“Este error, desde mi punto de vista, es inaceptable, y por supuesto que tiene que haber responsabilidades. Lo voy a conversar con la ministra (Izkia Siches) para evaluar dónde se cometió ese error (…). Y van a tener que asumir responsabilidades, sin lugar a dudas”. Así de tajante fue el Presidente Gabriel Boric el pasado 14 de julio cuando se refirió a la bochornosa performance que había tenido la División Jurídica del Ministerio del Interior en el Caso Huracán.
Y es que ese día la Corte de Apelaciones de Temuco declaró inadmisible un recurso presentado por Interior, que buscaba incorporar nuevamente al ministerio como parte querellante de la emblemática investigación contra ex carabineros por montaje de pruebas en 2017. La cartera dirigida por Izkia Siches había sido marginada del caso dos meses antes, cuando el ministerio no corrigió un vicio formal del que fue advertido en dos oportunidades por el tribunal.
Tras las duras declaraciones del Mandatario, todas las miradas apuntaron a la misma persona: la jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Camila Barros Cáceres.
La “silla musical” de Barros
La reacción al llamado del Presidente fue casi inmediata. Un día después, el 15 de julio, a través de Twitter, el Ministerio del Interior publicó un comunicado donde anunciaba que la abogada Luppy Aguirre Bravo asumiría como nueva jefa de la División Jurídica en reemplazo de Camila Barros.
Pero lo cierto es que Barros no dejó el gobierno. Sólo cambió de puesto. Sigue trabajando en la administración del Presidente Boric y en un cargo de influencia en el mismo ministerio. Distintas fuentes acreditan a El Líbero que actualmente la abogada es parte del gabinete del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien asesora en distintas materias.
Según el portal de Transparencia Activa del ministerio, Barros renunció a su cargo de planta en Interior como jefa de la División Jurídica a partir del 18 de julio. En tanto, su nuevo vínculo como asesora aparecería en las planillas de sueldo del mes de agosto, que se publicarán a mediados de septiembre.
La contratación del abogado Sapiain
Quienes conocen el funcionamiento de la División Jurídica, señalan que una de las últimas contrataciones que realizó Barros como jefa ocurrió el 1 de julio, cuando fichó al abogado Ignacio Sapiain Martínez, quien este jueves fue el encargado de representar al Ministerio del Interior como querellante en la formalización del cabecilla de la CAM, Héctor Llaitul.
Las intervenciones de Sapiain en la formalización llamaron la atención, pues señaló que “el señor Llaitul es un líder, mucho más que un guerrero, que podemos empatizar en algunos aspectos con su causa referida a la reivindicación territorial».
Luego, señaló que «como buen líder ha perdido el rumbo» y que sus actuaciones «no nos dejan sino en la difícil postura de adherirnos a la posición del Ministerio Público y pedir que se decrete la prisión preventiva«.
Un reportaje publicado el jueves por El Líbero, da cuenta que en su rol de abogado de Interior Sapiain actúa de forma paralela como querellante contra Llaitul, y como representante de «las víctimas» del Caso Huracán, entre las que está el cabecilla de la CAM.
La llegada a Interior de la ex jefa jurídica y su salida post 18-O
Abogada de la Universidad Diego Portales y con un magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca, Camila Barros, según detalla en su cuenta de LinkedIn, ha dedicado casi toda su vida laboral a trabajar en el Estado.
Entre 2013 -año en que recibió su título de la Corte Suprema- y junio de 2014 fue abogada del Servicio Nacional de la Mujer, para luego dar el salto a la División Jurídica del Ministerio del Interior, entidad más técnica que política donde los abogados suelen sobrevivir a los cambios de gobiernos. Ahí permaneció entre julio de 2014 y diciembre de 2019.
Según han contado quienes trabajaron con ella, tras el 18-O le tocó patrocinar algunas querellas por los hechos de violencia registrados en el país. La más emblemática fue la que interpuso contra el profesor que destruyó un torniquete del Metro.
Sin embargo, a los pocos días presentó continuas licencias médicas “poco justificadas, en épocas en que el país se estaba incendiando y se necesitaba al equipo reaccionando contra la delincuencia”, han dicho sus ex compañeros.
Barros despidió a sus ex compañeros
Con el triunfo de Boric, Barros volvió al ministerio en marzo, pero ahora como jefa de la división donde había trabajado más de cinco años.
Una de las decisiones que tomó ese mes fue despedir a la mitad de los abogados que trabajaron con ella, incluido a su ex jefe, Carlos Flores, que venía viendo estos temas desde el gobierno de Ricardo Lagos, primero en la Intendencia Metropolitana y luego en Interior.
Los abogados despedidos presentaron una demanda laboral por acoso y discriminación política, donde se pide una compensación por más de $322 millones.
En la demanda señalan que “la aludida doña Camila Barros, en una primera y única reunión presencial a la que fue convocada para el mismo día la totalidad de la División Jurídica, junto con invitarnos a trabajar en conjunto, nos informó que sería ella quien asumiría personalmente la coordinación de las áreas judicial y administrativa, y nos instruyó a dar cumplimiento, como primera medida, al inmediato retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado”.
Según señala el documento publicado en Ex Ante, “los días siguientes estuvieron marcados por la distancia con la nueva jefatura, de quien no recibimos ni instrucciones directas, sino por intermedio del WhatsApp de Ignacio García, quien llegó a trabajar junto a ella, ni saludos, ni asignación de nuevos trabajos”.
En la demanda se agrega que a los seis abogados que interpusieron el recurso “les fueron comunicados sus despidos entre los días 29 y 31 de marzo de 2022, transcurridos apenas 18 días de asumido el nuevo Gobierno, sin expresar los motivos de tal decisión (…). Los seis actores despedidos suman la mitad de los integrantes con que a la época contaba el área judicial de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior”.
A la demanda colectiva de estos abogados, se suman otras individuales interpuestas por otros juristas desvinculados por Barros. De hecho, el pasado 10 de agosto, el Juzgado de Letras de Temuco acogió la demanda laboral presentada por el abogado Sergio Arévalo y el Estado deberá pagarle $23 millones.
Los casos emblemáticos que la hicieron salir de su cargo
El episodio del Caso Huracán fue la gota que rebalsó un vaso que se llenó en sólo cuatro meses.
Y es que en ese corto período la División Jurídica de Interior se anotó un puñado de desaciertos que fueron resentidos en el gobierno, sobre todo por el daño que le causaban a la ya alicaída evaluación ciudadana que arrastraba la ministra Izkia Siches.
El primer error que se le imputa a Barros fue por armar un equipo con muy pocos años de experiencia, donde su mano derecha es la abogada Javiera Corvalán Schindler, titulada de abogada en la Universidad de Chile el año 2019 y con un breve paso por bufetes jurídicos privados. De hecho, la contratación de Corvalán generó una gran ola de críticas en redes sociales.
Otro episodio cuestionado fue cuando los abogados del Ministerio del Interior no pidieron prisión preventiva como medida cautelar para los imputados por disparar contra manifestantes en el contexto del 1 de mayo, en el barrio Meiggs. El hecho dejó un par de heridos y a una periodista muerta. La molestia generalizada llegó incluso hasta la diputada del PC, Karol Cariola, quien cuestionó duramente la decisión de Interior.
Otro error ocurrió en junio, cuando un abogado de Interior “se quedó dormido” y no presentó el escrito para solicitar la presencia del Ejecutivo como querellante en el caso del homicidio del sargento de Carabineros Francisco Benavides, ocurrido en mayo de 2021. Finalmente, desvincularon al abogado de su cargo.