Faltan 52 días para la elección presidencial y parlamentaria de este año. Y si tomamos en cuenta que sólo en la Región Metropolitana se inscribieron 358 candidatos y candidatas para alguno de los escaños de la Cámara de Diputados, la tarea de conocer a los postulantes es mayor.
Desde que el Servel aprobó la lista definitiva de candidaturas, El Líbero ha revisados a cada una de estas personas en los registros públicos del Poder Judicial para conocer su prontuario. En los siguientes días se irán dando a conocer los resultados de esta búsqueda para los siete distritos de la Región Metropolitana, partiendo hoy con el historial judicial de los postulantes del distrito 8, que comprende las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Tiltil, Pudahuel y Quilicura.
En este distrito existen 52 candidatos para los ocho escaños que representan en la Cámara: nueve por Cambio por Chile, ocho de la Izquierda Ecológica Popular Animalista y Humanista, nueve de Unidad por Chile, nueve de Chile Grande y Unido, ocho de Verdes, Regionalistas y Humanistas, ocho del Partido de la Gente (PDG) y uno del Partido Trabajadores Revolucionarios (PTR).
De todos ellos, 13 figuran en juzgados de garantía y de juicio oral de todo Chile como querellantes, querellados, denunciantes, denunciados, testigos o abogados patrocinantes de distintos tipos de delitos.
Agresiones, arma blanca y amenazas
Por ser un “exchico reality”, cada movimiento polémico de Gonzalo Egas ha sido cubierto por la prensa de farándula. En el Poder Judicial, al candidato de Demócratas le figura que en octubre de 2007 fue denunciado por agredir a una expareja afuera de un local en Bellavista, pero la causa que está pública en la justicia es de noviembre, cuando intentó acceder al departamento de la misma expolola saltando una reja y golpeando a personas. Se le formalizó por seis delitos: uno de amenaza por el artículo 417 del Código de Justicia Militar (a Carabineros), uno de violación de morada, dos delitos de daños simples y dos de lesiones leves, todos en calidad de autor y en grado de consumado.
Egas quedó con prohibición de acercarse a ella y a dos personas más, pero luego se dictó el sobreseimiento de la causa “por falta de lesiones”. Tras ello, el artista marcial se sometió a un tratamiento de rehabilitación de alcohol y en 2012 intentó ser concejal por Providencia en un cupo del PRO, pero sólo obtuvo 989 votos.
En una situación delicada también se vio involucrada Catherine Cebulj (Republicanos), quien fue querellante y querellada por “lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar”. El primer caso data de 2011, donde un hombre que dijo ser su conviviente la denunció de haberlo golpeado con los puños “ocasionándole lesiones leves, según dato de atención de urgencia de la Posta del Salvador”. No obstante, el Ministerio Público decidió no investigar porque los hechos no comprometían “gravemente el interés público”. Años más tarde, en abril de 2015, es ella quien denunció al mismo hombre, quien fue formalizado y quedó con prohibición de acercársele. Tras la suspensión del procedimiento y un año sin hechos que reactivaran el caso, este se sobreseyó. Todas las causas están cerradas.
El independiente por la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Cayuqueo, fue detenido en noviembre de 2017 portando “un arma blanca tipo cortapluma de 9.5 centímetros de empuñadura, 8.3 centímetros de hoja metálica y de un total de 17.8 centímetros de largo” en una calle de Lampa. El hombre entregó voluntariamente el artículo y el Ministerio Público decidió no iniciar una persecución penal.
El caso de Gustavo Gatica (independiente por el PC), es conocido y actualmente está en juicio: se querelló por apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y lesiones gravísimas contra el retirado coronel de Carabineros, Claudio Crespo, a quien acusa de haber disparado los perdigones que lo dejaron ciego en una protesta en noviembre de 2019.
A Gatica, a quien el Frente Amplio decidió no llevar en su lista, le figura otra causa, pero de aquellas que caen al sistema automáticamente por razones administrativas: es por “desatender el llamado a reclutamiento” al servicio militar y data de 2023. Está concluida.
Máximo Quitral, que postula en un cupo independiente en lista del Partido Humanista, fue denunciante de una golpiza… pero de niños. Según la información pública del 6º Juzgado de Garantía de Santiago, Quitral denunció en 2011 que un niño de 12 años le pegó con golpes de pies y puños a sus hijos de entonces ocho y 10 años en la plaza de su edificio, por lo que fue a hablar con el papá del niño, que le respondió que no se metía en pelea de niños. De todas formas, el candidato llevó a sus hijos a registrar lesiones a un servicio de urgencias, cuyo certificado registró “sin lesiones evidentes”. El Ministerio Público se abstuvo de tomar cartas en el asunto.
Candidatos a diputados con casos relacionados al trabajo municipal, policial y como exseremi de Salud
Por la naturaleza de algunos trabajos, hay personas que se ven más expuestas a aparecer en causas judiciales. Es el caso del exalcalde de Colina Mario Olavarría (UDI), que ahora quiere volver a la política como diputado; el de la exseremi de Salud, Rosa Oyarce (RN); del actual diputado por Republicanos Agustín Romero, que arrastra casos de cuando fue director jurídico de la Municipalidad de Santiago; y del general en retiro, Enrique Bassaletti.
En 2018 y 2019 Olavarría fue denunciado por malversación de caudales públicos y fraudes al Fisco y organismos del Estado junto a otros funcionarios de la municipalidad por el llamado “Caso Basura”, que data de 2015, cuando la Fiscalía Occidente comenzó a investigar un supuesto caso de corrupción en cuatro municipalidades de Santiago (Colina, Maipú, Cerro Navia y Ñuñoa).
Sin embargo, Olavarría y los otros funcionarios de Colina, fueron absueltos.
Rosa Oyarce, en tanto, tiene varias causas en las que se querelló en su rol de seremi de Salud en la Región Metropolitana, como cuando lo hizo contra dueños de locales comerciales que no tenían patentes o las habían adulterado, o cuando en 2022 se querelló por ejercicio ilegal de la profesión de médico contra una persona que ofrecía sus servicios en una clínica estética clandestina. En esas labores, una de las clínicas estéticas que fiscalizó, se querelló en su contra por injurias y calumnias, sin que el asunto llegara a puerto. El caso más llamativo por el que la llevaron a la justicia ocurrió en 2012, cuando frente a cámaras de televisión, calificó como una secta a un grupo de personas que supuestamente planeaban un suicidio colectivo. Una de las integrantes se querelló contra Oyarce por denuncia calumniosa, pero se decidió no perseverar en esta causa.
Cuando llegó la administración de Irací Hassler a la Municipalidad de Santiago en 2021, se querelló contra varios exfuncionarios del ex alcalde Felipe Alessandri, por considerar que se les había dado un exceso de horas extras. En el caso de Agustín Romero, lo acusaron de percibir $66 millones en un primer escrito, pero en el transcurso del tiempo y una auditoría de por medio, la cifra demandada para reintegrar llegó a $11 millones. El caso sigue en tramitación y tras una suspensión en enero de este año, se reactivó el 12 de marzo de 2025. Desde entonces, se han interrogado a testigos y entregado documentos, sin que de momento haya sentencia.
El general (r) de Carabineros y excandidato a alcalde por Maipú, Enrique Bassaletti (Republicanos) se querelló por injurias y calumnias en medios de comunicación en 2021, contra el exsuboficial Esteban Infante, quien se autodenomina “defensor policial” y es director de la ONG “Vivir sin Delincuencia ni Corrupción”. En 2020 este lo acusó de dar protección y vigilancia policial indebida a Chiletabacos.
El caso, que generó una querella de la entonces diputada Cristina Girardi en contra de Bassaletti, terminó en un juicio oral que absolvió a Infante, pues pese a que lo ocurrido pudo conllevar “consecuencias negativas para el querellante en su ámbito personal, familiar y laboral”, dice la sentencia, no se pudo acreditar el ánimo de “ofender, menoscabar o deshonrar” a Bassaletti, sobre quien pesó el pago de las costas del caso ($1,7 millones)
Asuntos vehiculares*
Jorge Galdames (Demócratas) aparece como víctima del daño a su luneta trasera del auto, mientras que el caso de Anita Escobar (Republicanos) da cuenta de una tragedia.
Esto porque figura como querellante por lesiones graves y cuasidelito de homicidio, pues su hijo murió en un choque cuando viajaba en moto en la zona Oriente de Santiago. El caso terminó con la suspensión del procedimiento luego de que la joven acusada pagara $2 millones a la familia de la víctima, se le suspendiera su licencia de conducir por seis meses y asistiera a clases de primeros auxilios o cuidados de Covid.
En el caso de la candidata Claudia Atenas (DC), los registros públicos del Poder Judicial muestran que en 2023 denunció a una mujer, pero no se sabe por qué. De hecho, el tribunal resolvió no iniciar ninguna investigación, porque lo denunciado no revestía delito alguno.
*Nota de la redacción: Originalmente este artículo informaba que «en 2007 Guillermo Flores, candidato del FRVS, fue denunciado por conducir en ‘condiciones físicas o psíquicas deficientes’, en una causa sobreseída. Sin embargo, esta información no corresponde al postulante, sino a un hombre con los mismos apellidos y con igual primer nombre con que se inscribió la candidatura en el Servel. Ofrecemos las disculpas del caso y lamentamos los inconvenientes que esto pudo generar a Guillermo Domingo Flores Contreras.