Softland presenta: La Moneda se suma a acuerdo de seguridad del Congreso/ Hassler blindada por el PC /Malos resultados de empresas públicas en 2022

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Malos resultados de empresas públicas en 2022 ponen en jaque programas emblemáticos de Boric

Si en 2021 las 10 compañías estatales más grandes tuvieron ganancias por US$6.200 millones, la cifra cayó a US$2.900 millones durante 2022, lo que daña el financiamiento de programas sociales. Codelco ganó US$4.400 millones menos; EFE, que impulsa “trenes para Chile”, casi duplicó las pérdidas el año pasado (-US$267 millones); y Enami, que es clave en explotar litio, perdió US$78 millones. En los directorios de dichas empresas, el Mandatario ha nombrado a una veintena de figuras del bacheletismo.

Hoy destacamos de la prensa

1. La Moneda se suma a acuerdo del Congreso sobre agenda legislativa priorizada
   • Las tratativas que ha liderado la ministra del Interior, Carolina Tohá, en medio de la crisis por seguridad, terminaron por incomodar a sus pares del comité político que el jueves sostuvieron una tensa cita. Los partidos oficialistas, en tanto, dieron un respaldo tibio a la lista de 31 iniciativas consensuadas entre el gobierno y el Legislativo, aunque despejaron el camino para que las partes sellaran un pacto la tarde de este viernes. Los 31 proyectos abordan materias como el combate a la delincuencia, las usurpaciones y la migración irregular, que serán despachados entre 75 días y un año. La minuta de la bancada RN sugirió votar en contra de las RUF y el gremio de fiscales desafía las directrices de Ángel Valencia por solicitud de prisiones preventivas para indocumentados. El crimen que dio paso a este acuerdo de seguridad estuvo rodeado por tráfico de drogas y disputas por arriendos (El Mercurio C1 y C2; La Tercera 20-21). José Roa aborda los tres puntos clave para avanzar en los cambios a Carabineros (La Tercera 32).
2. Hassler remueve a funcionarios clave para intentar contener crisis en fallida compra de Clínica Sierra Bella
   • Blindada por el PC, la alcaldesa de Santiago pidió la renuncia a su jefe jurídico y sostuvo que presentará acciones judiciales en contra de los tasadores. El gremio de estos últimos criticó en duros términos la decisión de la jefa comunal, apuntando a que ella es la responsable de ofrecer el precio final. La Asociación de Profesionales y Técnicos del municipio dijo que lo observado por la Contraloría se suma a otras “situaciones irregulares”. Querellantes aseguran que el caso ya está en manos del CDE (La Tercera 28, El Mercurio C6).
3. Mario Marcel: “El gobierno no está enamorado de su proyecto de pensiones”
   • El ministro de Hacienda cerró este viernes su paso por Washington DC, en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, donde tuvo la oportunidad de juntarse con inversionistas a conversar sobre la evolución económica del país. A su juicio se está consolidando “una visión más favorable de Chile” y se repetía la idea de que “Chile está de vuelta”. En el plano de las reformas, sobre el royalty Marcel se mostró abierto a conversar el guarismo de la carga tributaria máxima, y también a hacer modificaciones a la reforma previsional. “Pero, como se dice habitualmente, se necesitan dos para el tango” (Pulso 6-7).
4. Expresidente Sebastián Piñera y estallido: “No hubo información previa y precisa de los organismos de inteligencia. Este es un problema grave”
   • El exmandatario, en declaración ante la fiscal Ximena Chong por causas de la crisis social, insistió en que sus instrucciones a policías y Fuerzas Armadas siempre buscaron resguardar el orden público, pero respetando los DD.HH. “Pocos días antes del 18 de octubre hubo una reunión del Comité de Inteligencia, (…); yo muchas veces preguntaba que si había algo adicional en materia de seguridad pública que el Presidente debiese conocer. No hubo respuesta a esa pregunta”, dijo el mandatario (El Mercurio C7). 

Opinión

• Crisis de seguridad
  • Aldo Cassinelli dice no a la tregua, sí al acuerdo político. “Más que hablar de tregua hay que ponerse en marcha y dejar el espacio a quienes tienen algo que decir al respecto” (El Líbero). Gerardo Varela se refiere a las reglas de uso de la fuerza y el factor humano. “La vida policial en la calle es peligrosa y a ellos les corresponde defendernos a todos y a todo, y no hay tiempo para analizar demasiadas alternativas” (El Mercurio C3). Jorge Correa Sutil cree que “frente a una ciudadanía que clama desesperadamente por seguridad, la política, por ahora, debate medidas poco relevantes y probablemente ineficaces (El Mercurio C4).  Luis Larraín opina que “el espíritu y actitud de gran parte del gobierno está contra la autoridad policial y no se combate el crimen maniatando a los carabineros” (La Tercera 6). Para María José Naudon, “la crisis de seguridad es un fenómeno que no se resuelve exclusivamente con leyes o normas constitucionales, y cuyos efectos tampoco serán inmediatos. Entonces, asociar el proceso constituyente a las circunstancias contingentes puede aumentar una desafección ciudadana que es uno de los grandes riesgos del proceso actual” (La Tercera 6). Lucía Dammert considera que “debemos aprovechar el acuerdo político transversal para no sólo pasar leyes vinculadas con mayores castigos, capacidades policiales y penitenciarias, sino también para fortalecer la capacidad de respuesta estatal al problema del consumo de todo tipo de drogas. Una lección clara de las últimas dos décadas es que seguir haciendo lo mismo no traerá resultados distintos” (La Tercera 21). Fernando Londoño escribe sobre la impotencia del “derecho penal del extranjero” (La Tercera 10) y Jaime Abedrapo piensa que el criterio del fiscal Ángel Valencia, que apunta a dejar en prisión preventiva a los extranjeros indocumentados sorprendidos en flagrancia en actividades delictivas, es necesario para el Chile de hoy (La Tercera 10). Felipe Irarrázabal pide establecer una inteligencia policial sofisticada y hacer énfasis en la persecución efectiva de la corrupción de las autoridades (El Mercurio A2). Matías Balmaceda expresa que “al convivir la Ley Nain-Retamal con las reglas del uso de la fuerza, se estaría buscando abordar todas las situaciones que puedan ocurrir en la práctica y que exista una ley que sea capaz de resolverlas. Esto limitaría la labor razonable del juez de interpretar la legislación” (La Tercera 8). Para Paulo Muñoz, “la inversión en áreas que contribuyan a la seguridad como la construcción de nuevos centros penitenciarios resulta clave” (La Tercera 8).
• Proceso constitucional
  • Jorge Jaraquemada se pregunta ¿qué tan compatible es el Estado social con un rol subsidiario? “Lo que define al Estado social es la provisión efectiva de derechos sociales. Si se entiende la subsidiariedad íntegramente, no hay razón para que esto no pueda ser llevado a cabo por la sociedad civil” (El Líbero). María José Cumplido plantea que “no podemos dejar pasar la oportunidad para introducir en nuestra historia constitucional el principio de no discriminación” (El Mercurio A2).  Jorge Contesse y Pablo Contreras sostienen que “si la preocupación nace de ver la palabra ‘Estado’ en la definición de Chile quizá bastaría con adaptar la fórmula sudafricana y proclamar que: ‘El Estado de Chile es social y democrático de derecho’” (El Mercurio A2). Sebastián Salazar espera que “del futuro proceso de deliberación de los comisionados en la discusión particular se alcancen genuinos acuerdos políticos y sociales transversales que habiliten las discusiones del presente y del futuro, sin forzar la imposición de ciertas lógicas discursivas performativas y estéticas que sean funcionales a una determinada posición ideológica de política constitucional” (La Tercera 8).

Otros artículos de opinión que vale la pena leer:

• Catarsis cubana en un Jacuzzi, por Carlos Alberto Montaner (El Líbero)
• El tabú de la familia, por Francisca Echeverría (El Líbero)
• ¿Conmemorar o condenar?, por Pilar Molina (El Líbero)
• Santiagofobia, por Pedro Gandolfo (El Mercurio A3)
• Ingenuidades, por Alfredo Jocelyn-Holt (La Tercera 6)

En las cartas al director también están:

• Proyecto Los Bronces Integrado, por Macarena Martinic (El Mercurio A2)
• Violencia social, pobreza y educación, por Víctor Pérez (El Mercurio A2)
• Mayoría social, por Sergio Silva (El Mercurio A2)
• Discriminación, por Cristina Gil y Pamela Prett (La Tercera 8)
• Acción colectiva por la educación, por Paula Streeter (La Tercera 8)

Otras noticias

Dos miradas a las 40 horas. Para la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC) “fue fundamental el apoyo ciudadano en esta idea de tener una forma distinta de relacionarnos (…). Permitió que lo que se consideraba imposible pudiera hacerse realidad” (El Mercurio C3). Cristián Valenzuela, director ejecutivo de Ideas Republicanas, piensa que “mucho más urgente es discutir sobre el crecimiento, la generación de empleo y la productividad en el país. Chile lleva más de una década estancado” (El Mercurio C4). Colegios particulares alertan fuerte impacto económico (El Mercurio C9).

Más de 63 mil empresas empezaron a pagar IVA a los servicios y el 82% son micro, pequeñas y medianas. De acuerdo a un informe de Equifax, el 28% (17.417) de las firmas que debieron comenzar a pagar este impuesto son pequeñas y medianas (pyme). Por su parte, las microempresas suman 34.399 (55%), mientras que las grandes compañías ascienden a 1.495, sólo un 2,4% del total. Por regiones, la Metropolitana concentra el 46% del universo que empezó a pagar este IVA a los servicios (Pulso 2).

La batalla en aguas chilenas contra los narcos de México y Colombia. La pandemia no solo aumentó la demanda de drogas como el creepy, también obligó a los carteles a enviar sus productos por alta mar debido al cierre de las fronteras terrestres. En el proceso determinaron las principales rutas y aprendieron las nuevas técnicas que involucran desde lanchas de pescadores para ingresar droga a Chile, a tripulantes de grandes embarcaciones para llevarla a los mercados europeos (La Tercera 12-15).

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