Entre 2022 y 2025, al menos 49 comunidades indígenas fueron beneficiadas con adquisiciones de predios en el marco del mecanismo establecido en el artículo 20, letra b), de la Ley Indígena 19.253, que permite la compra de tierras para comunidades que acreditan un desmedro de sus títulos de merced o comisario. En ese período, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) adquirió alrededor de 25.000 hectáreas, lo que representó una inversión superior a los $190 mil millones.
Además de esos antecedentes generales, El Líbero tuvo acceso, vía Ley de Transparencia, a 31 Resoluciones de Asignación de Fondos (RAF), documentos que detallan el proceso de selección de cada comunidad beneficiada. En la mayoría de los casos de los cuales se obtuvo el detalle, las comunidades recibieron por primera vez una compra de tierras. Otra tendencia predominante fue que 29 de 31 comunidades revisadas cerraron su demanda, con excepción de dos: una de ellas la comunidad Pedro Linconao II, a la que pertenece la machi Francisca Linconao, conocida por ser absuelta en el caso Luchsinger-Mackay y por su rol en la Convención Constitucional que funcionó entre 2021 y 2022, y cuya propuesta fue rechazada.
La otra comunidad que no cerró su demanda fue la llamada Caleta Cóndor, asentada en Los Lagos, que recibió en total 2.147 hectáreas, la superficie más grande adquirida por Conadi en el período revisado, que representó una inversión de $4.800 millones y benefició a 21 familias.
De acuerdo con los registros a los que El Líbero tuvo acceso, en 2022 Conadi benefició a ocho comunidades; en 2023 compró predios para nueve comunidades; en 2024 lo hizo para 18 comunidades; y en 2025 para 14.
Trato desigual
El Líbero ya dio a conocer en febrero pasado que Conadi aprobó la compra de tierras para la comunidad Pedro Linconao II pese a tener a 201 comunidades por delante en la lista de espera que nunca han sido beneficiadas con una compra. De ellas, según detalla la Resolución N°020 del 8 de octubre de 2025; 144 han presentado predios para ser consideradas en un proceso de adquisición, y 21 no. Asimismo, aunque les restituyeron 166,3 hectáreas y derechos de aprovechamiento de aguas –con una inversión de $1.790 millones–, la resolución enfatiza en distintos pasajes que esta compra «no implica el cumplimiento íntegro a la demanda de la comunidad en la línea del artículo 20 letra b)». El documento detalla que los terrenos financiados «solo alcanzan para satisfacer la necesidad de 11 familias de las 38 que conforman la Comunidad Indígena Pedro Linconao II, justificándose entonces el cierre parcial de demanda». Por lo tanto, el organismo reiteró que este acto administrativo constituye únicamente una «solución parcial».
El Título de Merced en el que tiene asiento esta comunidad consideraba una superficie de 110 hectáreas, que se ubicaban en el departamento de Temuco, lugar Rahue, hoy comuna de Padre Las Casas. Las 166 hectáreas entregadas a la comunidad como “solución parcial” se ubican en Curacautín.
El hecho de que no hayan cerrado la demanda se contradice con testimonios de otras comunidades indígenas que han denunciado “discriminación política” en la compra de tierras por parte de Conadi. Es el caso de la comunidad Juan Cayupi, del sector San Andrés, ubicada en la comuna de Freire. Para avanzar en su trámite les requirieron el cierre de su demanda, ya que según les informaron de la corporación, sin cierre de demanda la Contraloría rechazaba los procesos de compraventa, de los cuales debe obligatoriamente tomar razón.“A ninguna comunidad le han aceptado si no cierran la demanda”, les dijeron.
La situación de la comunidad indígena Caleta Cóndor es distinta. Tienen su asiento territorial en un Título de Comisario del año 1827. Mediante este documento se les otorgó posesión legal y formal de una extensa zona costera, comprendida entre los ríos Bueno y Blanco, que tenía una superficie aproximada de 238.700 hectáreas.
Además, la comunidad se encuentra en el lugar N° 24 en el orden de prelación. Hay 20 comunidades por delante que ya registran compra (ninguna de las cuales se encuentra con demanda completa); y entre las comunidades que la anteceden solo una no presenta compra anterior y no ha presentado predios.
En la Resolución de Asignación de Fondos para esta comunidad quedó asentado que el acta de Aceptación de Predios, acordada tras una asamblea extraordinaria realizada el 10 de agosto del año 2025, “se expresa que la comunidad ha decidido cerrar parcialmente su demanda de tierras, ya que según indican la actual compra no resuelve de forma íntegra su problema de tierras, pues la reclamación excede con creces la superficie que por esta vía se compra”. No obstante, en este caso la adquisición hecha por Conadi sí beneficia a las 21 familias que conforman la comunidad.
Con compras previas
La revisión de las Resoluciones de Asignación de Fondos también arrojó que cinco de las comunidades favorecidas ya contaban con compras previas de tierras realizadas por el Estado. Esto se contradice con un criterio que ha quedado establecido en la Ley de Presupuesto desde hace varios años que señala que “se deberá privilegiar a aquellas comunidades que no hayan sido beneficiadas con anterioridad en virtud del artículo 20, letra b), de la ley N°19.253«.
Mismo parámetro que quedó asentado en las recomendaciones de la Comisión presidencial para la Paz y el Entendimiento –impulsada por el gobierno del ex Presidente Boric– que propuso en su informe final entregado en mayo de 2025 los “criterios para la reparación en tierras” y como tercer punto para el acceso a la reparación plantea que hay que priorizar a las comunidades con aplicabilidad sin compra previa; esto por detrás de las comunidades más antiguas según fecha del ingreso de la solicitud de aplicabilidad y de la composición del grupo familiar de las comunidades indígenas, priorizando la entrega de tierras a hogares según los criterios de focalización del registro social de hogares.
Dos de las comunidades a las que les compraron por segunda vez tienen un historial de conflicto.
Uno de esos casos es el de la comunidad Antonio Cotaro de Millelche, que estuvo vinculada a la organización territorial Ayún Mapu, cuyo nombre se hizo conocido durante las manifestaciones en contra de la construcción del aeropuerto de Freire, en la Región de La Araucanía, hace más de una década. Además de las protestas, esta comunidad, junto a otras, trataron de frenar la construcción mediante un recurso de protección (que no prosperó).
Las presiones llevaron a que Conadi comprometiera más de $20 mil millones en compras de tierra para seis comunidades aledañas al nuevo aeropuerto, entre los años 2014-2015, y así se aprobó la compra de un total de 139,75 hectáreas por $973.664.203 para la comunidad Antonio Cotaro de Millelche, mediante la Resolución Exenta N°2133, del 29 de diciembre de 2014. Sin embargo, los acuerdos que se estaban pactando no evitaron que cuando se iba a disputar la Copa América de 2015 en Temuco, Ayún Mapu anunciara que iba a boicotear el torneo. Se instalaron entonces barricadas en la Ruta 5, por donde iban a pasar los buses que trasladaban a la selección peruana.
En 2024, la comunidad Antonio Cotaro de Millelche volvió a ser beneficiada con compras de tierras. Esta vez Conadi invirtió $2.190.560.000 para la compra de 218,8 hectáreas. En el orden de prelación informado por Conadi se informa, además, que hay 98 comunidades que la anteceden y que no presentan compra anterior (15 no ha presentado predios a Conadi para su compra y 73 sí lo han hecho).
La otra comunidad con antecedentes conflictivos a la que le compraron por segunda vez es la Benancio Huenchupan. En 2015 esta comunidad bloqueó la Ruta Interlagos para exigir que Conadi iniciara un proceso de negociación con los dueños de tres predios que reclamaban: el predio San Camilo, de aproximadamente 147 hectáreas; el fundo La Rinconada, de 110 hectáreas y el Fundo San José, propiedad de la familia Chahín.
Mediante la Resolución N°043 del año 2016, Conadi aprobó la compra de 80 hectáreas en Curacautín, una hijuela denominada San Camilo, con una inversión estatal de $500 millones.
No obstante, el 25 de octubre de 2017, la comunidad emitió un comunicado en el que informan de la “medida de presión” que tomaron con el corte de la ruta Curacautín-Conguillío “de forma indefinida hasta que haya pronunciamiento y solución por parte de Conadi, ya que la demanda total es de 540 hectáreas. Y hasta hoy solo se han recuperado 72 hectáreas”, escribieron en una declaración pública.
En 2024, Conadi adquirió otras 257,4 hectáreas en Curacautín por un valor de $2.313 millones para esta comunidad. De esas, 75 hectáreas corresponden al Fundo La Rinconada.
En su caso hay 135 comunidades que la anteceden y que no presentan compra anterior, 19 no ha presentado predios y 101 sí lo han hecho.
Predios con historial de ataques y tomas
Otro aspecto que fue muy cuestionado durante la administración anterior de Conadi fue la compra de predios “perturbados” o violentados. Desde 2016 existe una glosa presupuestaria que indica que reconocido el problema de tierras, un predio reclamado podrá comprarse «siempre que el inmueble cuya posesión o mera tenencia no se encuentre de ninguna forma perturbada», entendido como usurpado o tomado o ser escenario de hechos violentos. A raíz de esto, distintos diputados recurrieron a la Contraloría por la compra en 2024 del predio denominado “El Nudo”, en torno al cual hubo distintos hechos de violencia de público conocimiento.
Sin embargo, el criterio que se fijó por el ente contralor para validar la compra de este predio fue que al momento de la negociación y acuerdo no había ninguna perturbación, lo cual se evidenció también en las visitas en terreno realizadas por la Corporación.
Este mismo criterio aplicó para la compra-venta del Fundo Miraflores que se hizo en 2025 para la comunidad Juan Huenchunao.
Esta comunidad, que también tiene una compra previa, no registra antecedentes de movilizaciones violentas. Sin embargo, el Fundo Miraflores, en Lautaro, tiene su propia historia: en 2021, quemaron intencionalmente la casa patronal del fundo, un galpón y un vehículo. Había una persona dentro de la casa y, según los testimonios recabados entonces, los atacantes querían quemarla con el inmueble y no lo hicieron por la súplica de un trabajador.
No existe, hasta donde pudo establecer El Líbero, vínculo entre la comunidad Juan Huenchunao y ese atentado.
Días después una comunidad se tomó el fundo y en el intento por desalojarlos un carabinero resultó herido de bala.
También se registró la quema de maquinaria en terrenos del fundo en 2022 y 2024, este último hecho adjudicado por la Liberación Nacional Mapuche (LNM).
La comunidad Juan Huenchunao registra una primera compra autorizada mediante la Resolución N°2196, del 14 de diciembre de 2011, de 180,52 hectáreas por un valor de $691.239.850. La compra que se hizo en 2025 fue por un total de 434,25 hectáreas, que implicaron una inversión de $4.429 millones.
A esta comunidad la anteceden 14 comunidades que no presentan compra anterior, de las cuales tres no ha presentado predios y nueve sí.
Los otros dos casos tienen características distintas. La comunidad Lorenzo Necul figura con una compra previa, pero se trata de un sitio ceremonial de 2,81 hectáreas adquirido en 2018. La comunidad recibió en 2025 un predio de 403,77 hectáreas que representaron una inversión de más de $5.074 millones. Esta comunidad tiene 217 comunidades que la anteceden que no presentan compra anterior (25 no ha presentado predios y 157 sí).
Finalmente, Quemchue es una comunidad de la Región de Los Ríos que recibió en 2025 un predio de 591,57 hectáreas en Lanco valuadas en $8.282 millones, lo que la convierte en la cuarta compra más grande del período en términos de inversión. En 2013 la comunidad ya había recibido 73,6 hectáreas (para seis familias). En su caso hay 72 comunidades que la anteceden y que no presentan compra anterior, 14 no ha presentado predios y 51 sí.
De Freire a Lago Ranco
Otros hechos que saltan a la vista en esta radiografía hecha al período 2022-2025 es que al menos 24 de las compras de tierras que se hicieron por el artículo 20b de la Ley Indígena corresponden a la Región de La Araucanía, unas 9.500 hectáreas (considerando sólo de las que se obtuvo el detalle).
Hay registro de dos compras en la Región de Los Lagos (alrededor de 2.295 hectáreas) y de cuatro compras en la Región de Los Ríos (alrededor de 1.260 hectáreas). En esta última región sobresale el caso de la comunidad indígena Huenchu Rupayan, originaria de Freire (La Araucanía), que en 2023 recibió un predio de 545 hectáreas en Lago Ranco, que implicaron una inversión de $4.550 millones.
El resto de las comunidades analizadas de las que se obtuvo detalle permanecieron en su región de origen.
Por sobre el valor de tasación
De vuelta a la comunidad Pedro Linconao II, es uno de los casos en que la propia Conadi reconoce haber pagado un 7,32% por sobre el valor actualizado de tasación.
El antecedente se condice con las revelaciones del actual director nacional de la institución, Ignacio Malig, quien advirtió a El Líbero que las tasaciones del período anterior «incluyen ciertos conceptos que han permitido un aumento –creemos ficticio– en los precios finales». Dos de esos conceptos son «paisajismo» y «pertinencia cultural», que pudieron encarecer el valor de la tierra hasta en un 30%.
Domingo Namuncura, quien dirigió Conadi entre 1997 y 1998, explica que cuando comenzó a aplicarse la Ley Indígena, en 1994, el valor de la tierra no superaba el millón de pesos por hectárea. «Ese proceso se empieza a abrir con el paso de los años, de acuerdo a la magnitud de la demanda, a los presupuestos que se entregaban y también a la conflictividad que significaba que se iban sumando más comunidades a la demanda. Entonces el valor de la tierra empezó a adquirir un salto financiero». A eso se sumó, dice, que la cantidad de tierra disponible en La Araucanía fue disminuyendo. «A menor oferta, mayor precio. Y los propietarios, los privados, que podían disponer de la venta de sus tierras o de sus campos, obviamente encontraron que había que aplicar lo que se llama el principio de mercado». El resultado, según Namuncura, es que hoy más de 900 comunidades llevan dos décadas con la compra de tierras pendiente, y «con los recursos que entrega el Estado a la Conadi muchas veces no alcanza más que para comprar tierras para 10 o 12 comunidades en un año».
Namuncura señala que «no me extraña para nada que hoy una hectárea en el sur de Chile, particularmente en La Araucanía, esté sobre los $12, $15, $16 o incluso $20 millones», porque desde el lado de los propietarios existe la percepción de que «hay un conflicto que el Estado quiere resolver, pero a costa mía, y si me quiere comprar la tierra tiene que pagármela al precio que yo pida». Agrega, sin embargo, que una vez que la Contraloría toma razón de los procesos de compraventa «ya no hay ningún elemento crítico justificable, salvo que sea pura especulación». Para Namancura, además, “el Estado tiene que invertir de manera fuerte en la compra de tierras, no a través de un goteo de recursos”.
Una mirada más crítica sobre los precios pagados entrega Ana Paola Hormázabal, exsubdirectora Nacional Sur de Conadi, quien sostiene que las cifras por hectárea revelan «una falta de compromiso de parte de las exautoridades con el presupuesto existente». Para Hormázabal, el aumento «antojadizo» del precio termina perjudicando directamente a las propias comunidades, ya que implica que «cada comunidad está recibiendo menos hectáreas». El argumento es simple: los presupuestos institucionales están determinados por ley, de modo que «si tú aumentas los valores pagados por hectárea, lo único que estás haciendo es disminuir la capacidad del servicio de poder adquirir hectáreas para las comunidades».
Hormázabal afirma que durante los años en que trabajó en Conadi «siempre se intentó optimizar los recursos», mientras que lo observado en el período anterior implica «un incremento alarmante en el valor pagado por hectárea, que no se justifica y que debe estar absolutamente fundamentado, no puede ser al azar. La Conadi tiene ciertos márgenes en los cuales se puede mover, pero no puede transformarse en una institución pagadora de predios sin considerar los reales valores que se deben pagar». A su juicio, «el aumento desproporcionado e injustificado de los precios por hectárea lo único que refleja es la incompetencia de las autoridades que estuvieron a cargo y habla de una poca capacidad para gestionar los recursos de la institución. Y a los únicos que perjudica, finalmente, es a las comunidades indígenas».
Con estos antecedentes a la vista, el senador Miguel Becker (RN) opina que «durante muchos años hemos venido advirtiendo el hecho de que la Conadi es un desorden generalizado. Y más aún, en los últimos cuatro años de un gobierno de izquierda, donde las compras siempre fueron con fines políticos y, por otro lado, con precios desorbitantes. Realmente, Conadi tiene que ser intervenida, Conadi tiene que ser analizada, de manera que las tierras que se adquieran con el precio adecuado lleguen a donde tienen que llegar y no se transforme en un verdadero botín de cada gobierno».
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