A mediados de enero, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) informó la aprobación de la compra de 166,3 hectáreas para la Comunidad Indígena Pedro Linconao II, a la que pertenece la machi Francisca Linconao. El Líbero tuvo acceso a la Resolución N°020, del 8 de octubre de 2025, que autorizó la transacción y en la que se detalla que la comunidad fue priorizada por sobre más de 200 comunidades cuya demanda de tierras contaba con mayor antigüedad en el sistema y que, además, nunca han sido beneficiadas con una compra.
Según el documento, Pedro Linconao II se encuentra en el lugar N°616 del listado de comunidades con informe jurídico-administrativo favorable, es decir, habilitadas para avanzar en procesos de compra de tierras mediante el artículo 20B de la Ley Indígena. En el desglose que hace la corporación se señala que, entre quienes la anteceden, hay 414 comunidades con reclamación previa que ya registran compra, de las cuales 125 tienen su demanda completamente satisfecha.
Sin embargo, por delante de Pedro Linconao II existen también 201 comunidades que no registran compras de tierras previas. De ellas, según detalla Conadi, 21 no han presentado predios a la Corporación para ser consideradas en un proceso de adquisición, mientras que otras 144 sí lo han hecho.
En la resolución se precisa que Conadi “prioriza la comunidad Indígena Pedro Linconao II, por sobre las comunidades que la anteceden” porque en el caso de aquellas que sí han presentado predios para su compra sus informes o estudios no han finalizado “producto de diversos factores administrativos que forman parte del proceso, tales como, manifestación del propietario en no vender, envío tarde de la documentación legal por parte del o los propietario(s), 33 casos con Informe Jurídico Administrativo reciente y 3 casos se encuentran inactivos o con su directiva expirada anterior al año 2015”.
166 hectáreas y contando…
La Conadi concedió la aplicabilidad del artículo 20B a la comunidad Pedro Linconao II el 24 de diciembre de 2014. Cuando plantearon su «problema de tierras» –en abril de ese mismo año–, la organización estaba compuesta por 29 familias amparadas en un Título de Merced de 1910 que correspondía a 110 hectáreas. En su escrito original, también señalaban que la comunidad estaba vinculada a los fundos Palermo y Santa Rosa, pertenecientes actualmente a la familia Luchsinger.
Ante la negativa de los Luchsinger a vender, y «después de 10 años en conversaciones y reuniones», según consta en un acta de asamblea de abril de 2024, la comunidad presentó a la Conadi dos opciones para la compra: un predio en la comuna de Traiguén y otro en Curacautín. Fue este último con el que finalmente se concretó la operación.
En septiembre de 2025, la comunidad actualizó la información de sus integrantes e informó que estaban compuestos por 42 socios y 38 familias (en promedio: 1,1 personas por familia).
Aunque se aprobó la adquisición de 166,3 hectáreas y de derechos de aprovechamiento de aguas, la resolución enfatiza en distintos pasajes que esta compra «no implica el cumplimiento íntegro a la demanda de la comunidad en la línea del artículo 20 letra b)». El documento detalla que los terrenos financiados «solo alcanzan para satisfacer la necesidad de 11 familias de las 38 que conforman la Comunidad Indígena Pedro Linconao II, justificándose entonces el cierre parcial de demanda». Por lo tanto, el organismo reitera que este acto administrativo constituye únicamente una «solución parcial».
Para dimensionar la magnitud de la compra, la superficie adquirida equivale a más de dos veces y media el complejo del Estadio Nacional (considerando el parque completo, las canchas y el coliseo). Al estar destinado a solo 11 familias, cada una recibe en promedio 15,1 hectáreas; es decir, cada grupo familiar beneficiado obtiene una superficie equivalente a casi un cuarto (23%) de todo el complejo deportivo de Ñuñoa.
Conadi validó ofertas por sobre la tasación
La resolución también admite que “los montos a pagar por los bienes superan los señalados en los informes de tasación y valorización predial”.
Por las 166,3 hectáreas, la Conadi desembolsó un total de $1.790 millones, repartidos entre dos propietarios. El primero recibió $1.230 millones, mientras que a la segunda se le pagaron $560 millones.
En el caso del primer vendedor, este ingresó el 24 de marzo de 2025 una carta oferta dirigida al Director Nacional de la Conadi precisamente por los $1.230 millones finales; una cifra que, según el documento, representa un “monto superior en 7,32% respecto al valor actualizado de la tasación”. Por su parte, la segunda propietaria presentó su oferta el 26 de marzo de 2025 por $560 millones, lo que implicó un pago “superior en 2,91% respecto al valor actualizado de la tasación”.
Para justificar estos sobreprecios, la Conadi argumentó que la corporación ha actuado de manera similar en “una treintena de compras relativas al artículo 20 letra b) de la Ley N°19.253, ejecutadas durante los últimos 10 años”. El organismo sostiene que dichas resoluciones fueron tomadas de razón por la Contraloría Regional de La Araucanía, a pesar de que en ellas se adquirieron inmuebles por montos “iguales o mayores al 18% sobre el valor de tasación”.
En detalle, la institución subraya que existen registros de 30 procesos en los que se pagó una diferencia superior al 18,56%, y en seis de ellos “por monto igual o superior al 20%”. Bajo este parámetro, la Conadi señala con respecto a la operación de la comunidad Pedro Linconao II que, en este caso específico, el monto pagado es “sólo un 7,32% superior al valor actualizado de la tasación”.
Con respecto al monto pagado, el documento señala que “el precio que por esta resolución se financia es el máximo esfuerzo al que se ha podido arribar por Conadi para adquirir el predio concreto solicitado por la comunidad indígena, en base a las razones expuestas y ante la voluntad de los propietarios de vender, buscándose en todo momento la mayor compatibilidad entre los intereses de la comunidad beneficiaria, el interés privado de los vendedores; el cumplimiento de las obligaciones del Estado; y el uso eficiente de los recursos públicos utilizados”.
El acuerdo entre el Estado y la machi
Otro factor determinante en esta operación fue el «Acuerdo de Solución Amistosa» suscrito entre el Estado de Chile y la machi Francisca Linconao el 13 de agosto de 2025. Dicho compromiso forma parte del documento «Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones, caso N°14.618», el cual fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La historia de este proceso se remonta a enero de 2013, cuando Francisca Linconao fue detenida bajo la sospecha de estar vinculada al asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay. Tras ser absuelta por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco en octubre de ese mismo año, la machi interpuso una demanda de indemnización contra el Fisco. Aunque en primera instancia la justicia le otorgó $30 millones por daño moral, el Consejo de Defensa del Estado apeló la decisión; y la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó la demanda en 2017, fallo que fue ratificado por la Corte Suprema en febrero de 2018.
Ante el cierre de las vías nacionales, el 16 de agosto de 2018 la machi escaló el caso hasta la CIDH, ingresando una denuncia contra el Estado de Chile. El 10 de abril de 2025, la comisión concluyó “que el Estado de Chile es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, libertad de conciencia y de religión, igualdad ante la ley, protección judicial y participación en la vida cultural”, en perjuicio de la machi Francisca Linconao, y formuló sus recomendaciones.
Bajo los términos de este acuerdo, el Estado –a través de Carabineros de Chile– se comprometió al pago de una indemnización de $70 millones a favor de Linconao. No obstante, las reparaciones trascienden lo económico: el pacto garantiza a la machi atención de salud integral, gratuita y vitalicia, beneficio que se extiende en materia de salud física y mental a todos sus familiares directos.
En el ámbito educativo, el Estado aseguró el acceso a enseñanza escolar y superior (pregrado) para los familiares de la machi. Este beneficio contempla el financiamiento total de matrículas y aranceles mensuales hasta la obtención del título profesional en instituciones públicas o acreditadas, sumado a la entrega de becas de mantención a través de la Junaeb.
El compromiso incluye una dimensión comunitaria, mediante la implementación de servicios de salud con pertinencia cultural en beneficio de las comunidades de Rahue y Codopille, en la comuna de Padre Las Casas.
Y en materia de tierras, uno de los puntos centrales del acuerdo, el Estado se comprometió a realizar gestiones para adquirir predios en favor de la Comunidad Indígena Pedro Linconao II en un plazo de ocho meses; para lo cual había que “priorizar” la compra de los fundos Palermo y Santa Rosa –pertenecientes a los Luchsinger–, o en su defecto, tierras alternativas elegidas por la comunidad.
Las gestiones de Conadi
En particular sobre este acuerdo, en la Resolución N°020 en la que se autoriza la compra para la comunidad Pedro Linconao II, se dice que “dicho acuerdo fue firmado de forma posterior al inicio del procedimiento administrativo de reclamación de la comunidad indígena Pedro Linconao II, el cual a la fecha se encontraba con aplicabilidad otorgada y en un estado de avance significativo”. Por tanto, indican, “el Acuerdo de Solución Amistosa no cambia la naturaleza general del presente proceso, pero coadyuva en justificar la característica especial del mismo”.
La misma resolución transparenta que Conadi “realizó gestiones” con respecto a los predios Fundo Palermo y Fundo Santa Rosa. “Al respecto se deja constancia que, habiéndose realizado gestiones por Conadi, los predios referidos no se encuentran en estado de compra, por no existir a la fecha voluntad de venta de los mismos por parte de sus propietarios”. El Estado también se comprometió a realizar una reunión privada de disculpas, en dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un plazo máximo de seis meses posteriores a la suscripción del acuerdo.
La cercanía entre Linconao y Boric
Linconao enfrentó varios juicios por el crimen de los Luchsinger-Mackay. En 2017, luego de una nueva investigación que incluyó a otros 10 comuneros, se inició un segundo juicio oral. En octubre de 2017, el tribunal dictó un veredicto absolutorio para todos los imputados (incluida la machi) por falta de pruebas. Sin embargo, este juicio fue anulado por la Corte de Apelaciones de Temuco a fines de ese año, ordenando repetir el proceso.
En 2018 la justicia volvió a declarar la inocencia de Francisca Linconao. Esta sentencia quedó firme, cerrando definitivamente su persecución judicial en esta causa.
En ese intertanto, el entonces diputado Gabriel Boric visitó a Linconao en el centro de cumplimiento penitenciario femenino de Temuco, en agosto de 2016. A la fecha, Boric integraba la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y afirmó que en el caso de Linconao existieron arbitrariedades y no se siguieron los estándares mínimos del debido proceso.
Posteriormente, en enero de 2017, Boric escribió una carta en la que abordó la situación judicial y física de la machi.
“El estado de salud de la machi –de 60 años– empeora día tras día. De acuerdo a la cosmovisión mapuche, su calidad de machi le exige estar cerca de su rewe. Ella piensa que su situación es una venganza por haber defendido (en tribunales y con éxito) su menoko (el sitio sagrado donde crece el lawen, o sea, los remedios para su gente), y por estar intentando recuperar (a través de Conadi) la propiedad para su lof (que no tiene nada que ver con el conflicto en Vilcún ni con la familia Luchsinger). Pero yo creo que su situación es más bien el resultado de una política sistemática y racista de represión y criminalización del movimiento mapuche”, señalaba, entre otros puntos, la misiva.
En diciembre de 2021, la machi Linconao –que entonces integraba la Convención Constitucional en un cupo mapuche– respaldó públicamente al entonces candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.