Publicado el 08 de noviembre, 2019

Abogado que defiende a menor formalizado por incendiar el Metro fue candidato a diputado por partido que hoy integra el FA

Autor:

Emily Avendaño

Rodrigo Román es conocido por defender a implicados en casos que involucran la Ley Antiterrorista. Durante la última década representó a los involucrados en el llamado “caso bombas”, a acusados por arrojar molotov a carabineros o a sedes policiales. También a Manuel Olate, chileno y militante comunista requerido por Colombia por su presunta vinculación con las FARC. Además fue abogado de comuneros imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay; y defendió a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, durante la llamada Operación Huracán. En 2013 intentó ser diputado por el Partido Igualdad.

Autor:

Emily Avendaño

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El 13º Juzgado de Garantía de Santiago determinó dejar en internación provisoria al menor de 16 años identificado con las iniciales B.E.S.M. El estudiante de segundo medio fue acusado de participar en el incendio de la estación Pedrero del Metro, en Macul, el pasado 18 de octubre, y deberá cumplir la medida durante los 40 días que dure la investigación. 

La Fiscalía Oriente señaló que el adolescente es parte de una de las facciones de la “Garra Blanca”, hinchas del Colo-Colo. Fueron precisamente las imágenes difundidas en la cuenta de Instagram del grupo las que llevaron a la identificación del joven. El adolescente fue el primer aprehendido por los incendios dentro del subterráneo y arriesga una pena de 5 años y 1 día hasta 10 años de presidio. Para dar con su identificación fue clave, además, el testimonio de su madre y de un primo, quienes lo identificaron en las imágenes e incluso le habría recriminado por haber participado en los hechos.

Su defensa está a cargo del abogado Rodrigo Román, conocido por ser uno de los defensores de los once comuneros imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay; por su intención de ser candidato a diputado por el distrito 21 -que comprende las comunas de Providencia y Ñuñoa- en las elecciones del 17 noviembre de 2013, opción que era apoyada por el Partido Igualdad; y por haber defendido a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), durante la llamada Operación Huracán. 

Román es parte de la ONG Defensoría Popular -plataforma que según su descripción “pretende visibilizar la persecución y criminalización de los luchadores sociales”, creada en el año 2010- y durante más de una década ha participado en casos que involucran la aplicación de la Ley Antiterrorista, o la instalación de artefactos explosivos. 

En 2010 acompañó a Manuel Olate Céspedes, chileno y militante comunista detenido en octubre de 2010, requerido por Colombia, por su presunta vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). A Olate se le acusaba por financiar a la guerrilla colombiana y aparecía en las fotos del computador de Raúl Reyes, número 2 de las FARC, obtenidas en 2008. Sin embargo, él respondió que los encuentros con el grupo guerrillero fueron «entrevistas» que buscaban darle una solución al conflicto colombiano. El caso llegó hasta la Corte Suprema chilena, pero no quedó en nada, pues la Corte Suprema colombiana declaró ilegales las pruebas extraídas del computador de Reyes. En ese momento la defensa de Román insistió en la posibilidad de un «montaje» que «puede ser articulado desde Colombia y con ayuda del Gobierno chileno».

Ese mismo año, Román ofreció sus servicios para presentar una querella por el incendio ocurrido en la Cárcel de San Miguel en el que murieron 81 personas; y representó a varios de los  formalizados por asociación ilícita terrorista para la colocación de artefactos explosivos, en el llamado “Caso Bombas”. “Ahora les tocó a los chicos anarquistas libertarios, pero el peligro que se instala con esto es que mañana el persecutor, azuzado por las esferas de poder, pueda instalarle la Ley Antiterrorista a cualquier disidente y eso resulta peligroso», sostuvo en una entrevista el jurista, quien en esa oportunidad también alegaba la existencia de un montaje. 

Después de un año, el Ministerio Público retiró la acusación por asociación ilícita terrorista contra las 13 personas procesadas durante el caso, que investigaba la instalación de más de un centenar de bombas en Santiago desde 2006.

Román era defensor de Mónica Caballero, una de los dos detenidos por un ataque explosivo en España, registrado en la Basílica del Pilar en Zaragoza el 2 de octubre de 2013.

En 2011 logró la libertad de Francisco Moreno, formalizado por porte ilegal de artefacto incendiario y maltrato de obra a Carabineros, también anarquista detenido por lanzar una molotov a un policía. En agosto de ese año defendió a un adolescente acusado de quemar un vehículo durante una marcha estudiantil; caso en el que acusó de un “juicio político” en contra de su defendido. 

También defendió al sociólogo Hans Niemeyer, detenido el 30 de noviembre de 2012 tras la explosión de una bomba compuesta por TNT y un doble sistema de temporizador en una sucursal del banco BCI. En este caso el tribunal también desestimó el carácter “terrorista” del delito. Sin embargo, fue mantenido preso durante un año y luego se le dictó una medida de arresto domiciliario total, que resultó en la fuga de Niemeyer, quien estuvo en paradero desconocido por cinco meses. En 2013, el sociólogo fue sentenciado a cinco años efectivos de prisión por tenencia de explosivos caseros.

Román defendió al werken Daniel Melinao por el asesinato de un efectivo de Fuerzas Especiales de Carabineros. También a Víctor Montoya Encina, investigado por su presunta participación en la colocación de una bomba en el Retén de Carabineros de Las Vizcachas el 8 de febrero de 2013

Candidato a diputado y vinculación con dirigentes mapuche

En agosto de 2013, cuando la postulante a La Moneda del Partido Igualdad (PI), Roxana Miranda, fue a oficializar su candidatura ante el Servicio Electoral (Servel), Román la acompañó, pues él mismo se estaba postulando a diputado. Ese mismo mes, el jurista participó en el debate organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), y afirmó que nunca pensó en bajar su candidatura tras el fallido pacto con el aspirante a la Cámara baja de la Izquierda Autónoma (IA) Francisco Figueroa.

Sus propuestas programáticas se enfocaban en tres áreas: “el buen vivir como eje del trabajo territorial; el camino a la Asamblea Constituyente desde los barrios y movimientos sociales; y por último, la instalación de la Defensoría de los Pueblos como entidad autónoma”. 

“Creemos que no es necesario ensuciar la ciudad con volantes y material que luego queda botado en las calles», dijo antes de la votación. Al finalizar el proceso electoral, varios de sus lienzos quedaron colgados en Providencia, según reseñaba La Segunda de la época.

Con Miranda visitó la cárcel de Angol con el objetivo de entregar el apoyo a tres comuneros mapuche que se encontraban en huelga de hambre en 2014 y ambos terminaron siendo parte de la toma del penal ocurrida a principios de mayo de ese año por las «condiciones deplorables» de los presos.

El abogado también defendió a algunos de los comuneros mapuche señalados por la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, fallecidos después de un incendio provocado que afectó a su vivienda ubicada en la comuna de Vilcún el 4 de enero del año 2013. Entonces aseguró la existencia de una “operación política y comunicacional” en contra de los involucrados en la causa; y además se convirtió en el defensor del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, durante la Operación Huracán y luego lo ayudó a querellarse contra Carabineros por la presentación de pruebas falsas. 

Para 2014, Román firmó un comunicado del Frente Amplio que llamaba a reunirse por la Asamblea Constituyente y la necesidad de una nueva Constitución. 

Más tarde, en agosto de 2017, firmó otro comunicado de esta coalición de izquierda en la que emplazan a Beatriz Sánchez por sus dichos sobre Venezuela, Cuba y Bolivia. “No convocamos a nuestra candidata presidencial a ser admiradora de la revolución cubana como lo somos nosotros, no la queremos convencer de ser bolivariana como somos nosotros. Pero sí creemos fundamental construir una política internacional que marque claramente nuestras diferencias con el duopolio de la Nueva Mayoría y Chile Vamos, y con las coaliciones neoliberales de todo el continente”, dice el texto.

Prisión por incendiar

En la previa a la jornada de ayer, más de 700 personas habían quedado en prisión preventiva e internación provisoria (655 adultos, 49 adolescentes) por su participación en actos vandálicos, destrozos, incedios y saqueos. “Basicamente por saqueos”, resumió el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Sin embargo, hizo un aparte en los casos que han mostrado evolución en los últimos días: la prisión preventiva contra el profesor de matemática Roberto Adrián Campos Weiss, por su participación en la destrucción de los torniquetes y validarores de tarjetas BIP! en la estación de Metro San Joaquín; la internación provisoria al adolescente de 16 años identificado con las iniciales B.E.S.M., quien fue formalizado por su participación en el incendio de la estación Pedrero; la detención de dos personas responsables de intentos de quema de la Comisaría de Renca; y la de Omar Jerez Meza por ser uno de los autores del incendio de La Granja, quien también quedó en prisión preventiva.

Jerez Meza, de 33 años, es soltero, desempleado, técnico en comunicaciones y su domicilio queda a un kilómetro de distancia de la estación La Granja. Su formalización se logró gracias a videos de las cámaras de seguridad del Metro de Santiago un peritaje antropomórfico, pues en las imágenes se veía a rostro descubierto y la policía recibió una denuncia anónima de que él habría estado involucrado en los incendios. 

“El que no quiera observar o concluir que lo que pasó en Santiago fue algo muy significativo quiere decir que o no estuvo en Chile durante los últimos 15 días o realmente no tiene capacidad para hacer un análisis objetivo. Más de un 60% o 70% de las estaciones del Metro fueron vandalizadas. 18 de las estaciones fueron vandalizadas en una hora de tiempo, eso requiere a lo menos coordinación, y la atrocidad de la violencia que se vivió no solo en la Región Metropolitana es un hecho objetivo… Aquí se organizó, se actuó de manera coordinada, se utilizó un método que hasta el día de hoy no conocíamos que son las redes sociales. Llevamos 18 días. Muchas veces tenemos investigaciones que demoran años en llegar a la conclusión que estamos llegando en estos cuatro casos que le hice mención”, subrayó Ubilla en entrevista con 24 Horas. 

La justicia además ha actuado en otros casos graves. El 31 de octubre la Fiscalía logró prisión preventiva para dos sujetos por causar incendios dentro de la Municipalidad de Talca, quienes fueron reconocidos como los autores del suceso por funcionarios municipales que permanecían al interior del inmueble para evitar que el fuego se propagara. Por el incendio de otra Municipalidad, esta vez la de Quilpué, la Fiscalía logró prisión preventiva y arresto domiciliario total para los coautores del delito: un adulto y una adolescente.

El tribunal de garantía de San Javier ordenó el 31 de octubre la prisión preventiva para 3 jóvenes de esa zona, por el incendio a una plaza de peajes ubicada en el acceso principal de esa comuna y en cuyo interior se encontraba una cajera. De los tres imputados, dos tienen 18 años y el otro 19. Se les suma un cuarto autor de 16 años de edad. “Se trató de un grupo de personas que se coordinó por redes sociales y que habían invitado a diferentes personas a participar”, dijo en la ocasión el persecutor Patricio Caroca.

En otro evento, la Fiscalía formalizó a un hombre de 24 años – con iniciales J.G.M- que almacenaba elementos para elaborar molotov, como líquido acelerante, botellas, paños, máscaras y plantas de Cannabis Sativa. También se halló una pistola que dispara balines. Esto en las cercanías de la Rotonda Tucapel, en Arica. En este caso se trata del primer delito por ley de control de armas, según explicó el Fiscal Alex Ormazábal. Además en Arica, los individuos identificados con las iniciales C.R.R y G.R.P., fueron formalizados e imputados por transportar un total de 17 neumáticos para ser incendiados en la vía pública, quedando con medidas cautelares de firma cada 5 días en dependencias policiales.

En otro caso, la Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó el 30 de octubre la medida cautelar de prisión preventiva del excandidato a diputado por RD Karin Belmar Guzmán y Darwin Castañeda Pozo, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de incendio y porte de elementos incendiarios.

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