Publicado el 18 de junio, 2020

La caída de la denuncia que avalaron el PC y el FA sobre un supuesto centro de tortura en Baquedano

Autor:

Emily Avendaño

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo en la investigación por el supuesto centro de torturas que habría existido al interior de la estación Baquedano del Metro de Santiago. Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente informaron que lograron “desacreditar versiones que daban cuenta de la existencia de amarras y de sangre en el interior del recinto”. También subrayan que en los más de 200 días que estuvo abierto el caso no hubo denuncias de víctimas. Sin embargo, a partir de estos eventos, dirigentes de la oposición asentaron las bases para las acusaciones constitucionales contra el ex ministro Andrés Chadwick y el Presidente Sebastián Piñera.

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Emily Avendaño

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Todo comenzó con un tuit que se publicó a las 2:29 am del 23 de octubre. Salió desde el perfil de @unafederik, quien se presenta como “periodista”, sin especificar el medio para el que trabaja o su nombre completo. Esa madrugada subió unas fotos del juez Daniel Urrutia, acompañado de funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quienes levantaban “evidencia por sesiones de torturas a Nicolás Lüer y otros detenidos”. El mensaje tuvo 3.200 “me gusta” y casi 7.000 retuits. 

Ante las preguntas de los usuarios de la red social respondía que las fotos eran suyas, que había estado en el sitio y pedía “difundir” la información.  

Esa mañana, a las 10:18 am, el mensaje lo replicó la dirigente del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. “INDH denuncia torturas, sí, torturas en la Estación Baquedano. Simplemente inaceptable. El Ministro del Interior Andrés Chadwick debe renunciar hoy”, escribió.

De allí en adelante hubo una seguidilla de acontecimientos que en nada ayudaban a bajar la presión del ambiente de efervescencia que se vivía en el país desde el 18 de octubre, que el Presidente Sebastián Piñera intentó calmar al anunciar -el 22 de octubre- un paquete de 12 medidas que buscaba establecer una Nueva Agenda Social, y luego de haber pedido perdón “por falta de visión”. 

Para el momento del tuit de Sánchez, en el Congreso ya había comenzado la sesión en la estaba prevista la comparecencia del entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien debía rendir cuentas sobre las decisiones que había tomado el Gobierno en materia de control del orden público durante las manifestaciones de esos días, tiempo en el que además el Jefe de Estado había decretado Estado de Emergencia.

Esa misma mañana, antes del mediodía, la bancada del Partido Comunista anunciaba que estaban trabajando en una acusación constitucional contra el Presidente de la República. El presidente del PC, diputado Guillermo Teillier, sostuvo: “Nosotros pensamos no solo una acusación contra el ministro Chadwick, sino incluso contra el Presidente de la República. Si lo pide la ciudadanía, nosotros los vamos a hacer”. 

Y como si los ánimos no estaban suficientemente tensos ese día, desde las gradas, asesores parlamentarios acusaban directamente a Chadwick por las presuntas agresiones a los DD.HH. que se habían cometido durante las protestas. “Tus manos tienen sangre”, enarbolaron en la gradería. 

Además, fue en esa sesión que las diputadas del Frente Amplio Camila Rojas, Gael Yeomans, Maite Orsini, Claudia Mix y Pamela Jiles -cuyo partido luego se retiró del FA- se enfrentaron a las diputadas oficialistas Erika Olivera, Paulina Núñez y Marcela Sabat. Hubo un empujón de Jiles a Núñez, y luego se unió Camila Flores, quien tomó uno de los carteles con los que las opositoras se habían acercado a la testera -para mostrar al secretario de Estado las cifras con los detenidos de esos días-, lo rompió y lo lanzó al piso; y Jiles, con otro papel aún más arrugado y también roto, lo alzaba frente a Chadwick, pidiéndole la renuncia.

Transcurrieron 236 días desde esos sucesos hasta el 15 de junio. Ese día, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo en la investigación por el supuesto centro de torturas que habría existido al interior de la estación Baquedano del Metro de Santiago durante el estallido social.

“Lo cierto es que no solamente no se logró acreditar esos hechos, sino que muy por el contrario se descartaron. En primer lugar por la presencia de los mismos jueces que se constituyeron en el lugar, la Fiscalía también se constituyó en el lugar. Se logró desacreditar versiones que daban cuenta de la existencia de amarras y de sangre en el interior del recinto. Lo que unido a una orden de investigar emanada de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, todo ello en su conjunto, así como también la inexistencia de denuncias de personas que hayan sido precisamente las víctimas se logró totalmente desacreditar y descartar la existencia de este centro de tortura al interior de la 60 comisaría de Carabineros en Metro Baquedano”, declaró el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Álvaro Pérez.

Los dichos de los legisladores que respaldaron la existencia del «centro de tortura»

De acuerdo con la información del caso, disponible en el Poder Judicial, el 22 de octubre de 2019, a las 21:12 horas, el magistrado Urrutia recibió información sobre un recurso de amparo presentado por la abogada Myrna Villegas, quien señaló tener el relato del estudiante Nicolás Lüer Santis (22) quien dijo haber sido golpeado por Carabineros y visto a funcionarios que mantenían amarrados de manos a “cabros” y les dispararon a quemarropa. 

La denuncia de Lüer agregaba que había visto a “personas atadas, colgadas en el techo, siendo torturadas”, y escuchó pedidos de auxilio, al interior de la 60° Comisaría de Carabineros ubicada en la estación de Metro Baquedano. El relato se viralizó también en una cadena de Whatsapp: “Cabros, con mucha tristeza les comento que supe de un centro de retención Estación Baquedano (“tiene comisaría interna”). Se encontró sangre y amarras. Anoche dos jueces del 7mo. Juzgado de Garantía (cuya jurisdicción es Santiago) dan cuenta de que se torturó gente. Supieron por el relato de un menor de edad. Encontraron evidencias y ahora Rafael Cavada lo está hablando en la Sonar. Confirmado por la Fiscalía (tiene a Macarena Cañas investigando esto) y por la PDI”.

En el lugar, además de Urrutia también se presentó el juez Darwin Bratti y la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Ya en ese documento quedaba constancia que los magistrados “no encontraron ninguna persona detenida en las dependencias de la referida unidad policial”. No obstante, en sus declaraciones televisivas, Urrutia dejó abierta la duda al afirmar que se encontraron el lugar 7 cartuchos percutados y 2 amarras de plástico, que se utilizan como esposas. 

Las sospechas fueron avivadas desde el INDH, que a las 10:48 am tuiteó: “El director del INDH, Sergio Micco, precisa que la @pdichile no ha determinado si existió o no tortura en la Estación Baquedano del Metro. La labor de determinar si hubo o no delito es del Ministerio Público. INDH evalúa acciones legales a seguir”.

Micco se reunió con el Presidente Piñera ese mismo 23 de octubre, al salir de esa reunión fue insistente en señalar que se debía esperar los resultados de la investigación del Ministerio Público. En un comunicado emitido al darse a conocer el sobreseimiento de la causa, el INDH dijo que decidió no presentar ningún tipo de acción judicial por el caso, y que durante los meses que duró la investigación de esta causa, el INDH nunca fue llamado a declarar.

Aunque había una investigación en curso, en la sesión del Congreso la denuncia fue tomada por cierta por varios diputados de oposición.

“¿Qué tenemos hoy? Muertos sin nombre, sin causa clara, sin responsables, imposibilidad de apoyar a los que están siendo detenidos, denuncias de instalación de un centro de tortura en más de una estación del metro. Hay videos; hay videos”, aseguró el diputado Tomás Hirsch (PH).

Por su parte, la diputada Carmen Hertz (PC) tomó la mención del INDH al hecho como una “confirmación”. “Lo grave es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos confirmó que una parte de la estación Baquedano del metro está siendo utilizada como centro de detención ilegal, de golpizas y torturas a detenidos. Eso es gravísimo”. E insistió dirigiéndose a Chadwick: “Ministro, los muertos, los heridos, los detenidos ilegales y, como hoy sabemos, además torturados en una suerte de centro de detención ilegal y clandestino, tienen responsables. En primer lugar, el Presidente de la República, y, señor ministro, permítame que se lo diga, usted”.

Durante la sesión, los cuestionamiento de los diputados opositores continuaron pese a que el diputado Juan Antonio Coloma durante su intervención dijo que ya se sabía que no se habían encontrado indicios de ningún centro de tortura en Baquedano: “¡Eso no es verdad! Hubo una denuncia de una persona, que se investigó inmediatamente, y se concluyó que era falso, pero nosotros, desde acá, estamos incitando a la población a que tenga miedo”. 

Tras sus dichos, cuando fue el turno de la intervención de la diputada Camila Vallejo (PC), esta insistió en que “se está investigando la existencia de un eventual centro de detención ilegal y de un caso de tortura en una estación del Metro, en un espacio donde no había cámaras. Encontraron un bidón de alcohol y un paño para limpiar, lo que lleva a concluir que se limpió de rastros el lugar. Pero se encontraron amarras que usan los militares. Es lo que declaró el juez Urrutia”, este magistrado es conocido por haber fallado en varios casos de ataques contra autoridades buscando disminuir su gravedad, y por tener diversos sumarios administrativos e, incluso, sanciones. Urrutia se constituyó en la estación de Metro Baquedano, aunque no correspondía a su jurisdicción; y los comentarios de los abogados entonces eran que en la ocasión el magistrado ni siquiera estaba de turno.

Esa tarde, ya terminada la sesión, el parlamentario Juan Santana (PS) solicitó la renuncia de Andrés Chadwick, respaldado por su partido y el Frente Amplio. “Los asesinatos, la represión brutal que han ejercido militares y la información entregada por el INDH sobre el centro de tortura que ha funcionado en el metro Baquedano, son motivos más que suficientes para que el ministro Chadwick dé un paso al costado”, dijo a CNN.

La representante de Comunes, Camila Rojas, a través de un tweet (que luego borró) señaló que “en la comisaría de la estación Baquedano se encontró sangre y amarras. Los jueces del 7mo Juzgado de Garantía dan cuenta de que se torturó. No puede quedar impune, no lo vamos a permitir”.

Para el 27 de octubre, otras personalidades se habían sumado a la denuncia. La periodista Alejandra Matus replicó información sobre la investigación abierta por Fiscalía y escribió: «¿Por qué no se constituye un fiscal o un juez ya en la Comisaría de Plaza Baquedano frente a las contundentes y escalofriantes denuncias de torturas y violaciones contra jóvenes manifestantes?»

Las consecuencias

Lüer nunca presentó una denuncia formal sobre el tema. En noviembre mantenía su versión de los hechos. Dijo a El Mercurio que había cerrado sus redes sociales debido a que recibió amenazas e insistió en que quería mantener un “bajo perfil”. El 25 de octubre Ciper daba por cierta la versión de David Muñoz, quien manifestó haber sido baleado a quemarropa en el acceso a la unidad policial. “El hecho ocurrió a la misma hora en que el primer denunciante, Nicolás Lüer, dice haber escuchado un tiro al interior del cuartel, cuando, según su versión, era golpeado por carabineros dentro de las mismas dependencias”, sostiene el reporte.

En noviembre, hubo reportes en redes sociales de posible centro de tortura clandestino en el Mall Arauco Quilicura, lo cual fue desmentido por el centro comercial.

En los días que rondaron al 23 de octubre el rechazo a la institución de Carabineros se incrementó entre la población y el día 25 de octubre de 2019, ocurrió un hackeo en su plataforma que implicó la filtración de los datos privados de una cantidad importante de funcionarios de la institución, con expresa indicación de sus nombres, cédulas de identidad y sus domicilios particulares. Por esos días, también se acordó el envío de una avanzada de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al país; luego de una conversación telefónica entre la ex Mandataria y el Presidente Piñera. 

El informe de la Brigada de DD.HH. de la PDI cita la declaración que Lüer hizo el 30 de octubre: “No vi al interior del lugar donde me agredieron sangre o personas heridas, mucho menos precintos plásticos como los que se utilizan para amarrar a las personas, enterándome solo días más tarde que dicho lugar correspondía a una de las entradas de la 60° Comisaría de Carabineros”. El mismo texto también da cuenta de incongruencias entre las versiones de Lüer y Muñoz; e indican que las agresiones denunciadas por ambos no ocurrieron a la misma hora, y que físicamente Lüer no tenía las lesiones que había reportado. 

Las consecuencias de estos actos fueron advertidas por el abogado Luis Hermosilla, que representó a Chadwick en el proceso de acusación constitucional. “Parte de los relatos que se fueron construyendo y fueron parte de un imaginario colectivo, porque aquí no solo está esta realidad; también estaba esta otra realidad: la realidad de lo que circula y que vemos en los celulares”, afirmó el abogado en la sesión del 28 de noviembre, cuando la Cámara discutía el libelo contra el ex ministro, que finalmente terminó inhabilitado de la política durante cinco años.

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