Llegó un momento crucial para todo nuevo gobierno, especialmente si es de tendencia opuesta al anterior: la presentación al Congreso de su Presupuesto Fiscal Anual. El de este año promete ser controvertido por varios motivos. Primero, porque la recién aprobada Ley de Reconstrucción o Miscelánea exige ajustes de diversa índole, segundo, porque será el campo donde puede darse la batalla por la “defensa de los derechos” que la administración anterior considera haber “conquistado”, y finalmente, porque a raíz del predominio de gobiernos de izquierda en la última década hay indicaciones de que el sector público gasta demasiado comparado con el sector productivo que es predominantemente privado.
Revisemos alguna evidencia. Es sabido que en la última década la producción o ingreso per cápita nacional de Chile ha estado casi estancada. O sea, creciendo un poquito más que la población: como 1,8% anual. En cambio, el gasto público ha crecido muchísimo más; como al doble. Subió alrededor de 35% el gasto público entre el 2014 y el 24, comparado con sólo 20% el PIB. Esto no está mal en sí mismo. No es todo un despilfarro. Por el contrario, la mayor parte, pero no todo, ha contribuido fuertemente a que nuestro país tenga una considerable mejor distribución del ingreso hoy comparada con la de 10, 20 o 35 años atrás. Un excelente estudio del economista Osvaldo Larrañaga en Estudios públicos de abril, 2025, “¿Cuán distributivo es el gasto público?”, lo demuestra fehacientemente. El problema es uno de equilibrio para poder mantener ese avance y el de todo el país. Ese mayor gasto ha crecido en exceso; pasó del 21 al 25% del PIB en sólo 12 años. Además, no ha sido cubierto o pagado –como correspondería– con los ingresos permanentes que puede generar el país, sino endeudándose más (deuda pasó de 16% del PIB el 2014 al 42% el 2025) y manteniendo un déficit año tras año, lo que aleja la inversión privada y la posibilidad de generar suficientes empleos.
Como he repetido en varias de mis últimas columnas aquí (ver p. ej. las del 10 de julio y 7 de agosto), hoy es necesario equilibrar la carga de nuestro bote –la economía en que navegamos. Para evitar hundirnos o darnos vuelta, no podemos dejar de avanzar. Especialmente cuando navegamos en el mar tormentoso de una economía mundial con grandes olas y fuertes vientos. Lo indispensable de equilibrar es la proporción entre tripulantes que reman y pasajeros. Por importantes y valiosos que sean los pasajeros que vayan en nuestro bote –sabios, políticos, sacerdotes, profesores, humanistas, artistas– todos necesarios para una vida plena y mejor, su número no puede superar un cierto máximo en proporción a los tripulantes que reman; es decir, que producen y generan ingresos y movimiento para avanzar. Esto significa, al menos por un tiempo, bajar la proporción de gasto público sobre gasto total o producto de la economía.
Muchos creen que esto es prácticamente imposible de hacer excepto bajo una dictadura. Sí, es difícil, pero no imposible. El gobierno argentino de Milei es un ejemplo reciente, independientemente de otros juicios que uno tenga sobre ese caso. Otro ejemplo mejor es el de Margaret Thatcher, que inauguró todo un nuevo ciclo positivo de la economía británica.
Hay que distinguir bien entre bajar gasto público y hacer más eficiente el que ya se tiene. En Chile se necesita hacer las dos cosas. Mejor aún sería hacer ambas simultáneamente en forma planificada: bajando mucho más (y a cero a veces) el gasto en programas que ya no se justifican o son muy ineficientes en términos de beneficios por peso gastado en ellos. En ambos casos, conviene cumplir con cinco condiciones muy precisas para lograr hacerlo y bien.
La primera condición para un proceso exitoso de reducción del gasto público es que efectivamente ese gasto se haya excedido en demasía el último tiempo y una cierta mayoría social y política que así lo reconozca. Este fue claramente el caso de Argentina e Inglaterra. Opino que ya empieza ser así en Chile.
Una segunda condición es el absoluto convencimiento de todos en el gobierno que proponga este ajuste, de la necesidad indispensable de la medida. Aquí no caben medias tintas, disensos ni excepciones. Eso no significa que los recortes deban ser exactamente igual en todas las áreas de gasto. No; hay espacio para diferencias, como plantea el actual ministro de Vivienda de Chile. Pero en un marco acotado y acordado.
La tercera condición es tomar bien en cuenta que habrá fuertes y elocuentes opositores al recorte de gastos públicos. Hay que contar con eso y hacerse cargo con respeto, comprensión y voluntad. Hay que tener fundamentos; mostrar con datos que hay gastos que ya no se justifican, que corresponden a programas con muy pocos beneficiarios que han quedado obsoletos. Los encargados de hacer estos ajustes deben saber que cada programa de gasto público tiene uno o muchos padrinos políticos: diputados, dirigentes de partidos, alcaldes o concejales que los defienden. Deben conocerlos y conversar con ellos. También hay funcionarios públicos que trabajan diligentemente en esos programas y tienen empleo gracias a la existencia de ellos. Hay que ofrecerles alternativas de trabajo en otros programas más efectivos y eficientes. Eso es parte del problema que hay que resolver: cortar el vínculo político de dirigentes elegidos repetidamente gracias a tener como clientes cautivos a beneficiarios y funcionarios de programas caros para el país. Todo esto debe hacerse con transparencia y respeto. Persuadir mostrando las cifras; no avanzar mediante acusaciones en la prensa.
La cuarta condición es que los encargados de esta política no esperen aplausos y felicitaciones a poco andar. Esta será siempre una tarea solitaria e incomprendida por la mayoría de la opinión pública. Por eso los responsables de gobierno no la inician, sino que tiende a hacer lo contrario: buscar ganar admiradores, seguidores y partidarios que voten por ellos en agradecimiento por conseguirle puestos de trabajo a algunos y beneficios a otros con dinero que es de un tercero (el Estado, decimos, pero en realidad es de los impuestos de quienes trabajan produciendo). Esto no es todo necesariamente malo. Pero necesita tener un límite y en Chile ya lo hemos excedido.
La quinta y última condición de éxito, es planificar bien y asignar presupuesto a esta tarea de reducción de gasto público. Es una operación compleja, requiere mucha gestión, personal especializado y fondos para compensar temporalmente a personas que puedan perder beneficios. Veremos en los próximos meses si abordamos en Chile esta tarea con visión y sabiduría para progresar más todos.
No me gusta mucho la tercera propuesta, el poder es para ejercerlo. Y en la quinta no hay ni existe obligación alguna de compensar, eso es mala costumbre, se compensa con los recursos de todos los chilenos. En la empresa privada cuando se despide a alguien o se cierra una línea, se paga lo que establece la ley. Punto.