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, el gobierno “venía con ideas preconcebidas, que eran equivocadas. Hablaban de Wallmapu, que hoy día ya no lo hacen. Estaban buscando el diálogo con ‘todos’, con grupos violentos, y hoy no lo hacen. Entonces, partieron con un diagnóstico absolutamente equivocado y hoy día lo han corregido parcialmente, pero en realidad nunca han ejecutado un plan o partieron con un plan claro”.

Las turbulencias de Siches y Vega

Ese primer choque con la realidad lo vivió la exministra Izkia Siches apenas a cuatro días de instalado el Gobierno, cuando creyó que podría improvisar una visita Temucuicui. La misma Siches causó un conflicto con parlamentarios argentinos al referirse a la zona como Wallmapu y aludió a la existencia de “presos políticos mapuche”, declaración que tuvo que ser aclarada por la vocera Camila Vallejo y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. 

En cuanto al diálogo con “todos”, Siches –en diciembre de 2021, antes de ser ministra– habló de entablar un «un diálogo con todos los actores, incluso con la CAM». Varios meses después, en agosto de 2022, la exministra de Desarrollo Social Jeanette Vega debió renunciar a su cargo al saberse que a través de una de sus asesoras intentó contactar al dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul –actualmente en prisión preventiva–. La misma CAM publicó un comunicado en las últimas horas en el que rechazan la visita de Boric y llaman a los sabotajes.  

El diseño del gobierno en materia de seguridad lo encabeza el Ministerio del Interior. De ese despacho el único que se mantiene es el subsecretario Manuel Monsalve, cuya gestión es bien vista. No obstante, fuentes que han trabajado el tema de seguridad en la Macrozona Sur lamentan que no haya una persona –o equipo– encargado exclusivamente de este asunto.

Con respecto al tema de la seguridad, conocedores del tema dicen a El Líbero que hay que avanzar en la aprobación de la ley de inteligencia, instrumento que permitiría desbaratar las orgánicas radicalizadas. Afirman que Carabineros sabe que no son más de 400 o 500 los involucrados, pero no los pueden apresar por la dificultad de dar con pruebas en su contra. 

Asimismo, trascendió que el Gobierno se dedicó a hacer un levantamiento de “quién es quién” en cuanto a las agrupaciones radicales y definió a la Resistencia Mapuche Lafkenche como la agrupación más dura y peligrosa. 

Este grupo se atribuyó la quema de al menos 15 inmuebles y 2 vehículos a principios de abril, y en el comunicado en el que se adjudican el ataque lanzaron un ultimátum contra el gobierno para que retirase las querellas y enviara a los presos mapuche a Centros de Educación y Trabajo (CET). 

El compromiso de Boric de entregar el catastro de tierras 

El Ministerio de Desarrollo Social aborda áreas relacionadas con la demanda de títulos de merced, la compra de tierras, los programas de subsidios habitacionales indígenas o subsidios sociales. Tiene a su cargo, además, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Sin embargo, el ministro Giorgio Jackson no participó en el encuentro con los parlamentarios de La Araucanía en Cerro Castillo.

A la cita sí asistieron las ministras Tohá y Uriarte; los asesores del segundo piso Matías Meza-Lopehandía y Miguel Crispi; y el encargado del Plan Buen Vivir, Víctor Ramos. 

Conocedores de los temas abordados en la reunión afirman que el Presidente dijo que esperaba entregar antes del final de su mandato un catastro de tierras en el que se pongan bordes al proceso de entrega de tierras a comunidades a través del artículo 20 letra b) de la Ley Indígena. 

El catastro permitiría transparentar cuánta tierra se ha entregado, a quiénes y qué está pendiente. En vista de que ya se han otorgado más de 300 mil hectáreas; y que desde la entrada en vigencia de la Ley Indígena se ha pasado de 1.300 comunidades a 3.000.

Esta era una propuesta a la que también se negaba el gobierno en su origen. 41 días después de asumir, la ministra Vega descartó realizar un catastro de tierras indígenas en la región de La Araucanía. “Nosotros no vamos a licitar el catastro de tierras porque la Conadi tiene esa información”, declaró a Radio Bío Bío.

Sobre esto, se cree que el Mandatario podría destacar entre sus anuncios el aumento en un 55% en el fondo de tierras para el presupuesto de 2023. 

En materia indígena, Richard Caifal destaca que el gobierno debería avanzar “en materia de reconocimiento constitucional, derechos lingüísticos, compra de tierras y eventualmente el Ministerio Indígena que quedó pendiente hace un par de años atrás”.

Visita de Boric a La Araucanía

Otros anuncios podrían estar relacionados con el aumento de alrededor de 30% en los recursos del programa de violencia rural.

Sobre las víctimas, Alejo Apraiz de AVVRU lamenta que hay leyes que el ministro Jackson y el Presidente votaron en contra, como por ejemplo, la ley del robo de madera, o las usurpaciones. “Con la ley de robo de madera ya se han desarticulado varias bandas que se dedicaban a esta situación, pero ellos siempre votaron en contra y no fueron capaces de ponerse en la situación de las víctimas y de las personas que vivimos en La Araucanía”, señala.

Es por eso que para algunos la visita a la región es una valla u obstáculo que el Presidente está obligado a saltar, pero “el trabajo de verdad se está haciendo en paralelo”, con el nuevo equipo que llegó a la zona y escuchando a interlocutores que en el pasado no habrían considerado, como los parlamentarios y exautoridades. 

“El Presidente ha evolucionado bastante, pero no sabemos. A veces los conversos incluso se pasan para el otro lado y son los más firmes defensores de sus nuevas ideas. Otras veces los conversos son como la fruta que madura a golpes y que nunca queda bien, porque no entienden realmente por qué su teoría inicial no funcionó, porque en la realidad tienen que hacer otras cosas y en el fondo fondo, siguen pensando lo mismo”, señalan.

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