Subsecretario de Hacienda y polémica por dineros de Junaeb: “Una ración de alimentos costaba $12,5 millones. Es inaceptable”

El pasado viernes, en plenas negociaciones respecto del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional entre el gobierno y las distintas bancadas del Congreso, se dio a conocer una serie de oficios, con remitente de la Dirección de Presupuestos (Dipres), hacia los distintos ministerios, entregando directrices y plazos para la construcción del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027, con recomendaciones de recorte en diversos programas.

La filtración generó una amplia polémica y preocupación por parte de distintos sectores políticos, específicamente debido al documento enviado al Ministerio de Educación, en el que se sugería una eventual descontinuación del Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB, entre otros 15 programas de la cartera, además de un reajuste a 42 programas más.

En Mirada Líbero, conversamos con el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien explicó el alcance del oficio enviado por la Dipres, por qué es necesario ajustar los programas que han generado ineficiencias en los últimos años, y también la importancia del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional para poder volver a crecer en torno al 4%.

«Este ajuste es un combate a la corrupción, a la ineficiencia y al mal uso de los recursos públicos»

–El oficio que le mandó Hacienda a los distintos ministerios, que sugería descontinuar una serie de programas, ¿de qué se trata realmente?

-Creo que es muy importante entender el plan general que estamos empujando como gobierno a nivel de gasto público. Chile lleva más de 10 años en un estado de estancamiento, de decadencia. Ese estado, creemos nosotros, viene dado por ciertas decisiones que se tomaron en su minuto que consideran que el Estado esté en la base del desarrollo del país. Y por eso se promovieron ideas de más impuestos, más trabas regulatorias y más gasto público. Nosotros como gobierno vinimos a cambiar esa receta, porque queremos que Chile vuelva a crecer, vuelva a volar. Y por lo tanto lo que le estamos proponiendo al país son menos impuestos, menos trabas regulatorias y menos gasto público. Tenemos la convicción de que esa es la receta para que Chile vuelva a crecer en torno al 4%, generemos empleos formales y oportunidades para las personas y para las familias.

En ese sentido es muy importante comprender que este ajuste fiscal, esta contención del gasto público, es un ajuste que no es recortar beneficios, sino que es un ajuste, es un combate a la corrupción, a las malas prácticas, a la ineficiencia, al mal uso de los recursos públicos. Y en eso estamos como gobierno en un esfuerzo muy decidido.

Lo que se conoció el viernes fue la filtración de un oficio, una circular, que es parte del ciclo presupuestario cotidiano, en el cual desde la Dipres y el Ministerio de Hacienda se envían circulares a los distintos ministerios en función de la evaluación que se hacen de distintos programas entregando recomendaciones que sirven para iniciar recién una conversación que tiene como punto final la presentación de la ley de Presupuestos que es en septiembre de este año, que tiene que ser aprobada en los meses que vienen después y por lo tanto en ningún caso significa una decisión tomada respecto de cortar tal o cual beneficio social.

-Usted habla de la palabra recomendación, pero se hablaba directamente de descontinuar ciertos programas, lo que ha generado la polémica. ¿Es una lista, efectivamente, de programas que están condenados a muerte?

-No, se utilizó el vocablo ‘descontinuar’ en un sentido técnico, que es el que utiliza la comisión que entrega recomendaciones para el gasto público que convocó el ministro Marcel en septiembre del año 2025. Y que ese aspecto técnico de la palabra descontinuar apunta a que lo que se descontinúa es el diseño del programa como está concebido, pero no significa descontinuar el beneficio de la política pública que entrega ese programa.

Esto fue explicado por el propio ministro Quiroz el día viernes, cuando se conoció el oficio; por el Presidente de la República el día sábado; por la propia Dipres el día lunes. Y por lo tanto, nosotros creemos que existe meridiana claridad hoy día de que, por ejemplo, en la Junaeb, que es el caso que ha sido más emblemático, en ningún caso esto representa que se va a terminar con la alimentación de los niños o que se va a acabar el beneficio. A lo que apunta es a que obviamente hay espacios para ser más eficientes, para diseñar bien las licitaciones, para que la plata no se pierda en el camino, pero en ningún caso que exista un desayuno, un almuerzo o una ración de colación menos.

Una comisión investigadora en esta materia dio cuenta de que una ración de alimento le estaba costando al Gobierno de Chile 12,5 millones de pesos. Eso es inaceptable. Y el deber que nosotros tenemos como gobierno es cuidar bien la plata de los chilenos. Y por lo tanto, tenemos que rediseñar los programas para que funcionen bien.

-Usted habla de una comisión asesora de gasto público del exministro Mario Marcel. ¿La palabra ‘descontinuar’ viene de ahí?

-Se usó en este oficio en el sentido que le otorga esa comisión. Y que, como dijo el subdirector de Racionalización de la Dipres, es una recomendación de reformular el programa. Como explicó el ministro Quiroz, es el inicio de una conversación con los ministerios para encontrar la mejor manera.

-Hay una sensación en general, y más allá de este oficio puntual, de que Hacienda tiene un estilo un poco brutal para explicar las cosas. ¿A qué responde ese estilo? ¿Se han cometido errores, hay que cambiar o modificar ese estilo?

-El Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, tienen un rol muy fundamental, que, en lenguaje para el ciudadano común y corriente, es cuidar bien la plata de todos los chilenos. Esa misión tiene que ser acompañada, naturalmente, de comunicaciones con los distintos ministerios y nosotros tenemos que cumplir ese rol. Siempre se puede, evidentemente, comunicar mejor. También hay que comprender que hay interacciones que son intragobierno, otras que son hacia afuera. En este caso era una comunicación que estaba pensada para que la reciba otro ministerio. Naturalmente que las filtraciones en esto poco ayudan.

-¿Ustedes esperaban que no se filtrara esto?

-Es una comunicación destinada a otro ministerio y cuando la conoció la opinión pública fue en el acto explicada de manera muy directa por el ministro Quiroz, por el Presidente de la República y por la propia Dirección de Presupuestos.

Ahora, efectivamente, uno se tiene que acostumbrar en la administración a que con un alto grado de probabilidad los distintos documentos, aun cuando estén pensados para hacer comunicaciones internas, sean conocidas por la opinión pública, y ese es un elemento que tienen que tener todas las personas a la vista.

-¿Hacen un mea culpa respecto a esto? ¿Hay algún error que cometieron desde Hacienda?

-Nosotros estamos en un permanente compromiso de empujar las decisiones que requiere Chile para volver a crecer, para reactivar nuestro país y ese es el impulso central que tiene el Ministerio de Hacienda. Y naturalmente que para que eso pase es muy importante comunicar bien, que la ciudadanía esté informada, que comprenda de buena manera los elementos de juicio que están detrás de las decisiones y por lo tanto, más allá de este caso particular, siempre hay un esfuerzo permanente del ministerio de que las decisiones que estamos tomando para cuidar bien la plata de los chilenos sean comprendidas por la ciudadanía. Y ese esfuerzo es permanente y lo vamos a seguir haciendo como ministerio.

-El subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá, dijo que la Dipres no era muy buena comunicadora y que en vez de descontinuar, quizá la palabra era más bien reformular. Arturo Squella, el presidente del Partido Republicano, también ha apuntado a un error comunicacional. ¿Está de acuerdo con eso?

-Él explicó el sentido técnico que se le entregó a la palabra descontinuar, que es precisamente reformular el diseño del programa que termina en una determinada política pública. Lo que se plantea en el oficio es la utilización de un determinado concepto que generó confusión en la opinión pública, y que fue aclarado en su sentido y alcance al minuto que fue conocido por la opinión pública. Pero el fundamento para utilizar ese concepto, insisto, es de una comisión técnica que fue reciente, que entrega recomendaciones para usar mejor el gasto público, y en consecuencia me parece que lo correcto en este caso fue que, al minuto de generar conciencia de que la utilización de esa palabra generó confusión en la opinión pública, tanto el ministro, el Presidente, como el propio subdirector de la Dipres aclararon en qué sentido se utilizaba el concepto.

Ahora, lo importante de esto, más allá del reconocimiento de tal o cual error, tiene que ver con expresarle a la ciudadanía la tranquilidad de que detrás de esto no hay el recorte de ningún beneficio social. Hay solamente la recomendación para iniciar una conversación, utilizar bien la plata de los chilenos para que tengan ese y más beneficios sociales. Desde el minuto que esto se aclara en el acto, el día viernes, el día sábado, el día lunes, uno también se pregunta si acaso la confusión inicial, que puede ser de buena fe, no deviene en una cierta mala fe de quienes interpretan ese oficio, cuando ya está aclarado por parte del ministerio, y buscan instalar en el debate público cuestiones que no son reales, como que el gobierno quiere terminar con la alimentación de los niños de Chile. Eso a mí me parece muy grave, ya habiendo explicado el sentido y alcance de la circular.

«Valoro el rol del PDG (…) porque se ha planteado de una manera que nos parece correcta: de forma propositiva»

-¿Y esto mismo podría generar un impacto en, por ejemplo, la discusión sobre el mismo Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional?

-Lo que nosotros hemos visto en el Congreso Nacional, en una parte relevante de los parlamentarios, es bastante comunión de propósitos detrás del proyecto de ley. Si uno mira las campañas electorales, la verdad es que había bastante coincidencia en los distintos actores de la necesidad de que Chile reactive su economía. Que eso se logre a través de mayor competitividad tributaria, con mayor certeza jurídica, que se promueva el empleo formal y por lo tanto nosotros estamos viendo una coincidencia muy grande en los actores en el Congreso y que se está logrando una cohesión muy importante respecto del proyecto, más allá de las barreras del oficialismo incluso, lo que nos tiene muy optimistas respecto de que vamos a ser capaces de aprobar este proyecto de ley tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y seguimos en ese trabajo legislativo para generar la mayor convicción posible respecto de este proyecto que, a nuestro juicio, es central para el gran objetivo de Chile, que es modificar el rumbo, volver a crecer, generar empleo, generar bienestar.

-¿Incluso si ayer se reunieron el Frente Amplio y el Partido Comunista con el gobierno, sin llegar a un acuerdo?

-No se llegó a un acuerdo porque lo que se pedía por parte de aquellos parlamentarios es algo imposible, que es fragmentar este proyecto. Y eso al gobierno naturalmente no le hace sentido, porque este proyecto responde a una idea única, central, que deriva de todo su articulado, y que es completa, y que tiene que ver con reactivar la economía de Chile. Insisto, bajando impuestos, bajando trabas regulatorias y conteniendo el gastos público.

-Con el Partido de la Gente se llegó a un acuerdo con condiciones, y el gobierno se comprometió a tramitar otro proyecto en paralelo que permita bajar el IVA a los medicamentos, a los pañales, y también respecto de mantener el 12,5% del impuesto a las pymes. Pero Pamela Jiles dijo que ellos iban a aprobar en general solo en cuanto se cumpla la presentación de este otro proyecto, digamos, que sea tramitado al mismo tiempo, paralelo con el Plan de Reconstrucción Nacional. ¿Es posible lograr eso realmente?

-Yo quiero valorar el rol que ha tenido el Partido de la Gente, como partido que no es de la coalición oficialista, porque se ha planteado respecto del proyecto de la manera que al gobierno le parece que es la correcta, que es una manera propositiva, diciendo, ‘mire, nosotros queremos mejorar el proyecto en esta y otra dimensión’. Y en ese sentido, el gobierno pudo llegar a un acuerdo con ese partido que en la Cámara de Diputados tiene una representación muy importante hoy día de 13 diputados en torno a una necesidad que ellos plantearon y que ellos tienden a representar, que es el sentir de la clase media, particularmente en lo que tiene que ver con de qué manera bonificar el gasto en materia de medicamentos y en materia de pañales. Eso permitió un acuerdo que hoy día se ha traducido en conversaciones técnicas entre los equipos del ministerio y de la bancada del Partido de la Gente, que estamos seguros va a permitir de una manera relativamente simultánea a la tramitación del proyecto de Reconstrucción, se presente un proyecto de ley en esta línea.

-¿Realmente es posible eso? ¿Tramitar simultáneo los dos proyectos?

-Sí, claro que sí. No exactamente simultáneo porque un proyecto ya se ingresó y respecto del otro hay que establecer las condiciones de borde que permitan viabilizar el proyecto, pero efectivamente el compromiso del gobierno es presentar ese proyecto de ley y cumplir consecuentemente con el acuerdo, y en consecuencia permitir la aprobación también del proyecto de Reconstrucción Nacional.

«Se hará una reforma más estructural que permita mantener impuesto y mejorar el regimen de las pymes»

-Pamela Jiles habla de que la condición para aprobar el proyecto de Reconstrucción tiene que ser en simultáneo con el otro proyecto, ¿significa que es un tema de que no hay confianza de parte del PDG de que el gobierno va a cumplir con este compromiso, o a qué responde?

-No, yo creo que tanto del PDG como del gobierno, con quienes han interactuado respecto de este punto existe confianza, comunicación perfectamente abierta, comisiones técnicas andando y la verdad no veo problema en aquello. Otro punto, quizás, lo que dice Pamela Jiles es lo relativo al impuesto a las pymes, al 12,5%. Respecto a eso se ha traído hoy día un problema que es futuro, porque esa tasa se mantiene en los próximos dos años, pero el Presidente Kast siempre ha señalado que el compromiso de su gobierno es mantenerla inalterada. Y claro, dado que las modificaciones para reformar el estatuto pro pymes son algo más de mediano plazo, eso naturalmente no se va a tramitar en paralelo a este proyecto, pero eso tampoco forma parte del acuerdo con el PDG. Por lo tanto, respecto de lo que nos importa, que es la clase media y las pymes, hay claridad meridiana.

Lo que se comprometió respecto de los medicamentos y los pañales, como un acuerdo, va a tramitarse relativamente en paralelo, según lo permita el avance de las comisiones técnicas durante el proyecto de ley y se están generando las instancias técnicas.

Para lo que tiene que ver, así como lo comunicó el Presidente de la República, con la tasa del impuesto a las pymes, se hará una reforma de carácter algo más estructural que permita mantener ese impuesto en esa tasa, y mejorar, además, en general, el régimen de las pymes.

Ahora, respecto a las pymes, algo que suele olvidarse en el debate y que es muy importante, y que sí está contenido en este proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, es que de aprobarse el crédito al empleo formal, una de las medidas que establece el proyecto de ley, la tasa efectiva que van a pagar las pymes, la tasa mediana, va a ser del 7,8%, no del 12,5% en la medida que tengan utilidades. Si no tienen utilidades, obviamente la tasa efectiva es cero. Por lo tanto, hay ahí una ayuda muy directa a las pymes con ese crédito. Eso va a beneficiar no solamente a cuatro millones de trabajadores, va a beneficiar a más de 230.000 pymes además de tener el crédito y por lo tanto una inyección de liquidez directa en su caja mensual, que en régimen va a significar un costo de 1.400 millones de dólares, pero para las empresas va a ser un gran beneficio, para sus trabajadores. Hay empresas que pagan entre 540.000 pesos, 840.000 pesos de sueldo bruto aproximadamente. Si pagas un sueldo, por ejemplo, de 550.000 pesos mensuales, todos los meses vas a tener una devolución de 81.000 pesos. Una inyección directa a la liquidez de la caja. Esos sueldos suelen pagarlos las pymes. Por lo tanto, ahí hay un beneficio muy directo a las pymes. Y en paralelo, el gobierno está comprometido a reformar el estatuto pro pymes y mantener la tasa de 12,5%.

-En el proyecto de Reconstrucción Nacional, inicialmente se planteaba que el impuesto a las pymes iba a ir aumentando hasta 2029. ¿Eso se va a modificar en el proyecto?

-Lo que pasa es que esta tasa rebajada pro pyme al 12,5% es una medida a propósito de la pandemia. Ahí se estableció un régimen de especial beneficio que establecía esta tasa del 12,5% y esa tasa iba a ir subiendo con independencia de la presentación de este proyecto. Esa es la realidad de las cosas hoy día. Dos años más con 12,5%, después el tercer año 15% y así iba a seguir subiendo hasta volver a la tasa original. Entonces, si este acuerdo no se implementase en el corto plazo, en cuatro años la tasa volvería a la original, pero eso no va a ocurrir en función del acuerdo y lo que ha transmitido el Presidente de la República.

«Tenemos la convicción profunda de que lo que requiere Chile es menos impuestos y menos trabas regulatorias»

-¿Cuál es la respuesta de Hacienda ante las críticas de la oposición? Se ha dicho que esto favorecería a los súper ricos. Hemos visto economistas como Sebastián Edwards, el mismo Franco Parisi, defendiendo el plan del gobierno, pero ¿qué responden o cuál es la postura respecto a esta crítica que se ha dado?

-Lo primero, me parece que hay un error de comprensión general en el sentido que las medidas tributarias del proyecto de Reconstrucción Nacional es, por ejemplo, la baja del impuesto de primera categoría a las empresas y no a las personas, en primer lugar. Y las empresas las forman el empresario y el trabajador por una parte. Por otro lado, respecto a las grandes empresas, los chilenos somos dueños de ellas a través de nuestros fondos de pensiones. Y en tercer lugar, y quizás lo más específico para responder esa inquietud en particular, tiene que ver con lo siguiente. Suele existir una mala comprensión, a nuestro juicio, de que el costo económico de pagar un impuesto lo soporta siempre el que está legalmente obligado a pagarlo. Es decir, en este caso, si una gran empresa tiene un impuesto determinado, el costo económico siempre lo paga esa empresa. En una economía abierta como en la que nosotros vivimos, en donde es muy fácil mover el capital, cuando el capital no es rentable, el inversionista fácilmente se va de los países, por lo que la poca rentabilidad del capital, lo que significa es que el costo económico de ese impuesto, más que pagarlo él, lo termina pagando o el trabajador, porque no hay pega, o el consumidor. Y por lo tanto, ahí hay una comprensión errada o muy simplista respecto de la baja tributaria. Nosotros tenemos la convicción profunda de que lo que requiere Chile es menos impuestos y menos trabas regulatorias. ¿Para qué? Para que exista más inversión. Esa mayor inversión va a generar crecimiento. Ese crecimiento va a generar más trabajo y ese trabajo va a generar que los chilenos tengan más plata en el bolsillo.

-Por último, respecto a los plazos para el Plan de Reconstrucción Nacional. ¿Cuándo cree que va a estar aprobado? ¿Cuál es la meta que tienen en Hacienda?

-El proyecto ha ingresado con suma urgencia, eso establece un plazo de 15 días para ser despachado por la Cámara, suelen esas urgencias renovarse. Tener una cierta idea de que en un mes pueda ser tramitado en la Cámara de Diputados, que luego pase al Senado, me parece que es razonables por la urgencia que se ha ingresado a este proyecto y también por la urgencia ciudadana de cambiar el rumbo y que Chile vuelva a ser un país de oportunidades, que genere empleo formal, que crezca y que retome esa senda que creo yo nunca tuvo que haber perdido.