Por los seis escaños del distrito 14 de la Región Metropolitana, compiten 44 candidatos a diputados, de los cuales 18 arrojaron distintos tipos de resultados en una revisión penal del Poder Judicial.
Se trata de un ejercicio de El Líbero ad portas de las elecciones parlamentarias de noviembre, que pasó los nombres de los 359 candidatos de los siete distritos de la región por los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral de todo Chile para conocer la situación de cada postulante, estando ya publicados los hallazgos por el distrito 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
En el caso del distrito 14, que comprende las comunas de Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante, destacan especialmente los casos por amenazas.
Cabe recordar que la página del Poder Judicial comenzó a digitalizar progresivamente las causas desde principios de los 2000 y que los candidatos aparecen registrados por diversas razones, es decir, hay desde testigos, hasta imputados de delitos. El siguiente es el detalle.
Las causas de dos exalcaldes y un exconcejal
Siendo alcalde de Peñaflor, Nibaldo Meza (DC) tuvo varias apariciones en prensa. Primero, porque en 2022 fue suspendido por un mes por celebrar un trato directo con una empresa de retiro de residuos sin consultar al concejo, y en 2024, al ser criticado por los millonarios contratos para celebrar festivales en la comuna, varios cuestionados este año por Contraloría. Sin embargo, antes, él recurrió a la justicia por otro tema relacionado con la TV.
El programa de Canal 13 “Aquí somos todos”, conducido por Francisco Saavedra y María de los Ángeles Araya, cubrió en varias oportunidades problemas sociales que sucedían en Peñaflor y en 2020 hubo un caso relativo a la limpieza de una toma que colmó la paciencia de los periodistas, en especial de Saavedra, que dijo que Meza «había mentido” en cámara al prometer el retiro de los desechos del lugar y que el programa «no era para lavar la imagen» del edil.
Tras asegurar en un comunicado que los trabajos no se habían abandonado, sino que sólo se habían suspendido por lluvia, Nibaldo Meza se querelló por injurias contra Saavedra y Araya, en una causa que el tribunal declaró abandonada y sobreseyó en 2022.
En 2024 fue a él contra quien se querellaron por injurias y calumnias graves con publicidad, en una causa que sigue en tramitación. José Cassina, concejal de Peñaflor y principal detractor por el caso de los festivales, presentó dos demandas junto a otros dos ediles «ante el Primer Tribunal Electoral Regional Metropolitano por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa” de Nibaldo Meza, además de más una veintena de denuncias en Contraloría que terminaron en dos querellas, por supuestas irregularidades en una licitación y en contrataciones.
Eso habría molestado a Meza y “a contar de agosto de 2023, y recién posterior a la demanda por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa presentada por mi representado junto a otros concejales en su contra, se ha referido a mi representado con publicidad tanto en el concejo municipal como en medios de difusión municipal con los siguientes calificativos de menor a mayor gravedad, como una persona: a) Sin fundamentos. b) Sin conocimiento. c) Sin educación. d) Inventor de hechos falsos. e) Paranoico, deshonesto, sucio, mentiroso, malintencionado, etc.”, dice la acción judicial. El mismo año Meza se querelló contra Cassina por injurias graves con publicidad por las denuncias interpuestas. El caso sigue investigándose.
En el Poder Judicial Meza tiene varias otras causas por el trabajo propio de alcalde. Por ejemplo, en representación de Peñaflor, aparece como víctima de robo en bienes nacionales de uso público, y en 2021 fue querellado por el laboratorio Bioreval, porque el municipio no habría reconocido la cuenta de los exámenes que les mandaron a hacer desde el Cesfam por $71.213.810. El caso está en tramitación, pero archivado porque no hubo más movimientos.
En 2019 tuvo un altercado con una vecina donde se acusaron mutuamente. Él la acusó de haber grabado y difundido por WhatsApp un altercado que tuvieron en una oficina, sin su autorización, y ella se querelló por lesiones leves diciendo que fue grosero y que la empujó. La justicia no perseveró en ninguno de los dos casos.
Ese mismo año fue denunciado por amenazas y él hizo lo mismo contra un funcionario, causa declarada inadmisible. En 2018 se querelló por injurias en redes sociales y por la agresión al director de Administración y Finanzas. Los años anteriores fue querellante por un incendio en la municipalidad y porque una mujer presentó documentos supuestamente adulterados para que su empresa trabajara en aseo del municipio.
El candidato por el Partido Socialista, Raúl Leiva, fue alcalde de Talagante, pero registra mucho menos movimiento en el Poder Judicial que Meza. Aparece como querellante de casos de robo por sorpresa, robo con violencia, robo con fuerza en bienes nacionales y lesiones leves, en su rol de edil entre 2012 y 2016.
Cuando era concejal por Melipilla, el candidato a diputado por el distrito 14, Daniel Domínguez (IND-FVRS), fue querellado en dos oportunidades por su labor. En 2022 una persona acusó a varios concejales de actuar arbitrariamente al negarle una patente de alcoholes y en 2018 pasó algo similar por el cierre de un local por ruidos molestos.
Candidatos involucrados en casos de amenazas
La candidata a diputada del Partido Nacional Libertario, Josefina Diéguez, ha denunciado y ha sido denunciada por amenazas.
En 2018 denunció a un hombre por violación de morada y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar consiguiendo que al imputado se le condenara a 41 días de prisión en su grado máximo, más la accesoria legal de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, prohibición de tener armas, asistir a un programa familiar y pagar una multa. El año anterior, sus padres y hermana denunciaron al mismo sujeto por amenazas, pero también a Diéguez por robo en bienes nacionales de uso público. Aunque se le citó a formalización, se dejó sin efecto el llamado luego de que el tribunal decidiera sobreseer el caso.
El mismo año, dos mujeres denunciaron a Diéguez por supuestamente llamarlas por teléfono para amenazarlas con una golpiza. El tribunal estimó que los hechos carecían de “seriedad, gravedad y verosimilitud” como para investigar. En el Poder Judicial figuran otros casos de Diéguez, pero sin detalles, como una denuncia de lesiones leves que no se indagó en 2017, y como denunciante y denunciada de hechos no descritos y que no se investigaron.
El candidato independiente, pero que compite por un cupo en la Cámara por el Partido Radical, Christian Pino López, fue denunciado y formalizado en 2021 por amenazas simples contra personas y propiedades, caso del que no hay mayores datos en los documentos disponibles en el Poder Judicial y que se concluyó por ejercicio de oportunidad. Ese mismo año -en que fue candidato a alcalde por San Bernardo y a consejero regional-, Pino se querelló por injurias y calumnias luego de que publicaciones en Facebook lo vincularan con el exalcalde de San Ramón y sus nexos con el narcotráfico, Miguel Aguilera.
El candidato del Partido Social Cristiano Juan Molina Romo, denunció amenazas y violación de morada en la comuna de El Monte en 2022. Aunque los documentos que constan en el Poder Judicial no detallan lo sucedido, sí aparece que la persona denunciada quedó con prohibición de acercarse al postulante a la Cámara.
La diputada Camila Musante (IND-PPD), junto a otras parlamentarias, se querelló por amenazas en 2022 en un caso al que también se sumó el Ministerio del Interior, pues una mujer le mandó un mail a todos los diputados y senadores “en términos soeces y amenazantes”. A la imputada se le condenó a pagar las costas del caso (40 UTM) en 2023, pero apeló y se revocó la medida.
En tanto, la diputada Marisela Santibáñez (IND-PC), que va a la reelección, denunció a una mujer en 2013 porque la llamó por teléfono, la insultó y le dijo que le iba a pegar y a matar. El caso no se investigó. En 2020 Santibáñez figura entre los querellantes del PC por el caso del joven que cayó desde el puente Pío Nono en el marco de una protesta. La causa se acumuló con otra y el carabinero al que se acusó de haberlo lanzado intencionalmente fue absuelto.
Artistas en la polémica
El actor Ignacio Achurra dejó las tablas hace un tiempo para dedicarse a la política. Fue constituyente y tras ello, fue nombrado director de la División de Organizaciones Sociales (DOS) de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), cargo al que renunció para postularse a diputado por el Frente Amplio.
En 2016 un hombre lo denunció por conducir en estado de ebriedad durante las Fiestas Patrias en la Ruta 5 Norte, en la comuna de La Ligua. Durante la audiencia de formalización se llegó al acuerdo de optar por una salida alternativa que consistió en que el actor donara $100.000 a los Bomberos de Papudo y se le suspendiera la licencia de conducir por dos años.
Los casos del cantante Pablo Herrera son recientes y mediáticos. El año pasado, el ahora candidato por el distrito 14 (IND-RN) fue denunciado por la comunidad haitiana por amenazas tras decir en radio Bío Bío que “el domingo fuimos a almorzar al Mercado Central que se come exquisito y barato, (pero) los alrededores de La Vega son un asco, tienen hecho mierda todo los extranjeros, especialmente los haitianos. Venden unos pollos rellenos con no sé qué huevá que nadie compra. Trajeron esa cultura de mierda y tú te tienes que encerrar a comer adentro“, dijo, para luego reflexionar que había que “volver a hacer que ellos respeten” y puso como ejemplo a Estados Unidos: “El policía te para y te saca la pistola y si no respondes te mata y nadie alega por eso. Los derechos humanos se los pasan por la raja (sic) porque ellos sienten que son dueños de los derechos humanos, acá les pegan en la espalda a los delincuentes. Córranles bala a todos”. En mayo el tribunal ordenó no perseverar en el caso.
Sin embargo, sus dichos también los ocupó el programa de humor «El Antídoto» para hacer sketches donde el artista consideró que usaron su obra sin permiso y de manera injuriosa, por lo que se querelló contra los comediantes Fabrizio Copano, María José Quiroz, Kurt Carrera y el canal Mega. La acción judicial se declaró inadmisible por considerarse que el objetivo del espacio no fue la deshonra de Herrera.
Querellantes de falsificación, apropiación indebida y maltrato animal, entre otros
El independiente en cupo UDI, Christian Gómez, tiene una causa aún en tramitación desde 2016, cuando denunció a un hombre por falsificación o uso malicioso de instrumentos privados. Gómez acusó a una persona de falsificar su huella dactilar y su firma en un contrato de arrendamiento de estacionamientos para colectivos.
En tanto, en 2012, Leticia Zúñiga (PDG) era miembro del directorio de cuentas del Comité de Agua Potable Rural Cholqui-Manantiales, y en ese rol se querelló contra el presidente del comité que se habría apropiado de $30 millones del grupo. Finalmente hubo acuerdo reparatorio y el sobreseimiento del caso.
La candidata de RN, Alejandra Novoa, denunció con éxito un caso de maltrato y abandono animal, pues la persona acusada fue multada con $198 mil. En 2009 denunció a un comerciante con antecedentes policiales por protagonizar una situación de violencia y de incendio con daños durante la noche de Año Nuevo en San Bernardo. Luego de no tener mucho movimiento, las causas fueron sobreseídas en 2015.
En tanto, el candidato Sergio Palma (PDG) aparece como denunciante y testigo de hurtos en una tienda donde se habría desempeñado, y Jaime Coloma Alamos (UDI) figura como denunciante de daños en 2017, sin más detalles.
Trinidad Biggs, de Evopoli, denunció a un hombre por “desacato al art. 240”, relativo al cuidado de hijos, caso que está en tramitación.
Actual diputado accionando en casos emblemáticos
Mientras, el diputado de Republicanos, Juan Irarrázaval, figura como querellante de varios casos importantes y mediáticos, entre ellos Democracia Viva, por tráfico de influencias contra Karol Cariola e Irací Hassler por la arista de la Clínica Sierra Bella y el amigo chino de la parlamentaria; ProCultura y por fraude al fisco por Sierra Bella (causa agrupada y concluida). En 2022 se querelló por malversación de caudales públicos por el financiamiento de Segpres a la impresión de la propuesta de la nueva Constitución.