La semana pasada la Contraloría General de la República emitió su informe final sobre los convenios que la Fundación Daya firmó con 13 municipalidades para entregarles un fármaco a base de cannabis. A cambio recibió $380 millones. En el documento se concluyó que existieron “irregularidades significativas” en los acuerdos entre la organización fundada por la actual diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y los municipios.

Por esa razón, se instruyó un sumario a las municipalidades involucradas y se pusieron los antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Asimismo, el diputado Juan Irarrázaval (Partido Republicano) presentó una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el tema. 

Sin embargo, para algunos conocedores de estos negocios consultados por El Líbero, esto siempre se trató de «venta de humo», pues en 2015 y 2016, cuando se suscribieron los acuerdos, el laboratorio que produciría el medicamento ofrecido por la fundación ni siquiera contaba con la aprobación del Instituto de Salud Pública (ISP) para elaborarlo.  

De hecho, según el informe de Contraloría, recién en 2018 el laboratorio Knop obtuvo la autorización para fabricar el fármaco, llamado Cannabiol. Y el permiso fue para elaborar sólo 7.200 dosis.

El ISP no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni le concedió el registro sanitario, por lo que Cannabiol no se siguió produciendo.  En 2021 sólo se le dio al laboratorio la autorización de producir una fórmula “magistral” en base a un fármaco distinto proveniente del extranjero que tiene registro sanitario desde 2016.

ISP, Daya y Cannabiol: el inicio

La historia de Cannabiol para tramitar su autorización por parte del ISP ha sido de altos y bajos y con un mal desenlace.

Según el texto de Contraloría, desde el ISP informaron que si bien el laboratorio contaba con una autorización de dicho instituto otorgada a través de la resolución exenta N°1.802, del 3 de junio de 2015, la cual permitía obtener un extracto a partir del recurso vegetal del género de cannabis para elaborar un producto farmacéutico en base a este, «el punto 2 de ese documento establece que el extracto no podía ser utilizado a ningún título, mientras no contara con la opinión favorable del estudio clínico por parte del comité científico correspondiente y con la resolución de autorización de uso de ese instituto».

Primer rechazo del ISP

Incluso el 6 de septiembre de 2017, a más de un año de suscrito el último convenio con una municipalidad (Quilpué), desde el ISP emitieron un comunicado que titulaba: “El producto farmacéutico “Cannabiol Solución Oleosa” de Laboratorios Knop no cuenta con autorización de comercialización en Chile”.

En él se indicaba que el medicamento “fue denegado por la resolución exenta el 21 de agosto del 2017, debido a la etapa tan temprana en que se encuentran los estudios clínicos, lo que no permite confirmar aún la eficacia y seguridad del producto en el tratamiento del dolor. En Chile solo se pueden exportar productos farmacéuticos con registro sanitario vigente, previa notificación al Instituto de Salud Pública». 

Además, también se señalaba que no cuenta con Estudios Clínicos fase II y III, «lo que significa que no existe evidencia, hasta el momento, de la utilidad de este medicamento«.

Aprobación limitada y rápida denegación 

El 21 de febrero de 2018, a través de la resolución exenta N°983, el ISP autorizó al laboratorio la elaboración de una partida de 3.600 frascos del producto Cannabiol solución oleosa. Estos podrían ser utilizados para la realización de estudios clínicos y para uso personal provisional de pacientes que lo requieran con receta médica. El 21 de agosto de 2018 se autorizó una segunda partida de las mismas características. 

Pero el 2019 el ISP no autorizó nuevas partidas provisionales del fármaco ni le concedió el registro sanitario. En septiembre de 2019, en una nota de La Tercera, se abordó el tema. Ahí la fundadora de Daya, Ana María Gazmuri, afirmó que con aquella acción se estaba “vulnerando el derecho a la salud de los pacientes”

Preparado Magistral  

Eso duró hasta 2021, año en que el ISP otorgó a Knop la posibilidad de formular un medicamento a través del llamado “Preparado Magistral”. 

Según el mismo ISP es una forma de sustraer los principales componentes en base a un producto farmacéutico ya registrado en el país.

Sin embargo, en el informe de Contraloría se señala que ese producto base era el Sativex, que fue aprobado por el ISP en 2016 y que a diferencia de Cannabiol es producido en Gran Bretaña. Si bien Gazmuri sostuvo en 2016 que esto era un avance, criticó al fármaco por su alto costo y por ser “un producto de élite”.

En el informe de Contraloría se señala que Daya avisó el año 2021 a los municipios de que estaba autorizado el «Preparado Magistral», sin embargo, el ente contralor sostiene que “cabe precisar que los medicamentos elaborados por el laboratorio a través del recetario magistral a partir del año 2021 fueron elaborados por materia prima adquirida por la propia institución (el laboratorio) y no por la fundación”.  

Los 13 convenios

Fue en junio de 2015 cuando la fundación suscribió su primer convenio con un municipio para la implementación del “Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico”. Desde esa fecha hasta mayo de 2016 se suscribieron 13 convenios con las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla. 

Por su parte, la fundación se comprometía a “llevar a cabo el proceso de cultivación de la cannabis sativa así como la elaboración de la resina; capacitaciones para a los profesionales; y la entrega de medicamentos en base a dicha planta fabricados por un laboratorio reconocido a nivel nacional a pacientes de cada comuna”.

Sin embargo, durante los años siguientes se comenzó a dar a conocer que nueve de las 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado y dos obtuvieron sólo una parte de las dosis. Tras esto, algunas municipalidades comenzaron a acusar a Daya de “estafa” y en 2023 se denunció ante Contraloría el hecho. 

Según Contraloría, los municipios involucrados comprometieron un total de $423.426.000 para el programa, de los cuales se entregaron $359.025.625 a la fundación. Daya, en tanto, le había entregado al laboratorio encargado 1.409.040 gramos de cannabis que habían sido financiados con los recursos aportados por las municipalidades. Sólo se utilizaron cerca de 300 mil gramos, mientras que 1.014.756 se destruyeron.

El reproche de Contraloría a las municipalidades  

En el informe del organismo fiscalizador se detalla que “se detectaron diversas falencias en la suscripción de los convenios, tales como ausencia de mecanismos para la entrega del fármaco a los pacientes; falta de definición de hitos para realizar los pagos por concepto de subvención: no se determinó una fecha de término de los convenios; no se establecieron cauciones por no cumplimiento o por atrasos en la ejecución del proyecto; y en algunos casos hay inconsistencias en la cantidad establecida de producto a entregar entre lo estipulado en los acuerdos y en lo indicado en los anexos de estos”. 

Sobre la artista del ISP, el documento señala que “se comprobó que las 13 municipalidades en análisis suscribieron los respectivos convenios de colaboración con la Fundación Daya, transfiriendo además recursos, sin que se contará previamente con la autorización que debía entregar el ISP para la elaboración del producto a distribuir a los pacientes de las diversas comunas, cuya tramitación, conforme a los convenios, estaba a cargo del laboratorio encargado de la elaboración del producto”.

Defensa de Gazmuri y Daya  

En una declaración publicada en la página web de Fundación Daya el día en que se dio a conocer el informe de Contraloría, sostuvieron que “queda de manifiesto que los municipios incumplieron sus obligaciones y ello redundó en que muchos de ellos no hayan podido materializar el proyecto conjunto. También reconoce el documento del ente fiscalizador que Daya siempre estuvo presta a cumplir, intentando constantemente gestiones y manteniendo informados a los alcaldes y municipios para permitir su realización. El informe reprocha a los municipios por no hacer todo lo que pudieran para cumplir los convenios, lo que vulnera el espíritu explícito del convenio”. 

Consultada por El Líbero, Ana María Gazmuri señala que “en el desarrollo de este proyecto, al primer fármaco que tuvo la autorización del ISP en 2018 se le denominó Cannabiol, y fue ese producto el primero que se desarrolló. Sé les aviso a todos los municipios que se tuvo la autorización para su producción y estuvo un año y medio en esa situación. Luego ocurrió que hubo un cambio en la dirección del ISP y entró una directora que lo que hizo fue bloquear el permiso para seguir entregando el Cannabiol”. 

Gazmuri: «Es una falencia de los municipios y no de nosotros»  

Sobre el hecho de que los convenios se firmaran antes de que se contará con el permiso del ISP para producir los fármacos, Gazmuri sostiene: “¿Como íbamos a tener los permisos del ISP si ni siquiera teníamos la materia prima a los momentos de firmarse los convenios? Que los municipios tuvieran como limitación para hacer ese tipo de contratos el tener de antemano la autorización del ISP es una falencia de los municipios y no de nosotros«.  

Por último, sobre la cantidad de material que tuvo que ser destruido, la ex directora de Daya afirma que “desde la fundación demostramos que utilizamos todos los recursos que se entregaron de los municipios para el proyecto. Fue por la inacción de parte de los municipios que esa materia vegetal se tuvo que destruir”.  

El estrecho lazo entre Daya y Karol Cariola  

Cuando el ISP negó los permisos para producir Cannabiol al laboratorio Knop, se activaron presiones desde distintos sectores para intentar que el organismo diera la aprobación.

Un personaje que tuvo un rol protagónico en esas gestiones fue la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola. 

Karol Cariola y Ana María Gazmuri

En septiembre de 2017, Cariola participó en una actividad organizada en las dependencias de Daya para expresar su molestia por la resolución del ISP. Organizaciones políticas, pacientes y otros adherentes acusaron al Instituto de Salud Pública de “impedir la entrega gratuita de fitofármaco de cannabis a 1.500 pacientes con dolor crónico”. 

Junto con ello, en diciembre de 2017 la diputada Cariola envió un oficio en el que solicitaba “informar a la Cámara sobre las razones que motivaron al Instituto de Salud Pública denegar a Knop Laboratorio SA. la importación de 10.000 unidades del medicamento en base a Cannabis Cannabiol solución oleosa”.

Según cuenta Ana María Gazmuri a El Líberola diputada Cariola siempre, desde el día uno, ha acompañado todos los procesos en pos de la lucha de los pacientes. Recordemos que ella es autora de todos los intentos de ley por el autocultivo. Desde su primer periodo ha estado recibiendo a los pacientes, ella ha sido una persona muy importante en visibilizar a los usuarios de cannabis medicinal”.

En marzo de 2017, según publicó en sus redes sociales, Cariola se reunió con Fundación Daya para “reimpulsar un proyecto que despenaliza el autocultivo de cannabis”.

El 12 de julio de ese año, la diputada ingresó el proyecto de ley titulado: “Modifica el Código sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis”, también conocido como “Cultivo Seguro”. A este se sumaron diputados como el hoy fallecido Guillermo Teillier, la actual ministra Maya Fernández y Daniella Cicardini, entre otros. En el texto se resalta la labor de Daya en la materia.  

Desde el ingreso del proyecto, Fundación Daya figura en el portal Infolobby sosteniendo reuniones con distintos parlamentarios para hablar sobre la iniciativa legal. Asimismo, sostuvo encuentros con autoridades de los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.  El proyecto quedó estancado en segundo tramite constitucional en el Senado.

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1 Comment

  1. mmmmm!!!! algo huele mal en Dinamarca:
    otra muestra de ineficiencia, de aprovechamiento ; y, claro, la culpa de Fuente Ovejuna

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