Gobierno designa como querellante en el caso Llaitul al mismo abogado que actualmente defiende al cabecilla de la CAM en otra causa

Esta mañana comenzó la formalización de Héctor Llaitul, en el Juzgado de Garantía de Temuco. Al proceso, como abogado querellante por parte del Ministerio del Interior se presentó Ignacio Sapiain Martínez, el mismo que ante el error de Interior que los excluyó del Caso Huracán como acusadores, aplicó una maniobra procesal para que lo dejaran participar en la causa, pero ahora en representación de las “víctimas”, entre las que se encuentra Héctor Llaitul.

En consecuencia, Sapiain Martínez con respecto a Llaitul actúa como acusador y defensor.  Acusa a Llaitul en la formalización que se está llevando a cabo por hurto de madera, usurpación violenta, atentado contra la autoridad y llamamientos a la desestabilización del gobierno, conducta enmarcada en la Ley de Seguridad del Estado (LSE). Y al mismo tiempo es su defensor en el Caso Huracán, en el que se investiga a ex funcionarios policiales y civiles por el montaje de pruebas en contra del cabecilla de la CAM y otros acusados por perpetrar atentados en el sur. 

Sapiain dice que Llaitul es un “buen líder”

En la formalización llevada a cabo hoy en el Juzgado de Garantía de Temuco, y dirigida por la jueza Leticia Rivera Reyes, la Fiscalía imputó a Llaitul su participación en cinco hechos para justificar la petición de la medida cautelar de prisión preventiva. 

Cuando fue el turno del Ministerio del Interior de intervenir como querellante, tomó la palabra Sapiain Martínez (de la VIII Región), quien además de calificar a Llaitul como un “buen líder”, al tener que indicar la cautelar que solicitaría apuntó que quedaban en la “difícil postura” de adherirse al Ministerio Público “y pedir que se decrete la prisión preventiva”. 

El abogado comenzó su intervención diciendo: “El señor Llaitul es un líder, mucho más que un guerrero, que podemos empatizar en algunos aspectos con su causa referida a la reivindicación territorial. El gobierno ha ido trabajando en esa área por medios pacíficos, recuperando tierras y entregándoselas al pueblo mapuche. Un pueblo que él dice proteger, pero como buen líder ha perdido el rumbo, no se ha dado cuenta del daño que está generando a su mismo pueblo”.

Al finalizar su intervención, Sapiain Martínez afirmó: “Dado el número de delitos, que son ocho en total, la pena asignada a ellos, unidos a los antecedentes que se han agregado y si fuera poco los mismos antecedentes penales de los que goza el imputado y la imposibilidad de que exista una certeza de que va a enfrentar efectivamente un juicio, porque ni el domicilio se tiene claro, no nos deja sino en la difícil postura de adherirnos a la posición del Ministerio Público y pedir que se decrete la prisión preventiva, porque es proporcional y necesaria para el desarrollo de esta investigación”.

Cuando fue el turno del Ministerio del Interior de volver a tomar la palabra ya Sapiain Martínez no estaba y, en su lugar, fue sustituido por la abogada Macarena González que mostró un tono más duro. 

Finalmente, ambos abogados aparecieron juntos en el momento en que el Juzgado de Garantía de Temuco ordenó prisión preventiva para el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, fijó en 30 días el plazo de investigación y ordenó que Llautil sea recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío, ubicado en Concepción.

La maniobra en el Caso Huracán

A mediados de julio el Gobierno quedó fuera como querellante del Caso Huracán. El hecho se consumó como resultado de una decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que declaró inadmisible un recurso presentado por la Unidad Jurídica del Ministerio del Interior. El documento buscaba revertir la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco que los dejó fuera al negarse a hacer una corrección en la acusación del caso.

El hecho desencadenó un reproche público del Presidente Gabriel Boric, que calificó el asunto como un “error inaceptable”.

Una de las medidas que tomó Interior para tratar de resarcir el error fue solicitar continuar participando en el caso en “representación de las víctimas”.

En este sentido, el Juzgado de Garantía de Temuco consideró “que si bien es cierto, la acusación promovida por el Ministerio del Interior se tuvo por no presentada (…), de todas formas reviste aún la calidad de representante de las víctimas y justamente en ese carácter se interpuso la querella, como consecuencia de ello, no obstante no ser acusador, estima este tribunal que podrá continuar como interviniente en el solo carácter de víctima”.

En el Caso Huracán las personas que estuvieron presas fueron Hértor Llaitul, Claudio Leiva, David Cid, Rodrigo Nazario Huenchullán, Jaime Huenchullán Cayul, Martín Curiche y Ernesto Llaitul Pezoa, hijo del líder de la CAM, las que luego fueron liberadas tras el vuelco del caso.

Y si bien el tribunal consideró que el Ministerio del Interior no comparece en representación de las víctimas en particular sino más bien de la sociedad chilena, fuentes consultadas por El Líbero, que han estado relacionadas con este caso, argumentan que “si el Ministerio del Interior quedó con la calidad de representante de las víctimas en ese caso, es extraño que ahora sea querellante en este otro caso. Que aparezca persiguiendo a una de las víctimas de Huracán incluso puede ser causal para que el abogado se inhabilite. Eso queda en el arbitrio de cada uno. O lo puede pedir hasta la propia defensa, Rodrigo Román”.

Sapiain Martínez en el mismo estatus que Rodrigo Román 

La movida de Sapiain Martínez lo dejó entonces en el mismo estatus que quien hoy defiende a Llaitul: el abogado Rodrigo Román, conocido por su rol en la ONG Defensoría Popular. 

La Defensoría Popular tiene un historial en la defensa de personas acusadas de violar la Ley Antiterrorista, debido a ataques incendiarios o envío de artefactos explosivos. En 2015 esta organización sufrió una escisión.

En una publicación de Facebook –que posteriormente fue borrada– se explica que ese año los miembros fundadores expulsaron al abogado Rodrigo Román Andoñe por ejercer “violencia machista en contra de dos de las abogadas del colectivo”: Betsabé Carrasco y María Rivera, esta última además de ser fundadora de la Defensoría Popular, es dirigente del Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT), una de las principales organizaciones que se hizo presente durante las protestas en Plaza Baquedano y cuyos líderes llamaron abiertamente a que “caiga Piñera” tras el 18-O.

Los hechos descritos por la Fiscalía en la formalización a Llaitul se desencadenan a partir del veredicto contra Daniel Canío Tralcal, reconocido por también ser miembro de la CAM. En este caso, Román fue el defensor de Canío al igual que lo ha sido de imputados en el Caso Bombas I; de Manuel Olate Céspedes, un militante comunista chileno requerido por Colombia por su presunta vinculación con las FARC; así como de comuneros imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. Más recientemente tuvo a su cargo la defensa de los condenados por quemar el Metro Pedrero tras los disturbios del 18-O.

En general, Román tiene una larga relación con la llamada “causa mapuche” y por ejemplo diversas publicaciones de la Defensoría Popular en Facebook emplean expresiones en mapudungun. 

Como querellantes en la causa del Caso Huracán también aparecen otros abogados conocidos por su vinculación con la defensa de comuneros imputados por hechos de violencia, como la exconvencional Manuela Royo, o la abogada Karina Riquelme. 

Román, además, tiene un perfil político. En agosto de 2013, cuando la postulante a La Moneda del Partido Igualdad (PI), Roxana Miranda, fue a oficializar su candidatura ante el Servicio Electoral (Servel), el jurista la acompañó, pues él mismo se estaba postulando a diputado por esa tienda. Para 2014, Román firmó un comunicado del Frente Amplio que llamaba a reunirse por la Asamblea Constituyente y la necesidad de una nueva Constitución. Román incluso se desempeñó como Secretario General del Partido Igualdad.

De vuelta con Sapiain Martínez, pese a que los abogados de los querellados (Carabineros) en la causa de Huracán han solicitado que Interior no continúe interviniendo, Sapiain Martínez ha continuado participando y según un escrito presentado a mediados de agosto lo hace “por el Ministerio del Interior, en su calidad de víctima y querellante”.

*Nota de la redacción (publicada el 26 de agosto a las 13:30 horas)

A las 20:49 horas de ayer, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública emitió un comunicado en su cuenta de Twitter respondiendo a esta nota publicada por El Líbero.

Señalan que “es completamente falsa la afirmación de que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública representa al señor Héctor Llaitul en el marco de la investigación del caso Huracán. El gobierno no representa a personas naturales que son víctimas de los delitos investigados en el marco de esa indagación donde se incluye al señor Llaitul”.

A renglón seguido sostienen que “El Ministerio del Interior representa a la sociedad chilena que ha sido víctima de un grave caso de vulneración del Estado de Derecho como es el caso Huracán, donde se falsificaron pruebas. Todos los casos necesitan justicia”.

Finalmente agregan que “Héctor Llaitul es querellante en el caso Huracán y en esa calidad tiene su propia representación legal”.

Este mediodía, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, en una vocería desde La Moneda, se refirió al artículo de El Líbero en los mismos términos que el comunicado de Interior.

Frente a esto, El Líbero señala:

1. En la nota publicada se sostiene que el abogado Ignacio Sapiain Martínez participó como representante del Ministerio del Interior en la formalización realizada el jueves contra Héctor Llaitul y que, de forma paralela, “ante el error de Interior que los excluyó del Caso Huracán como acusadores, aplicó una maniobra procesal para que lo dejaran participar en la causa, pero ahora en representación de las víctimas, entre las que se encuentra Héctor Llaitul”.
2. “El error” al que se hace referencia en la nota de El Líbero fue el que cometió el Ministerio del Interior el 12 de mayo pasado, cuando quedó fuera del Caso Huracán tras no corregir un vicio formal del que fue advertido en dos oportunidades por el tribunal que ve el Caso Huracán. La cartera intentó corregirlo, pero el 14 de julio la Corte de Apelaciones de Temuco declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por el Ejecutivo para reincorporarse al caso. De hecho, ese mismo día, el Presidente de la República, Gabriel Boric, señaló al respecto: “Este error, desde mi punto de vista, es inaceptable, y por supuesto que tiene que haber responsabilidades. Lo voy a conversar con la ministra (Izkia Siches) para evaluar dónde se cometió ese error”. Al día siguiente, el ministerio anunció el despido de la jefa de la División Jurídica de la cartera, y nombró a la abogada Luppy Aguirre en el cargo, quien permanece hasta hoy.
3. “La maniobra” aludida en la nota de El Líbero hace referencia a lo que ocurrió en la audiencia de medidas cautelares del Caso Huracán, realizada en Temuco el pasado 25 de julio. En ella, el juez de garantía Federico Gutiérrez resolvió entre otras cosas: “En cuanto a la calidad de víctima que si bien es cierto la acusación promovida por el Ministerio del Interior se tuvo por no presentada, el tribunal estima que en su momento esta entidad el Ministerio del Interior, arrogándose la representación de personas que eventualmente pudieron verse afectadas por la actuación de los acusados según lo que indican las acusaciones promovidas en el ejercicio legítimo de derechos garantizados por la Constitución, el tribunal estima que no obstante haberse declarado por no presentada la acusación por parte del Ministerio del interior de todas formas reviste aún la calidad de representante de las víctimas y justamente fue en ese carácter en que se interpuso la querella; En consecuencia de ello no obstante ya no ser acusador, estima este tribunal que podrá continuar como interviniente en el sólo carácter de víctima por la situación ya señalada, ya que se tuvo por no presentada la acusación y no así la querella que en  su momento se interpuso”.
4. Para distintos abogados penalistas consultados por El Líbero, la resolución del tribunal señala explícitamente que el Ministerio del Interior está actuando en representación de “las víctimas”, entre las cuales está incluido el señor Héctor Llaitul. Asimismo, sostienen que el Ministerio del Interior, al ser excluido como parte querellante, perdió su calidad de representante “de la sociedad chilena”.
5. La misma idea planteó en su cuenta de Twitter el abogado y ex presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Pedro Orthusteguy. “La ‘sociedad chilena’ o ‘el pueblo’ (en el sistema anglosajón) se encuentra representada en el proceso penal en Chile por la Fiscalía. El querellante representa a la víctima y los órganos y servicios públicos podrán hacerlo cuando su LOC se los permita (DFL 7912 en el caso del Ministerio del Interior). En el caso Huracán la querella del Ministerio del Interior fue declarada abandonada, por presentar la acusación fuera de plazo legal, por tanto su participación llega hasta ahí como ‘interviniente’ (art.12 CPP). Entonces, el 25.07.2022 el Ministerio del Interior pidió al juez ser reconocido como ‘abogado de víctima’, que es un status de simple ‘oyente’ en un juicio oral (no puede litigar) y que tiene derecho a ser oído al final del juicio por, justamente, ‘representar a las víctimas’. Si no es ‘interviniente’, del art 12 del CPP no podría estar ahí. El juez de garantía lo autorizó. La pregunta ahora es. ¿Quienes son las víctimas en el caso Huracán? Las únicas víctimas identificadas en la causa son Llaitul y otros comuneros”.
6. Cabe destacar que parte de la información publicada por El Líbero fue difundida también por el medio de comunicación Ex Ante el 28 de julio pasado con el siguiente titular: “Ministerio del Interior defiende a Llaitul en calidad de víctima de Operación Huracán”. En esa oportunidad, el Ministerio del Interior no realizó un desmentido a la información entregada.