Consternación causaron las imágenes que se difundieron el viernes pasado, en las que se ve que dos pequeños tuvieron que ser sacados a toda prisa de un automóvil que estaba estacionado frente al Instituto Nacional, luego de que el vehículo fue alcanzado por las llamas que se generaron por una de las bombas molotov que en ese momento lanzaban jóvenes con overoles blancos que salían de ese liceo emblemático.
Por la gravedad de tales hechos, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro interpuso una querella por homicidio frustrado, entre otros delitos, no solo en contra de los dos alumnos que fueron capturados en flagrancia durante esa jornada, sino también en contra de un tercero que fue reconocido como supuesto «guía y cobertura de la acción». Esto, «en la medida en que la investigación determine su participación». La demanda es también en contra «de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores».
El Líbero revisó la causa que está en la página del Poder Judicial y que es de acceso público. Aunque figuran allí los nombres de los tres estudiantes contra quienes se presentó la querella, este medio se abstiene de publicarlos debido a que se trata de menores de edad. Uno de los implicados tiene 16 años y los otros dos, 17.
La muerte de los niños en el auto «no se verificó por causas enteramente ajenas a la voluntad» de los encapuchados
En la querella que interpuso el SLEP Santiago Centro, que fue admitida por el 7° Juzgado de Garantía, se describe que «uno de los encapuchados lanzó una bomba molotov que impactó e incendió el vehículo, al interior del cual se encontraban dos menores de edad. El hechor desplegó una conducta idónea y directamente encaminada a producir la muerte de las personas que ocupaban el habitáculo cerrado e inflamable del automóvil».
El presunto responsable, según la narración de los hechos, «fabricó o contó con un artefacto incendiario, lo arrojó de manera que impactara el vehículo y provocó un fuego de riesgo vital que comenzó a consumir el automóvil con los menores en su interior».
La argumentación de la querella es clara: «la muerte no se verificó por causas enteramente ajenas a su voluntad (la de los encapuchados), consistentes en el rescate oportuno e inmediato ejecutado por un funcionario del Instituto Nacional, quien extrajo a los menores ilesos y los entregó a su madre».
El SLEP Santiago Centro, sostenedor de los liceos públicos de la comuna desde el pasado 1 de enero, no solo se querelló por homicidio frustrado. También se solicita que los tres estudiantes, así como cualquier posible responsable, sean investigados por los delitos de desórdenes públicos, incendio, uso de artefactos incendiarios, daños calificados y porte o uso de arma cortante o contundente o herramienta empleada como arma.
Padre de uno de los estudiantes contra los que se querelló el SLEP estuvo involucrado en caso de ataque incendiario en La Araucanía
En cuanto a los tres alumnos contra los cuales el SLEP interpuso la querella, El Líbero informó el miércoles que el padre de uno de los que fue detenido en flagrancia estuvo involucrado en un violento ataque incendiario contra dos camiones que transitaban por la Ruta 5 Sur en La Araucanía, en 2009, mismo año en el que nació el joven que ahora es judicializado.
Por los hechos de entonces, el hombre -cuya identidad se omite con el objetivo de resguardar la de su hijo menor de edad- fue capturado y judicializado en su momento por los delitos de «incendio de cosa mueble , amenazas a fiscal en ejercicio de sus funciones y amenazas a personal de carabineros en actos de servicio».
El sujeto estuvo sometido a prisión preventiva por más de un año, luego de lo cual fue absuelto, debido a que no se pudo comprobar su participación, ya que quienes actuaron lo hicieron encapuchados. El hombre se vinculó a la causa mapuche, fue uno de los líderes de la huelga de hambre que algunos detenidos efectuaron en 2010, que obligó al primer gobierno de Sebastián Piñera a negociar. De acuerdo con lo que entonces informaron los medios, era de los más radicales en sus ideas, exigía la anulación de juicios y la no aplicación de la Ley Antiterrorista.
SLEP denuncia «patrón de actos violentos y coordinados»
El SLEP advierte que los hechos por los cuales se interpuso la querella «no constituyen un episodio aislado». «Por el contrario, se insertan en el contexto de un patrón de actos violentos y coordinados que han afectado a establecimientos de dependencia del SLEP desde el inicio del año escolar 2026», se indica en el documento.
«La reiteración de modus operandi —uso de overoles blancos, encapuchamiento,
preparación previa en dependencias internas, empleo de herramientas de corte o fuerza,
fabricación y lanzamiento de artefactos incendiarios y repliegue aprovechando
evacuaciones— hace indispensable una investigación que determine la existencia de una
organización o coordinación entre los partícipes de estos sucesos y sus eventuales
vinculaciones», solicita al Poder Judicial el mencionado servicio local de educación.
En la querella el SLEP hace referencia a otra manifestación violenta ocurrida afuera del Instituto Nacional el pasado 6 de julio en la que también hubo «irrupción de encapuchados con overoles blancos, uso de herramientas para forzar accesos, lanzamiento de bombas molotov e incendio al interior del recinto».
En el documento se refieren también a «un ataque de análogas características
en el Liceo Manuel Barros Borgoño» el pasado 8 de julio.
En la querella se habla de la participación de «personas externas y exestudiantes» en las manifestaciones
Otro asunto al que se refiere el SLEP en la querella es a la participación en las manifestaciones de los secundarios de personas ajenas a las instituciones educativas en las que ocurren.
Con respecto a la mencionada protesta del 6 de julio afuera del Instituto Nacional, el querellante señala que «en el exterior del establecimiento se encontraban personas externas y exestudiantes». Mencionan con nombre y apellido a uno de ellos, especificando que había sido «expulsado del establecimiento el año 2025».
Ya fuera del ámbito judicial, en el comunicado que emitió el SLEP el viernes pasado luego de ocurridos los hechos de violencia se afirma que «se confirmó la presencia de adultos externos al establecimiento, situación que será parte de los antecedentes puestos a disposición de las autoridades competentes».
Precisamente en una de las audiencias de formalización efectuadas el año pasado en contra de estudiantes detenidos en una manifestación ocurrida en las inmediaciones del INBA, el fiscal a cargo del caso, Alejandro Osorio, indicó que lleva adelante una investigación con foco en la violencia en los establecimientos emblemáticos.
«Hay un grupo de estudiantes que están dirigidos por otros grupos, incluso se me adelantó que habían algunos docentes que fueron estudiantes del INBA, que también participaban», dijo entonces.
También te podría interesar: