Contraloría da la razón a la industria del salmón e invalida acuerdo entre la ONG Oceana y Sernapesca

Hace más de un año, la ONG Oceana y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) firmaron un acuerdo mediante el cual la organización donaba al servicio los derechos de uso de un software destinado a publicar, entre otros aspectos, información detallada sobre el uso de antibióticos y antiparasitarios en la acuicultura.

Ahora, según un oficio de la Contraloría —emitido en respuesta a una solicitud de la Cámara de Diputados—, se determinó que dicho convenio “no se ajusta al ordenamiento jurídico” y se instruyó que Sernapesca “inicie el procedimiento de invalidación correspondiente”.

Desde que la industria del salmón conoció la existencia de este convenio —meses después de su firma— surgieron molestias por considerar que se estaba entregando a una entidad privada, de origen extranjero, información sensible y con acceso privilegiado. Además, se cuestionó que se tratara de una ONG con interés directo en la materia y con participación activa en la tramitación de la Ley 21.532, que estableció la obligación de hacer públicos esos datos.

Aunque se trató de una donación y Sernapesca no debía efectuar una contraprestación en dinero, ese fue precisamente el problema del acuerdo, según la argumentación de Contraloría, hecha por la contralora Dorothy Pérez.

“Se advierte que el contrato de la especie tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, pues a través de éste aquella organización (Oceana) cumplirá con sus fines institucionales y el Sernapesca contará con una plataforma que le permita dar cumplimiento a la obligación legal incorporada por la ley N° 21.532, teniendo en consecuencia el contrato una naturaleza onerosa, aun cuando Oceana no efectúe cobros al Sernapesca”, argumenta la contralora en el oficio fechado el 3 de octubre de 2025. 

De este modo, explica, el acuerdo constituye una prestación de servicios informáticos en favor del Sernapesca, y por lo tanto debió regirse por la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, “debiendo efectuarse mediante licitación pública o alguno de los otros mecanismos que contempla dicha norma (…), lo que en la especie no se cumplió”.

Contraloría responde así a un oficio enviado al ente por el diputado Sergio Bobadilla en abril de 2024, que entonces presidía la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara. En su consulta Bobadilla planteó que Oceana es “abiertamente contraria a la salmonicultura, lo que podría significar una posible afectación al principio de imparcialidad en la administración del Estado, a la delegación de funciones propias de Sernapesca y una vulneración de normas de prevención de conflicto de intereses”.

El documento de Contraloría indica que Oceana no hizo ninguna alegación al ser consultados por el organismo, en tanto Sernapesca solicitó un pronunciamiento en cuanto a la procedencia del convenio e informó que su implementación estaba “suspendida” mientras este pronunciamiento no se emitiera. 

“Sincerar la discusión”

El dictamen de la Contraloría que invalida el acuerdo entre Sernapesca y Oceana ha sido recibido como un espaldarazo a los reparos iniciales de la industria.

Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, consultada por El Líbero, destaca que la decisión confirma las preocupaciones expresadas desde un inicio respecto a la vulneración de principios de legalidad y transparencia en el proceso.

“La Contraloría General de la República emitió un dictamen que valida la posición que levantamos desde el Consejo del Salmón frente al convenio suscrito entre Sernapesca y la ONG Oceana en febrero de 2024. Desde un inicio advertimos que este acuerdo vulneraba principios de legalidad y transparencia, al delegar funciones públicas en una entidad privada sin los debidos procesos. Solo el Consejo del Salmón y el diputado Sergio Bobadilla presentamos antecedentes ante Contraloría. En este proceso también participó Sernapesca, lo que permitió a la Contraloría un análisis institucional completo y una resolución fundada”, afirma Seguel.

La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón agrega que “este dictamen no solo respalda nuestra posición, sino que también establece una jurisprudencia país, reafirmando que la convicción gremial, la perseverancia y el rigor profesional pueden generar resultados significativos. Hoy, este fallo nos recuerda la importancia de hacer lo correcto y de defender la legalidad de los procesos”.

Por su parte, Tomás Monge, gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, también valora la posición planteada por la Contraloría que, a su juicio, “respalda nuestra posición de buscar soluciones apegadas a la legalidad y la transparencia. Estamos satisfechos de que el organismo fiscalizador haya ordenado a Sernapesca iniciar un proceso de licitación pública, lo cual garantizará la participación igualitaria de distintos actores y evitará potenciales sesgos”.

Monge asegura que la decisión “es un precedente importante, porque cada vez es más común que ONGs con intereses directos en temas ligados a la salmonicultura, financien con recursos importantes a gobiernos regionales o universidades entre otros para diversos programas o para la contratación de funcionarios públicos, incidiendo en políticas públicas como planes de manejo de parques y reservas, o en materias de ordenamiento territorial, lo que es absolutamente cuestionable”. Añade entonces que “esto representa una oportunidad para sincerar la discusión respecto a la incidencia en políticas públicas de estos grupos, buscando la mayor transparencia y equilibrios en el ejercicio de la función pública”.

El origen del ofrecimiento de Oceana

Oceana lleva años acusando a la industria de los salmones de abusar del uso de antibióticos. Por ejemplo, en 2014 presentaron un reclamo ante el Consejo para la Transparencia exigiendo la entrega de información sobre el uso de antibióticos por parte la industria salmonera en Chile, argumentando que la industria quería “esconder el hecho que las cantidades de antibióticos que usan se han disparado”. En octubre de 2018, Oceana Chile organizó el seminario internacional “Salmonicultura y antibióticos: riesgos para la salud humana”; en 2019 publicaron un video animado, en el que alertan sobre los efectos que la resistencia bacteriana, y señalaron que este “fenómeno natural se ha visto incrementado por el uso excesivo de antibióticos en humanos y en la industria animal”. En julio de 2025 nuevamente advirtieron el alza en el uso de antibióticos en la salmonicultura chilena.

Además de estas actividades judicializaron la petición de entrega de información sobre esta materia y fueron participantes activos en la tramitación de la Ley 21.532, que establece que una vez terminado cada ciclo productivo, Sernapesca debe publicar información sobre la cantidad y clase de antibióticos y antiparasitarios utilizados y la respectiva biomasa, mortalidad y cosecha. Información que debe estar desagregada por empresa y centro de cultivo. Asimismo, si ocurre un escape, el servicio debe publicar el número de ejemplares escapados, tan pronto le sea informado.

El 20 de marzo de 2023 –dos meses después de la publicación de la Ley 21.532 en el Diario Oficial–, Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile, y César Astete, director de Campañas de Pesca de la ONG, se reunieron con la directora nacional, María Soledad Tapia Almonacid, según consta en la Plataforma de Ley de Lobby, para “presentar Campañas de Oceana en Chile. Además de tratar de manera específica la ley de escape de salmones y transparencia en acuicultura”. 

La ONG es una activa usuaria de este instrumento: tiene inscritos 12 lobbistas o gestores, que registran 143 audiencias.

El acuerdo entre Oceana y Sernapesca se firmó un año después de la reunión informada: el 12 de febrero de 2024. La propuesta fue presentada por Van der Meer y por Sernapesca lo aprobó su directora nacional, Tapia Almonacid.

Junto con el convenio había un anexo en el que se describía que el proyecto se llamaba «Transparencia de datos para la acuicultura» y tenía entre sus objetivos el desarrollo de una plataforma interactiva y descargable con los datos operativos y de escapes de los centros de cultivo y la publicación semestral de la información productiva, uso de tratamientos y escapes de los centros de cultivo que hayan terminado su ciclo productivo.

En el acuerdo, además, “Oceana insta a la autoridad a aceptar los términos del pacto, que incluye variadas cláusulas de exención de responsabilidad de la primera, con motivo, por ejemplo, de ‘la falta de diseño, calidad o idoneidad de los Servicios y la plataforma para un fin determinado’, ‘infracción de derechos de terceros’, entre otros”, resume el oficio de Contraloría. Y César Astete figuraba como uno de los integrantes del equipo de trabajo, por parte de Oceana. 

La industria del salmón levantó las primeras alertas en abril de 2024. El presidente de SalmonChile, Arturo Clément, manifestó entonces que “como gremio, esta acción nos causa sorpresa y preocupación. Sorpresa, dado que Sernapesca opta por desarrollar esta plataforma con una ONG que tuvo un rol activo en la tramitación de este proyecto de ley y que por lo tanto sigue teniendo un interés directo en este tema, lo que claramente genera un conflicto por su falta de imparcialidad ante su conocida postura o sesgo hacia la industria”. 

En mayo de 2024, Liesbeth van der Meer, directora de Oceana, defendió el convenio en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, allí planteó que el 9 de febrero, primero, celebraron un convenio de colaboración con la Fundación Data Observatory, para la “creación e implementación, en beneficio del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, de un sistema de información pública que contenga información sobre las actividades acuícolas de conformidad con la Ley 21.532, y tres días después, el 12 de febrero, celebraron “el acuerdo de donación con Sernapesca en el que Oceana se comprometió a apoyar el desarrollo de tecnología para mejorar la transparencia de los datos de acuicultura para Sernapesca a través de su Departamento de Gestión de Información, Servicios al Usuario y Estadísticas Sectoriales”; y defendían que los servicios y plataformas iban a ser entregados a Sernapesca, sobre lo cual habrían ahondado en una comunicación enviada al servicio el 26 de abril, dos días después de que representantes de la industria hicieran públicos sus reparos en la prensa. 

En esa comunicación enviada por Oceana a Sernapesca se decía que “la extracción de los datos y la modelación de los mismos es una tarea que compete exclusivamente al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura” y agregaron que “la plataforma operará íntegra y exclusivamente en los sistemas e infraestructura del Servicio”. 

“De espaldas a la industria”

Transcurridos un año y ocho meses desde la firma del acuerdo entre Oceana y Sernapesca y con la respuesta de Contraloría a la vista, Monge reitera que cuando conocieron el acuerdo dijeron que les causaba sorpresa y preocupación, “dado que el servicio había optado por desarrollar esta plataforma con una organización que tiene un interés directo en estas materias, y especialmente por su evidente falta de imparcialidad. Dijimos también que muy distinto hubiera sido haber convocado desde el inicio a una agenda público-privada de todos los interesados para trabajar en conjunto el diseño de la plataforma. Acá fallaron las formas, la comunicación y la información. Por lo mismo, la Contraloría, al declarar ilegal el acuerdo, ha validado gran parte de nuestras observaciones. Esto nos da la oportunidad de que este proceso se reencauce de una manera más adecuada”.

Sobre este punto, Seguel recuerda que el convenio “generaba gran preocupación y reparos, tanto por la forma como por el fondo. A través de él se habría entregado información sensible y con acceso privilegiado respecto a la segunda industria exportadora más relevante de Chile. Todo esto en un proceso poco transparente y de espaldas a nuestra industria”.

Oceana y su red en el Estado

Según su página web, “Oceana es la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a proteger los océanos del mundo. Oceana fue creada en 2001 por un grupo de fundaciones: The Pew Charitable Trusts, Oak Foundation, Marisla Foundation (anteriormente Homeland Foundation) y el Rockefeller Brothers Fund”. Tienen presencia en Chile, Estados Unidos, Canadá, Belice, Filipinas, Brasil, Perú, México y Reino Unido. 

En el staff de Oceana hay nombres que antes de estar en la ONG tuvieron pasos por algún gobierno. Es el caso de César Astete, actual director de Campañas de Pesca, quien durante cuatro años fue el Jefe de Asesores de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y que en representación de Oceana ha asistido a 34 audiencias informadas por Ley del Lobby. 

En este gobierno han participado el biólogo marino Felipe Paredes Vargas, quien trabajó en un proyecto a honorarios en el 2024 en el Ministerio de Economía para realizar el primer informe técnico correspondiente al estudio: “Programa de seguimiento pesquerías bajo régimen de áreas de manejo, 2024″. En paralelo, se desempeñaba como director de Política Marina y Protección de Hábitats de Oceana Chile, cargo en el que permanece hasta la actualidad. Entre 2015 y 2023 trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente como especialista en Áreas Marinas Protegidas.

Otro caso es el de Cristóbal Correa, actualmente director de Campañas de Contaminación Marina, quien trabajó en el gabinete de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. 

Además, Oceana y Sernapesca han trabajado de la mano en otras ocasiones. Acaba de terminar el seminario de trazabilidad pesquera “El camino hacia la pesca del futuro”, organizado por el Servicio y Oceana Chile, y realizado los días 13 y 14 de octubre; y en diciembre de 2024 Sernapesca y Oceana, llevaron a cabo un encuentro para analizar los desafíos y oportunidades de la pesca artesanal de macroalgas pardas en la macrozona norte.

Otro nombre que ha estado relacionado a Oceana y que tiene vínculos con el actual Gobierno es el del abogado Ezio Costa, quien fue vocero ambiental de la campaña de Gabriel Boric, y que representó a la ONG en los juicios contra la minera Dominga.

Los brazos de Oceana también llegan al Congreso, pues en 2023 El Líbero descubrió que la directora jurídica de esta ONG, Javiera Calisto Ovalle, figuraba como creadora del documento Word de un proyecto de ley que fue presentado por los senadores De Urresti y Órdenes. La iniciativa, que está en primer trámite legislativo, busca suspender por 10 años todas las concesiones acuícolas.