El histórico financiamiento de una ONG noruega a la agrupación detrás de la Ley Lafkenche

Desde que fue promulgada en 2008, se ha señalado en varias oportunidades que la ley 20.249, conocida como “Ley Lafkenche”, ha traído numerosos problemas para el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola, tanto industrial como artesanal, en las regiones sur-australes del país.

Sin embargo, poco se sabe del rol que ha jugado la ONG noruega Norwegian People’s Aid (NPA) en el financiamiento y apoyo de uno de los actores que más interés tiene en que la legislación se siga implementando tal cual está. Se trata de la organización de nombre Identidad Territorial Lafkenche (ITL).

Qué es la Ley Lafkenche

La “Ley Lafkenche” nació producto del interés de las comunidades mapuches–lafkenque, «que solicitaban el reconocimiento y protección de sus derechos territoriales sobre el borde costero. La Ley estableció un mecanismo para destinar un Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO) para preservar usos y costumbres indígenas, el cual es entregado por un tiempo indefinido en administración a una comunidad o a una asociación de comunidades indígenas», señala un informe de la Cámara de Diputados.

En su aplicación, la ley ha presentado algunos problemas para la industria pesquera y la acuicultura, ya que una vez que una comunidad reclama un espacio costero, se paraliza toda concesión así como la inversión pública y privada en el borde costero, mientras la Comisión Regional de Uso de Borde Costero decide si aprueba o rechaza la solicitud.

Según información de la Subsecretaría de Pesca, se han otorgado 23 ECMPO y hay más de 80 solicitadas. 

La organización Identidad Territorial Lafkenche

Una de las organizaciones que promovió y que estuvo detrás de la creación de esta ley fue la llamada Identidad Territorial Lafkenche (ITL), la cual se define como “una organización indígena que agrupa a un conjunto de comunidades y actores territoriales que habitan el lafken mapu o territorio costero mapuche”.  

Según esta asociación indígena, creada a inicios de la década de los noventa, han “desarrollado un trabajo de reconstrucción de la identidad territorial y protección del borde costero, apoyando reivindicaciones de comunidades, promoviendo y participando en encuentros de organizaciones, canalizando información y generando articulación entre comunidades lafkenches de diversas localidades”.

En medio de los intentos de algunos sectores por modificar ciertos aspectos de la Ley Lafkenche, hay organizaciones, como ITL, que se han opuesto repetidas veces a cualquier cambio. Así lo hicieron en el noveno Congreso Lafkenche, realizado en febrero de este año.  

Asimismo, la agrupación estuvo involucrada en el proceso de la primera Convención Constitucional. Uno de los miembros de ITL, Adolfo Millabur, fue electo convencional en cupo de escaños reservados representando al pueblo Mapuche, y estuvo bastante activo en involucrar a su organización en la discusión de uno de los puntos más polémicos que se incluían en dicha propuesta, la “consulta indígena”.

El financiamiento Noruego de Identidad Territorial Lafkenche 

Si bien esta organización ha tenido un gran despliegue mediático con respecto a temáticas indígenas, algo que ha pasado desapercibido es que ITL ha sido financiada durante varios años, en especial en los que la ley comenzó a ser discutida y posteriormente implementada, por la ONG noruega Norwegian People’s Aid (NPA). 

NPA es una organización creada en 1939, opera en más de 30 países del mundo, y sus proyectos son diversos, desde desminado hasta asistencia para combatir el hambre y la pobreza, pasando también por el asesoramiento de pueblos originarios en sus reclamaciones por territorios.  

El 82% del financiamiento de esta ONG proviene del Estado noruego, y lo hace a través de la Agencia de Desarrollo y cooperación (Norad) y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente los aportes que se le realizan de parte del Estado noruego ascienden a NOK 974.800.000, que equivalen a 89 millones de dólares aproximadamente. Esto se sabe por un nuevo acuerdo al que llegaron ambas entidades en 2020 por cinco años. 

En su reporte anual de 2014, daban cuenta que habían estado apoyando a organizaciones sociales en Chile desde 1985, aunque sobre ITL señalaron que “Identidad Territorial Lafkenche, que representa y organiza a indígenas del pueblo Mapuche-Lafkenche alrededor de un borde costero de más de 1000 km en el sur de Chile, ha sido nuestro único socio (en Chile) desde 2012. Ellos están luchando por sus derechos ancestrales de usar el mar y el borde costero para salvaguardar sus modos de vida, su cultura y sus tradiciones espirituales”.

A continuación, se declaraba que la cooperación entre NPA e ITL se había centrado en fortalecer la organización estructural y el trabajo de ITL. Entre otros aspectos que se mencionaba estaba por ejemplo el ayudar a ITL en la construcción de una casa matriz y otros temas de logística para la agrupación.

En dicho apartado incluso dedicaban unas breves palabras para hablar de la “Ley Lafkenche”, la cual consideran que es una ley que “protege los derechos del pueblo Mapuche-Lafkenche”. Según NPA luego de 2014 cesó todo soporte y financiamiento a ITL.

La misma ITL también ha transparentado los vínculos con NPA a través de un documento base de 2009, que contiene una declaraciones de intenciones, las comunidades que integran la agrupación, un marco teórico, entre otras cosas, en el cual afirmaban que  “Identidad Lafkenche cuenta con aportes económicos de Ayuda Popular Noruega, recursos que permiten el arriendo de una casa en la ciudad de Temuco, el financiamiento de funciones de secretaría y un presupuesto de gastos básicos para los desplazamientos de algunos de sus dirigentes”. 

En el mismo texto se señala a continuación que desde NPA “a lo largo de los años han canalizado un apoyo no remunerado de un conjunto de profesionales de diversas áreas que colaboran en algunas de las principales tareas de la organización”. 

Con respecto a la relación entre NPA y la Ley Lafkenche, esta se puede apreciar en un documental titulado “Lafken, la historia de su ley”, largometraje que cuenta cómo se dio pie a la ley 20.249, que defiende su implementación, y en el que se agradece en los créditos a la ONG “Ayuda Popular Noruega”.

La relación entre el Estado de Noruega e ITL se ha mantenido de forma posterior al año 2014. Ello se puede evidenciar en que miembros de la agrupación continuaron manteniendo reuniones con la embajada de Noruega en Santiago, tal como se puede ver en esta publicación de Facebook de 2016.

Así también como un viaje que realizaron comunidades mapuches y lafkenches a Noruega a inicios de mayo del año pasado, invitadas por el Comité Noruego de Solidaridad con América Latina y por la misma NPA, para protestar en contra de la instalación de una hidroeléctrica de la empresa noruega Strakraft en el Río Pilmaiquén.

Cabe recordar que Noruega es el mayor productor de salmón a nivel mundial, concentrando el 38% de la producción global, seguido de Chile con un 27%, siendo ambos las únicas potencias en dicho rubro puesto que quien les sigue sería el conjunto de todo el resto de los países europeos, que acaparan el 15%.  

Lo paradójico es que las empresas salmoneras noruegas no sólo tienen una buena relación con sus símiles en Chile, sino que también son accionistas de estas últimas, por lo cual ellas también se han visto afectadas por las paralizaciones que ha traído la “Ley Lafkenche”.  

Al ser consultadas distintas salmoneras nacionales sobre las intenciones que pudiera haber detrás del financiamiento que esta ONG ha hecho a organizaciones en nuestro país y si creen que es para frenar el desarrollo de la acuicultura de Chile, que es el principal competidor de Noruega, señalan que es algo que conocían, que no deja de llamar la atención y que se podría solucionar exigiendo transparencia a las ONG.

La difícil relación entre Nicolás Grau y la industria salmonera 

Ante los problemas derivados de la aplicación de la “Ley Lafkenche”, en el gremio de las industria salmonera sostienen que han tenido que enfrentar también una suerte de «hostilidad» del gobierno, especialmente del ministro de Economía, Nicolás Grau.

Esto, señalan, quedó evidenciado en las tramitaciones de algunos proyectos como en el caso de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas o “Ley SBAP”, puesto que en ella el Ejecutivo había incluido una modificación que apuntaba a «prohibir el futuro otorgamiento de nuevas concesiones acuícolas en las áreas protegidas del país, valiosas por sus ecosistemas». Finalmente, el artículo en cuestión salió rechazado en comisión mixta. 

Sin embargo, sostienen que el embate de Grau todavía no ha terminado, puesto que, con el ingreso por parte del gobierno de la nueva Ley de Pesca, se incluye una normativa que afectará a la acuicultura, la que el Ejecutivo habría señalado que no estaría dentro de la legislación discutida ya que ese tema sería abordado en una futura Ley de Acuicultura.  

Otra muestra de la supuesta «hostilidad» ocurrió en marzo de este año, cuando Nicolás Grau no asistió a la feria Aquasur, que se realizó en Puerto Montt y que es considerado como el evento acuícola más importante del hemisferio sur. En dicha actividad participaron los embajadores de China, Niu Qingbao; de Estados Unidos, Bernadette Meehan; de Brasil, Paulo Pacheco; el secretario de Estado del Ministerio de Comercio, Industria y Pesca de Noruega, Even Tronstad; y la ministra de Asuntos Rurales, Reforma Agraria e Islas de Escocia, Mairi Gougeon, entre otros representantes de estados.

Se había invitado a participar al Presidente Gabriel Boric, al ministro de Economía y a otros secretarios de Estado y autoridades del Ejecutivo, pero solo fue el subsecretario de Pesca Julio Salas, además de jefes de servicios, como del SAG y Sernapesca. Además, fuentes señalan que el subsecretario estuvo únicamente en la inauguración y no participó en otras actividades de la feria.

Desde las salmoneras manifestaron su molestia por la no participación de Grau y declararon que “ la salmonicultura es el segundo sector exportador del país, tras la minería del cobre, y aporta el 2,1% del PIB nacional (en 2023 se exportaron más de 774 mil toneladas netas, equivalentes a US $6.462 millones), esa relevancia parece no ser tomada por las autoridades de Gobierno, desconociendo lo que ha significado para el desarrollo del sur de Chile y de su gente”. 

El Líbero contactó al equipo del ministro de Economía para que pudiera responder a estos planteamientos hechos por las salmoneras, pero desde la cartera señalaron que estaba con problemas de agenda, por lo que no pudieron responder al cierre de esta nota.