En medio de las investigaciones que el Ministerio Público efectúa por la explosión ocurrida hace poco más de dos semanas en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), en la que 35 estudiantes resultaron quemados -de los cuales 20 permanecen hospitalizados-, la Fiscalía incautó el teléfono celular de la directora de ese liceo emblemático, María Alejandra Benavides.
La información está en la página del Poder Judicial, que es de acceso público, y está contenida en una querella que interpuso la propia Benavides, rectora que el mismo día del suceso calificó lo ocurrido como un «hecho aislado».
«Con fecha miércoles 30 de octubre del año en curso, siendo aproximadamente las 12:00 horas, se apersonaron a mi oficina, la fiscal del Ministerio Público (…), con funcionarios del departamento OS-9 de Carabineros de Chile, para realizar la incautación de documentación administrativa del establecimiento que hoy dirijo, todo en el marco de la investigación de los hechos acaecidos el día miércoles 23 de octubre, en que alumnos del establecimiento resultaron lesionados en hechos que son hoy materia de investigación», indica la directora en la querella.
Luego, Benavides da detalles sobre lo ocurrido con el celular, aparato que, por razones que se desconocen, el Ministerio Público consideró de interés para la investigación.
«Mientras se desarrollaba el trabajo de revisión e incautación por parte del personal policial en el interior de mi oficina, se me hizo saber que debía ser incautado mi teléfono móvil personal», señala la directora en el documento, que presentó el pasado miércoles ante el 7° Juzgado de Garantías de Santiago. Asegura en el escrito que las autoridades no dejaron copia de la orden judicial que autorizaba la entrada ni el registro, así como que tampoco se le indicó el número de identificación (RIT o RUC) de la causa.
La directora, que en su momento causó polémica por posar para una foto portando una polera del grupo radical Antifa, solicitó una audiencia de cautela de garantías, que según consta en el expediente quedó fijada para el próximo viernes 15 de noviembre, así como que se ordene restituirle el celular e «informar de los hechos de la investigación».
El recurso de la Municipalidad de Santiago: «Dentro del sanitario había acumulada gran cantidad de bombas molotov»
Dos días después de ocurrido el incendio en el INBA, cuya sostenedora es la alcaldesa Irací Hassler (PC), la Municipalidad de Santiago presentó, ante el mismo tribunal al que luego acudió Benavides, un recurso en el que pide que se proceda «investigar, formalizar y acusar» a quienes resulten partícipes de lo ocurrido el miércoles 23 de octubre en el liceo.
De acuerdo con lo descrito en la querella, el incendio se produjo luego de que un grupo de sujetos se reunió en el baño del denominado Patio Siberia.
«Dentro del sanitario había acumulada gran cantidad de bombas molotov, material incendiario y fuegos artificiales, conforme lo señalado por Bomberos y Carabineros
de Chile. Así la cosas, conforme la declaración de uno de los estudiantes, cuando los encapuchados trataron de quemar sus overoles, la situación se salió de control y algunos petardos explotaron», se indica en el recurso que interpuso la municipalidad.
Señalan las autoridades municipales de Santiago en ese mismo escrito: «La información que manejamos actualmente es que el conjunto de gases producidos por bombas molotov pudo haberse acumulado, resultando en una explosión en dicho baño».
En la querella se incluyen detalles de los hechos ocurridos antes del ingreso al baño: «tras la irrupción de los encapuchados en uno de los patios del INBA, arrojando fuegos artificiales y objetos incendiarios, la dirección del establecimiento decretó el despacho de acuerdo con el protocolo establecido. Ante esa situación, el grupo encapuchado y con overoles blancos, cercano a 40 personas -además de estudiantes que les acompañaban- se dirigió a uno de los baños, presumiblemente para deshacerse del material que portaban y cambiarse de ropa». No se especifica si quienes irrumpieron en el recinto educativo eran integrantes de la comunidad educativa o mayores de edad ajenos a la institución.
Interior presentó querella en la que pide solicitar a dirección del INBA antecedentes de procesos por Ley Aula Segura de quienes hayan participado en el hecho
El mismo día del incendio, el Ministerio de Interior presentó una querella en contra de todos los que resulten responsables «como autores, cómplices o encubridores, del delito de porte de elementos para fabricar artefactos incendiarios (…), incendio y cualquier otro ilícito que pueda configurarse a partir de los hechos ocurridos en el INBA» en esa jornada, después de la cual, según el último reporte del Ministerio de Salud, 20 personas permanecen hospitalizadas, cuatro de ellas en estado crítico.
«Un grupo indeterminado de sujetos se encontraban (dentro de uno de los baños del INBA), presuntamente, elaborando artefactos incendiarios -conocidos comúnmente como bombas molotov- en el lugar, manteniendo en el mismo, entre otros elementos, botellas de vidrios,
encendedores y bidones de combustible. Así, y producto de la manipulación de estos elementos, este grupo de personas provoca un incendio en el lugar, del que resultan al menos 35 personas lesionadas, dentro de las cuales se encuentran cuatro menores de edad que se encuentran en riesgo vital», se señala en el recurso que interpuso la cartera de Interior.
En el escrito se solicita al juzgado que oficie «a la dirección del establecimiento educacional al que pertenecen los adolescentes y a la municipalidad correspondiente», solicitando «antecedentes de investigaciones o procesos disciplinarios relacionados con la Ley de Convivencia Escolar y la Ley Aula Segura respecto de quienes se determine su participación en los hechos reseñados», entre otras informaciones.
Tanto la alcaldesa -que no logró la reelección en los comicios efectuados justo el fin de semana siguiente al incendio en el liceo-, como la rectora del INBA se han mostrado contrarias a la aplicación de la Ley Aula Segura.
Hassler se opuso a la norma desde que ejercía como concejal de Santiago y su no aplicación estaba dentro de sus propuestas de gobierno municipal. Incluso causó revuelo cuando hace dos años Gonzalo Saavedra, que fue rector del liceo hasta abril de 2022, denunció en entrevista dada en Canal Vía X que desde la alcaldía había llegado «la orden, cuando se asumió esta nueva administración, que Aula Segura no era aplicable en la Municipalidad de Santiago».
Benavides también manifestó su postura en contra de esta norma, en entrevista concedida a La Tercera en 2022: «Tenemos una ley -Aula Segura- que no hizo nada y todo el mundo pide que se derogue o modifique. El camino no es a través de lo punitivo. Esa es la mayor muestra de que tenemos que avanzar hacia el diálogo».
Especialistas ya han advertido sobre la posibilidad de que lo ocurrido en el INBA configurara delito
Bárbara Soto, quien fue Seremi de Educación de la Región Metropolitana durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y Christopher Gotschlich, que fue subdirector jurídico de la Municipalidad de Santiago en el mandato de Felipe Alessandri, habían advertido desde la semana pasada, consultados por El Líbero, que lo ocurrido en el INBA no sólo podía generar responsabilidades administrativas y civiles, sino también penales.
«Sin tener mayores antecedentes de cómo ocurrieron los hechos, no es descartable la configuración de algún ilícito penal, sobre todo por omisión del deber de garante que posee el sostenedor o los funcionarios municipales responsables para con los alumnos», señaló Gotschlich en esa oportunidad.
En criterio de Soto, desde el punto de vista penal existirían dos opciones. «Uno, que se descubriera, con pruebas, que hubo intención de dañar a los estudiantes. Dos, que se descubriera que hubo encubrimiento. En ambos casos podría haber responsabilidad penal, pero para confirmar eso el Ministerio Público tiene que hacer una investigación profunda», advirtió entonces.
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