$12,5 millones por ración de comida: el caso de Junaeb que mantiene un sumario abierto

La filtración de un oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que sugería revisar, ajustar e incluso «descontinuar» programas públicos hizo que las miradas se posaran en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y el Programa de Alimentación Escolar (PAE). El Ejecutivo se desplegó para explicar que la política pública seguirá operando, pero que es su diseño el que amerita una revisión.

Sobre la Junaeb, en particular, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, precisó que en 2019 hubo una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados que concluyó que existían fallos estructurales de diseño y control, con lo cual “el Estado paga por raciones programadas y no necesariamente consumidas, comillas, en un contexto de débil trazabilidad y certificación del servicio”. Lo mismo recordó en El Líbero el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien además detalló “que una ración de alimento le estaba costando al gobierno de Chile 12,5 millones de pesos. Eso es inaceptable. Y el deber que nosotros tenemos como gobierno es cuidar bien la plata de los chilenos. Y por lo tanto, tenemos que rediseñar los programas para que funcionen bien”.

El caso al que alude el subsecretario fue abordado en un informe de Contraloría hecho público en enero de 2025. De acuerdo con la auditoría, Junaeb pagó $3.554 millones a la empresa Soser S.A. por el servicio de “onces nivel básica”, pese a que solo se entregaron 284 raciones, cuando la programación referencial contemplaba 796.043 raciones. En términos prácticos, el desembolso equivale a cerca de $12,5 millones por cada ración efectivamente entregada, según el análisis del organismo fiscalizador. Hechos ocurridos entre marzo y diciembre de 2022.

El informe explica que ese pago corresponde a la porción fija del contrato, establecida en las bases de la licitación, lo que implicó que el monto fuera transferido independientemente de la cantidad de raciones realmente entregadas, ya que la programación referencial no estaba sujeta al proceso de ajuste posterior. Esta situación se originó, entre otros factores, por la ausencia de bandas de precios en la licitación, lo que permitió adjudicar el contrato a un proveedor con diferencias significativas en los valores ofertados respecto del resto. 

La Contraloría concluyó que el mecanismo aplicado no se ajusta a los principios de eficiencia e idónea administración de los recursos públicos, por lo que ordenó a Junaeb implementar mecanismos de control para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro y anunció la instrucción de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades funcionarias. Además, remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para los fines legales correspondientes. 

Junto con ello, el organismo fiscalizador también instruyó a la institución adoptar medidas para resguardar el patrimonio público en futuras licitaciones del Programa de Alimentación Escolar, reforzar los procedimientos de cálculo y pago a proveedores y formalizar controles internos asociados a la ejecución del programa. 

Consultados al respecto, desde la Junaeb señalan a El Líbero que «es efectivo que la licitación 85-18-LR20 (del año 2020) del Programa de Alimentación Escolar (PAE) significó el pago de $3.554 millones por un total de 284 onces entregadas en la región de O’Higgins en 2022”. Y agregan que la “Contraloría es la que está llevando a cabo el sumario”, por consiguiente hay que esperar el resultado de la investigación sumaria para lograr la restitución de los fondos.