A fines de este mes se espera que llegue a Santiago Jeffrey Goettman, número dos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Se trata de la agencia que, por instrucción del Presidente Donald Trump, impuso aranceles de 10% o 12,5% a 60 socios comerciales de EE.UU., entre ellos Chile, y con la que la Cancillería mantiene negociaciones para incorporar la mayor cantidad posible de productos chilenos a la lista con arancel 0%. Entre ellos los salmones, productos que no compiten directamente con la producción estadounidense.
La medida fue adoptada tras una investigación realizada bajo la Sección 301 de la legislación comercial de ese país. El procedimiento no concluyó que productos chilenos como el vino, el salmón o la fruta fueran elaborados con trabajo forzoso, ni identificó exportaciones específicas vinculadas a ese tipo de prácticas. El cuestionamiento de la USTR apuntó, en cambio, a la regulación chilena: sostuvo que el país no cuenta con una prohibición de importación suficientemente eficaz, bajo los estándares estadounidenses, para impedir el ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso en terceros países y garantizar el cumplimiento de esa restricción.
Aunque la investigación de la USTR no concluyó que el salmón chileno fuera producido mediante trabajo forzoso, durante las audiencias dos organizaciones chilenas llevaron directamente esa acusación ante el organismo estadounidense: Centro Ecoceanos y Fundación Libera. El 8 de julio de 2026 Carolina Rudnick, de Fundación Libera, se presentó a una de las audiencias convocadas por la USTR, donde habló en representación de Ecoceanos y Libera. En la exposición que leyó en representación de Ecoceanos sostuvo entre otras cosas: “Sobre la base de nuestras propias investigaciones, junto con la evidencia recopilada por Fundación Libera y entrevistas con trabajadores y sindicatos, hemos identificado evidencia correspondiente a los 11 indicadores de trabajo forzoso de la OIT en la industria salmonera chilena”. Y finalizó: “El comercio internacional no debería premiar modelos de negocio que dependan del trabajo forzoso o de la explotación laboral sistemática. No solo respaldamos las conclusiones de la USTR, sino que también consideramos que los productos salmoneros deberían ser objeto de una WRO (Withhold Release Order, orden de retención de importaciones) o de otras legislaciones de este tipo que están siendo adoptadas en otros países”. Una WRO no es un arancel, sino una orden que permite a la autoridad aduanera estadounidense retener el ingreso de mercancías cuando existen antecedentes que las vinculan con trabajo forzoso.
La participación de ambas ONG en un proceso que terminó con la imposición del arancel adicional de 12,5% volvió a poner el foco sobre el origen del financiamiento de las organizaciones no gubernamentales que intervienen en debates regulatorios y comerciales que afectan a sectores productivos estratégicos.
En 2024, ya El Líbero informó del histórico financiamiento de la ONG Norwegian People’s Aid (NPA), o Ayuda Popular Noruega, a Identidad Territorial Lafkenche (ITL), organización que estuvo detrás de la creación y defensa de la Ley Lafkenche. Según las memorias de NPA revisadas entonces, ITL fue su único socio chileno desde 2012 y recibió recursos para fortalecer su estructura, financiar logística e incluso disponer de una sede. NPA informó que el apoyo terminó después de 2014. La investigación, además, constató que el 82% del financiamiento de NPA provenía del Estado noruego. Noruega, a su vez, es el principal productor mundial de salmón y competidor directo de Chile.
$1.100 millones de fondos públicos noruegos para estudiar la salmonicultura chilena
El proyecto DARKLAX (The Dark Side of Sustainability: Norway and the Rise and Fall of Salmon Farming in Chile), de la Universidad de Bergen, identifica formalmente a Ecoceanos como uno de sus colaboradores internacionales y señala que su director, Juan Carlos Cárdenas, mantiene “correspondencia permanente” con el investigador principal del proyecto, el académico argentino Ernesto Semán.
El proyecto, que se titula en español «El lado oscuro de la sostenibilidad: Noruega y el auge y caída de la salmonicultura en Chile. Una historia transnacional del futuro (1970-2030)», recibió en 2024 un financiamiento de 12 millones de coronas noruegas (cerca de 1.100 millones de pesos chilenos). Los fondos provienen del programa FRIPRO (Fri prosjektstøtte) del Research Council of Norway (Consejo de Investigación de Noruega), que funciona como una competencia abierta a todas las disciplinas y temas. El Research Council of Norway es el principal organismo estatal de financiamiento de la investigación noruega y asesor del gobierno en política científica. El Consejo distribuye cada año más de 11.000 millones de coronas noruegas en investigación e innovación. La adjudicación se realiza mediante competencia académica y no implica que el contenido o las conclusiones del proyecto representen una posición del gobierno noruego.
De acuerdo con lo informado por la Universidad de Bergen, DARKLAX se desarrollará entre mayo de 2025 y abril de 2029. Su propósito es elaborar lo que presenta como la primera historia socioambiental y transnacional de la salmonicultura chilena, combinando historia, biología marina, antropología, estudios ambientales, análisis genéticos de salmones, trabajo de archivo y entrevistas.
La propuesta contempla la realización de un documental, artículos dirigidos al público general, intervenciones en medios, un archivo digital, conferencias y trabajo con actores políticos y organizaciones ambientales. Incluso identifica como ámbitos donde espera generar impacto a Naciones Unidas, el Ministerio de Comercio, Industria y Pesca de Noruega y la Subsecretaría de Pesca de Chile. La propuesta fue elaborada durante el gobierno de Gabriel Boric y, respecto de la Subsecretaría de Pesca, señalaba: “nuestra colaboración con Ecoceanos, que dialoga con el gobierno nacional, nos permitirá desarrollar un intercambio significativo”.
“Con el tiempo, empresas salmoneras noruegas como Cermaq y Marine Harvest (ahora Mowi) llegaron a controlar gran parte de la producción de salmón chilena. En Chile, las condiciones eran favorables, ya que la regulación y la legislación eran mucho más laxas que en Noruega. El resultado fue un número considerable de muertes entre los trabajadores de las granjas salmoneras, un uso excesivo de antibióticos e innumerables fugas de salmón”, se lee en la nota publicada por la universidad en la que se informa del financiamiento del proyecto.
DARKLAX no se ejecuta únicamente desde Noruega. La Universidad Diego Portales y la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM), de Argentina, suscribieron un convenio con la Universidad de Bergen que las incorpora formalmente como socias de la iniciativa. El acuerdo prevé que parte de los recursos entregados por el Consejo de Investigación de Noruega financie gastos de ambas instituciones: hasta 400 mil coronas para la UDP (aproximadamente 38,5 millones de pesos chilenos) y 260 mil para la UNSAM (alrededor de 25 millones de pesos chilenos) entre 2025 y 2029. Las universidades participan además en actividades académicas, difusión y en la elaboración de productos audiovisuales del proyecto.
En el caso de la UDP, ya hay actividades visibles. La universidad chilena y Bergen están organizando la conferencia internacional “The Big Fish: The Owners of Salmon Farming in Norway and Chile”, que se realizará en Bergen en marzo de 2027 y analizará a propietarios, inversionistas y estructuras de poder de la industria salmonera. El convenio financiará una beca para un investigador desde Chile y la selección estará a cargo de Ernesto Semán y autoridades de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP.
En el caso de la UNSAM, la ejecución está radicada en su Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (EIDAES). Ya realizó, junto con Bergen, un concurso de trabajos académicos destinado a investigadores y becarios de esa universidad, cuyo objetivo declarado era “afianzar el vínculo” entre EIDAES y la Universidad de Bergen en torno a los temas de DARKLAX. La convocatoria se llamó “El Lado Oscuro de la Sostenibilidad”.
La propuesta con la que DARKLAX postuló al financiamiento, alojada en el sitio oficial de la UNSAM, describe el desarrollo salmonero chileno como un “experimento incontrolado en un laboratorio al aire libre” y sostiene que tuvo consecuencias ambientales, económicas y sociales que califica de “catastróficas”. Una de sus hipótesis es que “las laxas regulaciones económicas y el férreo control social en los orígenes de la industria bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) permitieron una experimentación sin precedentes que informó el pensamiento neoliberal moderno”.
Es en este documento donde se sostiene que Semán “mantiene correspondencia permanente” con el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas.
Quién es Ernesto Semán, el historiador detrás de DARKLAX
Ernesto Semán es un historiador argentino y actualmente profesor asociado del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Bergen, en Noruega. Nacido y formado en Argentina, vivió cerca de dos décadas en Estados Unidos. Su trayectoria incluye trabajos como periodista de investigación, agregado político y asesor del gobierno argentino, según consigna la propia universidad noruega. La Universidad de Bergen no precisa a qué administración asesoró. Sin embargo, en el diario El País de España, se cuenta que Semán conoció a los Kirchner cuando trabajaba como periodista y, a partir de 2003, esa relación se transformó en una colaboración con el gobierno argentino –entonces a cargo de Néstor Kirchner– a través del consulado en Nueva York.
Su campo de investigación original estuvo lejos de la acuicultura. Durante años se especializó en la historia política y social de América Latina, particularmente en el peronismo, el populismo y el antipopulismo. En 2017 publicó con Duke University Press Ambassadors of the Working Class, sobre los agregados obreros enviados a las embajadas argentinas durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Cuatro años después publicó Breve historia del antipopulismo, donde analizó esa corriente política desde el siglo XIX hasta la Argentina contemporánea.
El propio Semán explica que su giro hacia la historia ambiental surgió al advertir la utilización recurrente de metáforas animales en los discursos políticos que estudiaba “para ridiculizar temas populares y su comportamiento”. Ese interés lo llevó hacia las llamadas “humanidades ambientales” y la “historia multiespecie del capitalismo”. En su perfil universitario resume ese cambio de foco con una frase: “Now, I follow a salmon” (“Ahora sigo a un salmón”).
Su trayectoria académica original no estuvo centrada en la acuicultura. En 2023 publicó en el diario noruego Klassekampen un artículo crítico sobre Mowi y la presencia de compañías noruegas en Chile, aunque ya había investigado la industria algunos años antes. Para cuando postuló DARKLAX, había desarrollado un estudio piloto, realizado entrevistas y establecido una red de colaboradores internacionales que incluía a Ecoceanos.
Los aportes de Marisla Foundation a Ecoceanos y la histórica relación con Oceana
Entre los financistas extranjeros que aparecen vinculados a Ecoceanos está la Marisla Foundation, fundación privada estadounidense creada en 1986 y con sede en California, cuyo programa ambiental tiene entre sus zonas prioritarias la conservación de recursos marinos en Chile.
Ecoceanos ha reconocido públicamente el respaldo de Marisla en trabajos directamente relacionados con la industria salmonera y la regulación ambiental chilena. En 2019 publicó el informe Salmones de sangre del sur del mundo, dedicado a las condiciones laborales de la salmonicultura, donde dejó constancia de que la publicación fue posible “gracias al apoyo de la Fundación Marisla (USA)”. Cinco años después, en 2024, el centro volvió a reconocer a la fundación estadounidense como patrocinadora de Biodiversidad marina bajo amenaza, investigación que cuestionó la institucionalidad chilena y abordó, entre otras materias, los impactos atribuidos a la salmonicultura sobre mamíferos marinos. El documento señala que “esta investigación y publicación ha sido posible gracias al apoyo de Marisla Foundation”.
Los documentos públicos revisados no detallan cuánto recibió Ecoceanos para esos dos informes. Sin embargo, el medio especializado estadounidense Inside Philanthropy, que monitorea el financiamiento filantrópico, registra una subvención de US$25.000 de Marisla a Centro Ecoceanos, destinada a la protección de lagos y ríos en Chile.
Marisla fue una de las fundaciones que creó Oceana en 2001, junto con Pew Charitable Trusts, Oak Foundation, Rockefeller Brothers Fund y Sandler Foundation. La propia Oceana reconoce actualmente a Marisla entre las fundaciones que le han entregado US$500.000 o más.
Oceana tiene, a su vez, una presencia directa y de larga data en el país. Sus propios estados financieros establecen que Oceana Chile es una filial de Oceana Inc. y que su oficina en Santiago comenzó a operar en 2003. Entre sus campañas locales está precisamente la salmonicultura: la organización declara que trabaja para “frenar la expansión de la acuicultura del salmón” en la Patagonia chilena y ha impulsado cambios regulatorios y políticas públicas relacionadas con esa industria.
En febrero de 2024, durante el gobierno de Gabriel Boric, la ONG firmó un acuerdo con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) mediante el cual entregaría al organismo los derechos de uso de una plataforma destinada a publicar información sobre la operación de los centros de cultivo, uso de antibióticos, antiparasitarios y escapes de salmones. Sin embargo, en octubre de 2025 la Contraloría determinó que el convenio “no se ajusta al ordenamiento jurídico” y ordenó iniciar su invalidación, al concluir que correspondía a una prestación de servicios que debía haberse sometido a los mecanismos de contratación pública.
El acuerdo generó cuestionamientos de la industria porque Oceana había tenido previamente una participación activa en las mismas materias que abordaría la plataforma. La organización intervino en la tramitación de la Ley 21.532, que obligó a Sernapesca a publicar datos desagregados sobre antibióticos, mortalidad, cosechas y escapes de salmones. En marzo de 2023, representantes de Oceana se reunieron con la directora nacional de Sernapesca para abordar, entre otros temas, esa legislación, y al año siguiente ambas entidades suscribieron el convenio que posteriormente objetó la Contraloría.
Otro nombre que ha estado relacionado a Oceana y que tiene vínculos con el gobierno anterior es el del abogado Ezio Costa, quien fue vocero ambiental de la campaña de Gabriel Boric, y que representó a la ONG en los juicios contra la minera Dominga. Costa es el director ejecutivo de la ONG FIMA.
Libera en la USTR
Las intervenciones de la Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas frente a la USTR no comenzaron con la audiencia de julio. El 14 de abril de 2026, Libera presentó por su cuenta un documento de 15 páginas ante la investigación de la Sección 301, dedicado especialmente a denunciar la existencia de indicadores de trabajo forzoso en dos sectores exportadores chilenos: la agricultura y la salmonicultura. En el escrito, la propia organización explicó que uno de los asuntos que buscaba abordar era el eventual “nivel y alcance” de los aranceles o restricciones a productos chilenos.
El documento sostuvo que en la industria salmonera chilena existían los 11 indicadores de trabajo forzoso definidos por la OIT y afirmó haber verificado 83 muertes de trabajadores del sector entre 2013 y 2026. Hacia el final del texto incluyó un apartado titulado “Medidas recomendadas: aranceles y restricciones a la importación de productos chilenos”, en el que propuso, entre otras medidas, que Chile tipificara autónomamente el trabajo forzoso, reforzara la legislación laboral y estableciera una prohibición nacional para importar o exportar bienes producidos mediante esas prácticas. En sus conclusiones, Libera calificó la situación chilena como un sistema “facilitado por el gobierno” y pidió al comité de la Sección 301 adoptar “medidas decisivas”.
En ese mismo escrito señaló que en junio de 2024 la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) del Departamento del Trabajo de Estados Unidos había aceptado para revisión una presentación de la fundación con antecedentes sobre supuesto trabajo forzoso en productos agrícolas y salmoneros chilenos.
El 8 de julio, la representante de la ONG Carolina Rudnick compareció personalmente ante la USTR. Primero leyó la presentación de Ecoceanos en representación de Juan Carlos Cárdenas y luego expuso, por separado, a nombre de Libera. En esta segunda intervención respaldó expresamente las conclusiones de la investigación estadounidense y respondió al argumento de la industria de que un arancel carecía de justificación debido a que el salmón chileno no competía con producción local equivalente. A juicio de la fundación, ese argumento desconocía el objetivo de la Sección 301. Rudnick sostuvo que, si el salmón chileno había obtenido participación de mercado beneficiándose de costos laborales reducidos por explotación, no existían condiciones de competencia justa.
Más aún, Libera solicitó mantener la presión comercial sobre Chile. “Recomendamos respetuosamente que cualquier reducción o eliminación de aranceles adicionales sobre productos chilenos quede condicionada” a la implementación gradual de reformas concretas y medibles, señaló Rudnick ante el comité. Entre ellas mencionó la criminalización del trabajo forzoso, el fortalecimiento de la fiscalización laboral y una prohibición sobre importaciones y exportaciones vinculadas a esas prácticas.
La plataforma que conecta a Libera con el proyecto REDAR
Libera forma parte de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, algo que la propia fundación consignó en la presentación hecha ante la USTR en abril.
Dicha Plataforma trabaja estrechamente con el proyecto REDAR (Respeto Empresarial, Derechos, Ambiente y Responsabilidad), iniciativa destinada a fortalecer la participación e incidencia de organizaciones de la sociedad civil frente a la actividad empresarial. Según los antecedentes del proyecto, FIMA figura como beneficiaria principal, mientras el Observatorio Ciudadano y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales participan como coejecutores. El propio REDAR se define públicamente como una iniciativa co-coordinada por esas tres instituciones y señala que es cofinanciada por la Unión Europea, mediante una convocatoria de la Delegación de la UE en Chile.
Entre las líneas de acción de REDAR se declara la capacitación de organizaciones y comunidades, la generación de espacios de diálogo con autoridades y tomadores de decisiones y el fortalecimiento de la propia Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, de la que Libera es integrante.
Uno de los coejecutores de REDAR es Observatorio Ciudadano, organización que reconoce a Ayuda Popular Noruega –Norwegian People’s Aid (NPA)– entre las entidades que históricamente han financiado su trabajo. La organización noruega aparece actualmente en la nómina de apoyos publicada por el propio Observatorio, junto con fundaciones y organismos internacionales como Ford, Packard y otras entidades.
Observatorio Ciudadano mantiene, a su vez, una relación de colaboración con la Identidad Territorial Lafkenche (ITL) –organización mencionada al principio de esta nota–. Durante 2025 ambas entidades participaron conjuntamente en actividades relacionadas con la Ley Lafkenche: el Observatorio realizó un seminario sobre su situación en Chile con la participación de Pérsida Cheuquenao, presidenta de la ITL.
Consultada por Ex-Ante, Rudnick señaló sobre su financiamiento que “en los últimos años nos hemos adjudicado proyectos convocados por Anti-Slavery International, Fair Food Program y The Freedom Fund”.