Una comitiva del Instituto Nacional de Derechos Humanos visitó a Pelentaro Llaitul y a los otros cuatro integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que cumplen prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Valdivia. Los integrantes de la CAM se encuentran en ese recinto penitenciario por decisión del tribunal que ve su causa tras una recomendación expresa de Gendarmería, pero desde el INDH emitieron un informe que entrega argumentos que respaldan su petición de ser trasladados al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco; pese a que esta exigencia es realizada mediante una huelga de hambre.

El ayuno se considera una falta grave de conducta, incluso para los presos de origen mapuche, según consta en una resolución reciente de la Contraloría. 

Los cinco integrantes de la CAM fueron detenidos el pasado 22 de noviembre después de dos ataques incendiarios a un fundo y un campamento forestal, en una zona rural al norte de Temuco. 

Tras conocerse que uno de los detenidos era Pelentaro Llaitul, hijo del líder de la CAM, Héctor Llaitul, Gendarmería emitió un informe fechado el 23 de noviembre, y dirigido al Juzgado de Garantía de Lautaro, en el que recomiendan que de aplicarse la cautelar de prisión preventiva –como efectivamente ocurrió– el centro de reclusión fuese el CP de Valdivia. 

Los descargos de Gendarmería

De acuerdo con Gendarmería, debido a la gravedad y connotación del delito por el que se los investiga; así como por el revuelo mediático “que causa el conflicto mapuche y en especial el interno Pelentaro Llaitul Pezoa, hijo del líder y miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), imputado Llaitul Carrillanca, conociendo el carácter que esta representa en la denominada ‘causa mapuche’, el poder de convocatoria y la capacidad de apoyo logístico externo con que cuenta este comunero mapuche aludido, es que obliga a nuestra autoridad y particular en esta región denominada Macrozona Sur a implementar el máximo de medidas de seguridad institucionales pertinentes”.    

Gendarmería expone que el CP de Valdivia les permitiría además contar con condiciones de segregación adecuadas, condiciones de seguridad tecnológica óptimas, infraestructura y número de personal para proporcionarles mejores condiciones, tanto de habitabilidad para los internos como para que haya un mejor desarrollo de la función penitenciaria. 

En otro oficio señalan que el CP de Valdivia tiene una ocupación del 62%; a diferencia del CCP de Temuco que está “sobrepoblado”; están remodelando sus dependencias destinadas a los presos de origen mapuche y además “no cuenta con un perímetro que mantenga en resguardo las inmediaciones de la unidad, alejando a la ciudadanía, manifestantes y/o simpatizantes de la causa mapuche”.   

La preocupación de Gendarmería no era infundada. El propio Juzgado de Garantía de Lautaro debió cambiar la modalidad de la audiencia de formalización, que originalmente iba a ser presencial, y desarrollarla de forma telemática vía Zoom; esto debido a los llamados públicos que circularon por las redes sociales para reunirse y realizar manifestaciones frente al tribunal el día de la audiencia (25 de noviembre). 

El juzgado argumentó que “la reunión de una gran cantidad de personas en el exterior del tribunal puede afectar la seguridad de funcionarios del tribunal, personal de servicios, personal de Gendarmería asignado al resguardo de este recinto, intervinientes que comparezcan presencialmente a la audiencia programada en esta causa y otras audiencias que corresponda llevarse a cabo”.

La intervención del INDH

Una vez que se supo que Pelentaro Llaitul estaba detenido y que sería formalizado, los abogados del INDH intervinieron en la causa. Enviaron un oficio al tribunal en el que atendiendo el carácter público de la audiencia y “el interés del INDH en relación a eventuales antecedentes de su competencia”, solicitaron autorización para observar la audiencia de control de detención por parte de dos abogadas del organismo. 

A esto se suma que el defensor penal público Luis Acuña Tapia, representante de tres de los imputados –incluyendo a Llaitul Pezoa–, solicitó la intervención del instituto con la finalidad de que entregaran información actualizada de la infraestructura, capacidad y condiciones de habitabilidad de los denominados ‘módulos de comuneros’ de los centros penitenciarios de las comunas de Angol, Temuco y Valdivia. Petición que fue autorizada por el tribunal el 30 de noviembre. 

En el comunicado publicado por los presos en Valdivia para anunciar el inicio de su huelga de hambre el 27 de noviembre, escriben: “Fuimos trasladados a dicho centro, por instrucción del Juez de Garantía de Lautaro, Eduardo Pérez, quien basó su decisión en información tergiversada, entregada por Gendarmería de Chile (GENCHI), ignorando el informe entregado por el INDH”. Se trataría de una comunicación previa que no figura en el expediente disponible en el Poder Judicial. 

La mala relación de los CAM con los otros presos mapuche

En el expediente de la causa consta la minuta de la visita a la cárcel de Valdivia hecha por cuatro integrantes del equipo del INDH de Los Ríos. Allí se señala que fueron al recinto los días 28 de noviembre; 1 y 6 de diciembre de 2022. 

El documento indica que los cinco integrantes de la CAM se encuentran asignados al sector de venusterio, “pues relatan no tener buena relación con los internos mapuche que habitan el módulo 87”, que es el destinado a albergar a los imputados de este origen. “Consultados por los motivos, prefirieron no dar mayor explicación, ni expresaron algún conflicto intracomunitario, solo manifestaron su reticencia a compartir el espacio”, dice el texto.

Los funcionarios del INDH también admiten que los detenidos señalan “que han recibido un buen trato por parte de los funcionarios de Gendarmería”. No obstante, cuestionan que “las condiciones de habitabilidad, pertinencia intercultural y otros aspectos que señalaremos, reflejan una tensión que afecta su diario vivir”. 

Para el INDH, “ni el módulo 87 ni el espacio de venusterio, donde se encuentran los imputados, son lugares en donde se pueda apreciar pertinencia cultural”. 

Y al final del documento citan “estándares internacionales” que avalarían su traslado a otro centro de reclusión; tal como están exigiendo con la medida de presión de la huelga de hambre ya que quieren cumplir su prisión preventiva en el módulo de Presos Políticos Mapuche del CCP de Temuco. Tampoco consideran en el texto lo planteado por Gendarmería con respecto a las situaciones de las cárceles de Temuco y Angol. 

El texto del INDH afirma que “todos los imputados son de la región del Bio Bio o Araucanía, por ello existe una evidente lejanía familiar”.

“Las condiciones actuales de reclusión, evidencian la imposibilidad en el reconocimiento de sus prácticas sociales y culturales de acuerdo a la cosmovisión mapuche. Ello en primer término por no estar cerca de su familia ni su comunidad, limitando en los hechos cualquier posibilidad de realizar trawünes (reuniones) donde hacen nütramtun (hablar y escucharse), pues bien, de acuerdo a las costumbres del pueblo mapuche, la vida en comunidad es vital, los problemas, dudas, reflexiones y decisiones siempre son tomadas al alero de estas prácticas comunitarias y con la intervención de todos/as”, indica el documento.

“Los estándares internacionales”

La minuta elaborada por los funcionarios del INDH alude a que su intervención ocurre para resguardar los derechos de los privados de libertad, pero hacen un especial énfasis en que su tarea es la “prevención de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Pese a que no había antecedentes de que algo así estuviese ocurriendo, plantean que “preliminarmente no contábamos con mayor información para poder determinar si estábamos en supuestos de tortura u otros tratos crueles inhumanos o degradantes. Nos entrevistamos con los imputados Luis Guillermo Menares Chanilao, Jorge Andrés Caniupíl Coña y Pelentaro Hector Llaitul Pezoa y pudimos advertir que la situación de fondo, dice relación con su traslado a la ciudad de origen, considerando la transitoriedad de la medida y la necesidad de cercanía familiar; motivo por el cual habrían iniciado huelga de hambre”.

Luego de esta conclusión presentan un capítulo de “estándares internacionales”, donde citan el Convenio 169 de la OIT y fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aluden a esta última para señalar: “Cuando el acceso a los establecimientos de detención y penitenciarios se hace extremadamente difícil u oneroso para los familiares… se afecta el derecho de ambas partes a mantener relaciones familiares”.

Otro argumento que utilizan citando a la CIDH es la importancia de que los reclusos estén en los centros penitenciarios más cercanos a la localidad donde residan sus familiares; y que “en caso de que la transferencia no haya sido solicitada por la persona privada de libertad, se debe, en la medida de lo posible, consultarla sobre cada traslado de una prisión a otra”.

Además, mencionan otros aspectos como la protección a la identidad cultural y religiosa; una alimentación adecuada a los valores y tradiciones de su cultura, el uso de prácticas y medicinas tradicionales. 

Las otras intervenciones del INDH en la causa

Sin embargo, en las cárceles de la Araucanía las condiciones tampoco estarían dadas para cumplir con los estándares descritos por el INDH. 

Dice Gendarmería que en el Centro de Detención Preventiva de Angol el módulo de imputados tiene una sobrepoblación del 150%, por lo que no cuenta con las condiciones de infraestructura y habitabilidad que permitan un régimen de seguridad y vigilancia plena. 

Mientras, en el caso del CCP de Temuco, el módulo de comuneros actualmente no está habitable ya que en septiembre de 2021 comenzaron los trabajos de reparación de estas dependencias. En consecuencia, los detenidos de origen mapuche fueron reubicados con la población penal común. 

Afirman que el Instituto Nacional de Derechos Humanos está en conocimiento de dichas obras debido a que hicieron una “visita inspectiva”. 

Tras la visita de los funcionarios del INDH a la cárcel de Valdivia, en el expediente aparece una nueva actuación del INDH, en el que la abogada de la institución Constanza Montt de la Fuente se presenta “como tercero independiente” en la causa que se sigue contra Pelentaro Llaitul y los otros cuatro integrantes de la CAM. La intervención era para incorporar a los registros la planilla con el expediente de salud de los imputados mapuche en huelga de hambre.

La “pésima” actuación del INDH

Para el diputado por la IX Región, Miguel Mellado, la intervención del INDH ha sido “pésima”. “Por eso nosotros habíamos rechazado su presupuesto, porque está actuando como compañero político de estos terroristas. Si ellos han hecho mucho daño, los encontraron en flagrancia, con armas de guerra. Entonces, el INDH no tiene vergüenza de hacerse parte de esto. ¿Dónde está la imparcialidad que tiene que tener un instituto de DD.HH.?, ¿dónde está la visita del INDH a las víctimas del terorrismo de la CAM?, ¿existe algún informe donde hayan estado con las víctimas del terrorismo de la CAM? No. Pero sí van a la cárcel a ver a Pelentaro Llaitul y sus cómplices para que los lleven a donde ellos quieren”, cuestiona.

En la misma línea se mostró el diputado Miguel Becker, también de La Araucanía: “Como Cámara de Diputados rechazamos los recursos para el INDH. En la Región de la Araucanía el Instituto de Derechos Humanos nunca se ha preocupado de las verdaderas víctimas que han ocurrido durante estos últimos 25 años. Por eso es que nos parece que es una institución que más bien está para entregar trabajo y entregar subvenciones a los simpatizantes de este gobierno”.

Además, el diputado Mellado agrega: “Aquí no se trata de cumplir lo que quieren estos terroristas, por eso la justicia los mandó para allá. Debieron haber pensado antes de cometer los horrorosos atentados. Yo creo que el INDH está perdiendo el norte completamente, que tenía con el anterior director Micco. Incluso había hecho que en La Araucanía hubiese una oficina que estaba viendo a las víctimas de la violencia y el terrorismo y que fue cerrada cuando lo echaron”.

Y advierte Mellado que “el INDH está pasando a ser un vehículo del Partido Comunista y de la izquierda de este país donde levanta a los victimarios, a los terroristas y les hace cariño para que sus derechos humanos sean respetados. Y dónde quedan los DD.HH. de las víctimas de estos terroristas. Están perdiendo completamente el foco y por eso nosotros rechazamos el presupuesto al INDH”.

La huelga de hambre para acceder a beneficios penitenciarios

Seis de los 13 atentados que hubo en La Araucanía y Biobío la semana pasada se los adjudicó la CAM, todos en apoyo a los Llaitul. El 7 de diciembre la ORT Lavkenche CAM difundió una publicación a través de Werkén Noticias en la que hablan sobre las movilizaciones hechas en favor de los detenidos en Valdivia e indican: “Reivindicamos la acción armada como herramienta legítima de lucha de nuestro pueblo y reivindicamos a nuestros hermanos prisioneros y nuestros mártires caídos en acciones de lucha. ¡Libertad a los PPM (presos políticos mapuche) CAM!”.

Una investigación previa de El Líbero mostró cómo a través de atentados y huelgas de hambre quienes integran estas agrupaciones radicales consiguen beneficios intrapenitenciarios.

Incluso, hubo un requerimiento presentado a Contraloría por los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, Camila Flores, Miguel Mellado y Diego Schalper, en contra de la resolución exenta N° 3925 de 2020 que permitió al gobierno anterior y al actual, entregar tales beneficios a presos de origen mapuche, aunque hubiesen incurrido en faltas graves, como las huelgas de hambre.

“Lo que nosotros concluíamos era que hubo negligencia respecto al otorgamiento de beneficios penitenciarios a personas condenadas por graves delitos, que mediante la coacción, la amenaza, actos terroristas y violencia rural recibieron beneficios penitenciarios”, dijo interrogado sobre el tema en el Congreso el diputado Andrés Longton.

Tras esto hubo un pronunciamiento de la Contraloría el pasado 18 de noviembre en el que consideró la huelga de hambre como una falta grave, algo que no puede alterar  la resolución exenta de 2020; así como que se continúe con el traslado a los Centros de Educación y Trabajo (CET) de presos de origen mapuche que no cumplen con las condiciones preestablecidas para aquello. 

“Nosotros seguimos en la búsqueda de antecedentes, tenemos los del contralor que son relevantes desde el punto de vista legal para tomar cualquier decisión, pero creemos que la ministra de Justicia no está en un buen pie en el Ministerio de Justicia y esperamos que en lo sucesivo, sobretodo después de lo que estableció Contraloría, no siga entregando beneficios penitenciarios a personas que cometieron graves delitos”, agregó Longton.

Para Mellado, “una huelga de hambre no puede ser presión para que Gendarmería cambie el actuar de la justicia. Si el tribunal de primera instancia determinó que Pelentaro Llaitul debía estar en Valdivia junto con sus cómplices; Héctor Llaitul en Concepción, en Los Ángeles Ernestos Llaitul, bueno, es la justicia la que tiene que determinar si efectivamente cambia o no. Para eso están los organismos judiciales y los abogados de estos terroristas debieran presentar a los tribunales de alzada que cambien la indicación, pero administrativamente Gendarmería no debe meterse, el gobierno tampoco debe meterse y la ministra si hace esto se arriesga a una acusación constitucional por notable abandono de deberes”.

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