Durante un año y medio la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento sesionó para, entre otras cosas, «realizar un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo mapuche, las tierras ya entregadas por el Estado de Chile… para poder cuantificar dicha demanda». Además, se proponía recomendar mecanismos y formas de reparación -distintas a la tierra- que contribuyan a la paz. Mañana se cumple el plazo que la instancia se dio para entregar una propuesta en esta línea al Jefe de Estado, Gabriel Boric. Sin embargo, al mismo tiempo que la Comisión sesionó, durante 2024, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) hizo algo que ya se le ha cuestionado en el pasado: comprar campos en donde han ocurrido hechos de violencia o comprarle a comunidades que han realizado usurpaciones de terrenos.
Conadi gastó $22.500 millones el año pasado por ese concepto. La mayor parte de ese monto, $10.240 millones del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, lo utilizó para beneficiar al Lof Trapilhue (personalidad jurídica 1065), con 854 hectáreas que, antes de esta compra, constituían el Fundo El Nudo, ubicado en la comuna de Freire, Región de La Araucanía.
La Ley Indígena, a través del artículo 20, letra b, permite a la Conadi financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras. Sin embargo, desde hace varios años existe una glosa en la Ley de Presupuesto que impide a la Corporación adquirir terrenos cuando han sido vulnerados. Así, la glosa dice que esa compra se puede hacer “siempre que los inmuebles cuya posesión o mera tenencia no se encuentre de ninguna forma perturbada”; y el Fundo El Nudo es un vivo ejemplo de un predio “perturbado”.
La finalidad de esta glosa es evitar que haya presiones que obliguen a los propietarios a vender. Sin embargo, desde hace años el Fundo El Nudo ha sido objeto de reivindicaciones territoriales, precisamente por parte del Lof Trapilhue.
Conadi compró tierras que han sufrido desde quemas hasta «embanderamientos»
Y no es el único caso. Se difundió ampliamente en las noticias la quema en 2022 de diversas maquinarias agrícolas, vehículos, galpones y la casa patronal del Fundo Nilpe, que tiene entre sus propietarios al expresidente de la CPC, Juan Sutil. Sin embargo, Conadi invirtió $2.760 millones por 288,8 hectáreas de ese predio para la comunidad José Quilaleo Dos de Nilpe,
En cuanto a los fundos Portahue y El Esfuerzo, adquiridos por Conadi en la zona de Galvarino-Victoria, también han ocurrido hechos violentos. En Portahue la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se adjudicó un atentado en 2021; y en 2018 El Esfuerzo estuvo usurpado.
En Curacautín, Conadi informó la compra de 257,4 hectáreas de los fundos La Rinconada, Rapaco y Tolhuaca. Este último nombre coincide con el campo de la familia Chahín, quienes también han sido víctimas de múltiples atentados, pero al ser consultados, señalaron que se trata de un alcance de nombre, pues no han vendido nada a Conadi. Sin embargo, la comunidad beneficiada con esta compra, Benancio Huenchupán, hizo usurpaciones en 2017.
Así Conadi incurre en algo que durante años se le ha cuestionado: «comprar paz a cambio de tierras» y dejar últimos en la fila a comunidades que no ejercen presiones indebidas a cambio de satisfacer su requerimiento.
Fuentes ligadas a la Comisión manifiestan que si hay un punto que mantiene entrampadas las conversaciones -a días de que se cumpla el plazo del 31 de enero, para el cual ya hubo una prórroga– es precisamente la tierra. Durante los últimos días los comisionados han tenido largas jornadas de sesiones, pero no habían logrado un acuerdo sobre una fórmula distinta a la entrega de tierras para resolver las demandas de las comunidades.
La división, según pudo conocer El Líbero, estaba entre quienes consideraban que a aquellas comunidades que ya cuentan con aplicabilidad sí o sí hay que satisfacer su demanda con tierra, y los que opinaban que hay que darle libertad a cada mapuche de decidir si prefieren este mecanismo u otro (como dinero, beneficios escolares, etc.). Y para complicar la discusión, la demanda no solo abarca las hectáreas respaldadas con títulos de merced, sino también las llamadas «tierras ancestrales».
Las cuentas de Conadi
La Corporación hizo 23 compras en 2024 a través del artículo 20, letra b, de la Ley Indígena, por un total de $65.492.894.952 para adquirir 8.053,3 hectáreas. Esto, de acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia.
19 de esos campos se ubican en la Región de La Araucanía y los beneficiados fueron 17 comunidades indígenas y la familia Lemún Saavedra que, explicó la Conadi en un comunicado, firmó las escrituras de cinco predios “de acuerdo con el compromiso asumido por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del caso iniciado en noviembre de 2002, cuando un funcionario de carabineros dio muerte al joven mapuche Álex Lemún Saavedra”.
El presupuesto 2024 asignó al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas un monto inicial de $87.867 millones.
Al revisar las 23 compras, se encontró que hay fundos en los que ha habido atentados incendiarios, robo de madera o usurpaciones que representan alrededor de 2.500 hectáreas y una inversión que supera los $22.500 millones.
Por otro lado, la compra de tierra más grande que hizo la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en 2024 fue de 1.731,9 hectáreas, por las que pagó $13.460 millones para la comunidad José Llancao, de Vilcún, y, según pudo conocer El Líbero, esta no es una comunidad violenta y el Fundo El Tambor tampoco habría estado perturbado.
La segunda compra de mayor cuantía fue la de El Nudo.
Fundo El Nudo en conflicto
Quienes conocen la situación del Fundo El Nudo dicen sentirse amenazados por todos los hechos de violencia que han ocurrido en torno a ese campo. Relatan, bajo condición de anonimato, que el predio tenía resguardo policial las 24 horas e incluso hubo patrullajes del Ejército porque lo estaban atacando en forma permanente.
Al menos desde 2021 hay registros del asedio que ha vivido esta propiedad. En julio de ese año desconocidos intentaron tomarse el fundo, apedrearon el lugar y quemaron diversos enseres.
Meses después ocurrió la “reivindicación territorial” de Trapilhue. El 23 de agosto de 2021, integrantes del Lof emitieron un comunicado en el que “reivindican” los predios El Nudo, Huichahue y Ufro. El texto indica: “Si tenemos que usar la autodefensa para frenar las arremetidas represivas de la las policías militarizadas, lo haremos porque dignificamos y validamos la autodefensa en pos del bienestar de nuestra gente, porque la policía no llega a nuestro territorio con armas de fantasía y balas de algodón”.
Al día siguiente ocuparon el campo y lo sembraron.
En abril de 2022 informaron de cortes de ruta, con barricadas, exigiendo la recuperación del fundo, lo mismo en abril de 2023, año en el que además se opusieron a la glosa en la Ley de Presupuesto que impide la compra de los campos perturbados, protestaron tomándose el aeropuerto y en mayo se enfrentaron a los Carabineros exigiendo varios campos, entre los que estaba El Nudo.
Ceder a las presiones
Un oficio de los diputados Miguel Mellado, Juan Carlos Beltrán y Jorge Rathgeb dirigido a la Contraloría –que debe tomar razón de las compras hechas por Conadi– señala que en ese período se reportaron incidentes como la destrucción de instalaciones y el robo de ovejas. “Es indiscutible que su posesión o mera tenencia se encuentra perturbada, estando los antecedentes en disposición de la Fiscalía Local de Pitrufquén”, plantean los legisladores.
En marzo de 2023 quemaron una vivienda deshabitada en el sector de Quepe, en la misma comuna de Freire donde está El Nudo. En el lugar del siniestro hallaron un cartón con un mensaje en el que exigían la «restitución» del Fundo El Nudo y libertad de comuneros en prisión.
“La Conadi le ha torcido la mano y la nariz a la ley. Ha hecho aparecer algo que no estaba perturbado cuando los medios de comunicación profusamente han declarado que fueron perturbados. Había denuncias en la Fiscalía, había vigilancia policial, incluso había containers donde se alojaban los policías. Entonces, no pueden venir a mentir y decir que el campo nunca había sido perturbado. Ese es un tema que tiene que investigar de oficio la Fiscalía, porque aquí hay algo que no cuadra”, subraya Mellado en conversación con El Líbero.
Al ser consultado sobre si la glosa se refería a que el campo esté perturbado en el tiempo presente, el parlamentario indica que no. “No pueden ser comprados aquellos predios que hayan sido perturbados, no habla de un espacio de 30 días ni un año, que hayan sido perturbados”, reitera.
Sobre esto, fuentes cercanas al Fundo El Nudo, lamentan que los dueños “hayan cedido a las presiones”, pero reconocen que la situación “ya era insostenible”.
En cuanto a la declaración que se hace ante notario, en la que se indica que no hay perturbación del campo, describen que la situación es similar a presentarse ante el notario, “pero detrás hay un gallo con un fusil”.
Pese a las advertencias, la Contraloría ratificó la legalidad de la adquisición.
Juan Sutil y venta de fundo a Conadi: “Nunca hemos aceptado la coerción”
Otra compra que hizo Conadi en 2024 fue la de 288 hectáreas del Fundo Nilpe para la comunidad José Quilaleo Dos de Nilpe, por $2.760 millones.
En conversación con El Líbero, el expresidente de la CPC, Juan Sutil, explica que efectivamente vendieron la hijuela número uno del fundo a Conadi: “Esto es parte de un campo que es de 1.300 hectáreas y vendimos una hijuela. Esto data de una solicitud de la comunidad Nilpe Dos de hace aproximadamente 10 años y que nosotros inicialmente en una etapa accedimos y después se volvió a reactivar y decidimos vender esa hijuela”.
Sutil agrega que en general tienen una buena relación con las comunidades que los circundan. “Ahora, hay algunos dirigentes de comunidades que tienen algunos métodos que a mi juicio no son los adecuados o los correctos, y hemos tenido que convivir como cualquier agricultor de La Araucanía o Arauco. Pero las comunidades en general no actúan en su conjunto, actúan personas. Y nosotros hemos sufrido atentados que han sido públicos, pero que no necesariamente son miembros de la comunidad que se adjudicó esa hijuela. Han sido reclamados esos atentados por movimientos que son más bien terroristas”, agrega Sutil.
El 12 de junio de 2022, un grupo de desconocidos amenazó con armas de fuego a los trabajadores del fundo e incendiaron la casa patronal, vehículos particulares y maquinarias. En el lugar se encontró un lienzo del grupo radical Liberación Nacional Mapuche.
No obstante, sobre las razones de la venta, Sutil niega que haya habido coacción. “Efectivamente hay algunas personas dentro de la comunidad que se exceden o actúan incorrectamente y nosotros siempre nos hemos mantenido muy firmes respecto de aquellas personas y nunca hemos aceptado la coerción”, dice.
Éxodo de la inversión
Para el presidente de la CPC, hay un antes y un después desde la aprobación de la nueva ley que penaliza más fuertemente las usurpaciones. “Las reclamaciones que hay de los terrenos o las tomas, disminuyeron prácticamente a cero. Hoy día, si se produce una usurpación, esa usurpación, si no se retira, pasa a ser una usurpación violenta y rápidamente uno puede hacer acción en defensa del derecho de propiedad y el derecho a la tenencia de la tierra. Eso es algo positivo”.
Pero eso no implica que vayan a continuar con el proyecto agrícola que tenían previsto para el Nilpe, debido a que el 19 de julio de 2022 se rechazó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para hacer un embalse que iba a permitir el riego de 250 hectáreas de cerezos, con una inversión de más de US$100 millones.
“Lamentablemente el actual gobierno, bajo la dirección del delegado presidencial Raúl Allard y los seremis, rechazaron una declaración de impacto ambiental para poder hacer un tranque y eso detuvo el proyecto original, por lo tanto quedó la mitad del proyecto ejecutado. Eso es fruto de políticas públicas mal diseñadas, donde el último eslabón de un proceso técnico termina en manos de un gobierno ideológico”, subraya.
Sutil agrega que se trata «del mismo daño que sufrió el proyecto Dominga para las comunidades de la Región de Coquimbo. En este caso, en chico, las comunidades de Galvarino perdieron fuentes de trabajo, fruto de una mala decisión política, al igual que Dominga… y, por otro lado, hemos solicitado derechos de agua, y durante el periodo de este gobierno a la fecha aún la Dirección General de Aguas no se pronuncia y el proyecto sin el recurso hídrico no puede continuar. Eso es lo que están sufriendo gran parte de los empresarios agrícolas, agroindustriales o mineros fruto de la permisología que tiene ahogado este país. Mientras no cambien las condiciones, es muy difícil seguir generando desarrollo sostenible, sustentable y que además comparta valor a través de generar empleos de calidad. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que eso es incorrecto”.
Comunidades cuestionan transacciones y más antecedentes de violencia
Entre los otros predios que adquirió Conadi, está el Fundo Caupolicán, en Purén, para la comunidad Caupolicán. Se trata de 557 hectáreas, adquiridas por $4.530 millones. En 2019 tres comunidades, entre las que se encontraba esta, se tomaron un campo que pertenecía al director de una escuela en Tirúa.
Caupolicán actuó en conjunto con otras dos comunidades y entre las tres reclamaban más de 3.000 hectáreas.
«La demanda total de las tres comunidades suma más de 3.000 hectáreas, la mayoría era patrimonio de empresas forestales Volterra y bosques Arauco, más algunos particulares como Eduardo Campos -a quien le estaban tomando el predio en esa ocasión-, quien ya se vio obligado a traspasar a la comunidad Caupolicán mas de 150 hectareas el año 2008», publicaron. Allí mismo explican que Campos se comprometió a entregarles otras 31 hectáreas cuando jubilara, pero le reclaman que «se jubiló el año 2012 y aún (2019) no se va de su parcela y es usada hoy por FF.EE., como una especie de retén policial desde donde utilizan drones y estacionan blindados para la represión de las comunidades en resistencia».
Otra comunidad beneficiada por Conadi en 2024 se llama Pelentaro. Les compraron 863,3 hectáreas, con una inversión de $5.533 millones. Las tierras antes eran el Fundo Portahue y el Fundo El Esfuerzo.
En Portahue hubo un atentado el 29 de abril de 2021 que, meses después -el 15 de julio de 2021- se adjudicó la CAM, en respuesta a la muerte de uno de sus integrantes (Pablo Marchant) y en contra de la Convención Constitucional. En la declaración el grupo terrorista se responsabilizaba por 16 ataques incendiarios a fundos y maquinaria forestales, ocurridos entre diciembre de 2020 y julio de 2021.
Por otra parte, el Fundo El Esfuerzo estuvo usurpado en 2018.
Una vez que se hizo pública la compra del Fundo El Esfuerzo, en julio de 2024, la comunidad mapuche Juan Canuleo le exigió al director nacional de la Conadi dejar sin efecto la transacción. El argumento que presentaron fue que el predio adquirido era colindante con su comunidad, por lo que lo habían estado «reivindicando» desde 2016. “No aceptamos que llegue otra comunidad lejana a quitarnos nuestro derecho de ampliación de tierra», escribieron en un comunicado. Esto porque la comunidad Pelantaro es de Galvarino y ellos son de Victoria.
Otras comunidades beneficiadas
Entre otros antecedentes de violencia rural que rodean los campos adquiridos por Conadi el año pasado, aparece también la sustracción de madera. A la comunidad Pitriqueo de Ercilla, la Corporación le entregó 292,5 hectáreas (con un valor aproximado de $1.700 millones). Según el detalle, parte de este predio corresponde al Fundo Huequen. En noviembre de 2022 tres sujetos fueron detenidos por estar robando madera de ese campo.
Otro nombre que salta a la vista en el listado de beneficiados por Conadi en 2024 es el de la comunidad indígena Benancio Huenchupán, de Curacautín, quienes recibieron 257,4 hectáreas que costaron $2.313 millones. La transacción incluye héctareas en los fundos La Rinconada, Rapaco y Tolhuaca.
En 2015 esta comunidad bloqueó la Ruta Interlagos para exigir que Conadi iniciara un proceso de negociación con los dueños de tres predios que reclamaban: el predio San Camilo, de aproximadamente 147 hectáreas; el fundo La Rinconada, de 110 hectáreas y el Fundo San José, propiedad de la familia Chahín.
En 2017, la comunidad usurpó los fundos San Camilo y San José. El 25 de octubre de ese año, la comunidad emitió un comunicado en el que informan de la»medida de presión» que tomaron con el corte de la ruta Curacautín-Conguillío «de forma indefinida hasta que haya pronunciamiento y solución por parte de Conadi, ya que la demanda total es de 540 hectáreas. Y hasta hoy solo se han recuperado 72 hectáreas», escribieron.