Conadi pagó hasta $20 millones por hectárea durante el gobierno de Boric: «paisajismo» y «pertinencia cultural» inflaron hasta en un 30% el valor de los predios

Durante los cuatro años del gobierno del Presidente Gabriel Boric, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) realizó compras de tierras para comunidades que acreditaron un desmedro de su Título de Merced por más de 25 mil hectáreas, que representaron una inversión de más de $19o mil millones.

La compra de mayor cuantía realizada por Conadi fue de $13.460 millones por 1.731,9 hectáreas para la comunidad José Llancao, en La Araucanía, en 2024. En términos de superficie, la comunidad que recibió la mayor cantidad de terrenos fue la Caleta Cóndor, asentada en la Región de Los Lagos, integrada por 21 familias para las que adquirieron 2.147 hectáreas.

Documentos a los que tuvo acceso El Líbero vía Ley de Transparencia revelan que no existió un criterio estándar por parte de la Corporación al negociar las tasaciones para la compra de estos predios. Así, por ejemplo, la compra realizada para la comunidad indígena Juan Huinolpan representó una inversión de más de $20 millones por hectárea para un predio de 250 hectáreas, ubicado en Villarrica, que costó $5.100 millones. Mientras que el valor por hectárea de la compra que se hizo a la comunidad de Caleta Cóndor en la comuna de Río Negro fue de $2,2 millones.

Los $20 millones por hectárea también reflejan una discrepancia significativa con el precio promedio por hectárea pagado entre los años 2022 y 2025, que fue de $7.900.000. En el caso de la compra para la comunidad indígena Juan Huinolpan, se pagó un 153% más que el valor promedio. La adquisición incluyó además derechos de aprovechamiento de aguas por un valor de $47,5 millones. La Contraloría General de la República tomó razón de la compra el 5 de diciembre de 2025. Esta comunidad fue constituida en el año 2000 y la conforman 31 familias.

Hay más ejemplos de comunidades cuyas compras de tierras superaron por lejos el valor promedio de la tierra que pagó Conadi: la Comunidad Indígena Quemchue, con 591,57 hectáreas en Lanco (Los Ríos) con un valor promedio de $14.000.955 por hectárea; Danquilco, con 110,5 hectáreas en Padre Las Casas que representó una inversión de $13.656.652 por hectárea; o Cui Cui, con 148 hectáreas en Puyehue (Los Lagos) a $13.054.054 por hectárea.

Otro caso notable es el del Lof Trapilhue, comunidad a la que en 2024 le fueron restituidas 854 hectáreas que, antes de esta compra, constituían el Fundo El Nudo, ubicado en la comuna de Freire, Región de La Araucanía. Sin embargo, El Nudo era un fundo públicamente “perturbado”, por el propio lof. “Si tenemos que usar la autodefensa para frenar las arremetidas represivas de la las policías militarizadas, lo haremos”, escribieron en un comunicado difundido el 23 de agosto de 2021, en el que “reivindicaban” los predios El Nudo, Huichahue y Ufro. Al día siguiente ocuparon el campo y lo sembraron.

A esta comunidad, Conadi le compró 854 hectáreas, por un valor de $10.240 millones, es decir $11.990.632 por hectárea. 

Conadi pagó hasta 20 millones por hectárea

Consultado por estos precios, el director nacional de Conadi, Ignacio Malig, dice a El Líbero que el precio promedio pagado por hectárea entre los años 2018 y 2021, en el segundo gobierno del presidente Piñera, fue de $4.600.000 y el precio promedio pagado entre los años 2022 y 2025 fue de $7.900.000 pesos. 

“Pero esto no se puede ver en un total como un promedio, ya que hay compras como por ejemplo en el año 2018 en la Provincia de Chiloé donde se pagó un precio muy bajo por hectárea, cercano a los 500 mil pesos y se compró una gran superficie de tierra, y por otro lado hay compras en el año 2025 donde se llegaron a pagar sobre $20 millones por la hectárea en las comunas de Villarrica y Perquenco, lo que a primera vista parece excesivo”.

Malig agrega que la superficie adquirida en el periodo 2018-2021 fue de un poco más de 27.000 hectáreas y mientras que la superficie de los años 2022 y 2025 fue de 25.000 hectáreas y fracción. 

Es decir, que el gobierno de Boric compró menos hectáreas que el gobierno de Piñera y el valor promedio por hectárea aumentó en un 72% respecto al gobierno anterior.

“No tengo una buena evaluación de lo realizado”, dice Malig al ser consultado sobre la política de entrega de tierras por el fondo 20 B durante el gobierno anterior. “En primer lugar, se entregaron aplicabilidades de forma desmedida, lo que tiene nulo impacto en la solución de problemas de tierras y lo único que logra es aumentar la lista de comunidades en espera sin una solución concreta. Durante el período 2022–2025 se entregaron 402 aplicabilidades, lo que representa el 56% del total histórico otorgado por Conadi entre 1994 y 2021, correspondiente a 718 aplicabilidades. En segundo término, en la compra de tierras no fueron respetados los criterios de priorización que establece la Ley, como la cercanía al Título de Merced”.

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Ejemplo de esto último es que, de acuerdo con las Resoluciones de Asignación de Fondos (RAF) que pudo revisar El Líbero, hay comunidades que fueron beneficiadas que tenían a otras 200 por delante en la fila que no registran ni una compra. Por ejemplo, la comunidad Lorenzo Necul recibió 403,77 hectáreas en 2025 que significaron una inversión de $5.074.976.000. Esta comunidad ocupa la posición 639 en el orden de prelación y hay 217 comunidades antes que ella que nunca han recibido nada. La compra de 2025 se hizo aunque la comunidad Lorenzo Necul ya registraba una compra previa, a través del artículo 20 B de la Ley 19.253. Y es que el 31 de diciembre de 2018 se aprobó la compra para la comunidad de un sitio de significación cultural de 2,81 hectáreas de superficie. 

También está el caso de la comunidad Pangueco Grande Soto Lincoñir, que ocupa el lugar 630 en el orden de prelación. Esta comunidad recibió 570,6 hectáreas en 2025, por un valor de $3.123.720.289. En su caso había 212 comunidades por delante sin compra anterior. O el de la comunidad Pedro Linconao 2 (a la que pertenece la machi Francisca Linconao) que tenía a 201 comunidades por delante sin ninguna compra. A esta comunidad Conadi le compró 166,3 hectáreas, que representaron una inversión de $1.790 millones. 

Sobreprecios ficticios

Con respecto al tema de los precios pagados durante la administración anterior, cuando Conadi estuvo encabezada primero por Luis Penchuleo y luego por Álvaro Morales Marileo; Malig señala que desde su llegada han hecho un análisis de los precios de las compras realizadas en el periodo anterior “y si bien estos se ajustan a las tasaciones, hemos encontrado que las tasaciones incluyen ciertos conceptos que han permitido un aumento -creemos ficticio- en los precios finales que se han pagado por las compras”.

El director nacional de Conadi menciona como ejemplo un proceso de compra de un predio en la comuna de Villarrica, que “consideró inicialmente una tasación base del inmueble de M$4.919.223, la cual incluía el valor del suelo, construcciones, recursos forestales, derechos de agua y cercos. Luego, esta tasación se incrementa en un 15% (M$769.809) al incorporar criterios de ‘valor territorial y/o cultural’ y de ‘paisajismo’, alcanzando un valor final de tasación de M$5.689.032, aun cuando la negociación fue dentro del precio de tasación, lo pagado por Conadi fue de un 4% sobre la tasación base del inmueble, esto significó un sobreprecio de M$180.000”.

Para Malig, además, “el criterio de valor territorial y cultural, ha sido mal utilizado para aumentar el precio a pagar, incluyendo dentro de este concepto recursos forestales o construcciones sobre el inmueble que ya habían sido consideradas en el valor de tasación”.

Paisajismo y “pertinencia cultural”: los elementos que inflan el valor de la tierra

En esa línea, Malig sostiene que “todos los programas y todas las transferencias de recursos de la Corporación están siendo revisadas y es así que producto de esta revisión hemos encontrado que por ejemplo las tasaciones que se realizaban para la compra de predios a través del 20B incluyen dos conceptos que nos parecen un tanto extraños, uno es el ‘paisajismo’, por el cual las tasaciones pueden llegar a tener un sobreprecio de la tierra de un 10%, y el otro concepto es una ‘pertinencia cultural’ mediante la cual se permite que las tasaciones puedan tener hasta un 20% de sobreprecio sobre el valor real de la tierra, aun cuando estas compras se realizaron en comunas distintas a las de origen de la comunidad beneficiada y de su Título de Merced”. 

Señala que “ahí podría haber una de las explicaciones de por qué aumentó exponencialmente el valor de la hectárea si se toma todo esto como referencia. Esos dos conceptos hacen que, si bien en las compras se pagó el valor de la tasación, estas tasaciones tienen lo que yo considero un problema, ya que permiten aumentar el valor de la tierra por hasta un 30% bajo estos conceptos”.