La Comunidad Juan Cayupi, del sector San Andrés, espera desde el año 2009 que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) los beneficie con la compra de un predio. Tras 17 años, confiaban en que estaban próximos a conseguirlo ya que los vendedores de los predios ya firmaron toda la documentación requerida y la comunidad hizo entrega formal del Acta de Cierre de Demanda ante la Jefatura del Fondo de Tierras y Aguas de la corporación, tal como les solicitaron. Sabían que para 2025 ya no había los recursos, pero el compromiso al que habían llegado con ellos era dejar todo listo para incorporarlos al presupuesto de 2026. Sin embargo, una vez entregados los documentos, afirman que sus mensajes dejaron de ser contestados. A principios de enero la presidenta de la comunidad, Virna Cayupi, se presentó en la sede nacional de Conadi y allí, al abordar al jefe del Fondo de Tierras y Aguas de Conadi, Carlos Millapán, éste le dijo que debían esperar a marzo, «cuando llegue su gobierno».
En conversación con El Líbero, Cayupi relata que los primeros días de enero se presentó en la sede de Conadi a eso de las ocho de la mañana para tratar de conversar con Millapán sobre su proceso de restitución, lo encontró media hora después en un pasillo y lo abordó cerca del ascensor: “Le dije que si nos podía dar unos minutitos, por favor. Porque no tenía ninguna respuesta de parte suya, ni nada, y me dice ‘espérate hasta marzo cuando llegue tu gobierno’”.
Después de eso intentó contactarlo por correo electrónico y hasta solicitó una audiencia por Ley del Lobby con el Director Nacional de Conadi, Álvaro Morales Marileo, pero ninguno de sus intentos, relata, ha tenido respuesta.
Luego de que El Líbero diera a conocer que Conadi privilegió la compra de tierras para la comunidad Pedro Linconao II, a la que pertenece la machi Francisca Linconao, saltándose a 201 comunidades que estaban por delante en la fila, desde la Comunidad Juan Cayupi presentaron un reclamo formal el 10 de febrero, dirigido al director nacional de Conadi. Allí exigen el término de “la paralización injustificada” de su proceso de restitución territorial, puesto que la comunidad “ha cumplido con cada etapa legal y técnica, encontrándose el expediente en condiciones de cierre definitivo” y, además, denuncian una “dilación arbitraria por motivos políticos”, ante lo que califican como una “inaceptable intervención política”, por parte de Millapán.
“Esta aseveración es ilegal; los derechos territoriales de los pueblos indígenas no están sujetos a calendarios electorales ni a la voluntad de un gobierno de turno, sino al cumplimiento de la Ley 19.253”, advierten en su escrito.
Además, agregan que “observamos con indignación cómo la fiscalía regional, a cargo del Sr. Cristian Carmine Sepúlveda, agiliza con celeridad compras de alto perfil político (como el caso de la machi Linconao, lugar 616 de la lista), mientras posterga a nuestra comunidad de forma maliciosa”.
El Líbero contactó a la corporación para consultar su posición y la de Millapán con respecto a esta denuncia, pero hasta el cierre de esta nota no se había recibido una respuesta.
Millapán se desempeña en Conadi desde el año 2008. Según los registros de Transparencia de la corporación, pasó a ser personal de planta desde junio de 2024, cuando asumió el cargo directivo. En todos los años previos estuvo como personal a contrata como profesional del Fondo de Tierras y Aguas de la Dirección Nacional. De acuerdo con una información de Radio Bío Bío, en el año 2012 estuvo involucrado en una denuncia de acoso laboral hecha por un funcionario de Conadi en contra del Director Regional de Conadi en la Región del Biobío de entonces y en su contra.
Un acuerdo incumplido
El 11 de marzo de 2025, Conadi compartió en sus redes sociales imágenes de una reunión entre su director nacional, Álvaro Morales Marileo, con la comunidad Juan Cayupi del sector San Andrés. Allí se decía que el encuentro era “para revisar los avances en sus procesos de restitución territorial”. Sin embargo, ese mismo mes el proceso se detuvo ante una solicitud hecha por los diputados Miguel Mellado y Andrés Jouannet de revisar la legalidad de la compraventa del predio denominado “El Nudo”, que nada tenía que ver con el reclamo territorial de la Comunidad Juan Cayupi.
La compra de El Nudo, ubicado en la comuna de Freire, fue polémica debido a la cantidad de hechos de violencia que hubo en torno a ese predio al menos desde el año 2021. En enero de 2025, la Contraloría Regional de La Araucanía ratificó la legalidad de ese proceso de compraventa, pero los diputados solicitaron una revisión de la decisión. Eso llevó a que el 19 de marzo de 2025 se paralizaran las negociaciones, a la espera de la respuesta de Contraloría.
La decisión afectó a la Comunidad Juan Cayupi porque uno de los predios que ellos habían acordado también se ubica en la comuna de Freire y en octubre de 2020 ocurrió allí un ataque incendiario que destruyó una máquina forestal.
La decisión final de Contraloría llegó el 5 de noviembre de 2025 y, nuevamente, no hubo reproche al actuar de Conadi, con lo cual se le dio luz verde a la comunidad para continuar con el proceso. Desde Conadi les aclararon que si bien la negociación no generaba obligaciones para ninguna de las dos partes “es un hito importante, porque llegar al acuerdo no es fácil”.
Una vez que Contraloría resolvió, los representantes de la comunidad fueron citados en Conadi el 11 de diciembre de 2025 a las 11 de la mañana.
Para ese momento ya los propietarios de los dos predios a los que aspira la comunidad habían entregado su carta oferta a Conadi. El primero, de más de 400 hectáreas, hizo su oferta el 19 de marzo de 2025, y el segundo, de 50 hectáreas, hizo su oferta el 10 de diciembre de 2025.
El 11 de diciembre los recibió Millapán, quien además les indicó que la comunidad debía ingresar de inmediato el acta de cierre de su demanda, lo cual hicieron el día 23 de diciembre de 2025.
“Nosotros estuvimos todo un año esperando, tranquilos, de forma pacífica, que es la forma que a nosotros nos caracteriza, de no hacer tanto problema, sino que respetar lo que se dice, lo que se conversa, el acuerdo al que nosotros llegamos. Creo que desconocen todo eso”, afirma Virna Cayupi. “Aquí hay un compromiso de parte de ellos que no se cumplió”, reitera.
La comunidad solicita alrededor de 500 hectáreas para 87 familias. El requerimiento del cierre de demanda se hizo porque según les informaron de la corporación, sin cierre de demanda la Contraloría rechaza los procesos de compraventa, de los cuales debe obligatoriamente tomar razón. “A ninguna comunidad le han aceptado si no cierran la demanda”, les dijeron.
No obstante, la comunidad Pedro Linconao II, a la que pertenece la machi Francisca Linconao, le aceptaron el cierre parcial de la suya.
Ahora la comunidad no sabe qué pasará con la compra que están solicitando. Desconocen si las autoridades actuales de Conadi ya dejaron andando los procesos de compra para el 2026 y quiénes están incluidos. “No sabemos por qué no nos hemos podido reunir con ellos, no nos están atendiendo, no están atendiendo los correos ni nada que nosotros hayamos ingresado”, dice Virna Cayupi.
El rechazo a la consulta indígena
Virna Cayupi no duda en afirmar que hay “razones políticas” para discriminarlos. Menciona los intereses electorales que surgieron a raíz de las parlamentarias y presidenciales y que se opusieron a la consulta indígena que impulsó el Ejecutivo a raíz de las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que a la fecha permanece suspendida.
Gloria Cayupi, quien si bien no pertenece a la comunidad se identifica como werkén del linaje Cayupi –compuesto por cinco territorios– presentó un recurso de protección en contra de los Ministerios del Interior y Desarrollo Social, que estaban a cargo de la consulta, con el objetivo de frenar el proceso.
La werkén dice a El Líbero: “Yo fui la persona que más se opuso al tema de la consulta indígena. Aparecí en distintos medios, logré que se me escuchara, y finalmente logramos suspender la consulta indígena (…). Yo he actuado siempre con la verdad por delante y eso me ha marcado, siempre diciéndome que soy de derecha y no es que uno sea de derecha, ni izquierda, cuando uno exige sus derechos, porque yo represento a mucha gente y, dentro de la gente que represento, hay gente de izquierda, gente de derecha y gente de centro”. Agrega que “como es mi territorio se me castiga de esa forma”.
Con respecto a la compra que hizo Conadi para la Comunidad Pedro Linconao II, señala: “Yo creo que todas las compras que se hagan son válidas y todas son necesarias, pero si no nos respetamos entre nosotros y no hacemos que se respete el orden de la fila, no es bueno, viniendo de una autoridad ancestral que sabe muy bien nuestros derechos y obligaciones. El respeto es algo ancestral. Entonces, que una autoridad ancestral pase por sobre otras personas es algo que no corresponde”.
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