La abogada que impulsó quiebre en Carabineros para derrocar al gobierno y que ahora quiere ser constituyente

En un video difundido en diciembre de 2020, con el cual la abogada María Rivera buscaba las firmas necesarias para respaldar su candidatura como independiente a la Convención Constitucional, se describe su andar político: comenzó a militar desde la secundaria cuando entró al Frente de Estudiantes Revolucionarios, ligado al MIR; en 1983 partió al exilio en Argentina y se unió al Movimiento al Socialismo (MAS) durante 7 años; regresó a Chile en 1990 “y milita en la izquierda revolucionaria hasta hoy”, resumen.  

Este fin de semana su nombre apareció en la lista de las 1.373 candidaturas aceptadas para Convencionales divulgada por el Servicio Electoral (Servel). Compite por el Distrito 8 (Colina, Lampa, Pudahuel, Quilicura, Til Til, Cerrillos, Estación Central y Maipú) respaldada por la alianza independiente La Lista del Pueblo. El 23 de enero, cuando el Servel publicó el listado, se cumplió un año de una denuncia presentada por Carabineros en su contra. La acusaron ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por el delito de sedición impropia, ya que en uno de sus video afirmó: “Debemos hacer un llamado a la tropa, a la base de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que rompan con su oficialidad, que se sumen a este lado”.

Un año más tarde, desde Carabineros reiteran que la denuncia fue presentada pero desconocen cuál es su estatus, ya que el asunto se encuentra en manos de la fiscalía. En su momento, el Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT), del que Rivera es la principal dirigente, “rechazó” la denuncia y en su lugar llamó a “organizaciones de pobladores, asambleas territoriales, sindicatos, organizaciones estudiantiles y de DD.HH.” a enviar videos de apoyo. “La revolución chilena ha demostrado que ni la represión criminal, ni las amenazas ni denuncias van a frenarnos; porque luchamos no por 30 pesos, sino por 30 años; por recuperar todo lo que los de arriba, los empresarios y sus gobiernos nos han robado”, escribieron en el comunicado.

El MIT es una colectividad trotskista, fundada en 2017, que ha llamado abiertamente a “sacar a Piñera” o a que “caiga Piñera”. Y si bien Rivera compite ahora por un puesto en la Convención Constitucional, desde el MIT el 15 de noviembre de 2019 marcharon para rechazar el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, el 10 de enero de 2020 pidieron la renuncia del Presidente y el 8 de marzo llamaron a una “huelga general hasta sacar a Piñera”.

“Una vez que saquemos a Sebastián Piñera debe ser la clase trabajadora organizada quien asuma el poder y juntos todos definir el futuro del país, expropiar a las grandes familias y poner esa riqueza y los recursos naturales al servicio de la mujer trabajadora y los oprimidos. Desde Chile hasta Hong Kong que este 8 de marzo sea de revolución”, dijo Rivera en un video en conmemoración al Día de la Mujer en 2020, cuando distintas organizaciones estaban tratando de reavivar las manifestaciones en el centro de Santiago.

La agrupación tomó vuelo a partir de las protestas en Plaza Baquedano ocurridas a partir de octubre de 2019. Y en tiempos en que la presencia de los partidos políticos tradicionales era rechazada en Baquedano, al MIT siempre se le permitió ondear sus símbolos en el epicentro de las manifestaciones.

El rechazo del MIT al pacto firmado entre las principales fuerzas políticas del país que decantó en la posibilidad de una nueva Constitución quedó patentado en un comunicado publicado en su web el 15 de noviembre de 2019 titulado ¡El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de los de arriba es una trampa hipócrita! ¡Sigamos en las calles hasta que caiga Piñera, que se vayan todos!. Allí sueltan frases como: “¡no creemos que su propuesta resuelva nuestras demandas y sea una nueva Constitución a nuestro favor! ¡Queremos que se vaya Piñera ya!” o “el acuerdo que firmaron los partidos tradicionales además de ser una trampa, es una hipocresía a la cual se ha sumado parte del Frente Amplio (RD, Partido Liberal, Comunes, y Gabriel Boric de Convergencia Social), demostrando su carácter entreguista a estas instituciones y los partidos de los grandes empresarios”.

Si bien ahora en la página de Facebook del MIT hay una publicación fijada en la que destacan que lograron inscribir la candidatura de Rivera, en el comunicado de 2019 no solo se mostraron críticos con el acuerdo, sino también con el mecanismo de la Convención Constitucional. “Intentan borrar la demanda de una Asamblea Constituyente de los de abajo libre y soberana, con su salida de una ‘Convención Constitucional’. Pero peor aún, en el plebiscito en el mejor de los casos se aprobaría esa Convención Constitucional, pero se eligiría a los miembros que la componen en octubre de 2020, conjuntamente con elecciones regionales y municipales, ¡con el mismo sistema electoral que rige para diputados!. Es decir, los que redactarían la nueva Constitución serán electos bajo las mismas reglas de sus elecciones que son asquerosamente financiadas y manipuladas por los empresarios. Nada que sea a fondo en beneficio de los trabajadores puede salir de eso”, escribieron.

Sobre el Acuerdo por la Paz la propia Rivera durante una manifestación en Baquedano el 15 de noviembre de 2019 afirmó: “Los trabajadores nos hemos tomado la calle y defenderemos nosotros nuestro futuro. Fuera todos del Parlamento. Fuera Piñera de La Moneda. Vamos compañeros a no entregar las calles”. Y luego agregó: “Entre gallos y medianoche el Frente Amplio, los partidos de la Nueva Mayoría, exceptuando a un par, y los partidos de la derecha de este país han llegado a un espurio acuerdo. A un acuerdo que la juventud y el pueblo en este país no acepta. Esos parlamentarios no cuentan con la legitimidad para llegar a ese acuerdo y negociar nuestro futuro”. Su propuesta, en cambio, era desarrollar un sistema de asambleas populares para “echar abajo la Constitución del 80”. 

Defensora de “primera línea” y anarquistas

Rivera también hace parte de organizaciones dedicadas a la defensa de los “primera línea”, pero que en el pasado han estado involucrados con acusados de acciones violentas en La Araucanía o con relacionados con el Caso Bombas. 

La Defensoría Popular es conocida por tener un historial en la defensa de personas acusadas violar la Ley Antiterrorista, debido a ataques incendiarios o envío de artefactos explosivos. En 2015 esta organización sufrió una escisión. Ese año los miembros fundadores expulsaron al abogado Rodrigo Román Andoñe (quien ha defendido a un militante comunista chileno requerido por Colombia por su presunta vinculación con las FARC, a los comuneros imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay; y a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco) por ejercer “violencia machista en contra de dos de las abogadas del colectivo”: Betsabé Carrasco y María Rivera, de acuerdo con una publicación de Facebook que fue eliminada del perfil público de la organización. En consecuencia, el ala de Román se quedó con el nombre de Defensoría Popular y el de Rivera pasó a llamarse Defensa Popular. 

Antes del quiebre Román y Rivera trabajaron juntos en 2012 asistiendo a los tribunales o ante la comisión investigadora que tenía a su cargo el denominado Caso Bombas I, entre los imputados en ese proceso se cuentan Francisco Solar y Mónica Caballero, anarquistas que si bien en aquella oportunidad quedaron libres, actualmente están en prisión preventiva, desde julio de 2020. A Solar se le acusa de haber participado en el envío y colocación de artefactos explosivos en la oficina del ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, en la 54° Comisaría de Huechuraba y en el edificio Tánica, ubicado en Vitacura. En este último hecho se le habría unido Mónica Caballero. La pareja, además, cumplió condena en España por instalar explosivos en una iglesia.

En la web de La Lista del Pueblo describen a Rivera como “abogada de los ‘primera línea’, defensora de presos políticos y quien fue una de las que interpuso una querella contra Piñera por los delitos de lesa humanidad que cometió tras el 18 de octubre”.

Desde la Defensa Popular -antes Defensoría- en conjunto con el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y de la Cooperativa Jurídica, presentaron en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una querella por el delito de “Crimen de Lesa Humanidad”, contra el Presidente Sebastián Piñera en noviembre de 2019. Rivera aseguró que llevarían este caso hasta las últimas consecuencias, fuese en instancias judiciales nacionales o internacionales.

La abogada también respaldó a los comuneros mapuche que estuvieron en huelga de hambre a mediados del año pasado, todos detenidos por delitos comunes. Destaca el caso de Freddy Marileo Marileo en prisión preventiva, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de homicidio simple de los hermanos Jorge Marimán Loncomilla y Matías Cariqueo Loncomilla, porte ilegal de arma de fuego y municiones y receptación. Ilícitos perpetrados el martes 5 de febrero 2019, en la comunidad Boyen Mapu de la comuna de Ercilla. Se trata de los hijos del lonco José Cariqueo . Otros en huelga de hambre eran Danilo Nahuelpi Millanao, formalizado por homicidio frustrado a funcionarios en servicio, porte ilegal de arma de fuego, receptación de arma de fuego y vehículo motorizado; Juan Calbucoy Montanares imputado por los delitos de robo con intimidación de vehículos, abigeato, porte ilegal de arma de fuego y municiones y por microtráfico de drogas; Juan Queipul Millanao quien estuvo prófugo y se le acusa de los delitos de homicidio, porte ilegal de arma de fuego y receptación; Sinecio Huenchullan Queipul, condenado por receptación y uso de placas patentes adulteradas; Sergio Levinao Levinao condenado por los delitos de robo con retención en carácter de calificado y porte ilegal de arma de fuego en el marco de un ataque al fundo Pemehue; y Víctor Llanquileo Pilquiman, que fue sentenciado a cumplir la condena de 16 años como autor de robo con violencia y 5 años por el delito de porte ilegal y porte de municiones. 

Pese a estos antecedentes, Rivera, coordinadora de Defensa Popular y la principal dirigente del MIT publicó un mensaje en el que instaba al Gobierno a dar la libertad a los comuneros en huelga y permitirle cumplir sus condenas en sus territorios: “Exigimos al gobierno de Sebastián Piñera que aplique el Convenio 169, que permita que los comuneros mapuche vuelvan a sus territorios con su pueblo a cumplir sus condenas. Hoy, en medio de la pandemia, cuando las autoridades dicen que todos debemos cuidarnos la vida de esos comuneros está en peligro. La vida del machi Celestino Córdova está en peligro. Todos los mapuche en huelga de hambre están en peligro”. 

María Rivera, quien acusó haber sido de amenazada de muerte por su rol como abogada de la Defensa Popular, ha coincidido con los ex voceros de la ACES, Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau, quienes emitieron un mensaje de apoyo a favor de la dirigenta del MIT. “Le mandamos la solidaridad de todos los secundarios, de nuestra asamblea a María Rivera, no vamos a aceptar que se siga criminalizando la protesta”. Este no es el único vínculo que ha tenido Rivera con el mundo estudiantil. A comienzos de abril de 2019 la abogada expuso en un foro sobre Aula Segura, organizado el grupo Javierinas Dignas, encabezada por Owana Madera, una figura relacionada con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.