¿Qué respalda el compromiso de ejecutar una obra pública? La pregunta obliga a mirar más allá de su prioridad, su financiamiento o la institución que la construirá. También importa saber si las decisiones necesarias para ponerla en servicio podrán resolverse a tiempo. Una inversión o proyecto puede avanzar dentro de su contrato y, al mismo tiempo, depender de acciones pendientes fuera de él.
En una columna anterior sostuve que no basta priorizar sin integrar. El paso siguiente es precisar qué significa esa integración. Mi planteamiento es que la prioridad de una inversión debe alcanzar las condiciones indispensables para entregar el servicio que la justifica, incluidas las que corresponden a otros organismos, presupuestos o contratos. El compromiso puede depender de decisiones todavía abiertas en cualquiera de esos ámbitos.
El Hospital de Ancud permite observar esa diferencia. En febrero de 2023, el establecimiento informó que sus obras físicas bordeaban el 90%, mientras comenzaban las obras complementarias: accesos viales, líneas eléctricas definitivas y servicios sanitarios. La misma comunicación describía el trabajo de los equipos de puesta en marcha. Había planificación y preparación de la operación; el edificio y las condiciones necesarias para su funcionamiento se encontraban en distintos grados de avance.
Un antecedente de 2015 permite entender mejor esa separación. En agosto de ese año, el Ministerio de Salud había señalado que obras externas necesarias para Ancud y Quellón no se habían contemplado durante la elegibilidad de los terrenos y requerían una solución especial de financiamiento. Existían gestiones entre instituciones para conseguir, fuera del proyecto de salud, una respuesta financiera para esas obras indispensables.
Estos antecedentes no explican todos los retrasos de Ancud ni permiten calcular cuándo habría abierto bajo otras decisiones. Sí muestran por qué importa examinar el conjunto. Administrativamente, separar el edificio de sus conexiones puede ser razonable. Permite especialización y control. Esa distribución de responsabilidades mantiene, para efectos del funcionamiento del hospital, la misma necesidad de contar con las conexiones. Quien espera atenderse depende de que estén disponibles, cualquiera sea su clasificación administrativa.
Conocer una condición pendiente y mantenerla bajo seguimiento no equivale a resolverla. Ahí debe concentrarse la mejora. Mientras se informa sobre ella, la obra principal puede avanzar y consumir el tiempo disponible para actuar, hasta quedar esperando una intervención de menor tamaño que resulta decisiva para su funcionamiento.
Pensemos en una conexión eléctrica necesaria para iniciar las pruebas de un hospital. Financiarla y contratarla requiere decisiones anteriores a esas pruebas. Si los recursos no están disponibles, corresponde resolver su asignación, estudiar una alternativa admisible o modificar la programación. La incompatibilidad permanece mientras se conserva la fecha y el asunto sigue «en coordinación», a la espera de una decisión que respalde el compromiso.
Lo que recomiendo es aprovechar los hitos existentes de preparación y ejecución para adoptar las decisiones necesarias para habilitar el servicio completo. Antes de comprometer una etapa, debe establecerse qué decisiones siguen abiertas, quién tiene atribuciones para adoptarlas y hasta cuándo pueden tomarse sin alterar la secuencia prevista. Si alguna excede las facultades del equipo a cargo, debe llegar a la autoridad competente con alternativas concretas y sus consecuencias sobre recursos y plazos.
En inversiones hospitalarias, esa conducción debería recaer en la dirección del Servicio de Salud mandante, apoyada por sus equipos técnicos, financieros y jurídicos. Cada organismo conservaría sus competencias. Se trata de llevar las necesidades del conjunto ante quienes pueden resolverlas y formalizar las decisiones mediante las acciones y acuerdos que correspondan. Vialidad, municipios y empresas de servicios seguirían actuando dentro de sus atribuciones, sin quedar subordinados al Servicio de Salud.
¿No debería hacerse ya? El sistema normativo exige coordinación, unidad de acción y evitar duplicaciones, dentro de las competencias de cada organismo. La propuesta se concentra en comprobar si los instrumentos existentes permiten resolver esas dependencias a tiempo, sin crear otra institución ni una autorización adicional. Las prácticas que ya lo consiguen deben aprovecharse. En los demás casos, registrar lo pendiente debe dar paso a una decisión sobre financiamiento, una actuación o una secuencia.
Comenzaría con un piloto acotado en inversiones hospitalarias. Su utilidad debería observarse en las decisiones que cambian, las condiciones que se resuelven y las esperas que se evitan, considerando también la carga administrativa añadida. El número de reuniones, por sí solo, no permitiría demostrar una mejora. Y cualquier adelanto en la apertura tendría que respetar las pruebas y exigencias de seguridad y control, que forman parte del servicio que se pretende entregar.
Esto no exige eliminar toda incertidumbre ni privilegiar proyectos fáciles. Un territorio con inversiones menos preparadas puede necesitar más apoyo y no debiera quedar relegado por esa razón. A su vez, la importancia de una obra no le otorga un derecho automático sobre todos los recursos disponibles. Sus necesidades deben evaluarse y resolverse explícitamente, distinguiendo el compromiso de prepararla del de ejecutarla cuando aún quedan condiciones abiertas.
El respaldo de un compromiso se construye al adoptar esas decisiones y se mantiene al revisar sus consecuencias durante la ejecución. Allí comienza el paso del diagnóstico a la solución, con un propósito compartido entre los organismos que se dividen el trabajo. Para quien espera atenderse, el hospital no termina donde termina un contrato. Termina cuando esa persona puede acceder a sus servicios.