Siete meses se cumplieron ayer desde la ocurrencia de un hecho sin precedentes en un liceo en Chile: la explosión en pleno horario escolar de al menos una bomba molotov dentro de uno de los baños del Internado Nacional Barros Arana (INBA), espacio en el que se encontraban más de una treintena de estudiantes, algunos de los cuales, según las primeras versiones que trascendieron, habrían estado manipulando el artefacto. Un total de 35 resultaron quemados y a una semana de la tragedia el Ministerio de Salud informaba que 22 permanecían hospitalizados, dos de ellos en estad de extrema gravedad y otros cuatro en estado crítico.
Por este suceso se encuentra abierto un proceso judicial, luego de que el Ministerio del Interior interpuso el pasado 30 de octubre, siete días después de la explosión, una querella contra «todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores» de lo ocurrido.
María Alejandra Benavides, quien para entonces ejercía como directora del INBA, ya figura en la causa en calidad de imputada (ver abajo). Sin embargo, en el expediente surgió de forma explícita una interrogante planteada a la Fiscalía por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, instancia ante la cual se desarrolla el caso: si 33 de las personas que resultaron quemadas en la explosición ocurrida en el baño del liceo -los estudiantes- y cuyos nombres aparecen en la causa «revisten la calidad de imputados o de víctimas para los fines de la investigación».
«No resulta posible determinar con certeza la calidad procesal -sea de víctimas, imputados u otras- de las personas singularizadas»
La solicitud de aclaratoria la planteó el juez el pasado 9 de mayo, y el 16 la Fiscalía respondió de forma argumentada las razones por las cuales a la fecha no puede determinar si los alumnos que terminaron quemados, y que están individualizados en el expediente, forman parte de la causa como víctimas de lo ocurrido o como imputados.
«En el actual estado de avance de la investigación, no resulta posible determinar con certeza la calidad procesal -sea de víctimas, imputados u otras- de las personas singularizadas en la solicitud de autorización para acceso a fichas clínicas», indican desde la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte en su respuesta al juzgado que lleva la causa.
El organismo acusador ahondó en explicaciones. «(Esto es) debido a la dinámica de los hechos investigados, ocurridos al interior de un recinto cerrado, específicamente uno de los baños del INBA, en cuyo interior se encontraba una gran cantidad de personas. Dicha circunstancia dificulta, por ahora, establecer de forma definitiva las calidades jurídicas de los involucrados. La diligencia cuya autorización se solicita tiene por finalidad esclarecer los hechos y colaborar con la determinación de las requeridas calidades procesales», señala por escrito la Fiscalía.
Fiscalía solicitó las fichas médicas de los afectados
La aclaratoria solicitada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en cuanto a la calidad procesal de los afectados surgió luego de que la Fiscalía solicitó al tribunal que autorizara a la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) informar si en el periodo comprendido entre el 23 de octubre de 2024 (día en el que ocurrió la explosión) a esta fecha, los pacientes que se indican en el expediente -un total de 33, cuyos nombres este medio resguarda debido a que podría tratarse mayoritariamente de menores de edad- han sido atenidos o se encuentren actualmente en tratamiento en dicha institución.
Específicamente el Ministerio Público solicitó la entrega de «la ficha clínica de estos pacientes, con indicación de los diagnósticos, de las lesiones sufridas, procedimientos médicos realizados, individualización de los médicos tratantes, pronósticos de recuperación, calificación de las lesiones y cualquier otra información relevante para el esclarecimiento de los hechos».
La Fiscalía fue enfática en cuanto a las razones de su solicitud: «Dichos antecedentes son de relevancia para establecer las responsabilidades que debe determinar el Ministerio Público».
El juzgado autorizó la entrega de las fichas médicas
A pesar de que la Fiscalía no estableció por el momento si los estudiantes quemados y atendidos por Coaniquem figuran en la causa en calidad de víctimas, de imputados o de cualquier otra, insistió en la necesidad de obtener la información médica para poder avanzar con la investigación.
«La entrega de las fichas clínicas resulta procedente aún en usencia de certeza de la calidad procesal de los sujetos involucrados, toda vez que lo determinante es que la información requerida se encuentra directamente relacionada con los hechos investigados», se indica en el escrito.
En atención a lo anterior, el 7° Juzgado de Garantías de Santiago ofició el pasado viernes 16 de mayo a Coaniquem, informando la autorización judicial para que fuesen entregadas a la Fiscalía la información y los informes médicos de los involucrados en la explosión.
En ese mismo oficio el tribunal ordenó al Ministerio Público «adoptar todas las medidas y resguardos necesarios a fin de resguardar y mantener confidencial la información».
«No a la judicialización de los estudiantes del INBA»
Casi un mes después de ocurrida la explosión en ese liceo emblemático, en redes sociales, desde cuentas en las que se señala que corresponden a apoderados de esa institución educativa, se hicieron llamados a participar en una marcha en el centro de Santiago para exigir que los alumnos involucrados en el hecho no fueran procesados por los tribunales.
«No a la judicialización de los estudiantes del INBA», se leía en una de las pancartas con las que personas adultas manifestaron el pasado 22 de noviembre en algunos puntos como Plaza de Armas, donde se encuentra la sede de la Municipalidad de Santiago.
Desde esa misma cuenta en Twitter el día de la tragedia difundieron un comunicado -con el logo del liceo y en nombre de los «apoderados del INBA»- en el que además de lamentar lo ocurrido y manifestar apoyo a los estudiantes afectados y a sus familias, también fueron «tajantes en condenar y no dejar espacio a ningún intento de criminalización a estudiantes, que por lo demás, se presume que son menores de edad, sujetos de derecho de acuerdo a nuestra legislación vigente».
«Las manifestaciones extremas son múltiples y siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgar su vida y su libertad por hacer ruido suficiente para ser escuchado. Ojalá todos tuviéramos a nuestros hijos cómodos, amados y resguardados. Pero hay jóvenes que traen rabia, pena y una enorme incertidumbre al futuro. Manifestarse es un derecho, vivir sin nada que reclamar es un privilegio», se indica en ese mismo documento, que fue duramente criticado por diversos sectores de la opinión pública.
Benavides, la exrectora del INB que es investigada judicial y administrativamente
En este momento de la investigación no está claro entonces si los estudiantes afectados figuran en la causa como víctimas o como imputados. De acuerdo con la argumentación de la Fiscalía, la información aportada en las fichas médicas ayudará a esclarecer este punto. Lo que sí se estableció en el expediente desde el pasado 15 de noviembre es que Benavides, quien para el momento del hecho era la rectora del INBA, «tiene participación en la causa como imputada».
Antes de esa fecha, el 30 de octubre, funcionarios del departamento OS-9 de Carabineros de Chile que se trasladaron al liceo, incautaron en el despacho de la directora su teléfono celular. La información la aportó la propia Benavides, cuando presentó un escrito en el que solicitó que se le devolviera el aparato. Fue en la audiencia de garantías, que la rectora había solicitado a propósito de ese requerimiento, en la que se le informó que estaba como imputada.
De acuerdo con la rectora, en declaraciones que ofreció a los medios justo después de la tragedia, lo ocurrido se trató de un «hecho aislado». La directora ya había causado polémica anteriormente cuando se supo que subió a sus redes sociales una imagen suya portando una polera del grupo radical Antifa.
Además de la investigación judicial en su contra, pesa sobre Benavides un sumario por su presunta responsabilidad en estos mismos hechos.
El procedimiento administrativo lo abrió la entonces alcaldesa Irací Hassler (PC), que gobernaba la comuna para la época de la explosión en el INBA. No obstante, fue esa misma administración la que cerró el proceso, que reabrió la nueva autoridad municipal de Satiago, Mario Desbordes. En esta oportunidad, contrario a lo sucedido en la anterior, se decidió que la directora debía permanecer suspendida en el ejercicio de sus funciones mientras duraba la investigación.
Claro, las fichas medicas son fundamentales para probar judicialmente algo que es obvio, los más quemados, los más graves, es dable asumir que estaban manipulando un artefacto incendiario, exploto y se inflamaron muchos otros artefactos acumulados, desatando la tragedia, más aún en un lugar cerrado. Los menos heridos podrían, podrían ser víctimas, o cómplices, no caben 30 operando o manipulando una molotov. La directora, inspectores y otros????? Participes necesarios por omision culposa, cómplices, nunca han querido ver y oír lo que todos ven y oyen………….