Un ultimátum de 48 horas dio la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) al gobierno de Gabriel Boric. Tras adjudicarse el atentado incendiario que terminó con 16 viviendas quemadas en Contulmo, exigieron el retiro de todas las querellas; la destitución de todos los abogados que han alegado en tales causas y que los litigantes que eran parte del juicio contra ocho comuneros condenados a 20 años de cárcel por el homicidio del también mapuche Eleodoro Raiman, no se presentaran a dar sus alegatos en la Corte Suprema. En silencio, el Ejecutivo ha cedido a tales exigencias y ha tenido un rol pasivo en las causas por violencia rural en el sur, en las que participa como querellante. 

El 4 de abril, mismo día que se vencía el plazo del ultimátum, estaba fijada una audiencia en la Suprema para revisar la nulidad del fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, y en esa misma jornada Enrique Hernández, quien era el querellante por la Delegación Presidencial de la Región del Biobío, delegó el caso a otro abogado, Fernando Guerra Avilés, quien a diferencia de los representantes de la defensa que solicitaban a la Corte como mínimo 25 minutos para presentar sus alegatos y 10 minutos más para cualquier réplica, solamente pidió 10 minutos para alegar y ningún plazo para réplicas. 

“Eso es darle cero importancia a la causa”, dicen fuera de micrófono quienes conocen cómo se ha manejado el Ministerio del Interior, y sus dependencias, en su rol como querellante, pues se asigna a un abogado que desconoce los detalles de la causa en un juicio de alta connotación para la región, que ha desencadenado más de un atentado de la RML para exigir la libertad de los condenados. 

Desde que se instaló el gobierno, el 11 de marzo, la Delegación Presidencial del Biobío ha presentado dos querellas, y la Delegación Presidencial de La Araucanía solo una, siendo que, de acuerdo con cálculos de la Multigremial de la Araucanía, la Macrozona Sur suma 52 ataques posteriores al cambio de mando; 37 de ellos (71%) desde que se levantó el estado de excepción que regía en cuatro provincias de la Araucanía y Biobío.

Sin oponerse

Hay más ejemplos de cómo ha cambiado la actitud de esta cartera en la persecución penal de los hechos de violencia rural. En el caso del atentado incendiario que resultó con la quema de 16 inmuebles en las orillas del Lago Lanalhue, ocurrida el 1 de abril -y que dio origen a la amenaza de la Resistencia Mapuche Lavkenche-, la querella presentada es solo por el delito de incendio, cuando según los criterios aplicados en los ocho años previos, por haberse encontrado panfletos en el lugar del atentado se habría pedido, además, el delito terrorista.

La segunda y última querella presentada en Biobío, fue por los disparos contra tres patrullas de Carabineros el pasado 7 de abril a la altura del kilómetro 52 en la ruta P-72-S. La misma denuncia describe que un proyectil entró por la ventana de uno de los vehículos, se alojó en el panel de la camioneta y causó lesiones en el rostro al sargento primero de iniciales M.H.G., debido a los fragmentos de vidrios, mientras el capitán de iniciales C.V.V. también resultó lesionado, “al parecer producto de un perdigón”, en la pierna derecha. 

Al llegar a la Subcomisaría de Tirúa, dice la querella, los oficiales se percataron de que esa patrulla tenía seis impactos balísticos únicos, y otro de los autos tenía un impacto balístico a la altura media del capó. 

Pese a los hechos descritos, la querella imputa los delitos de maltrato de obra a carabineros y daños. Conocedores de cómo se llevan a cabo estos procesos señalan que por la gravedad de los hechos, en el pasado se habrían querellado por homicidio. “Es una burla para carabineros”, reclaman.

Las mismas fuentes explican que el Ministerio del Interior ha dejado de ser un “querellante activo”, cooperador, dispuesto a solicitar diligencias que ayuden a esclarecer las investigaciones y, en su lugar, han tomado un rol más “pasivo”. Lo cual incluye que los abogados han dejado de “oponerse” a solicitudes de las defensas, por ejemplo en cuanto a las sustituciones de medidas cautelares, y ahora optan por atenerse a la decisión que tome el tribunal, lo cual en la práctica les quita el derecho a apelar. “Si no te opones pierdes el derecho a ser oído, y renuncias a uno de los derechos más importantes que tienes como interviniente que es ser escuchado”. 

En total, entre 2018 y marzo de 2022 el Ministerio del Interior se involucró como querellante en 242 causas en la VIII Región. De esas, 200 aún se encuentran vigentes. En ese mismo período, participó en 542 querellas en la IX Región, de las cuales 348 están vigentes. 

Las querellas son la “excepción”

El 11 de abril se llevó a cabo la audiencia de revisión de la solicitud de libertad condicional de Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche, ambos condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay.

El abogado que representa a la familia y quien ha tenido a su cargo cientos de casos por violencia rural en la zona, Carlos Tenorio, señala: “Efectivamente, desde que hubo cambio en la administración se ha visto una tendencia a la disminución de la participación por parte de la Delegación Presidencial y sus equipos de abogados respecto de las querellas, tanto ya interpuestas, como respecto de aquellas querellas de investigaciones que estaban en curso. La actividad procesal ha disminuido notoriamente, al menos yo lo puedo constatar en las causas en las cuales participo”. Al momento, dice, está a cargo de alrededor de 30 procesos activos. 

En esa audiencia del 11 de abril por la libertad condicional de los Tralcal “a diferencia de cómo ocurría antes, ahora no participó el querellante que era la Delegación Presidencial. Generalmente participaban de ese tipo de audiencias y ayer (el lunes) ya no participaron”. 

Agrega Tenorio: “No es una novedad que hoy existe una postura persecutora por parte del querellante gobierno, no Estado, al Estado lo representa el Ministerio Público, con una mirada distinta a la que tenían los gobiernos pasados. Porque la actitud que tenía el gobierno que acaba de terminar era muy similar al del gobierno de la presidenta Bachelet. Este sí que es un escenario nuevo. Ahora, los efectos jurídicos de eso pueden ser bien relativos, la verdad es que el querellante si no es un querellante proactivo no ayuda mucho”.

El presidente de la Multrigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, coincide: “No sabíamos que no iba a presentar querellas, pero no está presentando querellas en todos los casos, más bien ha sido la excepción y también aparentemente no está siguiendo algunas causas judiciales y dejando a la Fiscalía”.

Para Santibáñez, todos estos son elementos que contribuyen a la “impunidad”, y siendo que hay un menor contingente de fuerzas de seguridad pues el estado de excepción rigió hasta el 26 de marzo, opina que ambos elementos ya se ven reflejados en las cifras. “Si bien es temprano, hicimos una evaluación corta de pocas semanas, pero que era predecible: era predecible que al haber menor contingente y una menor persecución haya un ambiente más favorable para el accionar de estos grupos”, advierte. 

El informe de la Multigremial de la Araucanía concluye que el retiro del estado de excepción ha producido un aumento de 146% de los hechos de violencia en la Macrozona Sur, pues en los 15 días previos a que se levantara la medida, del 11 de marzo al 26 de marzo de 2022, contabilizan 15 atentados; y en los 15 días posteriores, del 27 de marzo al 11 de abril de 2022, sumaron 37, incluyendo usurpaciones, atentados incendiarios y ataques armados. Biobío fue la región más afectada. 

“Desmantelan” el equipo de abogados

Los abogados a cargo de estos procesos forman parte de la Subsecretaría del Interior, a través del Programa de Seguimiento de Causas Judiciales. Al momento, el equipo de la Delegación Presidencial de Biobío, integrado por tres abogados, se mantiene con los mismos nombres que venían del gobierno anterior; mientras que de los cuatro que conformaban el equipo de la Delegación Presidencial de la Araucanía, dos fueron desvinculados: Sergio Arévalo, jefe Jurídico Penal de la Macrozona Sur y Hernán Valdebenito, abogado penalista de la unidad jurídica de La Araucanía ya fueron reemplazados por litigantes que antes se desempeñaban en la Defensoría Penal Pública. 

A ellos se suma el despido de Carlos Flores, abogado penalista y ex Jefe Jurídico Nacional del Ministerio del Interior.

“Está bastante clara la forma en cómo va a enfrentar el gobierno del Presidente Boric todo lo que tenga que ver con violencia en la Región de la Araucanía. Junto con desmantelar el equipo de la Araucanía hizo lo propio en Santiago en la Región Metropolitana, con el despido de este abogado que llevaba 18 años de trayectoria en el Ministerio del Interior”, subraya el diputado por la IX Región, Mauricio Ojeda (Republicanos), quien además fue Gobernador de Cautín entre 2018 y 2019.

“Es un abogado respetado por toda la gente que ha trabajado con él independiente de los gobiernos de turno, litigaba en causas que tienen que ver con la violencia, con terrorismo, etc., era especialista en el tema y lo sacan para reemplazarlo por una abogada que básicamente no tiene mucha experiencia y más bien es para pagar un favor político”, opina Ojeda.

El despido de Flores -que trabajó con los expresidentes Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera- fue polémico porque se dijo que en su reemplazo llegaría Javiera Corvalán Schindler, titulada en 2019. Posteriormente trascendió una aclaratoria según la cual la abogada de 28 años, no estaría ejerciendo funciones de jefatura sino como asesora de la nueva directora de la división, Camila Barrios.

No obstante, quienes conocen el funcionamiento interno de la División Jurídica del Ministerio del Interior aseguran fuera de micrófono que en la práctica Corvalán Schindler sí asumió las funciones que antes estaban a cargo del abogado Carlos Flores, ya que estaría ejerciendo como coordinadora del área penal, tareas que le fueron delegadas por Barrios, lo que se traduce en que a Corvalán Schindler le reportan todos los abogados a cargo de asuntos penales en Santiago y regiones; y debe dar instrucciones sobre en cuáles casos corresponde querellarse o no, y asesorar en cuanto al tipo de delito por el cual se realizará la denuncia. 

En el caso de los otros dos abogados desvinculados del equipo de la Araucanía también eran reconocidos por su experiencia. Sergio Arévalo en 2021 incluso llegó a la terna que competía por el cargo de Fiscal Regional de La Araucanía -hecho que causó sorpresa por ser externo al Ministerio Público-. Arévalo antes ejerció como fiscal Metropolitano Sur y como jefe Jurídico Penal de la Macrozona Sur. Una de las causas que estaban bajo su responsabilidad era el Caso Huracán. 

Hernán Valdebenito, por su parte, representó al Ministerio del Interior en las audiencias para evitar que el dirigente mapuche argentino, Facundo Jones Huala -actualmente prófugo- obtuviera la libertad condicional. 

“Sergio Arévalo fue un fiscal muy reconocido con buenos resultados. Litigante, buen presentador de pruebas en tribunales, respecto precisamente del terrorismo y la violencia rural. Aquí hay una señal que es clara: no les interesa perseguir todo lo que tenga que ver con materias de violencia en la Región de la Araucanía y eso es tremendamente grave para el país”, afirma el diputado Ojeda. “Me parece muy sospechoso, extrañamente curioso, que una vez que amenaza esta ORT Mapuche Lavkenche, el gobierno comienza a sacar a los abogados, y a los abogados que tienen mayor experiencia y en estas materias precisamente. Causa mucha extrañeza, la verdad”, agrega.

¿Ceder a las amenazas?

Para el abogado Carlos Tenorio lo que más podría perjudicar con respecto a la actitud pasiva que ha asumido el Ministerio del Interior, a través de las delegaciones presidenciales, como querellante, “es que si ellos son parte de una investigación y no participan de la investigación o tienen una mirada laxa respecto a las decisiones que vaya adoptando el Ministerio Público, ahí sí que se convierten en un talón de Aquiles”. 

Explica que asumir la posición de quien va como observador a una audiencia no contribuye en nada y muchas veces puede llegar a perjudicar particularmente siendo querellantes. “El querellante a diferencia del Ministerio Público no está sujeto al principio de imparcialidad. El querellante es persecutor particular, apela por los intereses, en el caso del Gobierno, del Gobierno y del Estado es pos de las víctimas; y el querellante particular va por la víctima con una libertad retórica y de argumentación mucho más extensa que la que pudiese tener incluso el Ministerio Público. Entonces, cuando te encuentras con un querellante que dice ‘estamos a lo que resuelva el tribunal’ el mensaje que entregas al tribunal es extraño. Es contradictorio con la función propia del querellante. No está siendo proactivo con su propia visión de la persecución que pretende”. 

Sin embargo, no ve que esto sea resultado de la amenaza hecha por la Resistencia Mapuche Lavkenche ya que el actual Gobierno, desde antes de su instalación, se ha mostrado a favor de disminuir su participación en las querellas por estos delitos.

Por su parte, Santibáñez argumenta que los gobiernos anteriores se querellaban en todos los casos y les hacían seguimiento. “Obviamente que es otro gesto del Gobierno hacia estos grupos en el sentido de darle señales, entiendo yo, para acercarlos al diálogo o buscar ese mecanismo, pero en la práctica esas señales han terminado favoreciendo la impunidad por una parte y el accionar de estos grupos que en definitiva no dan señales de querer dialogar, sino que continúan en su actividad violenta con mayor intensidad aún. Entonces, no nos parece que sea la estrategia”.

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