Una aplicabilidad es el documento oficial mediante el cual el Estado reconoce que una comunidad o persona indígena tiene derecho a recibir tierras en reparación cuando alegan que sufrieron un desmedro de su título de merced. Gabriel Boric es el Presidente que más aplicabilidades ha entregado en la historia de Chile, con 242, superando así a Ricardo Lagos –en cuyo gobierno se entregaron 192– y a todos los presidentes que lo precedieron desde que la Ley Indígena N°19.253 creó el mecanismo en 1993.
Las aplicabilidades constituyen el primer paso hacia la entrega efectiva de tierra para una comunidad indígena; pero al mismo tiempo son parte del núcleo del problema irresoluto que se vive en el sur del país con la demanda de tierras por parte de comunidades mapuche, ya que hay más de 700 a quienes ya se les ha reconocido el derecho, pero cientos de ellas llevan décadas esperando que ese reconocimiento se traduzca en tierra efectiva, y de acuerdo con el Informe Final de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento -impulsada también por el ex Presidente Boric- el sistema actual no tiene capacidad ni recursos para responder en plazos razonables: actualmente entre el reconocimiento del derecho a la tierra (aplicabilidad) y la entrega efectiva de los terrenos transcurren entre 20 y 25 años.
Mientras la Comisión para la Paz llegaba a estas conclusiones, tan solo en 2025 el gobierno de Boric entregó la aplicabilidad a 97 comunidades, pero solo benefició con entrega de tierras a 10. Así, bajo las condiciones actuales, sin nuevas solicitudes, la proyección para resolver toda la demanda tomaría entre 80 y 162 años.
Fuentes vinculadas a la Comisión señalan fuera de micrófono que con estas proyecciones y si se mantiene el sistema actual esas aplicabilidades son un “engaño”, porque las comunidades “nunca van a recibir nada”.
Pero el problema no está solo en el volumen, sino que también en los criterios para otorgar este informe que en 93% de los casos resulta con respuesta positiva por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Antes de la llegada del Presidente Boric, el trámite para obtener la aplicabilidad demoraba en promedio algo más de cuatro años. No obstante, durante esa administración hubo comunidades que desde su creación –paso previo a la solicitud de una aplicabilidad– hasta que obtuvieron este informe favorable se demoraron dos años. Y se trata de casos que hacen ruido dentro del propio mundo mapuche.
La comunidad We Folil Mariman fue constituida en 2022 –el mismo año en que comenzó la administración de Boric– y obtuvo su aplicabilidad el 11 de julio de 2024, es decir, dos años después. Entre los integrantes de la comunidad We Folil Mariman figura Danko Marimán, antropólogo mapuche que en las elecciones municipales de 2024 fue candidato a concejal por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), partido que formaba parte del oficialismo.
Otro caso es el de la comunidad Pancho Curamil III, constituida en 2023, y que logró su aplicabilidad el 31 de julio de 2025, también en dos años. Su representante legal es Moisés Curamil, hijo de Alberto Curamil, lonko conocido por haber recibido el Premio Goldman de medioambiente en 2019 –el llamado «Nobel Verde»– pero también por sus vínculos con la Alianza Territorial Mapuche (ATM), organización que ha sido asociada a acciones de violencia en la Macrozona Sur. Tanto Moisés como Alberto Curamil han sido detenidos en cortes de ruta con barricadas incendiarias.
Richard Caifal, director ejecutivo de la Fundación Rakizuam, alude al caso de la comunidad We Folil Mariman y explica que cuando esto se supo generó molestias entre líderes mapuche, no solo por lo acotado de los plazos, sino también porque la pareja de Marimán, Isabel Cañet Caniulén, era la encargada nacional del Programa de Acción Territorial de Conadi. Debido a esto, explica, incluso hubo una reunión entre dirigentes mapuche en la que se planteó que “eventualmente habría una especie de tráfico de influencias para agilizar la tramitación de las aplicabilidades”.
“Resulta curioso, por decirlo menos, que esta comunidad en tan breve tiempo haya logrado este certificado de aplicabilidad, más aún considerando que las personas involucradas ocupaban cargos de responsabilidad al interior del Estado. Por lo tanto, no es del todo transparente y genera dudas en la dirigencia”, agrega Caifal a El Líbero.
El propio Mariman, quien actualmente es candidato al Consejo de Conadi, se refirió en una entrevista con el medio El Ciudadano a Cañet como su “kure” (término que en mapudungun significa esposa).
Caifal advierte que “algo está fallando o algo falló en el período anterior, puesto que se entregaron 250 aplicabilidades y no sé si existió un trabajo riguroso o si se saltaron la fila o se privilegió la amistad con algunos líderes o dirigentes. Entonces eso obviamente daña la credibilidad en la institución y en la propia ley indígena”.
Aplicabilidades entregadas
Desde que la Ley Indígena N°19.253 entró en vigencia en 1993, el mecanismo del artículo 20 letra b) no registra resoluciones de aplicabilidad sino hasta el año 2000, durante el gobierno de Ricardo Lagos, quien antes de Boric lideraba el ranking histórico con 192 aplicabilidades otorgadas.
Le sigue el primer mandato de Michelle Bachelet (2006-2010), con 149. El segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) entregó 98, mientras que los dos gobiernos de Sebastián Piñera fueron los de menor actividad en la materia: el primero (2010-2014) entregó apenas 19 aplicabilidades, y el segundo (2018-2022), 30.
En una entrevista con el diario El Austral de La Araucanía, el exdirector nacional de Conadi, Álvaro Morales Marileo, informó que durante los cuatro años de gestión del Presidente Boric, la Conadi entregó 242 aplicabilidades y compró un total de 25.696 hectáreas para 2.593 familias.
Paz por tierras
Por otro lado, la crítica también apunta a lo que en la Macrozona Sur se ha llamado “comprar paz a cambio de tierras”.
Gloria Millaray Cayupi, werken del linaje de Cayupi, cuestiona que “el gobierno de Boric impulsó la Comisión para la Paz y el Entendimiento, cuyo informe final reconoce que el sistema está colapsado y no tiene recursos para responder a las comunidades históricas en plazos razonables. Sin embargo, en la práctica, Conadi contradice este diagnóstico ‘saltándose la fila’ para beneficiar a quienes tienen nexos políticos o actúan mediante la presión. ¿Están comprando paz con recursos que pertenecen a todo el pueblo mapuche? Es una bofetada a nuestros ancianos que murieron esperando ver su tierra recuperada”. En la misma línea solicita que se realicen sumarios para identificar a los funcionarios que facilitaron estos procesos «express».
Por su lado, Claudia Unicahuin, quien trabajó en la oficina de Conadi de Castro, explica que el informe mediante el cual se entrega la aplicabilidad incluye referencias a cuestiones históricas, antropológicas, socioeconómicas, ocupacionales y jurídicas que justifican el “problema de tierras” de los solicitantes. Por lo que, a su juicio, “cuando se habla de demanda histórica, es efectivamente que esto lo comenzaron los ancestros. Es un proceso de larga data para llegar a conseguirlo. Esto no es revisarlo hoy día, mañana darle aplicabilidad y pasado mañana comprar el predio”.
Unicahuin recuerda que durante el gobierno de Boric también se compraron predios que estuvieron “perturbados” (usurpados, tomados o embanderados), por lo que confía en que “la auditoría que fue promesa de campaña del Presidente José Antonio Kast se realice en Conadi, y que se vea que efectivamente que estas comunidades hayan cumplido con los requisitos y tengan los informes en los plazos que la ley y los instructivos dicen”.
La contradicción con la Comisión por la Paz
En sus recomendaciones, la Comisión para la Paz planteaba que Conadi debía resolver las solicitudes de aplicabilidad pendientes según fecha de ingreso.
Sebastián Naveillán, presidente de los Agricultores de Malleco e integrante de esa comisión, es categórico: «Finalmente la aplicabilidad es un sistema que ocupa el gobierno de turno para apaciguar el agua. Es una manera de pagar favores políticos«. Dice que esto es así porque no hay un criterio claro para la entrega de las aplicabilidades.
Otra fuente relacionada con la Comisión coincide en que «el problema de las aplicabilidades es que se ocupan con un objetivo político. Las comunidades quedan muy contentas cuando les entregan el documento, pero la verdad es que de ahí a que le entreguen tierra, no va a pasar nunca debido a los tiempos que se demoran. Y eso crea más incentivos a la violencia».
Naveillán recuerda que dentro de la propia Comisión se vio el problema en tiempo real: «Cada vez que consultábamos cuántas aplicabilidades iban entregadas, era un número distinto, porque ascendían y ascendían como la espuma. Eso quiere decir que iban entregando aplicabilidades indiscriminadamente».
Intervención de Contraloría
Para Cayupi, es necesaria una intervención de la Contraloría en este proceso, dado que es la instancia mandatada a velar por el cumplimiento de las normas jurídicas y el resguardo del patrimonio público. “Ante la evidencia de plazos récord para comunidades ligadas a candidatos, como es el caso de Danko Marimán, el Estado debe obligar a que la Contraloría inicie una auditoría integral a la Unidad de Tierras y Aguas de la Conadi. Es una exigencia para asegurar que los recursos de todos los chilenos no se desvíen hacia intereses electorales”.
Naveillán coincide en que Contraloría debe hacer una revisión exhaustiva del proceso de entrega de las aplicabilidades y de las aplicabilidades entregadas “y que se entregue un camino claro para que cualquier gobierno que esté tenga clarísimo cuál es el criterio para entregar una aplicabilidad. ¿Para qué? Para poder evitar este pago de favores políticos como fue en el gobierno de Boric, que la verdad que da vergüenza”.
El propio informe de la Comisión dice que hay casos en que un Título de Merced ha sido utilizado 19 veces para constituir comunidades y solicitar reparación en tierras.
Para Caifal, “cuando ocurren este tipo de situaciones, lo que se pone en duda es si la ley está cumpliendo los propósitos para los cuales fue creada o si, de hecho, existe igualdad ante la ley. Por lo tanto, son esos los valores que nosotros estamos mirando: si está funcionando o no está funcionando la ley, o si requiere modificaciones para evitar situaciones de aprovechamiento”.