Candidatos al distrito 12 han estado involucrados en casos de violencia, chantaje, fraude y piratería

Hay 38 aspirantes para los siete escaños a la Cámara de Diputados del distrito 12 de Santiago. De ellos, 19 han estado involucrados en procesos judiciales, como querellantes, víctimas, testigos y denunciados. Sobresalen causas en que los aspirantes han sido involucrados en casos de violencia intrafamiliar, chantaje, amenazas e incluso por delitos contra la ley de propiedad intelectual.

Para esta investigación, El Líbero revisó los registros del Poder Judicial de los 358 aspirantes a alguno de los cupos de la Cámara de Diputados que se inscribieron en la Región Metropolitana. El ejercicio se hizo en todos los tribunales del país. Los registros del Poder Judicial están disponibles desde el año 2005 y todos los casos expuestos son de público acceso. 

Ya les hemos presentado los antecedentes judiciales de los candidatos del Distrito 8, las causas penales por riñas, drogas y apropiación indebida de los aspirantes al Distrito 9, las causas relacionadas con el estallido que marcan a varios de los candidatos del Distrito 10 y los casos de violencia que involucran a candidatos del Distrito 11. En los siguientes días se irán dando a conocer los resultados de esta búsqueda para los restantes distritos de la RM: el 13 y el 14.

Ahora es el turno de quienes compiten por representar a los habitantes de las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo. Allí la contienda no será fácil pues hay siete cupos en el parlamento para estas comunas y los siete diputados en ejercicio buscan la reelección. Ellos son: Mónica Arce (IND.), Álvaro Carter (REP.), Ana María Gazmuri (AH), Pamela Jiles (PDG), Ximena Ossandón (RN), Hernán Palma (FRVS) y Daniela Serrano (PC).

Para la elección del próximo noviembre, en el distrito 12 se postulan ocho candidatos de Cambio por Chile (Partido Republicano, PSC y PNL); ocho de Chile Grande y Unido (UDI, RN, Evópoli y Demócratas); siete del Partido de la Gente; ocho de Unidad por Chile (PS, PC, PPD, PR, PL, FA y DC); y siete de Verdes, Regionalistas y Humanistas (FRVS, AH). 

La condena a la ‘Tía Pikachu’

Giovanna Grandón (IND-AH) se hizo conocida por disfrazarse de Pikachu en las protestas de octubre de 2019. Desde entonces es conocida como la «Tía Pikachu». Así se convirtió en una de las integrantes de la Convención Constitucional de 2021, en representación del distrito 12, y ahora busca un cupo en ese mismo distrito, esta vez como diputada. 

En los registros públicos del Poder Judicial existe una sentencia en su contra emitida en febrero de 2012, ya que se dio acreditada su responsabilidad como autora del delito de infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. De acuerdo con la sentencia, en marzo de 2011 la policía recibió información sobre una vivienda en Peñalolén en la que se grababan discos compactos de manera artesanal. Al presentarse en el domicilio los recibió Giovanna Grandón quien autorizó voluntariamente el ingreso de los policías. Las autoridades encontraron 830 CD’s “grabados ilegalmente” con sus respectivas carátulas, 117 CD’s en blanco, siete discos duros de computador, dos bolsas porta discos compactos, entre otros artículos de computador, y se determinó que los insumos iban a ser luego comercializados.

Grandón fue detenida por la PDI y admitió su responsabilidad. Fue condenada a 41 días de prisión en su grado máximo así como a la suspensión de cargo u oficio público por el tiempo de la condena, al comiso de las especies incautadas al momento de su detención y al pago de una multa de un quinto de unidad tributaria mensual. Se dio por cumplida la sanción pecuniaria el día 23 de marzo de 2011, en que estuvo detenida, y se le otorgó el beneficio de reclusión nocturna por el plazo de la condena.

Querellas cruzadas en el contexto de violencia intrafamiliar

2013 fue un año movido judicialmente para el candidato del Partido Nacional Libertario, Andres Fernando Arce Bustos, por un caso de lesiones menos graves y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. Su entonces pareja se querelló en su contra acusándolo de que se había abalanzado sobre ella y amenazado con quitarle a su hija en común, de en ese entonces -diciembre de 2012- un año. Luego, según la querella, Arce “abusando de su superioridad física tomó violentamente de los brazos a mi representada para luego con sus dos manos comenzar a apretarle el cuello”. Como resultado de esta agresión, a Arce Bustos se le decretó la prohibición de aproximarse a la víctima, ingresar a su domicilio, lugar de trabajo o de estudio por el plazo de un año. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la suspensión condicional del procedimiento y una vez cumplido el plazo fijado decretó el sobreseimiento definitivo de Arce Bustos el 13 de junio de 2014. 

Sin embargo, en el transcurso de 2013 el candidato al distrito 12 también denunció y se querelló en contra de su expareja acusándola de maltrato animal, pues al tener que abandonar el hogar común, Arce dejó en la vivienda a sus perros y uno de ellos murió en junio de 2013, según la querella, por envenenamiento. No obstante, en esta causa no se perseveró por falta de antecedentes. 

En septiembre de 2013 hay una nueva denuncia de la expareja de Arce en su contra. No se inició investigación, al considerar que los hechos expuestos –de los cuales no hay detalle en el expediente judicial– no constituían delito. De vuelta, en diciembre de 2013, Arce volvió a querellarse contra ella por el delito de apropiación indebida y usurpar u ocupar inmueble sin violencia y sin daños, puesto que al darse por terminada la convivencia en diciembre de 2012, él solicitó la restitución de su inmueble lo que transcurrido un año no había sucedido. No obstante, no se perseveró en el procedimiento. 

A Arce Bustos se le abrió otra arista judicial en 2015, cuando hubo una querella en su contra por el delito de giro doloso de cheques; esto por la suma de $20.700.000. Esta causa concluyó luego de que se realizara una suspensión condicional del procedimiento con las siguientes medidas: el pago de la suma total de $5.000.000, fijar domicilio y realizar 20 horas de trabajos comunitarios en la fundación “Nuestra casa”. Finalmente la causa fue sobreseída.

Violencia contra su pareja y amenazas a su padre

Ricardo Hernán Santana Pérez se postuló como concejal en Puente Alto en las elecciones de 2024, pero no resultó electo. Ahora emprende una nueva aventura electoral como IND-FRVS, en la lista Verdes, Regionalistas y Humanistas.

En registros judiciales hay dos denuncias en su contra por hechos ocurridos en 2015. En agosto de ese año fue denunciado por amenazas simples en el contexto de violencia intrafamiliar. El juzgado determinó que debía hacer abandono del hogar común que compartía con la víctima, se le prohibió acercarse a ella y se decretó la suspensión condicional del procedimiento. Transcurrido el plazo de un año y no habiendo incumplido las cautelares, la Corte lo sobreseyó en agosto de 2016. 

El otro hecho al que se le vincula corresponde a una denuncia presentada por su propio padre ante la Fiscalía en agosto de 2015. Según el relato de los hechos, el 1 de junio de 2015 Ricardo Santana amenazó a su padre. Sin embargo, la Fiscalía se abstuvo de investigar. 

Acusado de chantaje

Gustavo Lorca Quitral (IND-FRVS) va en la lista Verdes, Regionalistas y Humanistas. Al ser abogado, figura como defensor privado en distintas causas. Sin embargo, hay una en la que a él lo acusan de chantaje. 

De acuerdo a lo descrito en la querella, Lorca representaba a un trabajador despedido; pero fue acusado de chantaje porque en conversaciones con la abogada de la empresa que desvinculó a su representado, les advirtió que tenían en su poder documentos secretos y confidenciales de la misma. Según el relato, Lorca señaló que, si esos antecedentes se revelaban públicamente, serían altamente perjudiciales para la compañía, por lo que lo “más conveniente” sería llegar a un acuerdo en el juicio laboral y pagar la suma exigida por su cliente. 

Los denunciantes aseguran que posteriormente Lorca acompañó dichos documentos privados a la causa laboral, dejándolos disponibles en el expediente electrónico. Estos informes contendrían información estratégica de la compañía, negociaciones en curso con empresas extranjeras y planes de expansión, que terminaron filtrándose a la prensa.

La causa permanece en tramitación. 

Un pasado tormentoso

Algunas de las diputadas en ejercicio que buscan la reelección también han sido o son parte de procesos judiciales. 

La diputada Mónica Arce (IND-DC), inscrita en la lista Unidad por Chile, también ha estado envuelta en casos de violencia intrafamiliar. Según denunció su madre, el 11 de diciembre de 2011, alrededor de las 20:30 horas, Arce discutió con su exconviviente y lo golpeó en diferentes partes del cuerpo. Arce también golpeó a su madre y la amenazó de muerte, así como a su expareja y a sus hijos menores de edad. Fue formalizada por el delito de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) y el tribunal le prohibió acercarse a los dos niños, a su expareja y a su madre. También se le prohibió el porte o tenencia de arma de fuego. Por estos hechos, se dictó una orden de detención contra Arce ya que faltó a su audiencia de procedimiento simplificado, a la que posteriormente se presentó de forma voluntaria. El caso terminó el 21 de enero de 2014, cuando durante la audiencia de preparación del juicio oral la madre de la diputada señaló al tribunal que no quería continuar con la causa. En esa fecha se alzaron las cautelares que pesaban contra Arce.  

Hubo otra denuncia contra Arce por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, esta vez presentada por su exsuegra. Según el relato de los hechos, en abril de 2013 después de una discusión se agredieron mutuamente. Arce no se presentó a la audiencia de formalización, por lo que se dictó una orden de detención en su contra. Cuando se presentó voluntariamente, se le prohibió acercarse a su exsuegra durante un año y someterse a tratamiento psicológico para el control de impulsos. La otra involucrada también tenía órdenes de restricción. Transcurrido el lapso de un año, Arce fue sobreseída. 

Ese 2013 hay otras dos causas en la que Arce figura como víctima. En una se relata que su expareja la amenazó seriamente de muerte. La causa está concluida después de que el denunciante cumpliera una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo. La otra se presentó porque el hombre la golpeó en la vía pública. El denunciado quedó con prohibición de acercarse a ella, y la causa se encuentra concluida.  

Ya como diputada, Arce figura como denunciante y denunciada en un confuso hecho vial ocurrido en 2023 en Puente Alto, pero no se inició investigación en ninguno de los dos procesos. Existen otros dos expedientes de 2023, en el que la diputada denuncia que su pareja recibió llamadas telefónicas que resultaban amenazantes y en las que se referían despectivamente hacia ella.  

Municipalidades contra la Fundación Daya

La diputada Ana María Gazmuri (AH), inscrita por la lista Verdes, Regionalistas y Humanistas, aparece como testigo en diversas causas relacionadas con el uso de cannabis por su rol en la Fundación Daya, que defiende y promociona su cultivo para uso medicinal. Sin embargo, también por su rol en esta fundación, que fundó y dirigía hasta que se convirtió en diputada, fue querellada por la Municipalidad de Peñalolén por el delito de fraude de subvenciones. 

Cuando se presentó la querella en junio de 2024, la alcaldesa era Carolina Leitao, actual subsecretaria de Prevención del Delito. 

Según la querella, la municipalidad constató incumplimientos graves en el convenio firmado en 2015 para implementar un programa de uso compasivo de aceite de cannabis en la comuna.

El acuerdo contemplaba que el municipio entregaría $35 millones a la fundación para financiar el cultivo, producción y distribución de fitofármacos de cannabis destinados a 2.300 pacientes durante un año. Sin embargo, según los antecedentes expuestos, la producción no se concretó en los términos pactados.

La municipalidad exigió el reintegro de los recursos en 2023, luego de constatar que la Fundación Daya no contaba con las autorizaciones necesarias del ISP para entregar los medicamentos comprometidos. A ello se sumó un preinforme de la Contraloría General de la República, que detectó rendiciones de cuentas con comprobantes duplicados y gastos ajenos a los fines del convenio.

Otro punto cuestionado es que la Fundación Daya, pese a ser sin fines de lucro, creó junto a la empresa australiana AusCann Group Holdings la sociedad DayaCann SpA, destinada al cultivo y comercialización de cannabis, aportando supuestamente “know-how” valorado en US$880 mil. Esto abrió dudas sobre un eventual desvío de recursos públicos hacia fines empresariales.

La causa permanece en tramitación. Una de los últimos movimientos en el expediente es del 16 de septiembre recién pasado, cuando la Fiscalía de La Florida se comunicó con el tribunal para hacerle saber que la Fiscalía Local de Valparaíso también está investigando convenios suscritos por la Fundación Daya con la Municipalidad de Quilpué en 2016; hechos que además estarían vinculados a otra investigación radicada en la Fiscalía Local de La Florida, por denuncias por distintos convenios que involucran a la misma fundación.

En otros hechos, Gastón Pinochet Donoso, exmiembro del Tribunal Electoral Regional del Maule, quien era investigado por abuso sexual infantil, denunció a Gazmuri por injurias y calumnias. En la querella, Pinochet asegura que Gazmuri concurrió a canales de televisión haciendo acusaciones falsas, que reiteró por diversos medios. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella, y el juzgado tampoco aceptó un recurso de reposición. La causa llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó lo dispuesto por el tribunal. 

Las polémicas judiciales de Jiles con figuras de alta connotación pública

Las causas judiciales en las que está involucrada la diputada Pamela Jiles, en la lista del PDG, se relacionan a su pasado televisivo. En 2011 Jiles se querelló en contra de Raquel Argandoña por el delito de injurias y calumnias por medios de comunicación social, pero el Primer Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella, argumentando que si bien los dichos de Argandoña habían sido “irrespetuosos”, no constituían delito. 

En 2013, la actual físicoculturista Nicole Moreno, conocida como Luli, se querelló contra los panelistas del programa “Intrusos”, entre los que figuraba Jiles, por referirse a una imagen íntima suya, difundida sin su consentimiento, considerando que habían incurrido en los delitos de sustracción y difusión de fotografía y hechos de carácter privado. En 2015 la Fiscalía de Las Condes decidió no perseverar con la investigación por cuanto no había suficientes antecedentes. La defensa de Moreno solicitó reabrir la investigación, pero el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decidió rechazar las diligencias que solicitaba la defensa de Moreno, al considerar que las mismas ya habían sido evacuadas por el Ministerio Público. 

En febrero de 2021 Jiles se querelló en contra del extenista Marcelo Ríos, luego de que este afirmara en una entrevista que Jiles intentó abusar de él, en el contexto de una entrevista cuando él tenía 14 años. La querella era por el delito de injurias y calumnias por medios de comunicación social. Aunque la causa continúa en tramitación, no tiene movimiento desde julio de 2021, cuando el Juzgado de Garantía de Curacaví se declaró incompetente para seguir conociendo la causa. 

Jiles, además, aparece como testigo en una causa por injurias y calumnias presentada por Giorgio Jackson en contra del empresario Jorge Errázuriz. Según Jackson, el empresario lo vinculó con el robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social, cuando éste era el encargado de ese ministerio, y lo ha señalado como autor intelectual del Caso Convenios. Según la querella, entre los tuits que publicó Errázuriz había uno en el que citaba un posteo de Jiles. La diputada fue ofrecida como testigo por la defensa del empresario. Las partes conciliaron en marzo de 2025 y Errázuriz fue sobreseído. 

Quien también figuró como testigo en una causa es Pablo Maltés Biskupovic, pareja de Jiles que también fue inscrito en la lista del PDG. Se trató de un hecho ocurrido el 19 de junio de 2005, en el que un peatón fue atropellado debido a que se lanzó imprudentemente a la calzada. El Ministerio Público se abstuvo de investigar al considerar que no hubo delito, por lo que no hay mayores antecedentes sobre por qué Maltés iba a atestiguar en estos hechos. 

Maltés ya intentó ser diputado en 2021, cuando postuló al distrito 9, con el Partido Humanista.   

Alteraciones al orden público

Por su parte, la diputada Daniela Serrano (PC), junto al diputado Boris Barrera (PC) presentaron una querella en 2022 por los delitos de homicidio calificado, en grado frustrado, ataque con arma incendiaria, porte de arma cortante y amenazas, por hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2022. Según el relato, ese día se estaba llevando a cabo la Romería, que se hace todos los años, hacia el Cementerio General de Santiago, cuando encapuchados vestidos de negro o con máscaras con diseño de “calavera”, que contabilizaban como más de 100, atacaron a los presentes. El relato dice que los antisociales portaban cuchillos “carniceros”, punzones, martillos tipo “mazo”, bencina en botellas, cócteles molotov, armas de fuego y elementos contundentes como piedras, y fueron principalmente hacia miembros del Partido Comunista y de las Juventudes Comunistas. La querella fue admitida por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, pero desde entonces no hay movimiento en el expediente, aunque la causa continúa en tramitación.

El año 2018 Serrano fue denunciada por el delito de desórdenes públicos. Esto, ya que fue sorprendida por personal policial impidiendo el libre tránsito vehicular el 29 de enero de 2018. El Ministerio Público decidió abstenerse de investigar al considerar que los hechos no constituían delito.

Otro candidato al Distrito 12 denunciado por delitos relacionados con alteración del orden público es Marco Velarde, frenteamplista y expresidente de Comunes, y quien dejó su cargo como asesor en el Ministerio de Desarrollo Social.

Los hechos se remontan a 2011 y 2015, y en ambas ocasiones fue denunciado por Carabineros por obstaculizar el tránsito de peatones y vehículos y, en ambos casos el Ministerio Público decidió no iniciar investigación, al considerar que no había delito. 

“Sin discernimiento”

Fabrizio Alday Valdovinos (IND-AH) fue detenido en 2006, siendo menor de edad, por el delito de hurto simple. No obstante, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró que “obró sin discernimiento en los hechos materia de la formalización” y se declaró el sobreseimiento definitivo de la causa. Al año siguiente fue nuevamente detenido por el delito de consumo o porte en lugar público o privado. Fue multado con 1 UTM. 

Los denunciantes 

El último diputado actualmente en ejercicio, y que aspira a la reelección, que ha estado involucrado en algún proceso judicial es Álvaro Carter Fernández (Rep.), que en 2017 presentó una querella en contra del entonces administrador de la Municipalidad de Puente Alto, Christian Gore Escalante, por el delito de daños. Carter denunció que cuando hacía campaña para ser diputado en el Distrito 12 existía autorización del Servel para instalar propaganda electoral en estructuras elevadas. Sin embargo, la municipalidad “por instrucciones” de Gore Escalante destruyó su propaganda. El 30 de enero de 2020 el  Ministerio Público comunicó la decisión de no perseverar en el procedimiento y la causa se encuentra concluida. 

También figuran en procesos judiciales como denunciantes la candidata Claudia Rasso (IND-UDI), los demócratas Johana Concha y Jonathan Barrera, Li Fridman Moses (IND-PS), Paola Romero Llanos (IND-RN), y Margarita Araya Flores (AH).

En el caso de Rasso presentó una denuncia por estafas y otras defraudaciones contra particulares acusando a varios sujetos de obtener fondos de manera fraudulenta desde su cuenta de Banco Estado. Hubo una audiencia de procedimiento simplificado para uno de los acusados al que se le prohibió acercarse a Rasso y se instruyó que le pagara $900.000 fraccionados en 10 cuotas mensuales, cumplidas estas condiciones el denunciado fue sobreseído. 

Concha, en 2017, denunció a un vecino por amenazas. Sin embargo, la Fiscalía se abstuvo de investigar al considerar que no había existido tal delito. En tanto, en 2006, Barrera iba en un minibús cuando el querellado chocó con ellos estando en estado de ebriedad. Al hombre se le impusieron las cautelares de firma mensual, prohibición de salir del país y suspensión de la licencia de conducir durante 90 días. Luego, la causa fue sobreseída. 

Por su parte, la actriz Li Fridman denunció hechos ocurridos en marzo de este año. Según su relato, fue funada en redes sociales y dicha funa se habría originado por una publicación de la también actriz Magdalena Gelsam. La Fiscalía optó por abstenerse de investigar.  

Romero Llanos denunció que en 2020 hizo una compra de diversos productos, por los que pagó $55.000, y después de haber depositado en la cuenta del vendedor dicho monto, este bloqueó su número de teléfono y no le respondió más, por lo que solicitó que se investigara el delito de estafa. No obstante, el Ministerio Público resolvió no hacer ninguna persecución penal, pues los hechos denunciados no comprometían gravemente el interés público, la pena mínima asignada al delito no excede la de presidio o reclusión menor en su grado mínimo, y no se trataba de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Romero Llanos además figura en diversas causas como defensora privada o abogada querellante.

Araya Flores denunció hechos en 2019 y 2023, pero en ambos casos la Fiscalía no encontró elementos suficientes para comenzar una investigación. El primer hecho tenía que ver con trato degradante hacia un niño y el segundo por un caso de VIF entre sus vecinos. En un tercer hecho ella fue la denunciada, ya que se habría involucrado en una pelea entre escolares. En ese caso la Fiscalía también resolvió no investigar. 

El nombre de Paz Ortúzar (IND-UDI) también aparece en múltiples ocasiones en los registros del Poder Judicial por ser abogada. Ha sido abogada patrocinante en distintas causas asociadas al delito de fraude de subvenciones.