Protagónico ha sido el papel del Partido Comunista cuando de acusaciones constitucionales en contra del presidente Sebastián Piñera se trata. El martes el diputado Daniel Núñez estuvo entre quienes anunciaron la acción con la que se intentaría sacar al primer mandatario de su cargo, en pleno período electoral. El fundamento para presentar esta acusación: la inclusión en la investigación periodística Pandora Papers del Caso Dominga, que en su momento fue impulsado por el entonces diputado comunista Hugo Gutiérrez, ahora convencional por ese mismo partido.
- Cuando se interpuso la primera acusación constitucional contra el Jefe de Estado, por supuestas infracciones a la Constitución en decisiones vinculadas a las protestas de ese año, los comunistas anunciaron la acción el 23 de octubre de 2019, mismo día que se difundió el fake news de un supuesto «centro de torturas» en Baquedano. El 19 de noviembre de ese año, concretaron su amenaza con la presentación del libelo, que llevaba la firma de, entre otros, los legisladores comunistas Carmen Hertz, Camila Vallejo y Daniel Núñez. Finalmente, la denuncia de los hechos en Baquedano resultó ser falsa y, en diciembre de 2019, la acusación constitucional contra el Presidente fue rechazada.
A propósito de la segunda acusación constitucional que pretende ser interpuesta la próxima semana, con los miembros del PC al frente, el abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Víctor Manuel Avilés, indica que lo más probable es que no proceda.
«Las materias que hoy día aparecen para fundamentar esta posible acusación constitucional se relacionan con hechos que ya habrían sido objeto de pronunciamientos judiciales y existe un principio constitucional básico de toda democracia, que es el de la separación de los poderes. Esto impide que una autoridad de cualquier tipo pueda avocarse a conocer causas pendientes o hacer revivir procesos que hayan terminado. Es probable que estemos en una situación de este tipo y eso haría improcedente la acusación», explica el abogado.
El mismo domingo 3 de octubre, cuando fueron dados a conocer los Pandora Papers, Presidencia emitió un comunicado en el que se indica que «los hechos mencionados ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito». La decisión de la Fiscalía fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia y ratificada unánimemente por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia.
Comunicado de Prensa referente a publicación periodística del 3 de octubre de 2021 pic.twitter.com/TiLVAzTAOJ
— Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) October 3, 2021
Un día después, el propio Presidente Piñera, desde el Palacio de La Moneda, manifestó que era «inaceptable» que se hubiere difundido como si fuese nueva una información sobre la cual ya se han pronunciado los tribunales.
El Caso Dominga se inició a solicitud de un miembro del PC
La investigación por el caso de la minera Dominga, que ahora intentan revivir judicialmente, forma parte de un proceso que se inició en diciembre de 2016, luego de que el ahora convencional (PC) Hugo Gutiérrez presentara una querella por delitos de negociación incompatible y uso de información privilegiada contra Sebastián Piñera, que en ese momento no ejercía como Presidente de la República, por hechos relacionados con la pesquera Exalmar.
Después de eso, en marzo de 2017, Gutiérrez solicitó la ampliación de la querella para que también se investigara un supuesto conflicto de intereses por el proyecto de la Minera Dominga y la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Investigadora.
El 21 de agosto de 2017 la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento de la mencionada causa, decisión que había sido tomada 18 días antes por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
En ese proceso el abogado fue Fernando Monsalve, quien competirá en las próximas elecciones como candidato a diputado por el Partido Comunista en el distrito 12, que corresponde a la Región Metropolitana de Santiago. Fue este mismo jurista quien representó al adolescente A.J.A.A., -involucrado en el caso del puente Pío Nono- cuando en mayo de este año fue aprendido por su supuesta participación en la vandalización de las sedes de los partidos Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), así como en el memorial de Jaime Guzmán.
Núñez, en carrera por el Senado y promotor de la acusación
El diputado del PC Daniel Núñez fue el vocero de la bancada de parlamentarios del PC que anunciaron que la próxima semana se presentaría formalmente la acusación contra el Presidente.
«Como bancada de diputados del PC vamos a ratificar el apoyo a esta acusación constitucional. No podemos en este minuto dar el detalle de la argumentación jurídica, son los abogados los que están trabajando. Ya se constituyó el equipo jurídico para avanzar en la redacción de la acusación constitucional», dijo.
En este momento Núñez planea saltar de la Cámara de Diputados al Senado, precisamente por la circunscripción senatorial 5, correspondiente a la Región de Coquimbo. La minera Dominga está ubicada en la comuna La Higuera, en dicha región.
Núñez, al anunciar el apoyo del PC a la acusación en contra del presidente Piñera, hizo referencia a los próximos comicios. «Nuestro compromiso es presentar la acusación sí o sí la próxima semana, queremos que esto se vote antes de las elecciones presidenciales», aseveró.
El legislador lleva ya dos períodos consecutivos como diputado por Coquimbo. Ganó en las elecciones de 2013, por el Distrito 8, y en las de 2017, por el Distrito 5.
La mano del PC en la primera acusación
En el año 2019, después de la crisis que estalló en octubre, un grupo de diputados anunció que interpondría una acusación constitucional en contra del Presidente Piñera por decisiones tomadas luego de las revueltas que, según ellos, violentaban la Constitución y algunas leyes.
El 23 de octubre de 2019 se efectuó la comparecencia del entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, ante el Congreso. El objetivo era que rindiera cuentas sobre las decisiones de control de orden público durante las protestas. Ya había empezado la sesión cuando la dirigente del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, replicó un mensaje difundido en redes sociales. “INDH denuncia torturas, sí, torturas en la Estación Baquedano. Simplemente inaceptable. El Ministro del Interior Andrés Chadwick debe renunciar hoy”, escribió.
Antes del mediodía de ese 23 de octubre, la bancada del Partido Comunista anunció que estaban trabajando en una acusación constitucional contra el Presidente de la República. El presidente del PC, diputado Guillermo Teillier, sostuvo: “Nosotros pensamos no solo una acusación contra el ministro Chadwick, sino incluso contra el Presidente de la República. Si lo pide la ciudadanía, nosotros los vamos a hacer”.
Tras lograr los apoyos, el documento de 101 páginas fue presentado el 19 de noviembre de 2019. «Hemos concordado en el imperativo ético y político de presentar acusación constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, dado las graves, reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de las personas, ejecutadas por agentes del Estado en el último mes», dijo la diputada Hertz al momento de hacer el anuncio.
La acusación constitucional fue rechazada en diciembre de ese mismo año por la Cámara de Diputados. Se consideró como «no interpuesta» por «no cumplir con los requisitos que la Constitución Política señala». Por otra parte, en junio de 2020 fue decretado el sobreseimiento de la investigación por el supuesto centro de torturas. La decisión fue tomada por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
En todo caso habrá que esperar hasta la próxima semana, cuando debe ser presentada esta segunda acusación. En criterio del constitucionalista Avilés se trataría de un momento «no aconsejable» para ejercer tal acción legal, precisamente por la cercanía de las elecciones.
«Esta acusación constitucional se presenta a pocas semanas de una elección y por lo tanto es difícil tener absoluta certeza de que vaya a ser juzgada de forma independiente en el Senado o incluso decidida su procedencia en forma imparcial en la Cámara de Diputados. De una u otra manera, habiendo una elección en puertas, la misma puede tener incidencia en la forma en la que voten los parlamentarios. En consecuencia se trata de una acusación constitucional presentada, si se presenta, en un momento no aconsejable», subraya el abogado.